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“Rechazamos la demora y la excesiva ritualidad que la mencionada Comisión Intersectorial ha impartido a los trámites de verificación de listados entregados para la designación cómo voceros y voceras de paz a las personas privadas de la libertad en el marco del ejercicio de su derecho a la protesta social”. Con esas palabras, congresistas del Pacto Histórico y organizaciones sociales y de derechos humanos se pronunciaron sobre el controversial proceso para que el Estado libere a jóvenes encarcelados para que funjan como voceros de paz.
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El presidente Gustavo Petro anunció que antes de Navidad, los siete voceros de paz designados por el Gobierno estarían de regreso con sus familias, en calidad de liberados, pero continuando con los procesos por los que han sido sindicados. Sin embargo, solo dos personas han sido dejadas en libertad.
Ante esta realidad y los choques que se han dado entre el ejecutivo y la Procuraduría, por cuenta de la insistencia de la procuradora Margarita Cabello Blanco sobre presuntas irregularidades en este proceso, un bloque de congresistas y de organizaciones sociales insistieron en que la liberación debe ser inmediata, en cumplimiento de la ley 2272 de 2022, el decreto 2422 de 2022 y los estándares de derechos humanos que afirman la libertad.
Según la carta pública, desde octubre de este año, familiares, abogados defensores, como también las organizaciones, le entregaron al presidente Gustavo Petro un censo de 201 personas privadas de la libertad en el contexto de la protesta social.
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“Desde el anuncio del primer mandatario de delegar vocerías de paz este mes, se entregó un censo actualizado y carpetas de casos a la Comisión Intersectorial, creada por el decreto 2422/22, en las cuales se aportaron perfiles, historias de vida, certificaciones de liderazgo o de pertenencia al movimiento social o de derechos humanos y las piezas procesales que acreditan la judicialización de estas personas por hechos relacionados con la protesta social. Sin embargo, a la fecha sólo dos jóvenes han sido dejados en libertad”, cuestionaron los firmantes de la carta pública.
En el documento, señalaron que la Procuraduría General de la Nación debería ejercer sus funciones “sin obstaculizar la orden legal de otorgar la libertad a las personas judicializadas por protestar, garantizando los estándares de derechos humanos que permitan priorizar el derecho a la libertad”. “Ningún funcionario o funcionaria que actúe para hacer cumplir la Ley 2272 de 2022 o el decreto 2422 de 2022 debería ser perseguido o disciplinado”, aseguraron.
Entre las equivocaciones por parte de los entes de control que resaltan los congresistas y las organizaciones firmantes, están: que la Fiscalía haya “perseguido” a cerca de 300 personas en el marco del Paro Nacional, habiendo judicializado a 291 de ellas. “195 fueron privadas de la libertad en procedimientos policiales y penales donde han sido evidentes las violaciones a derechos humanos y las irregularidades desde el mismo momento de las capturas”, señaló la misiva.
“Ha sido recurrente la formulación de macroimputaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación con el fin de obtener medidas de aseguramiento privativas de la libertad e intimidar a las personas capturadas para la aceptación de cargos”, añadieron los firmantes.
Su tesis es que la privación de la libertad de quienes protestaron “corresponde a razones netamente políticas, situación que amerita un especial tratamiento por parte del Estado Colombiano, en cumplimiento de las recomendaciones dadas por los organismos internacionales de derechos humanos y en garantía del derecho a la paz”.
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En el marco de la campaña “Ni un día más”, los firmantes de la carta le exigen al presidente que antes de terminar el año, es decir en dos días, cumpla con la delegación de vocerías de paz. También pidieron que “conmine a la Comisión Intersectorial para que agilice los trámites previstos para la delegación de nuevas vocerías de paz que permita la pronta libertad de las personas que hoy siguen en la cárcel por reclamar condiciones de vida digna”.
Los congresistas firmantes son: Alirio Uribe Muñoz, Andrés Cancimance López, Etna Támara Argote Calderón, Luis Alberto Albán, Gabriel Becerra, José Alberto Tejada, Roberth Daza Guevara, Jairo Reinaldo Cala Suárez, Jahel Quiroga Carrillo, Gustavo Bolívar, Jorge Bastidas, Heráclito Landinez, Alejandro Toro, Norman Bañol, Clara Eugenia López Obregón, Aída Quilcué, Eduard Sarmiento Hidalgo, Luz María Múnera, Ingrid Aguirre Juvinao, Cristóbal Caicedo Angulo, Alexandra Vásquez, Alfredo Mondragón, Erick Velasco, Gabriel Parrado Duran. La mayoría son del Pacto Histórico, pero también firmaron integrantes de otras fuerzas políticas que hacen parte de la coalición de gobierno, como el Partido Comunes.
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