Radican proyecto para que extracción de biopolímeros sea reconocido por el POS

Un nuevo proyecto para combatir la práctica de aplicación de biopolímeros con fines estéticos llegó al Congreso. La nueva iniciativa es del representante José Daniel López (Cambio Radical) y del concejal de Bogotá Rolando González (Cambio Radical) y con la ayuda de Elizabeth Loaiza, víctima de este procedimiento y activista, y el cirujano Carlos Ríos.

Este proyecto tiene dos componentes. El primero es que la extracción de biopolímeros sea reconocida dentro del Plan Obligatorio de Salud (POS), que asumen las empresas prestadoras de salud (EPS). De este modo, las víctimas no tendrán que asumir los costos por creer y someterse a un procedimiento nocivo para la salud del cuerpo.

Dentro del proceso de extracción de biopolímeros, también se incluiría el reconocimiento de servicios psicosociales para las víctimas.

Precisamente sobre eso, el representante dijo que “el retiro de biopolímeros no se puede seguir considerando como un procedimiento quirúrgico con fines estéticos. La permanencia de esas sustancias en el cuerpo afecta la capacidad funcional y vital de las personas. Al estar en riesgo la vida, el retiro del biopolímero es un procedimiento que se debe garantizar por el Sistema Nacional de Salud. Es urgente dar este paso, ya que, en la mayoría de los casos, las víctimas no cuentan con los recursos para costear la cirugía y están prácticamente condenadas a morir o vivir de una manera limitada y dolorosa”.

Lea: Proyecto propone cárcel para quienes apliquen biopolímeros en prácticas estéticas.

El segundo componente del proyecto es la tipificación de la aplicación de biopolímeros como delito dentro del Código Penal. La sanción que estipula la iniciativa es entre 20 a 110 meses de prisión.

Con este enfoque está siendo tramitado un proyecto de la U, en el que la sanción aumentaría en caso de que la víctima muera. Igual, con esta propuesta se suman otros elementos, como la prohibición de la comercialización y uso de biopolímeros, imprescriptibilidad del delito y extinción de dominio a establecimientos que apliquen esta sustancia con fines estéticos.

Es más, la líder de este proyecto, Norma Hurtado, manifestó que se une a la iniciativa de su compañero de Cambio Radical para trabajar en conjunto y sacar adelante una ley contra los biopolímeros, que proteja a las víctimas y a mujeres que quieren mejorar su físico y son engañadas con estos supuestos servicios.

“Cada año en Colombia se realizan más de 400 mil procedimientos estéticos, de los cuales 130 mil son tratamientos inyectables. Esto quiere decir que el riesgo de que las personas sean engañadas es muy alto y pueden terminar con biopolímeros en sus cuerpos. Según estudios, la mayoría de las víctimas (95%) son mujeres, 7 de cada 10 desconocen la sustancia que le inyectaron o manifiestan que se trataba de biopolímeros”, dijo el concejal González sobre el panorama de este fenómeno.

Elizabeth Loaiza, por su parte, compartió su experiencia personal que la llevó a trabajar por este tema y defender a las víctimas como ella. “Precisamente en este momento me estoy recuperando de mi segunda cirugía de extracción de biopolímeros. Ha sido un proceso largo, en el que tuve la fortuna de cruzarme con el doctor Carlos Ríos, a quien agradezco mi recuperación y con quien comparto la determinación de llegar con este mensaje a todos los rincones del país: #NiUnaMásConBiopolímeros”.

Lea otras noticias sobre Congreso, Gobierno y ambiente preelectoral.

Según ella, muchas mujeres víctimas han tenido que abandonar sus trabajos por la desfiguración que han tenido sus cuerpos debido a los efectos adversos de la sustancia, o se han sometido a procedimientos complejos para retirar los biopolímeros de sus cuerpos. “Hay algunas que se fueron esperando una cirugía o que simplemente escucharon que no había nada más que hacer. Por ellas es que vale la pena todo esto que estamos haciendo. De las redes sociales pasamos al Congreso”, complementó.

Adicional al enfoque de salud y penal, el proyecto busca crear mecanismos de prevención, como campañas de sensibilización, publicidad con información sobre qué tipos de profesionales y establecimientos están avalados para realizar procedimientos con fines estéticos que no son nocivos para salud y habilitar a las autoridades pertinentes a hacer visitas espontáneas a dichos establecimientos par verificar que cumplan con todas las normas y protocolos.

Un nuevo proyecto para combatir la práctica de aplicación de biopolímeros con fines estéticos llegó al Congreso. La nueva iniciativa es del representante José Daniel López (Cambio Radical) y del concejal de Bogotá Rolando González (Cambio Radical) y con la ayuda de Elizabeth Loaiza, víctima de este procedimiento y activista, y el cirujano Carlos Ríos.

Este proyecto tiene dos componentes. El primero es que la extracción de biopolímeros sea reconocida dentro del Plan Obligatorio de Salud (POS), que asumen las empresas prestadoras de salud (EPS). De este modo, las víctimas no tendrán que asumir los costos por creer y someterse a un procedimiento nocivo para la salud del cuerpo.

Dentro del proceso de extracción de biopolímeros, también se incluiría el reconocimiento de servicios psicosociales para las víctimas.

Precisamente sobre eso, el representante dijo que “el retiro de biopolímeros no se puede seguir considerando como un procedimiento quirúrgico con fines estéticos. La permanencia de esas sustancias en el cuerpo afecta la capacidad funcional y vital de las personas. Al estar en riesgo la vida, el retiro del biopolímero es un procedimiento que se debe garantizar por el Sistema Nacional de Salud. Es urgente dar este paso, ya que, en la mayoría de los casos, las víctimas no cuentan con los recursos para costear la cirugía y están prácticamente condenadas a morir o vivir de una manera limitada y dolorosa”.

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El segundo componente del proyecto es la tipificación de la aplicación de biopolímeros como delito dentro del Código Penal. La sanción que estipula la iniciativa es entre 20 a 110 meses de prisión.

Con este enfoque está siendo tramitado un proyecto de la U, en el que la sanción aumentaría en caso de que la víctima muera. Igual, con esta propuesta se suman otros elementos, como la prohibición de la comercialización y uso de biopolímeros, imprescriptibilidad del delito y extinción de dominio a establecimientos que apliquen esta sustancia con fines estéticos.

Es más, la líder de este proyecto, Norma Hurtado, manifestó que se une a la iniciativa de su compañero de Cambio Radical para trabajar en conjunto y sacar adelante una ley contra los biopolímeros, que proteja a las víctimas y a mujeres que quieren mejorar su físico y son engañadas con estos supuestos servicios.

“Cada año en Colombia se realizan más de 400 mil procedimientos estéticos, de los cuales 130 mil son tratamientos inyectables. Esto quiere decir que el riesgo de que las personas sean engañadas es muy alto y pueden terminar con biopolímeros en sus cuerpos. Según estudios, la mayoría de las víctimas (95%) son mujeres, 7 de cada 10 desconocen la sustancia que le inyectaron o manifiestan que se trataba de biopolímeros”, dijo el concejal González sobre el panorama de este fenómeno.

Elizabeth Loaiza, por su parte, compartió su experiencia personal que la llevó a trabajar por este tema y defender a las víctimas como ella. “Precisamente en este momento me estoy recuperando de mi segunda cirugía de extracción de biopolímeros. Ha sido un proceso largo, en el que tuve la fortuna de cruzarme con el doctor Carlos Ríos, a quien agradezco mi recuperación y con quien comparto la determinación de llegar con este mensaje a todos los rincones del país: #NiUnaMásConBiopolímeros”.

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Según ella, muchas mujeres víctimas han tenido que abandonar sus trabajos por la desfiguración que han tenido sus cuerpos debido a los efectos adversos de la sustancia, o se han sometido a procedimientos complejos para retirar los biopolímeros de sus cuerpos. “Hay algunas que se fueron esperando una cirugía o que simplemente escucharon que no había nada más que hacer. Por ellas es que vale la pena todo esto que estamos haciendo. De las redes sociales pasamos al Congreso”, complementó.

Adicional al enfoque de salud y penal, el proyecto busca crear mecanismos de prevención, como campañas de sensibilización, publicidad con información sobre qué tipos de profesionales y establecimientos están avalados para realizar procedimientos con fines estéticos que no son nocivos para salud y habilitar a las autoridades pertinentes a hacer visitas espontáneas a dichos establecimientos par verificar que cumplan con todas las normas y protocolos.