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En el último día de sesiones del Congreso, una de las ambiciosas iniciativas del gobierno de Gustavo Petro tuvo un gran avance. La reforma política, con la que el mandatario busca que se cambie la forma tradicional de hacer política en Colombia y acabar con la corrupción electoral, tuvo la conciliación del proyecto en Senado. Aunque fue celebrado por la mayoría, dejó notables molestias dentro de varios parlamentarios, incluidos los oficialistas, quienes sintieron que la reforma no fue lo prometido por Petro.
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La última sesión presencial del Senado fue extensa, pues pasaron más de ocho horas de discusión de distintos proyectos y la aprobación de varios que son de interés para el Gobierno. A pesar de que la administración Petro salió victoriosa del Capitolio, quedaron marcadas algunas diferencias entre parlamentarios que no se sintieron a gusto con la reforma, pues lo que quedó, dicen algunos, es más de lo mismo en la política.
La conciliación de los textos fue aprobada en la madrugada de este jueves por la plenaria del Senado, y tuvo una votación de 75 a favor y 16 en contra. Con esto, la iniciativa del Gobierno queda lista para que continúe su curso en 2023, donde atravesará otros cuatro debates antes de pasar a sanción presidencial.
Los puntos clave que quedaron aprobados:
Listas cerradas y paritarias:
Fue el punto que mayor polémica causó al interior del Capitolio y la razón de algunos congresistas, aún siendo de la bancada de Gobierno, se mostraran inconformes. Con esto, quedaría establecido que para las elecciones legislativas y para aspirar a cargos de elección popular, no se conocerán los candidatos, pero se garantizaría que haya un equilibrio de participación entre hombres y mujeres. El punto generó polémica, porque muchos de los congresistas consideran que esto daría paso a que se eligieran políticas a dedo y no por mérito democrático.
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Financiación 100% estatal:
Otro de los grandes puntos que pasó la prueba legislativa, fue la financiación estatal de las campañas políticas. Con esto, se establecería que para las campañas presidenciales o legislativas no puedan ingresar capitales pertenecientes a personas naturales o jurídicas, sino que todo sería regulado por el Estado. La finalidad, dice el Gobierno, es para evitar deber favores políticos y así frenar la corrupción.
La “puerta giratoria”:
Otro de los puntos sensibles es la llamada “puerta giratoria”. Con esto se le permite a los congresistas renunciar a su curul para ser ministros. La polémica llegó desde distintos sectores políticos, que consideran que este punto sería la ventana para un fortín político en el que se manejen ventajosamente las iniciativas del gobierno y que pueda servir como una cadena de favores para escalar en la política.
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Procuraduría pierde facultades:
Una de las intenciones claras que ha tenido el presidente Gustavo Petro desde su campaña presidencial es a de quitarle facultades a la Procuraduría. La más importante, en cuanto a las sanciones, es la de restarle fuerza sancionatoria para las personas que fueron escogidas para cargos de elección popular, como alcaldes, senadores y representantes, entre otros. Con esta reforma, así como va, el ente de control ya no podría sancionar a este tipo de funcionarios públicos, sino que sería la justicia ordinaria, es decir, los jueces de la República, los únicos con la facultad de dictar castigos por las faltas que llegaran a cometer en el cumplimiento de sus funciones.
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