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En momentos en los que Colombia suma más de tres semanas en medio de protestas y manifestaciones, este jueves se conoció un duro pronunciamiento de la organización Amnistía Internacional que –ante los casos de abusos y excesos de la Fuerza Pública durante el paro nacional–, instó a Estados Unidos a “dejar de proveer armas” al país, las cuales son usadas para reprimir las protestas.
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Según alertó Philippe Nassif, director de incidencia política del organismo, el gobierno de Estados Unidos ha tenido una “angustiante participación” en los asesinatos, las desapariciones, la violencia sexual y otras torturas, así como “la horrenda represión” de decenas de manifestaciones, en su mayoría pacíficas.
“El papel de Estados Unidos en el fomento de los ciclos incesantes de violencia cometidos contra el pueblo de Colombia es escandaloso”, manifestó Nassif.
El organismo reivindicó que ha verificado, a través de pruebas visuales, que armas y equipo de Estados Unidos se están utilizando indebidamente para cometer violaciones de los derechos humanos contra los manifestantes en Colombia.
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Por ello, solicitó a Antony Blinken, secretario de Estado del gobierno de Joe Biden, que cese inmediatamente el suministro, la venta o la transferencia directa o indirecta de equipo utilizado para la represión, como armas pequeñas, escopetas y munición relacionada.
A ello se suma equipo denominado como “menos” letal, como gases lacrimógenos, proyectiles y lanzadores para el control de disturbios, vehículos blindados, tecnologías de vigilancia de doble uso, formación y cualquier otra asistencia técnica o financiera.
“La suspensión de las armas debe mantenerse hasta que las fuerzas de seguridad colombianas cumplan plenamente con el derecho y las normas internacionales sobre el uso de la fuerza, se investiguen los abusos de forma independiente e imparcial, y que haya total rendición de cuentas por todas las violaciones de los derechos humanos que han cometido las autoridades colombianas, con el apoyo de Estados Unidos”, declaró el organismo.
Para Amnistía Internacional, el gobierno estadounidense y el Secretario Blinken tienen el poder de detener el “miedo y el terror que están soportando los manifestantes colombianos, y debe hacerlo inmediatamente”.
Según el ente, con corte hasta el 9 de mayo y con base en organizaciones de derechos humanos colombianas, se han registrado la muerte de 47 personas, 39 de ellas en el marco de la represión violenta de la policía colombiana, 1.876 actos de violencia policial, 963 detenciones, 28 víctimas de lesiones oculares y 12 casos de violencia sexual.
A su turno, la Fiscalía General de la Nación, recuerda Amnistía Internacional, tenía 168 solicitudes activas de personas desaparecidas, así como otras denuncias de tortura, malos tratos, palizas y agresiones por parte de civiles armados, muchas de ellas en presencia de la Policía.
“Amnistía Internacional ha verificado el uso de lanzagranadas de alta capacidad Venom y de lanzagranadas manuales Penn Arms, ambos fabricados por la empresa estadounidense Combined Systems. Estados Unidos ha sido históricamente uno de los principales proveedores de armas y otros equipos de la policía colombiana, y hay informes de nuevos pedidos de compra de equipos estadounidenses de principios de 2021”, precisó la organización.