A través de una resolución de siete páginas, el Ministerio de Justicia modificó la destinación de los rubros de bienes que en el pasado fueron del narcotráfico y que ahora están siendo administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). El documento, que conoció El Espectador, establece que el 54 % de los recursos de bienes en extinción de dominio, a partir del próximo año, estarán destinados a financiar la Política de Drogas del Gobierno Petro y la reforma rural.
Esos recursos, que actualmente administra el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha Contra el Crimen Organizado (Frisco), son los dineros que el Estado recibe por las ventas, alquileres y la administración de los bienes que están en procesos de extinción de dominio o que tienen medidas cautelares, como fincas, apartamentos, predios o vehículos. En 2022, por ejemplo, el Frisco entregó más de $ 175.736 millones a varias carteras como Defensa, Interior, Justicia, Salud y la Policía, como contribución a su financiación.
Sin embargo, la resolución en poder de este diario establece que además de esas carteras, a partir del 2024 también se beneficiará el Ministerio de Agricultura para la financiación de la reforma agraria. En diálogo con El Espectador, Gloria Miranda, directora de Política de Drogas del Gobierno, confirmó que la negociación para reconfigurar la destinación de recursos comenzó el 21 de noviembre pasado en el Consejo Nacional de Estupefacientes. “En años pasados, el grueso de este presupuesto se iba para el sector Defensa. Pero casi de manera unánime se disminuyeron esos recursos para sumarle más a la política de oxígeno en la Política de Drogas”.
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Cuando Miranda se refiere a “oxígeno” se refiere a uno de los pilares de la Política que socializó el presidente Gustavo Petro el pasado 3 de octubre en El Tambo (Cauca), que consiste en destinar recursos para las comunidades rurales que más han vivido el conflicto armado, a través de la sustitución voluntaria de cultivos y también de la búsqueda de otras alternativas de productos lícitos a base de hoja de coca, amapola y marihuana.
El segundo pilar de esa política lo han denominado “asfixia”, que pretende atacar los eslabones más altos del narcotráfico a través del Ministerio de Defensa, la Policía y las autoridades militares. El uso de esos dos términos no caló bien en algunas comunidades cocaleras del Cauca y Putumayo, quienes desde octubre le entregaron al Gobierno un documento en el que le solicitaron cambiar el enfoque militar y de defensa de la lucha contra el narcotráfico.
La nueva política de drogas está basada en el diagnóstico desfavorable sobre las últimas estrategias enmarcadas en esa “guerra contra las drogas”. De acuerdo con el Ministerio de Justicia, aunque no existe una cifra oficial sobre el gasto en esa lucha, el Observatorio de Drogas en Colombia estima que, en promedio, el gasto anual es de $3,8 billones. En los últimos 20 años, el gasto sería de aproximadamente $76 billones. Y no se logró el principal objetivo que era reducir la oferta y la demanda de drogas . Por el contrario, el Observatorio concluyó que, en los últimos 23 años, esta incremento del 5,1% al 8,7% en el consumo de cualquier sustancia ilícita.
Lo cierto es que, para Miranda, esta resolución contribuirá en ambos frentes de la Política de Drogas. “Aunque se disminuye el dinero que recibirá Mindefensa y la Policía, de todos modos quedarán con un 32 % de los recursos para que contribuyan con la política de asfixia contra los narcotraficantes”. Hasta este año, ambas instituciones recibían el 60 % de ese dinero.
Mientras que para la política de “oxígeno” del Gobierno, que busca invertir en proyectos alternativos de agricultura, iniciativas de sustitución e inversión al campo, esos dineros serán ahora el 54 % de lo que el Fondo recopile este año. De acuerdo con la resolución, los recursos se entregarán a cada cartera el 5 de abril del 2024. “La propuesta del presupuesto de gastos para el 2024, específicamente en cuanto a las asignaciones del rubro de política de drogas presentada por la SAE, la sociedad explicó que la misma se basó en las directrices que para el efecto determinó el Gobierno Nacional”, dice la resolución.
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El documento especifica que lo que estiman distribuir para el próximo año son $215.335 millones, a pesar de que las entidades hicieron solicitudes de dinero que superaban los $600.000 millones. Este diario conoció que la reasignación del presupuesto, que fue discutida en el Consejo Nacional de Estupefacientes, fue aprobada casi en unanimidad por todos los delegados, entre ellos la Fiscalía, Procuraduría, Minjusticia, Mindefensa, Minsalud, Mininterior, entre otros delegados del Gobierno.
Un informe que citan en la resolución puntualiza que: “De forma unánime, los nueve miembros estuvieron de acuerdo con el proyecto de presupuesto inicial en recomendar la aprobación del proyecto de presupuesto presentado por la SAE para la vigencia 2024”.
En ese mismo documento, estimaron que el Ministerio de Justicia recibiría el próximo año $30.393 millones, el Ministerio de Agricultura —que por primera vez recibiría recursos del Fondo—, recibiría $85.640 millones; el Ministerio de Defensa se beneficiaría con $44.350 millones; al del Interior con $7.734 millones; e de Salud con $24.391 millones y la Policía con $22.847 millones. Esta última institución es la que más recorte presupuestal tendría, con un 54 % menos de lo que recibieron en 2023.
Esta resolución, que está firmada por el ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, y la directora de la Política de Drogas, Gloria Miranda, es otro de los esfuerzos de esa cartera para que la iniciativa sobre drogas avance. Uno de esos ocurrió el 30 de noviembre pasado, cuando el ministerio publicó el borrador de decreto que reglamenta la tenencia y el uso de las semillas de coca, amapola y marihuana para uso medicinal, científico y producción de productos como fertilizantes.
En diálogo con este diario, el ministero Osuna explicó que esa iniciativa, que también pasó por el ConsejoNacional de Estupefacientes, “pretende distinguir una cosa que lamentablemente está muy confundida y es la diferencia entre la coca y la cocaína”.
Según él, esos son los primeros pasos del nuevo enfoque de la lucha contra el narcotráfico, que busca que la persecución y los esfuerzos no estén centrados en los cultivadores, campesinos y consumidores, sino en los grandes narcotraficantes.
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Sobre esto, Gloria Miranda especificó que gran parte de los recursos que recibirán del Fondo se destinarán a proyectos de desarrollo rural. “El problema de los cultivos de uso ilícito no es otro que falta desarrollo social en esos territorios. Si nosotros focalizamos el trabajo en estas zonas rurales que tienen con cultivos de uso ilícito, ahí hay un gran porcentaje para invertir”.
Para aterrizar la inversión, en el departamento del Cauca, por ejemplo, el Gobierno tiene una idea sobre la mesa que todavía está negociando con la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) que busca fomentar la producción de cacao y de chontaduro. Para eso habrá apoyo de 15 ministerios, entidades y oficinas del Gobierno que tienen el reto de no incumplir la promesa de la sustitución.
Otro de los pilares que necesitará recursos es el de la justicia social y la dignificación, con la que se busca “reconocer y buscar subsanar el daño” a las comunidades cocaleras que han sido perseguidas y estigmatizadas. Una de las actividades específicas que pretenden llevar a los territorios es fomentar empresas populares de comercialización de productos devenidos de la transformación productiva en áreas con presencia de cultivos de uso ilícito.
En esas zonas, el Estado deberá ofrecer un mercado estable y seguro para los productores que han abandonado la economía ilegal. Además de la capacitación en actividades agropecuarias que reconozcan y dignifiquen la labor campesina, se buscará diversificar el modelo de desarrollo, realizando capacitaciones técnicas en actividades no agropecuarias como los sectores de servicios, transporte, construcción, turismo, tecnologías, entre otras.
Aunque desde el MinJusticia prefieren no dar una cifra exacta sobre el monto necesario para financiar la Política de Drogas, aseguran que “siempre van a hacer falta más recursos para cubrir las necesidades de la población rural”. Entre otras cosas, porque depende también de lo que cada cartera decida focalizar a las zonas cocaleras del país.
En ese proyecto entran todos los ministerios y otras dependencias. Las cifras de lo que se invertirá se están definiendo en la reunión de planeación del Gobierno que comenzó este lunes y termina este 19 de diciembre.
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