Reforma electoral, la indemnización que quiere el Mira
Capacitación de los jueces, cámaras y fotocopiadoras en los puestos de votación, conservar y custodiar los documentos electorales, adquisición del software para los escrutinios y darle funciones transitorias a la Fiscalía, algunos de los puntos claves.
Lorena Arboleda Zárate / @LorenaArboleda8
A principios de febrero, el Consejo de Estado reveló ante la opinión pública una de las decisiones más importantes —y también más tardías— que ha tomado en materia electoral: devolvió las tres curules que en los comicios legislativos de 2014 había obtenido el movimiento político Mira en el Senado, pero que perdió inexplicablemente en el proceso de escrutinios. Automáticamente quedaron anuladas tres credenciales en dicha corporación, pertenecientes al Partido Liberal, al Centro Democrático y a Opción Ciudadana. El principal motivo que argumentó sobre la decisión la magistrada de la Sección Quinta Rocío Araújo, fue que encontró probado que hubo diferencias injustificadas entre los votos que aparecían en el preconteo y el posterior escrutinio, en donde se verifican y se consolidan los resultados de las votaciones.
La decisión fue producto de dos demandas de nulidad radicadas por el Mira, al darse cuenta de una pérdida importante en los votos que ya daba como suyos. Hecho que se corroboró cuando el Consejo de Estado no sólo le devolvió 16.106 apoyos en el citado fallo sino que, además, anunció una millonaria indemnización a dicha colectividad por los salarios que habrían dejado de percibir los congresistas electos para el período 2014-2018: Carlos Alberto Baena, Gloria Stella Díaz y Manuel Antonio Virgüez. Sin embargo, los ya posesionados legisladores renunciaron a esa reparación y, a cambio, ahora piden una reforma electoral de carácter procedimental que desarrolle el fallo del Consejo de Estado, y que está lista para ser radicada en los próximos días en el Congreso.
El Espectador tuvo acceso al borrador de la iniciativa, que se espera reciba el respaldo de todas las bancadas y que da vida jurídica al principal compromiso que pidió el Consejo de Estado a las autoridades electorales para futuros certámenes políticos: capacitar a los jueces en materia electoral; conservar y custodiar los documentos electorales, físicos y electrónicos; y adquirir el software para los escrutinios, entre otros elementos básicos que garanticen transparencia. “Esa sí es una verdadera reparación, ni siquiera para el Mira, sino para todos los votantes”, dijo el senador Baena. Pero, ¿cuáles son los principales elementos del proyecto? En primer lugar, el Mira buscaría que en Colombia se cree una carrera electoral, con la capacidad de especializar a la gente que eventualmente participe del escrutinio en los comicios.
Además, se plantea que el proceso electoral vaya de la mano de la tecnología. Así, una de las propuestas es que en cada una de las mesas de votación se disponga de al menos una cámara digital que permita almacenar, grabar y proyectar videos; una pantalla o televisor de circuito cerrado, en la que pueda proyectarse en tiempo real el proceso de conteo y escrutinio, y una impresora, mínimo, en cada puesto de votación. “Todos los partidos y movimientos políticos tendrán acceso al circuito cerrado de televisión de vigilancia, de manera remota, las 24 horas del día durante todo el tiempo que dure el proceso electoral”, indica el proyecto. Y otorga un mandato claro al Estado para que adquiera su propio software, que normalmente es contratado cada vez que hay elecciones. La idea es que este sea público, accesible y con auditoría basada en estándares internacionales.
Al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y a la misma Fiscalía General también se les otorgan funciones, aunque de carácter transitorio. Por ejemplo, dirigir y coordinar el intercambio de información entre los organismos de investigación en todo el país para llevar a cabo operaciones contra cualquier tipo de irregularidades que se presenten durante las elecciones (destrucción de documentos, elementos o material electoral; sabotaje contra los sistemas de votación o contra los resultados de las elecciones, entre otros). Pero también deben diseñar las políticas de aseguramiento y cadena de custodia de toda esa documentación y responderán disciplinaria y penalmente si se evidencia omisión o algún tipo de conducta irregular. Lo mismo ocurrirá con todos los actores que participen antes, durante o después del proceso electoral.
Por otra parte, se propondrá un sistema de selección de los jurados de votación con mayor rigurosidad, de modo que no deje manto de duda sobre su comportamiento el día de las elecciones. Para ello, habría un examen previo, elaborado por las autoridades electorales, en el que se calificará la idoneidad de las personas seleccionadas para ejercer dicho rol, con beneficios para quienes se desempeñen en el Estado. Y una modificación final que será fundamental para los candidatos: el conteo de los votos se llevará a cabo directamente en la mesa de votación, al mismo tiempo que el escrutinio, de modo tal que no se dé ningún traslado. Para ello, se otorgará máximo un día de plazo para dar inicio al escrutinio y todos los partidos tendrán copia de los archivos de los formularios, física y digital.
En últimas, se trata de un proyecto que busca poner fin a las históricas irregularidades que se presentan el día de las elecciones y otorgar a los colombianos mayor tranquilidad de que el voto que depositan en las urnas va a donde debe ir. El senador Baena espera reunirse con los voceros de todos los partidos para que lo respalden y estampen sus firmas y, así, poder promover sin mayores peros el proyecto en el Congreso. Un reto no menor, especialmente cuando el antecedente más cercano al intento de una reforma electoral es el que terminó naufragando hace algunos meses por falta de voluntad política. ¿Será que ahora sí?
A principios de febrero, el Consejo de Estado reveló ante la opinión pública una de las decisiones más importantes —y también más tardías— que ha tomado en materia electoral: devolvió las tres curules que en los comicios legislativos de 2014 había obtenido el movimiento político Mira en el Senado, pero que perdió inexplicablemente en el proceso de escrutinios. Automáticamente quedaron anuladas tres credenciales en dicha corporación, pertenecientes al Partido Liberal, al Centro Democrático y a Opción Ciudadana. El principal motivo que argumentó sobre la decisión la magistrada de la Sección Quinta Rocío Araújo, fue que encontró probado que hubo diferencias injustificadas entre los votos que aparecían en el preconteo y el posterior escrutinio, en donde se verifican y se consolidan los resultados de las votaciones.
La decisión fue producto de dos demandas de nulidad radicadas por el Mira, al darse cuenta de una pérdida importante en los votos que ya daba como suyos. Hecho que se corroboró cuando el Consejo de Estado no sólo le devolvió 16.106 apoyos en el citado fallo sino que, además, anunció una millonaria indemnización a dicha colectividad por los salarios que habrían dejado de percibir los congresistas electos para el período 2014-2018: Carlos Alberto Baena, Gloria Stella Díaz y Manuel Antonio Virgüez. Sin embargo, los ya posesionados legisladores renunciaron a esa reparación y, a cambio, ahora piden una reforma electoral de carácter procedimental que desarrolle el fallo del Consejo de Estado, y que está lista para ser radicada en los próximos días en el Congreso.
El Espectador tuvo acceso al borrador de la iniciativa, que se espera reciba el respaldo de todas las bancadas y que da vida jurídica al principal compromiso que pidió el Consejo de Estado a las autoridades electorales para futuros certámenes políticos: capacitar a los jueces en materia electoral; conservar y custodiar los documentos electorales, físicos y electrónicos; y adquirir el software para los escrutinios, entre otros elementos básicos que garanticen transparencia. “Esa sí es una verdadera reparación, ni siquiera para el Mira, sino para todos los votantes”, dijo el senador Baena. Pero, ¿cuáles son los principales elementos del proyecto? En primer lugar, el Mira buscaría que en Colombia se cree una carrera electoral, con la capacidad de especializar a la gente que eventualmente participe del escrutinio en los comicios.
Además, se plantea que el proceso electoral vaya de la mano de la tecnología. Así, una de las propuestas es que en cada una de las mesas de votación se disponga de al menos una cámara digital que permita almacenar, grabar y proyectar videos; una pantalla o televisor de circuito cerrado, en la que pueda proyectarse en tiempo real el proceso de conteo y escrutinio, y una impresora, mínimo, en cada puesto de votación. “Todos los partidos y movimientos políticos tendrán acceso al circuito cerrado de televisión de vigilancia, de manera remota, las 24 horas del día durante todo el tiempo que dure el proceso electoral”, indica el proyecto. Y otorga un mandato claro al Estado para que adquiera su propio software, que normalmente es contratado cada vez que hay elecciones. La idea es que este sea público, accesible y con auditoría basada en estándares internacionales.
Al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y a la misma Fiscalía General también se les otorgan funciones, aunque de carácter transitorio. Por ejemplo, dirigir y coordinar el intercambio de información entre los organismos de investigación en todo el país para llevar a cabo operaciones contra cualquier tipo de irregularidades que se presenten durante las elecciones (destrucción de documentos, elementos o material electoral; sabotaje contra los sistemas de votación o contra los resultados de las elecciones, entre otros). Pero también deben diseñar las políticas de aseguramiento y cadena de custodia de toda esa documentación y responderán disciplinaria y penalmente si se evidencia omisión o algún tipo de conducta irregular. Lo mismo ocurrirá con todos los actores que participen antes, durante o después del proceso electoral.
Por otra parte, se propondrá un sistema de selección de los jurados de votación con mayor rigurosidad, de modo que no deje manto de duda sobre su comportamiento el día de las elecciones. Para ello, habría un examen previo, elaborado por las autoridades electorales, en el que se calificará la idoneidad de las personas seleccionadas para ejercer dicho rol, con beneficios para quienes se desempeñen en el Estado. Y una modificación final que será fundamental para los candidatos: el conteo de los votos se llevará a cabo directamente en la mesa de votación, al mismo tiempo que el escrutinio, de modo tal que no se dé ningún traslado. Para ello, se otorgará máximo un día de plazo para dar inicio al escrutinio y todos los partidos tendrán copia de los archivos de los formularios, física y digital.
En últimas, se trata de un proyecto que busca poner fin a las históricas irregularidades que se presentan el día de las elecciones y otorgar a los colombianos mayor tranquilidad de que el voto que depositan en las urnas va a donde debe ir. El senador Baena espera reunirse con los voceros de todos los partidos para que lo respalden y estampen sus firmas y, así, poder promover sin mayores peros el proyecto en el Congreso. Un reto no menor, especialmente cuando el antecedente más cercano al intento de una reforma electoral es el que terminó naufragando hace algunos meses por falta de voluntad política. ¿Será que ahora sí?