Recolección de firmas: la campaña anticipada

Era el jefe de uno de los partidos políticos tradicionales y más grandes del país. Contaba con una maquinaria electoral nacional y una estructura regional que podían impulsar su campaña. Sin embargo, el 29 de agosto de 2017, Germán Vargas Lleras inscribió su comité para la recolección de firmas que avalaran su candidatura a la Presidencia de la República en la contienda de 2018. Tal vez no en teoría, pero en la práctica el exvicepresidente había comenzado a hacer campaña en las calles muchos meses antes de que el calendario electoral habilitara a los demás candidatos, que irían a la contienda con el aval de partidos políticos con personería jurídica a hacer propaganda electoral, de acuerdo con los términos que establece la ley.

Junto a Vargas Lleras también recogían firmas Gustavo Petro, Sergio Fajardo, Clara López y Juan Carlos Pinzón; sin embargo, ninguno de los anteriores tenía el perfil del exvicepresidente: ser el jefe natural de un partido político del que podía recibir en cualquier momento el aval para ser candidato. Los análisis sobre la decisión de Vargas Lleras, por supuesto, fueron varios, y uno de ellos señalaba que la intención era marcar distancia de la imagen de Cambio Radical, que, además de ser una referencia de la parapolítica en el país, tenía varios de sus miembros avalados para diferentes cargos públicos de elección popular a escala nacional involucrados en escándalos de corrupción, como Oneida Pinto o Juan Francisco Kiko Gómez, que, de hecho, fueron la manzana de la discordia entre Carlos Fernando Galán y Rodrigo Lara.

Le puede interesar: Ley de Garantías entra en vigencia y arranca la carrera de las elecciones regionales.

Pero el caso de Vargas Lleras puede ser solo un ejemplo de lo que ha generado alarma ante la recolección de firmas y que se hace más evidente para estas elecciones regionales. Las cifras son bastante claras. Un reciente informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) indica que para las regionales de 2011 se inscribieron 213 grupos significativos de ciudadanos (GSC), 199 presentaron firmas y 181 fueron aprobados por la Registraduría. Para 2015, la cifra de inscritos fue de 810, es decir, aumentó en 280 %, solo 307 presentaron las firmas y 194 fueron aprobados. Para las elecciones de octubre, hay 1.253 grupos inscritos y la cifra de los que entreguen las firmas se conocerá el próximo 27 de julio.

Los datos procesados por la MOE —a corte del 27 de junio de 2019— detallan que de los 1.253 comités inscritos para recoger firmas y avalar candidaturas, 107 lo hacen para presentar candidatos a alcaldías; 339, para concejos; 134, para juntas de administración local; 63, para gobernaciones, y diez para asambleas departamentales. Para el caso específico de las alcaldías, Bogotá, con 21, Cartagena (15), Medellín (14), Barrancabermeja (14) y Cali (11), fueron las cinco ciudades en donde más hubo inscripción de comités para grupos significativos de ciudadanos. En el caso de los concejos, fueron Bogotá (17), Medellín (11), Bucaramanga (8) y Valledupar (7), en donde más aspirantes esperan presentar sus candidaturas mediante listas avaladas por rúbricas ciudadanas.

La preocupación radica en que el mecanismo de inscripción de candidaturas con recolección de firmas se ha desvirtuado. Lo que había surgido como respuesta a la falta de representación que sienten los ciudadanos de los partidos políticos se ha convertido en una herramienta utilizada para varios fines: adelantar la campaña electoral, ocultar información sobre la financiación y conseguir una posición privilegiada para negociar avales o alianzas con las organizaciones políticas tradicionales cuando las elecciones se acercan. “Muchos candidatos empieza campaña un año antes de elecciones porque la autoridad electoral no tiene la capacidad de controlar, en tantos municipios, quién está haciendo publicidad. También están quienes utilizan el mecanismo para promocionar sus nombres y terminar negociando avales con los partidos”, comenta Alejandra Barrios, directora de la MOE.

También: Elecciones regionales de octubre prenden los motores.

Esa realidad es palpable. Quienes recogen firmas están recorriendo las calles desde hace meses, lo que es completamente legítimo, repartiendo publicidad o luciendo camisetas de candidatos, mientras que los aspirantes que irán avalados por partidos políticos solo podrán hacer publicidad en el espacio público desde el próximo 27 de julio. Sobre la financiación, Barrios expresa que no hay información clara reportada al Consejo Nacional Electoral (CNE): “Intenta entrar a la página de Cuentas Claras y mira si hay un reporte público para saber cuál es el origen y el destino de los recursos. No tenemos ni idea. Un candidato puede empezar a recoger firmas y fondos, y luego recibe el aval de un partido político. Reporta esos recursos como fondos propios y la autoridad electoral no tiene la capacidad técnica ni el músculo institucional para vigilar los gastos”.

“Se volvió una campaña anticipada de un año, con posibilidad de hacer alianzas con partidos políticos o buscar avales, sin la necesidad de entregar informes de financiación ni tener ningún tipo de responsabilidad frente a nadie”, anota Barrios. Heriberto Sanabria, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), concuerda con la directora de la MOE en que la figura de los GSC se ha desvirtuado y asegura que muchos de los comités son financiados, incluso, por los mismos partidos políticos para anticipar la campaña y luego adherirse a las estructuras políticas. “En el fondo, muchos candidatos buscan valorizarse”, señala Sanabria. ¿Qué alternativas hay? El llamado del CNE es al Congreso de la República para que regule asuntos como la adhesión de los aspirantes por firmas a los partidos políticos, para que el proceso no termine siendo un engaño.

También podría haber una regulación, como la restricción de que un candidato que decida aspirar por un GSC no pueda recibir avales de partido ni hacer alianzas, pero estas tendrían que hacerse mediante una reforma política en el Congreso. Aunque, explica Barrios, se podrán tomar medidas desde el CNE, como la exigencia de entregar informes financieros en tiempo real, publicarlos en la página web de Cuentas Claras y controlar la publicidad por medio de las alcaldías.

Más: CNE anuncia medidas para evitar fraude en las elecciones regionales de octubre.

En Bogotá, el aspirante Carlos Fernando Galán recoge firmas desde hace unos meses para avalar su candidatura a la Alcaldía por el movimiento “Bogotá para la gente”. Considera que, en efecto, hay una deslegitimación de la figura, sin embargo, explica que una de las principales razones por las que decidió salir a la calle para conseguir apoyos ciudadanos fue por la negativa del CNE de devolverle la personería jurídica al Nuevo Liberalismo, movimiento político que fundó su padre, Luis Carlos Galán Sarmiento, a finales de los años 70. “Inicié este proceso de recolección el 23 de abril pasado y hemos procurado ser muy cuidadosos con la publicidad para entender qué se hace en esta etapa y qué no. El mes pasado arrancamos la recolección de firmas para Concejo y JAL. Creemos que este es un mecanismo válido en la democracia para crear ideas y defender posiciones que uno no siente que están representadas en los partidos existentes”, comenta Galán. Además, indica que las finanzas de su campaña son reportadas a Cuentas Claras, del CNE, como lo ha estipulado la norma.

Por su parte, Juan David Valderrama, quien recoge firmas por el movimiento “Todos Juntos” para aspirar a la Alcaldía de Medellín, plantea que la preocupación de la MOE es “totalmente contundente”. “Si un candidato recoge firmas y luego consigue un aval o un coaval con un partido, le está haciendo trampa a la democracia”, señala. Sobre la financiación de su campaña, precisa: “Tenemos todos los libros contables terminados. Yo entregaré las firmas el próximo jueves y ese día presentaremos las cuentas a la ciudadanía, explicaremos en qué se gastaron los recursos y quiénes fueron los proveedores de nuestra publicidad política”.

Por el momento, muchos aspirantes recorren las calles para lograr el número mínimo de firmas que exige la ley para aspirar a un cargo de elección popular y solo hasta el próximo 27 de julio, cuando se cumpla el plazo establecido por la Registraduría para entregar firmas e inscribir candidaturas, se conocerá a ciencia cierta cuáles fueron los candidatos que utilizaron como pantomima un mecanismo legítimo de la democracia que intenta ser una alternativa a los partidos políticos tradicionales, para terminar acostados con estos en la misma cama gracias a los coavales.

Era el jefe de uno de los partidos políticos tradicionales y más grandes del país. Contaba con una maquinaria electoral nacional y una estructura regional que podían impulsar su campaña. Sin embargo, el 29 de agosto de 2017, Germán Vargas Lleras inscribió su comité para la recolección de firmas que avalaran su candidatura a la Presidencia de la República en la contienda de 2018. Tal vez no en teoría, pero en la práctica el exvicepresidente había comenzado a hacer campaña en las calles muchos meses antes de que el calendario electoral habilitara a los demás candidatos, que irían a la contienda con el aval de partidos políticos con personería jurídica a hacer propaganda electoral, de acuerdo con los términos que establece la ley.

Junto a Vargas Lleras también recogían firmas Gustavo Petro, Sergio Fajardo, Clara López y Juan Carlos Pinzón; sin embargo, ninguno de los anteriores tenía el perfil del exvicepresidente: ser el jefe natural de un partido político del que podía recibir en cualquier momento el aval para ser candidato. Los análisis sobre la decisión de Vargas Lleras, por supuesto, fueron varios, y uno de ellos señalaba que la intención era marcar distancia de la imagen de Cambio Radical, que, además de ser una referencia de la parapolítica en el país, tenía varios de sus miembros avalados para diferentes cargos públicos de elección popular a escala nacional involucrados en escándalos de corrupción, como Oneida Pinto o Juan Francisco Kiko Gómez, que, de hecho, fueron la manzana de la discordia entre Carlos Fernando Galán y Rodrigo Lara.

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Pero el caso de Vargas Lleras puede ser solo un ejemplo de lo que ha generado alarma ante la recolección de firmas y que se hace más evidente para estas elecciones regionales. Las cifras son bastante claras. Un reciente informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) indica que para las regionales de 2011 se inscribieron 213 grupos significativos de ciudadanos (GSC), 199 presentaron firmas y 181 fueron aprobados por la Registraduría. Para 2015, la cifra de inscritos fue de 810, es decir, aumentó en 280 %, solo 307 presentaron las firmas y 194 fueron aprobados. Para las elecciones de octubre, hay 1.253 grupos inscritos y la cifra de los que entreguen las firmas se conocerá el próximo 27 de julio.

Los datos procesados por la MOE —a corte del 27 de junio de 2019— detallan que de los 1.253 comités inscritos para recoger firmas y avalar candidaturas, 107 lo hacen para presentar candidatos a alcaldías; 339, para concejos; 134, para juntas de administración local; 63, para gobernaciones, y diez para asambleas departamentales. Para el caso específico de las alcaldías, Bogotá, con 21, Cartagena (15), Medellín (14), Barrancabermeja (14) y Cali (11), fueron las cinco ciudades en donde más hubo inscripción de comités para grupos significativos de ciudadanos. En el caso de los concejos, fueron Bogotá (17), Medellín (11), Bucaramanga (8) y Valledupar (7), en donde más aspirantes esperan presentar sus candidaturas mediante listas avaladas por rúbricas ciudadanas.

La preocupación radica en que el mecanismo de inscripción de candidaturas con recolección de firmas se ha desvirtuado. Lo que había surgido como respuesta a la falta de representación que sienten los ciudadanos de los partidos políticos se ha convertido en una herramienta utilizada para varios fines: adelantar la campaña electoral, ocultar información sobre la financiación y conseguir una posición privilegiada para negociar avales o alianzas con las organizaciones políticas tradicionales cuando las elecciones se acercan. “Muchos candidatos empieza campaña un año antes de elecciones porque la autoridad electoral no tiene la capacidad de controlar, en tantos municipios, quién está haciendo publicidad. También están quienes utilizan el mecanismo para promocionar sus nombres y terminar negociando avales con los partidos”, comenta Alejandra Barrios, directora de la MOE.

También: Elecciones regionales de octubre prenden los motores.

Esa realidad es palpable. Quienes recogen firmas están recorriendo las calles desde hace meses, lo que es completamente legítimo, repartiendo publicidad o luciendo camisetas de candidatos, mientras que los aspirantes que irán avalados por partidos políticos solo podrán hacer publicidad en el espacio público desde el próximo 27 de julio. Sobre la financiación, Barrios expresa que no hay información clara reportada al Consejo Nacional Electoral (CNE): “Intenta entrar a la página de Cuentas Claras y mira si hay un reporte público para saber cuál es el origen y el destino de los recursos. No tenemos ni idea. Un candidato puede empezar a recoger firmas y fondos, y luego recibe el aval de un partido político. Reporta esos recursos como fondos propios y la autoridad electoral no tiene la capacidad técnica ni el músculo institucional para vigilar los gastos”.

“Se volvió una campaña anticipada de un año, con posibilidad de hacer alianzas con partidos políticos o buscar avales, sin la necesidad de entregar informes de financiación ni tener ningún tipo de responsabilidad frente a nadie”, anota Barrios. Heriberto Sanabria, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), concuerda con la directora de la MOE en que la figura de los GSC se ha desvirtuado y asegura que muchos de los comités son financiados, incluso, por los mismos partidos políticos para anticipar la campaña y luego adherirse a las estructuras políticas. “En el fondo, muchos candidatos buscan valorizarse”, señala Sanabria. ¿Qué alternativas hay? El llamado del CNE es al Congreso de la República para que regule asuntos como la adhesión de los aspirantes por firmas a los partidos políticos, para que el proceso no termine siendo un engaño.

También podría haber una regulación, como la restricción de que un candidato que decida aspirar por un GSC no pueda recibir avales de partido ni hacer alianzas, pero estas tendrían que hacerse mediante una reforma política en el Congreso. Aunque, explica Barrios, se podrán tomar medidas desde el CNE, como la exigencia de entregar informes financieros en tiempo real, publicarlos en la página web de Cuentas Claras y controlar la publicidad por medio de las alcaldías.

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En Bogotá, el aspirante Carlos Fernando Galán recoge firmas desde hace unos meses para avalar su candidatura a la Alcaldía por el movimiento “Bogotá para la gente”. Considera que, en efecto, hay una deslegitimación de la figura, sin embargo, explica que una de las principales razones por las que decidió salir a la calle para conseguir apoyos ciudadanos fue por la negativa del CNE de devolverle la personería jurídica al Nuevo Liberalismo, movimiento político que fundó su padre, Luis Carlos Galán Sarmiento, a finales de los años 70. “Inicié este proceso de recolección el 23 de abril pasado y hemos procurado ser muy cuidadosos con la publicidad para entender qué se hace en esta etapa y qué no. El mes pasado arrancamos la recolección de firmas para Concejo y JAL. Creemos que este es un mecanismo válido en la democracia para crear ideas y defender posiciones que uno no siente que están representadas en los partidos existentes”, comenta Galán. Además, indica que las finanzas de su campaña son reportadas a Cuentas Claras, del CNE, como lo ha estipulado la norma.

Por su parte, Juan David Valderrama, quien recoge firmas por el movimiento “Todos Juntos” para aspirar a la Alcaldía de Medellín, plantea que la preocupación de la MOE es “totalmente contundente”. “Si un candidato recoge firmas y luego consigue un aval o un coaval con un partido, le está haciendo trampa a la democracia”, señala. Sobre la financiación de su campaña, precisa: “Tenemos todos los libros contables terminados. Yo entregaré las firmas el próximo jueves y ese día presentaremos las cuentas a la ciudadanía, explicaremos en qué se gastaron los recursos y quiénes fueron los proveedores de nuestra publicidad política”.

Por el momento, muchos aspirantes recorren las calles para lograr el número mínimo de firmas que exige la ley para aspirar a un cargo de elección popular y solo hasta el próximo 27 de julio, cuando se cumpla el plazo establecido por la Registraduría para entregar firmas e inscribir candidaturas, se conocerá a ciencia cierta cuáles fueron los candidatos que utilizaron como pantomima un mecanismo legítimo de la democracia que intenta ser una alternativa a los partidos políticos tradicionales, para terminar acostados con estos en la misma cama gracias a los coavales.