Así se armó el billonario “mico” de la pensional por el que todos se lavan las manos

El próximo martes 2 de julio, probablemente en la Plaza de Bolívar y con bombos y platillos, el presidente Gustavo Petro sancionará la reforma pensional. Con su firma sellará una victoria valiosa para el Gobierno, pues se trata de la única de sus reformas sociales que superó todos los debates en el Congreso, pero que está opacada, no solo por las demandas que presentará la oposición por posibles vicios de trámite, sino también porque con la “jugadita” de acoger el texto del Senado se aprobó un billonario “mico” relacionado con las comisiones de los fondos privados de pensiones, los mismos que el propio Petro tanto ha criticado, incluso, señalándolos de ser supuestamente administrados por “banqueros”.

El próximo martes 2 de julio, probablemente en la Plaza de Bolívar y con bombos y platillos, el presidente Gustavo Petro sancionará la reforma pensional. Con su firma sellará una victoria valiosa para el Gobierno, pues se trata de la única de sus reformas sociales que superó todos los debates en el Congreso, pero que está opacada, no solo por las demandas que presentará la oposición por posibles vicios de trámite, sino también porque con la “jugadita” de acoger el texto del Senado se aprobó un billonario “mico” relacionado con las comisiones de los fondos privados de pensiones, los mismos que el propio Petro tanto ha criticado, incluso, señalándolos de ser supuestamente administrados por “banqueros”.

Detrás de todo hay una trama de lobby, acuerdos políticos y estrategias que no salieron como estaban planteadas. En abril, cuando la plenaria del Senado debatía la reforma en su segundo debate, sin saber que tendría la última palabra sobre el proyecto, aprobó dos proposiciones que modificaron el artículo 23 (de 95), asegurando para los fondos privados una comisión de 0,7 % sobre los recursos que hoy administran. Además de los cuestionamientos por la suma millonaria que implica ese cambio —y que para algunos se traduce en un cobro doble a los afiliados—, ninguna de las dos proposiciones eliminó otro cobro del 0,8 % sobre las cotizaciones, el cual venía con el texto original del Gobierno.

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Una de las propuestas llegó firmada por el senador Gustavo Moreno, de En Marcha, quien en los últimos días ha estado en el ojo del huracán por presuntamente proponer estos cambios con la guía de Asofondos, que reúne a los fondos privados: Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia. Sin embargo, El Espectador estableció que no fue el único que promovió esas comisiones y que detrás de su planteamiento y el de otros legisladores estuvo el gremio.

La proposición de Moreno es milimétricamente igual a una que presentó la bancada del Partido de La U. Aunque en el texto algunas firmas son ilegibles, se alcanza a distinguir que los senadores José David Name, Julio Chagüi, José Alfredo Gnecco, John Moisés Besaile y Julio Alberto Elías, entre otros, quienes también pujaron por la comisión de 0,7 %. Este diario se comunicó con algunos de estos senadores, al igual que con Gustavo Moreno, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.

Más allá de los metadatos de la proposición de Moreno, que relacionan su texto y por ende el de La U con una directiva de Asofondos —información que dio a conocer Semana—, este diario pudo constatar que el gremio sí redactó esa y otras 20 propuestas que compartió con varios congresistas y con el Ejecutivo.

Fuentes que conocen de cerca el proceso señalaron que el tema de las comisiones sí era una prioridad para los fondos, ya que el Gobierno buscaba que el porcentaje se definiera en la reglamentación, o sea, que quedara en sus manos, lo que para los privados era prácticamente aceptar su salida del sistema. Para evitarlo, contrataron a la empresa Hoja de Ruta Consultores, en la que participa Juan Mesa Zuleta, exsecretario de Presidencia en el gobierno de Juan Manuel Santos. La firma se encargó de la “socialización de la reforma pensional”, lo que para muchos se traduce en lobby, pues coordinó reuniones con varios congresistas de diferentes partidos para compartir la posición de Asofondos y por esa vía las proposiciones. Al respecto, Mesa señaló que no se pronunciará.

El lobby no solo se dio con los sectores afines al Gobierno, pues la oposición también presentó proposiciones con esa asesoría, incluso en materia de comisiones. “Mi equipo estuvo trabajando con Asofondos”, le dijo a este diario la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático), quien explicó que al final, cuando se rompió el consenso, ella y su bancada votaron negativo todo el proyecto.

Senadores que prefirieron no ser mencionados en este artículo aseguraron que se trata de una práctica normal, que no es nueva y que en todas las reformas los gremios, al igual que el Gobierno, buscan meter sus proposiciones. Pero, además, dijeron que el Gobierno conocía plenamente el tema de las comisiones y que tuvo que ceder para lograr destrabar el debate.

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Es en este punto en el que toma relevancia el aval que el Ejecutivo, en cabeza de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y la senadora y ponente Martha Peralta, les dio a las proposiciones de Moreno y La U. De acuerdo con información que confirmó este diario, la estrategia del oficialismo era ceder en Senado, pero volver a cambiar el tema de las comisiones en Cámara. De hecho, sí lograron ajustes en la Comisión Séptima de esa corporación, pero al final no les salió como esperaban, ya que, ante el poco tiempo para la discusión, optaron por el “pupitrazo” de acoger el texto del Senado.

Consultadas por este diario, la senadora Peralta aún no ha contestado los interrogantes sobre dicho aval y la ministra Ramírez, aunque sí se pronunció, se limitó a decir que “ese artículo hace parte los 42 que serán reglamentados una vez la ley sea sancionada”. Esta versión coincide con otras que, según conoció El Espectador, se mueven en la Casa de Nariño, que por estos días vive su propia tormenta por cuenta de un “fuego amigo” entre dos bandos, pero que aun así ya busca cómo darle la vuelta al tema de las comisiones.

Un alto funcionario de Palacio señaló que entre las opciones está flexibilizar la interpretación de la proposición, pues esta habla de “máximo el 0,7 %”, lo que les podría dar pie para promulgar una ley que diga que ese es un techo mas no el rubro que por obligación los cotizantes tendrían que pagarles a los fondos.

Tanto el jefe de Estado como el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, han mostrado su inconformismo con las comisiones. Este último, incluso, dijo durante el debate en la Comisión Séptima de la Cámara que el “lobby” de los fondos privados en Senado les había permitido aprobar dos comisiones. “Significa que quieren pasar de recibir $1,4 billones a $2,8 billones, eso solo por saldo, más lo que recibirían por flujo, más lo que cobrarían a los que no están cotizando. ¿Cuánto quieren ganar los fondos privados?”, cuestionó entonces.

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Actualmente, las comisiones se cobran sobre el flujo, es decir, sobre el dinero que entra a los fondos por las cotizaciones. Si la reforma lo mantenía tal cual, las AFP habrían quebrado, pues lo aprobado indica que todos los trabajadores cotizarán hasta por 2,3 salarios mínimos ($2.990.000 en 2024) en Colpensiones y si ganan más de ese monto cotizarán por el excedente en los fondos. Eso se traduce en un duro golpe: hasta ahora, el 70 % de los afiliados cotizan en los fondos, pero con la iniciativa de Petro ese número se desploma. En términos de dinero, de los $52 billones que mueve el sistema al año, a los fondos privados les entrará el 25 %, según los cálculos del gremio.

Lo que dice el proyecto que ahora será ley es que las AFP pueden cobrar 0,7 %. Asofondos ha explicado que su comisión será de $1,4 billones anualmente, la misma cifra que ganaron en 2023, pero otros cálculos dicen que sería mucho más, como los del exvicepresidente Germán Vargas Lleras (habló de $2,1 billones) o los de Bonilla (los $2,8 billones que mencionó en la Cámara).

La diferencia está en que el gremio ha sostenido que no pueden cobrar sobre los más de $400 billones que administran, sino solamente sobre $200 billones, porque hay que restar el saldo de quienes quedan en el régimen de transición —los que se quedan en el sistema actual y siguen pagando la comisión como hasta ahora, en total sumarían unos $148.000 millones—, el retiro programado y el Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Esa aclaración, que sí se había incluido en la Cámara, no quedó en el texto aprobado.

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Aun partiendo de las cuentas de los fondos privados, quedan varias dudas. Para algunos expertos, la comisión sobre saldos es, en la práctica, una doble comisión porque a los afiliados, en el momento en el que hicieron sus aportes, ya les habían cobrado mes a mes (0,6 % en promedio en los fondos) y ahora les cobrarán nuevamente sobre todo el dinero que tienen ahorrado.

Hasta ahora, como lo que está escrito es lo que cuenta, la reforma les permitiría a las administradoras cobrar una comisión sobre saldo, que dejaría las ganancias más cuantiosas, y otra sobre flujo. “Por ejemplo, a una persona que estaba afiliada a un fondo privado y ahora entra al régimen nuevo, le cobraron comisión cuando cotizó, le cobran sobre los saldos acumulados y, adicionalmente, le cobrarán otro 0,8 % sobre lo que cotice por encima de 2,3 salarios mínimos”, le explicó a este diario Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.

La pensional, desde la próxima semana ley de la República, seguirá generándole enredos al Gobierno, pues lo que sigue es la batalla por demostrar en la Corte Constitucional que el trámite cumplió la ley. En el alto tribunal el presidente ya ha sufrido varios reveses, pero esta vez confía en que su única reforma social aprobada podrá implementarse desde julio de 2025.

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