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La ronda 30 de diálogos de paz entre el Gobierno y las Farc produjo el evento más esperado por el país en los dos años que van de proceso de negociación en La Habana (Cuba): el reconocimiento de responsabilidades por parte de la guerrilla. Un acto en el que el comandante Pablo Atrato, del Bloque Iván Ríos, admitió sin titubeos ni sofismas que la fuerza insurgente ha afectado a la población civil en el desarrollo de la confrontación armada.
“Como fuerza político-militar beligerante en el conflicto social y armado desarrollado en Colombia desde hace más de 50 años, es evidente que hemos intervenido de manera activa y hemos impactado al adversario y de alguna manera afectado a la población que ha vivido inmersa en la guerra. Nos hacemos expresamente responsables de todos y cada uno de los actos de guerra ejecutados por nuestras unidades, conforme a las órdenes e instrucciones impartidas por nuestro mando y asumimos sus derivaciones”, afirmó el jefe insurgente desde el Palacio de Convenciones de La Habana.
Para los principales críticos del proceso de paz, las palabras leídas por Atrato eran un requisito ineludible que brillaba por su ausencia en la mesa de conversaciones. Víctimas de las Farc y detractores del proceso lo habían pedido desde el día que se supo del inicio de las negociaciones de paz. Y aunque en varias ocasiones los comandantes guerrilleros que tienen parte en los diálogos habían expresado su intención de reconocer “errores” militares y dar la cara a las víctimas, apenas ayer se oyó un reconocimiento pleno de sus culpas.
“La población no ha sido ni blanco principal ni blanco secundario de las acciones defensivas u ofensivas de nuestras estructuras armadas, es decir, nunca ha existido en las Farc una política de determinación subjetiva para la victimización sistemática y deliberada contra la población. Reconocemos explícitamente que nuestro accionar ha afectado a civiles en diferentes momentos y circunstancias a lo largo de la contienda, que al prolongarse ha generado mayores y múltiples impactos, pero jamás como parte de nuestra razón de ser”, expresó el comandante del frente 57, uno de los nuevos miembros de la delegación guerrillera.
En el mismo comunicado, las Farc explicaron que asumen como marco normativo los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y que algunos actos de guerra deben ser entendidos como “exceso de fuerza; error involuntario, o consecuencias no previstas en circunstancias de guerra”. “Reiteramos nuestro compromiso explícito con los principios acordados por las partes para definir el marco normativo y político de las responsabilidades”, refirió Pablo Atrato, advirtiendo que se deben tener “en cuenta las particularidades de los conflictos armados internos, del conflicto colombiano y la existencia de una juridicidad guerrillera”.
En un segundo punto del comunicado, las Farc le asignan un papel preponderante a la “comisión histórica del conflicto y sus víctimas” como marco contextual y de referencia para avanzar en la definición de las responsabilidades frente a las víctimas del conflicto. También proponen que los resultados de dicha comisión, y la de verdad histórica que se conforme tras la firma del acuerdo final, sean asumidos por las partes y tengan carácter vinculante para determinar responsabilidades.
La declaración de las Farc produjo toda clase de reacciones. Para la representante a la Cámara Clara Rojas, quien estuvo secuestrada más de seis años por la agrupación guerrillera, este es un primer paso positivo en el reconocimiento de la responsabilidad de las Farc en acciones contra la población civil. Sin embargo, aseguró que “este reconocimiento aún es incipiente, pues han sido afectadas por secuestro más de 40.000 personas, de las cuales se estima que el 67% es responsabilidad de las Farc”.
El anuncio de la insurgencia se produce luego de que el pasado lunes cientos de víctimas de las Farc se reunieran para sentar las bases de la que podría ser la creación de una organización de víctimas de la guerrilla financiada desde la institucionalidad. Aunque el evento estuvo marcado por la polarización política y la intolerancia de algunos asistentes hacia el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, hubo acuerdos mínimos entre los participantes.
En efecto, el encuentro ‘Colombia abraza a las víctimas de las Farc’ demostró que los afectados por la violencia guerrillera, sea cual sea su color político, no están dispuestos a tolerar una eventual impunidad ni a sacrificar sus derechos por la verdad y la reparación, aun cuando se mostraron entusiasmados por aportar para la construcción de la paz. Muestra de ello es que uno de los promotores de la iniciativa, el senador Mauricio Lizcano, vio con optimismo el comunicado conocido ayer. “Me parece muy positivo. Lo que hemos venido solicitando como víctimas de la guerrilla era que las Farc reconocieran que son victimarias y que están dispuestas a reparar a sus víctimas con los dineros que han conseguido con su actividad ilegal. Falta mucho, pero este es un paso hacia la paz”, dijo el parlamentario, cuyo padre, Óscar Tulio Lizcano, estuvo secuestrado nueve años.
Desde la orilla del Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, las críticas no cesaron. “¡Perdón! Nosotros queremos la paz, no la claudicación del Estado democrático al grupo terrorista Farc”, expresó el hoy senador, y lo siguieron sus copartidarios. El también senador Alfredo Rangel señaló: “Farc cínicas, han reclutado forzosamente a miles de niños y dicen que nunca han tenido una política de victimización contra la población”. Así como la representante María Fernanda Cabal, quien desde su cuenta en Twitter escribió: “Terroristas de las Farc han provocado mas de 220 mil víctimas, sin embargo quieren participar en política, no pagar cárcel ni entregar armas”.
Aunque con el reconocimiento por parte de las Farc de sus responsabilidades en actos que han afectado a la población civil se da un paso definitivo en el proceso de paz, la opinión pública aún debe asumir un debate acerca de si los combatientes, del Estado y las guerrillas, pueden llegar a ser considerados víctimas en algún momento. Esta semana, precisamente, las Farc se refirieron al asunto en su acostumbrada rueda de prensa de la mañana. Lo hizo hace unos días el comandante Carlos Antonio Lozada, miembro del Secretariado de las Farc que llegó a La Habana en las últimas semanas. En el comunicado advierte que los combatientes, tanto militares como subversivos, deben ser reconocidos como víctimas si se comprueba que fueron sometidos a tratos crueles e inhumanos.
“Para la consideración de los casos de combatientes víctimas de las Fuerzas Militares y de Policía y de las Farc, la partes se ceñirán a lo establecido en las Convenciones I, II y III de Ginebra y el Protocolo Adicional II, atendiendo el principio de distinción aplicable a conflictos armados no internacionales. Por tanto, son víctimas únicamente en la medida que hayan padecido comprobadas infracciones al DIH aplicable a los combatientes, por lo que su tratamiento no puede ser equivalente al dispensado a las víctimas provocadas entre la población civil no combatiente. En este punto se tendrán en cuenta igualmente las normas de la juridicidad guerrillera”, señaló el jefe guerrillero.
Unos días después, Édgar López Gómez, alias Pacho Chino, ahondó en el tema en una declaración titulada “Responsabilidad sistémica, responsabilidad principal del Estado y responsabilidades múltiples, incluidas las responsabilidades guerrilleras, frente a las víctimas del conflicto”, documento en el que el jefe guerrillero señala que el Estado debe hacer “un reconocimiento especial de la responsabilidad de las Fuerzas Militares y de Policía, así como de los organismos de inteligencia, en la generación de procesos de victimización sistemática contra la población”.
Sin duda, el ciclo 30 de diálogos, que terminará el próximo lunes luego de que un nuevo grupo de víctimas asista a la mesa de conversaciones, ha dado un nuevo aire al proceso de paz. Se inició al cumplirse dos años del proceso y con la llegada de un grupo de importantes jefes guerrilleros. La revelación de los primeros días fue la llegada de dos miembros más del secretariado: Carlos Antonio Lozada y Pastor Alape, además de un grupo de comandantes de reconocida trayectoria militar, como Romaña y Pacho Chino.
Para muchos esto significó una muestra del compromiso de las Farc en la búsqueda de la paz, pues sus comandantes más importantes llegan a la mesa para enfrentar el momento más transcendental del proceso de paz: la discusión sobre la reparación a las víctimas, los temas de justicia y el trabajo de la subcomisión que debatirá la desmovilización, la reinserción y la dejación de armas. En este contexto de fuertes titulares llegó el esperado reconocimiento de las Farc. Un mea culpa con el que recibirán el próximo domingo al penúltimo grupo de víctimas.