Ratifican a Cristina Plazas en el ICBF

Quedaron descartados los rumores de la salida de la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Cristina Plazas, de quien se decía sería reemplazada por del actual secretario para la Transparencia, Camilo Enciso. Aunque la depuración que está haciendo Plazas en la entidad generó la molestia entre los parlamentarios, finalmente la decisión de ratificarla la tomó el presidente Juan Manuel Santos.

El Espectador conoció un mapa de la forma como los políticos se apropiaban de la entidad y uno a uno fueron saliendo de sus cargos. Tal fue la molestia en el Congreso que fue citada a 16 debates de control político. Esta es la relación de los congresistas que tenían cuotas políticas en las regionales del ICBF: Córdoba, Bernardo Miguel “el ñoño” Elías; Bolívar, Dayra Galvis; Sucre, Eduardo Merlano; Magdalena, Carlos Nery López; Atlántico, Casa Char; La Guajira, Alfredo de Luque; Santander, Edgar “El Pote” Gómez; Valle, Dilian Francisca Toro; Antioquia, Mauricio Lizcano y Augusto Posada; Caldas, Mauricio Lizcano; Nariño, Oscar Bravo; Putumayo, Myriam Alicia Paredes y Boyacá, Jorge Pedraza.

Al conocer la información sobre los congresistas que han manejado regionales del ICBF, el senador Mauricio Lizcano manifestó que no ha tenido manejo alguno ni cercanía con el ICBF. "En Antioquia no conozco a los funcionarios, ni he visitado la institución. En Caldas es mucho más claro que no tengo ninguna injerencia, el director actual fue elegido por el exgobernador Mario Aristizaba con quien no tengo ninguna cercanía y claramente no habría motivo para que nombraran ningún conocido en la dirección o en algún cargo de esta entidad", manifestó el senador Lizcano.  

El balance ha sido preocupante para los congresistas y sus cuotas políticas en el ICBF, ya van 40 personas detenidas entre funcionarios y representantes legales de las fundaciones que contrataban con las regionales del ICBF y que en últimas eran quienes daban comida en mal estado o que no cumplían con las necesidades alimentarias de los menores.

En el caso de Nariño, fortín del representante Oscar Bravo, fue detenido el exdirector el exdirector regional del Icbf, Héctor Fabio Quiroz Ordóñez, quien le ofreció al representante legal de la firma contratista Unión Temporal una adición de $1.114'000.000 a un contrato, a cambio de obtener una comisión del 10 por ciento del valor. También fue capturada la esposa del funcionario, María Fernanda Muñoz Díaz.

Desde que se posesionó en su cargo, Cristina Plazas advirtió que cada regional funcionaba como una rueda suelta y que en la mayoría existía un ascendente político. Entonces planteó un concurso de méritos para escoger directores y detectó un problema mayor: la corrupción campeaba y los dineros girados desde Bogotá quedaban en intermediarios políticos que ganaban por partida doble: el manejo del millonario presupuesto y votos seguros en las urnas a la hora de las elecciones.

Hace poco, Plazas estuvo en medio de una polémica por la protesta de las madres comunitarias que se habían visto afectadas en sus contratos por una tercerización que se venía dando en el ICFB, hubo un duro debate en su contra en el Congreso encabezado por el senador Alexander López y días después se dio un compromiso con las madres para garantizarles contratos serios, derechos de sindicalización y pensión. Y lo más importante, mejorar la alimentación de los menores. 
 

Quedaron descartados los rumores de la salida de la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Cristina Plazas, de quien se decía sería reemplazada por del actual secretario para la Transparencia, Camilo Enciso. Aunque la depuración que está haciendo Plazas en la entidad generó la molestia entre los parlamentarios, finalmente la decisión de ratificarla la tomó el presidente Juan Manuel Santos.

El Espectador conoció un mapa de la forma como los políticos se apropiaban de la entidad y uno a uno fueron saliendo de sus cargos. Tal fue la molestia en el Congreso que fue citada a 16 debates de control político. Esta es la relación de los congresistas que tenían cuotas políticas en las regionales del ICBF: Córdoba, Bernardo Miguel “el ñoño” Elías; Bolívar, Dayra Galvis; Sucre, Eduardo Merlano; Magdalena, Carlos Nery López; Atlántico, Casa Char; La Guajira, Alfredo de Luque; Santander, Edgar “El Pote” Gómez; Valle, Dilian Francisca Toro; Antioquia, Mauricio Lizcano y Augusto Posada; Caldas, Mauricio Lizcano; Nariño, Oscar Bravo; Putumayo, Myriam Alicia Paredes y Boyacá, Jorge Pedraza.

Al conocer la información sobre los congresistas que han manejado regionales del ICBF, el senador Mauricio Lizcano manifestó que no ha tenido manejo alguno ni cercanía con el ICBF. "En Antioquia no conozco a los funcionarios, ni he visitado la institución. En Caldas es mucho más claro que no tengo ninguna injerencia, el director actual fue elegido por el exgobernador Mario Aristizaba con quien no tengo ninguna cercanía y claramente no habría motivo para que nombraran ningún conocido en la dirección o en algún cargo de esta entidad", manifestó el senador Lizcano.  

El balance ha sido preocupante para los congresistas y sus cuotas políticas en el ICBF, ya van 40 personas detenidas entre funcionarios y representantes legales de las fundaciones que contrataban con las regionales del ICBF y que en últimas eran quienes daban comida en mal estado o que no cumplían con las necesidades alimentarias de los menores.

En el caso de Nariño, fortín del representante Oscar Bravo, fue detenido el exdirector el exdirector regional del Icbf, Héctor Fabio Quiroz Ordóñez, quien le ofreció al representante legal de la firma contratista Unión Temporal una adición de $1.114'000.000 a un contrato, a cambio de obtener una comisión del 10 por ciento del valor. También fue capturada la esposa del funcionario, María Fernanda Muñoz Díaz.

Desde que se posesionó en su cargo, Cristina Plazas advirtió que cada regional funcionaba como una rueda suelta y que en la mayoría existía un ascendente político. Entonces planteó un concurso de méritos para escoger directores y detectó un problema mayor: la corrupción campeaba y los dineros girados desde Bogotá quedaban en intermediarios políticos que ganaban por partida doble: el manejo del millonario presupuesto y votos seguros en las urnas a la hora de las elecciones.

Hace poco, Plazas estuvo en medio de una polémica por la protesta de las madres comunitarias que se habían visto afectadas en sus contratos por una tercerización que se venía dando en el ICFB, hubo un duro debate en su contra en el Congreso encabezado por el senador Alexander López y días después se dio un compromiso con las madres para garantizarles contratos serios, derechos de sindicalización y pensión. Y lo más importante, mejorar la alimentación de los menores.