Rastrean millonarias contrataciones en ANT ligadas a la sombra de los aliados de Harman

Desde el 8 de febrero, cuando Juan Felipe Harman se posesionó en la jefatura de la Agencia Nacional de Tierras menos de dos meses después de terminar su periodo como alcalde de Villavicencio (2020-2023), al menos cinco fichas clave de esa administración terminaron con sendos contratos en una entidad que está siendo investigada por la Procuraduría por presunta contratación irregular. Si bien la práctica de llevar a personas de la misma línea política y aliados a altos cargos ha sido común en varias entidades y administraciones nacionales por ser personas de confianza, las inquietudes residen en la idoneidad de estos nuevos funcionarios para cumplir con proyectos como la Reforma Agraria.

Desde el 8 de febrero, cuando Juan Felipe Harman se posesionó en la jefatura de la Agencia Nacional de Tierras menos de dos meses después de terminar su periodo como alcalde de Villavicencio (2020-2023), al menos cinco fichas clave de esa administración terminaron con sendos contratos en una entidad que está siendo investigada por la Procuraduría por presunta contratación irregular. Si bien la práctica de llevar a personas de la misma línea política y aliados a altos cargos ha sido común en varias entidades y administraciones nacionales por ser personas de confianza, las inquietudes residen en la idoneidad de estos nuevos funcionarios para cumplir con proyectos como la Reforma Agraria.

Harman ascendió en reemplazo de Gerardo Vega Medina, quien salió con dos investigaciones de la Procuraduría en su contra por presuntas anomalías en el avalúo de tierras y con señalamientos por contrataciones posiblemente irregulares. El ahora director de la ANT también se enfrenta a acusaciones de favorecer a sus exempleados y de contratar “un ejército” de contratistas, que rondarían los 3.000.

El pasado compartido de los funcionarios de la ANT

En menos de dos meses, contados desde la posesión de Harman, se concretó la llegada de varios cercanos de Harman a altos puestos en la agencia. El primero fue el de Bryan Alberto Moreno Sánchez, quien se lanzó por primera vez a la política electoral en 2019 con el aval del Centro Democrático para la Alcaldía de San Martín de los Llanos y después, en 2023, con el aval de Independientes, la agrupación política de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín. A través de un contrato por prestación de servicios firmado el 16 de febrero de este año, Moreno se convirtió en el secretario privado la agencia, básicamente la mano derecha del director, y recibe unos honorarios de un poco más de $11 millones.

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El ahora funcionario de la ANT estuvo vinculado con la Alcaldía de Villavicencio desde el 16 de octubre de 2021 hasta el 15 de diciembre de 2022. Un breve período de trabajo por fuera de la entidad y en una compañía privada le permitió entrar en el tarjetón para las elecciones de San Martín, pero después de su “quemada” en esos comicios volvió: esta vez desde la Secretaría de Catastro y Espacio Público de Villavicencio, donde se desempeñó desde el 17 de noviembre de 2023 hasta el 24 de enero de 2024, menos de un mes antes de que firmara el contrato en la ANT.

Le siguió Jairo Leonardo Garcés Rojas, actual jefe de la Oficina Jurídica de la ANT, puesto en el que fue nombrado el 26 de febrero de este año. Un cargo similar ocupó en la Alcaldía Harman, donde fue jefe de la Oficina Asesora Jurídica desde noviembre de 2021 hasta diciembre de 2023. Su salario actual asciende a los $9 millones.

Con una maestría en derechos humanos y dos especializaciones, una en derecho administrativo y otra en derecho contractual, Garcés tiene en sus labores, de acuerdo con lo establecido por la ley, procesos como “adelantar o coordinar con otras entidades, según sea el caso, los procesos de expropiación de predios, mejoras y servidumbres de propiedad rural privada o pública, cuando se requieran para el cumplimiento de la política de acceso a tierras”. Además, es el encargado de “representar judicial y extrajudicialmente a la Agencia en los procesos judiciales y procedimientos administrativos en los cuales sea parte o tercero interesado, previo otorgamiento de poder o delegación del director general de la Agencia”.

Uno de los compañeros de oficina de Garcés en la Alcaldía de Harman fue contratado el 14 de marzo como subdirector de Seguridad Jurídica (con un salario de cerca de $16 millones). Se trata de Javier Andrés Linares Rodríguez, quien además de estar la Oficina Asesora Jurídica como contratista también fue asesor de apoyo jurídico en la UTL de Gabriel Parrado (Pacto Histórico), representante a la Cámara por el Meta, hasta el 7 de febrero de 2024, un poco más de un mes antes de firmar contrato en la ANT.

Bajo la Dirección de Gestión Jurídica de Acceso a Tierras, la oficina de Linares se encarga de “hacer seguimiento a la gestión de la formalización y a la ejecución de los procesos agrarios de clarificación, extinción del derecho de dominio, recuperación de baldíos indebidamente ocupados, deslinde de tierras de la Nación y reversión de baldíos, que se adelanten en las zonas de barrido predial focalizadas por el Ministerio de Agricultura”. Con una maestría en derecho público y una especialización en derecho administrativo, las labores del funcionario son parte clave de la formalización de los predios en la ANT.

Otro exfuncionario de Harman, Luis Antonio Chaves Ávila, llegó el 10 de marzo para desempeñarse como la cabeza de la Dirección de Acceso a Tierras, con un salario mensual que alcanza los $13 millones. Es, sin lugar a dudas, un cargo no menor— no solo a nivel interno, sino para la implementación de la Reforma Agraria— al que se le atribuyen labores como “adelantar y resolver, por delegación del director de la Agencia, actuaciones y procedimientos administrativos relacionados con el acceso y administración de tierras”.

Además, es quien tiene a su nombre la autoridad para coordinar, desarrollar y ejecutar “los procedimientos administrativos de transferencias de tierras baldías, celebración de contratos de aprovechamiento de baldíos con particulares, adjudicación de baldíos a entidades de derecho público, constitución de reservas de baldíos, seguimiento a los procesos de dotación de tierras y al cumplimiento de las limitaciones derivadas de las adjudicaciones”.

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Bajo su dirección fue contratada, un poco más de un mes después, Lina María Salcedo Mesa, subdirectora de Administración de Tierras de la Nación. Salcedo, especialista en derecho de tierras, había sido abogada asesora de la Alcaldía de Villavicencio y ahora se encarga de celebrar contratos de aprovechamiento de terrenos baldíos con particulares y adjudicar estos terrenos, y “adelantar los estudios técnicos para determinar los criterios metodológicos de cálculo de las extensiones constitutivas de Unidades Agrícolas Familiares” con un salario mensual de cerca de $16 millones.

El Espectador buscó a las personas mencionadas para dar declaraciones sobre estos cuestionamientos, pero, al cierre de esta edición, no recibió respuesta. No obstante, Harman ha defendido públicamente sus trayectorias. Por ejemplo, tras un cuestionamiento del senador Miguel Uribe Turbay (Centro Democrático) por este tipo de prácticas, el director, a través de sus redes sociales, afirmó que era un “proceso fácil y absolutamente básico” el “abrir la página del secop y contar procesos” y afirmó el aumento en el número de contratistas se concretó para ampliar el número de oficinas de tierras que operan en el país, que pasó de ocho a 32.

Las investigaciones a la ANT

Es justamente la Dirección de Acceso a Tierras la que ha sido la más mencionada en los últimos meses por los funcionarios que estuvieron en el cargo cuando Vega Medina, quien era una ficha política de Olmedo López, exdirector de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres investigado por estar involucrado en una red de corrupción, todavía encabezaba la agencia. La situación no es para menos, pues viene de una historia de disputas internas entre el exdirector y la exministra de Agricultura Jhenifer Mojica por la compra de tierras.

En ese momento, el plan de Vega era adelantar un plan en el que sería posible realizar estos procesos con promesas de compraventa, hipotecas y fotografía satelital para la medición de los terrenos. La respuesta de Mojica en ese entonces fue un rotundo no, en lo que, de acuerdo con el exdirector, era “argumentación sin sentido de la exministra” que no permitía un procedimiento que ya existía en la ley.

De esa pelea comenzó a nombrarse a Tony Luis Lozano Berrocal, exdirector de Acceso a Tierras, a quien llegó la orden de asumir las facultades de Vega en esa situación. La pelea no tuvo buen fin, pues Lozano saldría de la ANT para ser investigado por la Procuraduría “por presuntas irregularidades en los procesos de adquisición de predios”. En la misma situación terminaría Nury Luz Peralta Cardoso, una ficha sugerida por la misma Mojica para reemplazar a Lozano, pero quien salió por orden de Vega, y terminó también con una indagación a su nombre en el ente de control.

“Las investigaciones tienen origen en un informe con fines disciplinarios elaborado por el órgano de control, que realizó observaciones a 288 procesos de compra de predios, y entre sus conclusiones señaló que las aparentes irregularidades en los procedimientos administrativos y conceptos técnicos rendidos representarían ‘un riesgo para el erario estimado en 136 mil millones de pesos’”, indicó la Procuraduría.

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Y añadió que existirían “posibles inconsistencias en los conceptos técnicos utilizados para determinar la aptitud agropecuaria de los terrenos, los cuales se limitaban a describir las características de estos sin realizar una evaluación rigurosa que justificara la decisión de compra”. En junio, la ANT informó que había suspendido pagos por más de $60 mil millones “hasta esclarecer lo ocurrido en algunos casos en los que se presentaron alertas”.

La compra de tierras no ha dejado de ser, de todas formas, una parte central de las disputas en el interior de la entidad. En este caso, la ejecución del 8,9 % de la entidad en los nueve meses que van del año, de acuerdo con el Portal de Transparencia Económica, ha sembrado dudas sobre el cumplimiento de las promesas de entrega de tierras por parte del Ejecutivo.

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, le explicó a El Espectador que las demoras en la adquisición de tierras se deben a que “a este Gobierno le ha tocado recuperar la institucionalidad y los procedimientos” para este cometido, especialmente con la apuesta por la oferta voluntaria de tierras.

“Debemos identificar el predio jurídica y físicamente, debemos identificar la capacidad agrológica del predio, debemos hacer el avalúo, debemos ponernos de acuerdo con el propietario en si el valor comercial que resultó del avalúo es el valor que vamos a fijar en nuestro negocio jurídico y debemos llevarlo a la escritura y al registro. Es un proceso largo que debe ser muy cuidadoso, cuidadoso con los derechos del propietario y cuidadoso con los recursos públicos”, indicó la ministra.

Aunque el Gobierno prometió formalizar 7 millones de hectáreas, hasta el momento la cifra está en 1′138.000 ha. Aun así, la entidad ha resaltado que esta cifra “superó lo realizado en cuatro años por la anterior administración”, encabezada por Iván Duque, que estuvo en 1′072.519 ha.

Lo cierto es que esta situación ha puesto a correr a los funcionarios de la ANT para demostrar resultados en los tres meses que le quedan al año, con varios obstáculos para lograrlo, especialmente para los trabajadores. La llegada de los cinco funcionarios cercanos a Harman ocurrió con una seguidilla de otras personas que habían trabajado en su Alcaldía, pero que han sido contratados, como Moreno, bajo la modalidad de contratación por prestación de servicios.

Entre estos estarían Diana Esmeralda Herrera Patiño, quien fue secretaria de la Mujer bajo el periodo Harman y a la que se contrató para la Dirección General con honorarios de $21′600.000 por seis meses; Mónica Lorena Turriago Jiménez, exsecretaria de Catastro y secretaria de despacho de Villavicencio, quien llegó a la ANT para apoyar la Dirección de Acceso a Tierras con honorarios de $19′200.000 por seis meses; y Karen Helena Almanza Barragán, exdirectora de impuestos de la Secretaría de Hacienda de Villavicencio contratada en la Dirección de Acceso a Tierras con honorarios de $18′947.760 por seis meses.

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Entre la llegada de Harman y finales de julio, de acuerdo con documentos que obtuvo El Espectador por vías legales ante la ANT, se concretaron 2.921 contratos por prestación de servicios y las salidas de varios de los contratistas que habían trabajado en la entidad bajo la dirección de Vega. Sin embargo, la Procuraduría informó esta semana que serían cerca de 4.853 desde enero hasta junio. Tras recibir denuncias sobre este tema, el órgano anunció que abrió una “indagación previa en contra de funcionarios por determinar de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), por presuntas irregularidades en la contratación bajo la modalidad de prestación de servicios durante el primer semestre de este año”.

“Aparentemente, esa forma de vinculación laboral se habría incrementado de forma desproporcionada frente al año 2023, pues de acuerdo con las denuncias conocidas por ese hecho, entre enero y junio últimos se habrían firmado 4.853 contratos, lo que representaría un 2.1 % más de los celebrados por la entidad durante el año anterior. También se busca establecer si los contratistas vinculados cumplían con las actividades encomendadas y con los requisitos de idoneidad para prestar el servicio”, se lee en un pronunciamiento del ente disciplinario.

De acuerdo con los estados financieros de marzo y de junio de la ANT, sí hubo un incremento significativo en los pagos a contratistas por prestación de servicios. En el primer trimestre del año, subió en un 112 % el gasto en el rubro de administración y operación: “el aumento por $42.995′115.645 está representado en gran parte por el pago de honorarios del personal contratado por prestación de servicios profesionales que, al cierre del primer trimestre de 2024, ascendió a 4.000 contratos en promedio”.

En el documento de junio, se lee que hubo un aumento de más de $108 mil millones ($108.615′892.575), “representado en gran parte por el pago de honorarios del personal contratado por prestación de servicios profesionales que, al cierre del segundo trimestre de 2024, ascendió a los 6.000 contratos en promedio”.

Esta salida y entrada de funcionarios en la ANT generó en junio un llamado de atención de Heidy Jezmith Velásquez Camacho, contadora de la entidad, a Ángela Lorena Ortiz Rosero, secretaria general de la ANT, por no haber nombrado a las personas para desempeñarse en la cartera contable.

“Para nadie es un secreto que con la llegada de la nueva administración de la entidad y como en repetidas ocasiones ha ocurrido, los equipos de trabajo pasan por modificaciones, sobre todo con el ánimo de robustecerlos y poder generar un mejor servicio, sin embargo, es bastante preocupante que, a la fecha de este memorando, aún no se definan los colaboradores para los equipos que lidero que son Cartera, Central de Cuentas y Contabilidad”, se lee en el memorando.

En el texto, se señala que solo a tres personas del equipo contable se les prorrogó el contrato y este se quedó sin el 75 % de sus empleados, por lo que afirmó que la realización de los Estados Financieros se dificulta cuando “no hay una buena alineación y experticia en el equipo de trabajo”. La situación ha recibido eco por parte de otras divisiones de la entidad, según explicaron fuentes de la ANT a El Espectador.

La Asociación de Trabajadores Independientes (ATI) ha denunciado procesos injustos de desvinculación a la entidad y señala que al menos el 90 % de los funcionarios suscritos al sindicato no se les renovó el contrato. ATI afirmó que la ANT se había convertido en un “botín político”, pidió que se resolviera el pago a los excontratistas cuyos honorarios no habían sido resueltos y, además, se limpiara el buen nombre de las personas desvinculadas, algunas de las cuales habían sido acusadas de corrupción por altos cargos de la agencia.

Según estableció este diario, la contratación de personas que no contarían con la experiencia profesional para desempeñarse en la ANT y que, incluso, no tendrían conocimiento sobre las cuestiones de tierras, son las que estarían retrasando el desempeño de la entidad. A eso se sumaría que las contrataciones por seis meses tampoco permitirían un trabajo continuo entre direcciones y equipos para adelantar los procesos.

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Pero ahí no acaban los cuestionamientos por las contrataciones, pues a ellos se suman las denuncias que hizo el senador Miguel Uribe por la presunta contratación de Roberto Arroyave Jaramillo en junio de este año para realizar, según lo estableció el informe de actividades del contratista, “trabajo de campo realizando investigación de inteligencia y contrainteligencia interna y externa”, “siguiendo las orientaciones de la Dirección General de la ANT”.

Con la presión de cumplir con la implementación de la Reforma Agraria, que ha sido una de las grandes banderas del Gobierno Petro y de la que también depende el Acuerdo de Paz, el legado de la ANT ha estado marcado por las investigaciones de Procuraduría y los nexos políticos de sus directores. Aun así, la entrega de tierras ha sido central en las visitas a la región del presidente, que inició este mes entregando 850 títulos de 2.283 hectáreas en siete departamentos— Antioquia, Boyacá, Bolívar, Santander, Valle del Cauca y Tolima— y el pasado viernes asistió al evento para las víctimas del proyecto de la Hidroeléctrica del Quimbo en Huila.

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