Reclamos políticos por la presencia de militares extranjeros

Es un hecho: al país llegó una delegación de militares de Estados Unidos. La fuente de información fue un sucinto comunicado de la Embajada norteamericana en Bogotá, subido a su página web el 27 de mayo. Cuando senadores de la oposición alertaron sobre el tema, y empezaron a pedir explicaciones al Gobierno, la cuenta oficial de las Fuerzas Militares de Colombia colgó un video del comandante general Luis Fernando Navarro hablando sobre la cooperación bilateral en temas de lucha contra el narcotráfico y crimen organizado.

Desde prensa del Ministerio de Defensa se ratificó que el boletín emitido por la Embajada fue hecho en conjunto con ese despacho, aunque no fue replicado en su cuenta de Twitter. Sin embargo, de entrada, se abrió la discusión. Las preguntas de la oposición y del propio presidente del Senado, Lidio García, rondaron acerca de por qué no se tramitó un permiso ante la corporación, como lo prevé la Constitución en los artículos 173, 189 y 237. Por eso, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, salió a aclarar el tema, reiterando lo dicho por el general Navarro y confirmando la información del cuerpo diplomático norteamericano.

“Colombia y Estados Unidos suscribieron desde hace varias décadas un acuerdo de cooperación en materia militar. Ese acuerdo establece que el propósito de las llamadas misiones militares es el de prestar permanentemente cooperación de carácter consultivo y técnico al Ejército, Armada y Fuerza Aérea. En desarrollo de ese acuerdo vendrá un personal de la Brigada de Asistencia a Fuerzas de Seguridad del Comando Sur de EE. UU. con el propósito de asesorar a Estados Mayores de las Fuerzas de Tarea Conjuntas de distintas regiones donde hay incidencia del narcotráfico. En ningún momento habrá tránsito de tropas extranjeras ni participarán en operaciones militares”, dijo el ministro.

La senadora del Centro Democrático Paola Holguín salió al paso a los cuestionamientos de la oposición y defendió la legitimidad de la medida en el contexto de acuerdos marco de cooperación militar firmados entre Estados Unidos y Colombia, así como convenciones sobre temas de narcotráfico suscritas por Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. “No vienen como fuerza operativa, solo prestarán asesoría. Toda la vida se han presentado estas colaboraciones. Igualmente, el Gobierno no está obligado a estar informando cada cosa que hacen las Fuerzas Armadas, aunque siempre las decisiones sobre temas de seguridad y defensa incomodan a unos sectores”, comentó la parlamentaria.

En contraste, para la oposición no es justificable que militares estadounidenses se encuentren en el país para cumplir esa misión anunciada. En otras palabras, en criterio de los partidos alternativos, ningún acuerdo, convenio, tratado o pacto puede permitir la libre movilización de fuerzas castrenses foráneas, por más de que no vengan armadas o constituyan un grupo grande de personas, o tengan como objeto asesorar sin salir de las unidades del Ejército, como lo detalló Trujillo. La oposición sostiene que están en juego la soberanía del país y las facultades del Senado, que tiene la función de permitir (o no) el tránsito de tropas.

Lidio García, del Partido Liberal, escribió en su cuenta de Twitter: “Con todo respeto presidente, quiero recordarle que el artículo 173 de nuestra Carta Política establece que ‘permitir tránsito de tropas extranjeras’ en territorio colombiano es una atribución constitucional del Senado”. Con este comentario, el presidente del Congreso le dio oxígeno a la oposición para cuestionar la medida. En concreto, Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, cree que la presencia de la brigada antinarcóticos norteamericana es inconveniente, en especial en zonas fronterizas.

Para Sanguino, esta presencia militar norteamericana “aumentará las tensiones diplomáticas con Venezuela”. Por eso, la considera inoportuna. Según él, el gobierno Duque debe concentrarse en atender la crisis del COVID-19 y, si va a haber cooperación norteamericana, que sea para ayudas humanitarias o mejoramiento de la salud. Además de estos reparos, la posición del congresista y de otros sectores de la oposición es que la presencia de militares norteamericanos en algunas zonas toca puntos del Acuerdo de Paz, y esa es otra arista que debe ser evaluada.

“El tránsito y la instalación de tropas extranjeras en Colombia obligan a que el Gobierno solicite una autorización. No es de informarle al Senado. Además, ningún convenio de cooperación militar puede alegarse para un asunto que viola nuestra integridad territorial y la soberanía. Lo más indigno es que nos enteremos a través de un comunicado de la Embajada y no por el ministro de Defensa o el comandante de las Fuerzas Militares. ¿Dónde queda la dignidad como nación?”, comentó Sanguino, quien anunció que se pedirá discutir a fondo la situación y someter a votación el permiso, por más de que no haya requerimientos.

Respecto al alcance del artículo 173 de la Carta Política, el exmagistrado y expresidente del Consejo de Estado Gustavo Gómez, que presentó ponencia negativa cuando en 2009 se pretendía usar bases aéreas colombianas por parte de personal norteamericano durante la administración de Uribe, observó: “Esa es una función del Senado. Si no lo hace incurrirá en prevaricato por omisión. Asimismo, el Consejo de Estado debe reunirse en sesión extraordinaria para estudiar el caso y emitir un concepto oficioso, aunque el presidente no se lo pida, sobre si se viola o no la soberanía y cuáles son los límites”.

Y agregó: “Tropas son efectivos de un país extranjero y hacen parte de una estructura militar. Estas personas no vendrán de civiles”. A su vez, el expresidente del Consejo de Estado en 2009 Rafael Ostau insistió en que ningún acuerdo, tratado o pacto está por encima de las funciones del Senado y el Consejo de Estado, por lo tanto, se debió tramitar un permiso. “Hasta donde sé, no hay norma que exceptúe la asesoría como justificación para que ejércitos foráneos estén en el país. No importa si son 10, 20, 100 u 800 uniformados. Así sea una persona que viaje con misión militar, es suficiente para que se diligencie una autorización”.

El abogado Ostau recalcó que incluso, si ya hay activos norteamericanos en territorio nacional, sin valorar el número de ellos, se podría plantear un juicio político en el Congreso o disciplinario en la Procuraduría para responsabilizar a quienes hayan autorizado dichos ingresos. De cualquier modo, el debate apenas comienza. Sin duda será un asunto de intensa discusión política, pero también entre los sectores que reclaman el atraso en la implementación del proceso de paz, y que ven cómo el acuerdo para la solución de las drogas ilícitas se está quedando en letra muerta.

Es un hecho: al país llegó una delegación de militares de Estados Unidos. La fuente de información fue un sucinto comunicado de la Embajada norteamericana en Bogotá, subido a su página web el 27 de mayo. Cuando senadores de la oposición alertaron sobre el tema, y empezaron a pedir explicaciones al Gobierno, la cuenta oficial de las Fuerzas Militares de Colombia colgó un video del comandante general Luis Fernando Navarro hablando sobre la cooperación bilateral en temas de lucha contra el narcotráfico y crimen organizado.

Desde prensa del Ministerio de Defensa se ratificó que el boletín emitido por la Embajada fue hecho en conjunto con ese despacho, aunque no fue replicado en su cuenta de Twitter. Sin embargo, de entrada, se abrió la discusión. Las preguntas de la oposición y del propio presidente del Senado, Lidio García, rondaron acerca de por qué no se tramitó un permiso ante la corporación, como lo prevé la Constitución en los artículos 173, 189 y 237. Por eso, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, salió a aclarar el tema, reiterando lo dicho por el general Navarro y confirmando la información del cuerpo diplomático norteamericano.

“Colombia y Estados Unidos suscribieron desde hace varias décadas un acuerdo de cooperación en materia militar. Ese acuerdo establece que el propósito de las llamadas misiones militares es el de prestar permanentemente cooperación de carácter consultivo y técnico al Ejército, Armada y Fuerza Aérea. En desarrollo de ese acuerdo vendrá un personal de la Brigada de Asistencia a Fuerzas de Seguridad del Comando Sur de EE. UU. con el propósito de asesorar a Estados Mayores de las Fuerzas de Tarea Conjuntas de distintas regiones donde hay incidencia del narcotráfico. En ningún momento habrá tránsito de tropas extranjeras ni participarán en operaciones militares”, dijo el ministro.

La senadora del Centro Democrático Paola Holguín salió al paso a los cuestionamientos de la oposición y defendió la legitimidad de la medida en el contexto de acuerdos marco de cooperación militar firmados entre Estados Unidos y Colombia, así como convenciones sobre temas de narcotráfico suscritas por Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. “No vienen como fuerza operativa, solo prestarán asesoría. Toda la vida se han presentado estas colaboraciones. Igualmente, el Gobierno no está obligado a estar informando cada cosa que hacen las Fuerzas Armadas, aunque siempre las decisiones sobre temas de seguridad y defensa incomodan a unos sectores”, comentó la parlamentaria.

En contraste, para la oposición no es justificable que militares estadounidenses se encuentren en el país para cumplir esa misión anunciada. En otras palabras, en criterio de los partidos alternativos, ningún acuerdo, convenio, tratado o pacto puede permitir la libre movilización de fuerzas castrenses foráneas, por más de que no vengan armadas o constituyan un grupo grande de personas, o tengan como objeto asesorar sin salir de las unidades del Ejército, como lo detalló Trujillo. La oposición sostiene que están en juego la soberanía del país y las facultades del Senado, que tiene la función de permitir (o no) el tránsito de tropas.

Lidio García, del Partido Liberal, escribió en su cuenta de Twitter: “Con todo respeto presidente, quiero recordarle que el artículo 173 de nuestra Carta Política establece que ‘permitir tránsito de tropas extranjeras’ en territorio colombiano es una atribución constitucional del Senado”. Con este comentario, el presidente del Congreso le dio oxígeno a la oposición para cuestionar la medida. En concreto, Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, cree que la presencia de la brigada antinarcóticos norteamericana es inconveniente, en especial en zonas fronterizas.

Para Sanguino, esta presencia militar norteamericana “aumentará las tensiones diplomáticas con Venezuela”. Por eso, la considera inoportuna. Según él, el gobierno Duque debe concentrarse en atender la crisis del COVID-19 y, si va a haber cooperación norteamericana, que sea para ayudas humanitarias o mejoramiento de la salud. Además de estos reparos, la posición del congresista y de otros sectores de la oposición es que la presencia de militares norteamericanos en algunas zonas toca puntos del Acuerdo de Paz, y esa es otra arista que debe ser evaluada.

“El tránsito y la instalación de tropas extranjeras en Colombia obligan a que el Gobierno solicite una autorización. No es de informarle al Senado. Además, ningún convenio de cooperación militar puede alegarse para un asunto que viola nuestra integridad territorial y la soberanía. Lo más indigno es que nos enteremos a través de un comunicado de la Embajada y no por el ministro de Defensa o el comandante de las Fuerzas Militares. ¿Dónde queda la dignidad como nación?”, comentó Sanguino, quien anunció que se pedirá discutir a fondo la situación y someter a votación el permiso, por más de que no haya requerimientos.

Respecto al alcance del artículo 173 de la Carta Política, el exmagistrado y expresidente del Consejo de Estado Gustavo Gómez, que presentó ponencia negativa cuando en 2009 se pretendía usar bases aéreas colombianas por parte de personal norteamericano durante la administración de Uribe, observó: “Esa es una función del Senado. Si no lo hace incurrirá en prevaricato por omisión. Asimismo, el Consejo de Estado debe reunirse en sesión extraordinaria para estudiar el caso y emitir un concepto oficioso, aunque el presidente no se lo pida, sobre si se viola o no la soberanía y cuáles son los límites”.

Y agregó: “Tropas son efectivos de un país extranjero y hacen parte de una estructura militar. Estas personas no vendrán de civiles”. A su vez, el expresidente del Consejo de Estado en 2009 Rafael Ostau insistió en que ningún acuerdo, tratado o pacto está por encima de las funciones del Senado y el Consejo de Estado, por lo tanto, se debió tramitar un permiso. “Hasta donde sé, no hay norma que exceptúe la asesoría como justificación para que ejércitos foráneos estén en el país. No importa si son 10, 20, 100 u 800 uniformados. Así sea una persona que viaje con misión militar, es suficiente para que se diligencie una autorización”.

El abogado Ostau recalcó que incluso, si ya hay activos norteamericanos en territorio nacional, sin valorar el número de ellos, se podría plantear un juicio político en el Congreso o disciplinario en la Procuraduría para responsabilizar a quienes hayan autorizado dichos ingresos. De cualquier modo, el debate apenas comienza. Sin duda será un asunto de intensa discusión política, pero también entre los sectores que reclaman el atraso en la implementación del proceso de paz, y que ven cómo el acuerdo para la solución de las drogas ilícitas se está quedando en letra muerta.