Reforma del aparato estatal: los primeros pasos del gobierno electo
Estos son los cambios que hará Gustavo Petro en la administración pública, y estas son sus razones.
Fernando Medina Gutiérrez / Razón Pública
Luna de miel
Días antes de las elecciones presidenciales, el clima político estaba contagiado por el desaliento de una población que todavía lucha contra los efectos de la pandemia. Ahora, la puesta en marcha del plan de unidad nacional del gobierno electo, y la designación de los nuevos ministros y ministras, han creado un ambiente de cambio y alivio en el país.
Por sorpresa, y con excepción de los sectores de la derecha extrema, la ciudadanía vive ahora una luna de miel con el gobierno entrante. Además, las mayorías en el Congreso abren el camino para avanzar en el ambicioso programa de reformas del nuevo gobierno.
Son dos las grandes apuestas de transformación del Pacto Histórico, y sobre ellas están puestas las expectativas de la ciudadanía:
Reemplazar el modelo económico extractivista por uno de energías limpias. La idea es que Colombia no dependa de la exportación de petróleo y carbón, y pase a un modelo de producción basado en el conocimiento de la biodiversidad, la ciencia y la tecnología. Este nuevo modelo aspira a garantizar el progreso económico (aumentar la inversión y el empleo) y el avance social (reducir la inequidad y la exclusión).
Inaugurar “una nueva era de paz” a partir del modelo económico anterior. Se trata de crear y distribuir la riqueza de manera equitativa e incluyente —entre mujeres, campesinos, migrantes, comunidades indígenas y afrocolombianas, entre otras—.
Estas son las dos caras de una misma moneda, y dos anhelos que nos han sido esquivos en el largo proceso de construcción de Colombia como Estado Nación. Por eso, más allá de la álgida discusión en torno al costo y las fuentes de financiación de este plan, importa preguntarnos:
¿Cuáles ajustes necesita el Estado —pequeño, ineficiente, ineficaz, 0 francamente ausente— para que logre transformar los sueños en ejecutorias?
¿Basta con la creación de dos nuevos ministerios, responsables de consolidar una sociedad más incluyente, equitativa, pacífica y democrática?
¿Tales reformas mejoran o debilitan el cumplimiento de las tareas estatales?
La desigualdad no da espera
Un documento reciente del Banco Mundial recuerda la postura del profesor Lauchlin Currie sobre el desarrollo nacional: “existe una gran disparidad en los niveles de ingresos entre un pequeño grupo rico y la gran masa de la población”. Setenta años después, la desigualdad persiste, y se agravó por el cierre de actividades económicas durante la pandemia.
Debido a su pasado colonial, América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo. En ella, Colombia ocupa un preponderante y vergonzoso lugar. La desigualdad, en su dimensión de ingresos monetarios, alcanzó un índice de Gini de 0,54 en el año 2020. Este índice está muy por encima del de otros países de la región, como Argentina con 0,43, Brasil con 0.48, Bolivia con 0,43, o Ecuador con 0,47.
En Colombia la desigualdad es estructural. La falta de acceso a educación de calidad; a oportunidades de empleo formal y bien remunerado; a bienes públicos como la seguridad y la justicia, o la conectividad y las comunicaciones, condenan a vastos sectores de la población a vivir en condiciones de pobreza generación tras generación.
Estas circunstancias han dado lugar a dos mundos separados, dos naciones que no se conocen ni se reconocen en sus valores esenciales. Esta realidad quedó plasmada en el mapa de los resultados de la reciente elección presidencial, y, ahora, el gobierno electo emprenderá acciones para enmendarla.
Ministerio de la Igualdad
La desigualdad tiene un tinte étnico. Nadie niega que son las comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales y palenqueras quienes viven en carne propia la dureza de la desigualdad.
Esta situación se agrava con la violencia asociada con el conflicto entre guerrillas activas, disidencias y grupos armados organizados —todos ellos vinculados al negocio criminal del narcotráfico—. Las cifras del informe de la Comisión de la Verdad no dejan dudas al respecto.
>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político
Por eso importa que Francia Márquez, vicepresidenta electa, sea quien ponga en marcha el Ministerio de la Igualdad. Ella encarna y simboliza buena parte de la realidad a la que está dedicada esta entidad, para así sentar las bases de un desarrollo incluyente y sostenible.
Por su peso y trayectoria política, podemos decir que, al principio, tendremos mucha más ministra que ministerio. Pero con una adecuada reorganización de las entidades que hoy trabajan en campos afines, y un modelo de gestión que articule otros sectores, entidades y proyectos, se alcanzarán avances sustanciales en este tema largamente desatendido.
Esto, sin olvidar que los programas deberán ser responsables de atender las poblaciones vulnerables (niños, jóvenes, mujeres, personas racializadas, adultos mayores, etc.), pues de esto dependerá la confianza en las instituciones.
Ministerio de la Paz y la Convivencia
Además de la desigualdad, la violencia permanente ha sido un serio obstáculo al desarrollo de Colombia. Los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos; los ataques a la fuerza pública; la destrucción de infraestructura, y la comisión de crímenes como el confinamiento de poblaciones o el desplazamiento forzado, se han recrudecido en los años recientes.
Aunque el desarrollo del Acuerdo suscrito con las FARC en 2016 es un avance, aún falta mucho por hacer. Esto incluye un cabal cumplimiento del Acuerdo y por eso otro propósito central del nuevo gobierno es crear el Ministerio de la Paz y la Convivencia.
El Ministerio nacería de la urgencia de superar dos situaciones altamente indeseables: (i) el retroceso en la situación de seguridad tanto en los centros urbanos como en las zonas rurales, y (ii) la pérdida de legitimidad y capacidad de la Policía Nacional para actuar como garante de los derechos de la ciudadanía.
Recordemos la decisión adoptada a comienzos del Frente Nacional de adscribir a un cuerpo civil armado como la Policía Nacional al Ministerio de Defensa —hasta entonces altamente politizada y partidista—. La historia reciente de Colombia advierte que habrá dificultades para crear y poner en marcha este nuevo ministerio. Lo más probable es que estará sometido a discusiones, oposición y críticas, sean abiertas o veladas.
Si en el caso del Ministerio de la Igualdad es previsible que en un comienzo tengamos más ministra-vicepresidenta que Ministerio, la pregunta sería: en relación con el Ministerio de la Paz y la Convivencia, ¿quién puede calzarse esas botas sin que le queden grandes?
Una conclusión tentativa
Estas breves consideraciones nos permiten señalar que los cambios en la organización del Estado son consecuencia lógica y necesaria de los objetivos trazados por el nuevo gobierno.
La creación del Ministerio de la Igualdad y el Ministerio de la Paz y la Convivencia se inscribe en la tradición colombiana, donde las instituciones son sometidas a ajustes periódicos en función de los cambios sociales y políticos.
Esperamos que estas se consoliden para superar el tercer obstáculo que el Banco Mundial señala como límite del desarrollo del país: “la [baja] calidad de las instituciones, las cuales han tendido a favorecer intereses particulares sobre el crecimiento inclusivo”.
Luna de miel
Días antes de las elecciones presidenciales, el clima político estaba contagiado por el desaliento de una población que todavía lucha contra los efectos de la pandemia. Ahora, la puesta en marcha del plan de unidad nacional del gobierno electo, y la designación de los nuevos ministros y ministras, han creado un ambiente de cambio y alivio en el país.
Por sorpresa, y con excepción de los sectores de la derecha extrema, la ciudadanía vive ahora una luna de miel con el gobierno entrante. Además, las mayorías en el Congreso abren el camino para avanzar en el ambicioso programa de reformas del nuevo gobierno.
Son dos las grandes apuestas de transformación del Pacto Histórico, y sobre ellas están puestas las expectativas de la ciudadanía:
Reemplazar el modelo económico extractivista por uno de energías limpias. La idea es que Colombia no dependa de la exportación de petróleo y carbón, y pase a un modelo de producción basado en el conocimiento de la biodiversidad, la ciencia y la tecnología. Este nuevo modelo aspira a garantizar el progreso económico (aumentar la inversión y el empleo) y el avance social (reducir la inequidad y la exclusión).
Inaugurar “una nueva era de paz” a partir del modelo económico anterior. Se trata de crear y distribuir la riqueza de manera equitativa e incluyente —entre mujeres, campesinos, migrantes, comunidades indígenas y afrocolombianas, entre otras—.
Estas son las dos caras de una misma moneda, y dos anhelos que nos han sido esquivos en el largo proceso de construcción de Colombia como Estado Nación. Por eso, más allá de la álgida discusión en torno al costo y las fuentes de financiación de este plan, importa preguntarnos:
¿Cuáles ajustes necesita el Estado —pequeño, ineficiente, ineficaz, 0 francamente ausente— para que logre transformar los sueños en ejecutorias?
¿Basta con la creación de dos nuevos ministerios, responsables de consolidar una sociedad más incluyente, equitativa, pacífica y democrática?
¿Tales reformas mejoran o debilitan el cumplimiento de las tareas estatales?
La desigualdad no da espera
Un documento reciente del Banco Mundial recuerda la postura del profesor Lauchlin Currie sobre el desarrollo nacional: “existe una gran disparidad en los niveles de ingresos entre un pequeño grupo rico y la gran masa de la población”. Setenta años después, la desigualdad persiste, y se agravó por el cierre de actividades económicas durante la pandemia.
Debido a su pasado colonial, América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo. En ella, Colombia ocupa un preponderante y vergonzoso lugar. La desigualdad, en su dimensión de ingresos monetarios, alcanzó un índice de Gini de 0,54 en el año 2020. Este índice está muy por encima del de otros países de la región, como Argentina con 0,43, Brasil con 0.48, Bolivia con 0,43, o Ecuador con 0,47.
En Colombia la desigualdad es estructural. La falta de acceso a educación de calidad; a oportunidades de empleo formal y bien remunerado; a bienes públicos como la seguridad y la justicia, o la conectividad y las comunicaciones, condenan a vastos sectores de la población a vivir en condiciones de pobreza generación tras generación.
Estas circunstancias han dado lugar a dos mundos separados, dos naciones que no se conocen ni se reconocen en sus valores esenciales. Esta realidad quedó plasmada en el mapa de los resultados de la reciente elección presidencial, y, ahora, el gobierno electo emprenderá acciones para enmendarla.
Ministerio de la Igualdad
La desigualdad tiene un tinte étnico. Nadie niega que son las comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales y palenqueras quienes viven en carne propia la dureza de la desigualdad.
Esta situación se agrava con la violencia asociada con el conflicto entre guerrillas activas, disidencias y grupos armados organizados —todos ellos vinculados al negocio criminal del narcotráfico—. Las cifras del informe de la Comisión de la Verdad no dejan dudas al respecto.
>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político
Por eso importa que Francia Márquez, vicepresidenta electa, sea quien ponga en marcha el Ministerio de la Igualdad. Ella encarna y simboliza buena parte de la realidad a la que está dedicada esta entidad, para así sentar las bases de un desarrollo incluyente y sostenible.
Por su peso y trayectoria política, podemos decir que, al principio, tendremos mucha más ministra que ministerio. Pero con una adecuada reorganización de las entidades que hoy trabajan en campos afines, y un modelo de gestión que articule otros sectores, entidades y proyectos, se alcanzarán avances sustanciales en este tema largamente desatendido.
Esto, sin olvidar que los programas deberán ser responsables de atender las poblaciones vulnerables (niños, jóvenes, mujeres, personas racializadas, adultos mayores, etc.), pues de esto dependerá la confianza en las instituciones.
Ministerio de la Paz y la Convivencia
Además de la desigualdad, la violencia permanente ha sido un serio obstáculo al desarrollo de Colombia. Los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos; los ataques a la fuerza pública; la destrucción de infraestructura, y la comisión de crímenes como el confinamiento de poblaciones o el desplazamiento forzado, se han recrudecido en los años recientes.
Aunque el desarrollo del Acuerdo suscrito con las FARC en 2016 es un avance, aún falta mucho por hacer. Esto incluye un cabal cumplimiento del Acuerdo y por eso otro propósito central del nuevo gobierno es crear el Ministerio de la Paz y la Convivencia.
El Ministerio nacería de la urgencia de superar dos situaciones altamente indeseables: (i) el retroceso en la situación de seguridad tanto en los centros urbanos como en las zonas rurales, y (ii) la pérdida de legitimidad y capacidad de la Policía Nacional para actuar como garante de los derechos de la ciudadanía.
Recordemos la decisión adoptada a comienzos del Frente Nacional de adscribir a un cuerpo civil armado como la Policía Nacional al Ministerio de Defensa —hasta entonces altamente politizada y partidista—. La historia reciente de Colombia advierte que habrá dificultades para crear y poner en marcha este nuevo ministerio. Lo más probable es que estará sometido a discusiones, oposición y críticas, sean abiertas o veladas.
Si en el caso del Ministerio de la Igualdad es previsible que en un comienzo tengamos más ministra-vicepresidenta que Ministerio, la pregunta sería: en relación con el Ministerio de la Paz y la Convivencia, ¿quién puede calzarse esas botas sin que le queden grandes?
Una conclusión tentativa
Estas breves consideraciones nos permiten señalar que los cambios en la organización del Estado son consecuencia lógica y necesaria de los objetivos trazados por el nuevo gobierno.
La creación del Ministerio de la Igualdad y el Ministerio de la Paz y la Convivencia se inscribe en la tradición colombiana, donde las instituciones son sometidas a ajustes periódicos en función de los cambios sociales y políticos.
Esperamos que estas se consoliden para superar el tercer obstáculo que el Banco Mundial señala como límite del desarrollo del país: “la [baja] calidad de las instituciones, las cuales han tendido a favorecer intereses particulares sobre el crecimiento inclusivo”.