Estos son los tres intentos de hacerle una cirugía al sistema político y electoral

Veintiún días antes de que el Gobierno del presidente Gustavo Petro radicara su segundo proyecto de reforma política, Alirio Uribe, representante del Pacto Histórico, con el respaldo de 18 congresistas de esa bancada, presentó un articulado con el mismo concepto. De hecho, el título es prácticamente igual: “Por medio del cual se adopta una reforma política y se dictan otras disposiciones”, con la única diferencia de que el Gobierno añadió al suyo el subtítulo “y electoral”.

Veintiún días antes de que el Gobierno del presidente Gustavo Petro radicara su segundo proyecto de reforma política, Alirio Uribe, representante del Pacto Histórico, con el respaldo de 18 congresistas de esa bancada, presentó un articulado con el mismo concepto. De hecho, el título es prácticamente igual: “Por medio del cual se adopta una reforma política y se dictan otras disposiciones”, con la única diferencia de que el Gobierno añadió al suyo el subtítulo “y electoral”.

Del Congreso surge la pretensión de resaltar sus iniciativas para reformar las reglas del juego electoral, a menos de dos años de los próximos comicios, especialmente en un contexto de pugnas entre el Legislativo y el Ejecutivo.

Los dos proyectos de reforma política fueron radicados ante la Cámara de Representantes y utilizan la misma estrategia: modificar la Constitución Política para cambiar algunas reglas del juego electoral en el país. Sin embargo, no son los únicos sobre la mesa. El 18 de septiembre, 15 días después de la radicación del proyecto de Alirio Uribe y seis días antes del gobierno, 52 congresistas, bajo la batuta de la representante Marelen Castillo, presentaron un proyecto de acto legislativo que busca revivir, entre otros temas, el transfuguismo para las elecciones de 2026.

Los tres proyectos buscan cambiar los artículos 107, 108 y 262. En algunos aspectos, los proyectos del Pacto y del Gobierno son casi idénticos, pero también hay un par de puntos con diferencias importantes. El origen de ambos es el mismo: la intención de cumplir con el Acuerdo de Paz de 2016 y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. El de Castillo, por su parte, es impulsado por algunos congresistas huérfanos y el Pacto Histórico, que se vería beneficiado en su misión por convertirse en una fuerza unitaria.

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Con las modificaciones al artículo 262, los proyectos de acto legislativo buscan que las listas electorales sean cerradas y bloqueadas. “Buscamos el fortalecimiento de la participación de jóvenes y mujeres para que hagan parte de los grupos significativos de ciudadanos y de los partidos a través de listas cerradas”, dijo la representante Erika Sánchez, firmante del proyecto de Castillo, de “libertad política”. Y esa es la misma lógica que también usa Alirio Uribe, quien agrega que, con las listas bloqueadas, “la gente vota por programas y no por personas”.

Aunque el articulado del Pacto y el del Gobierno buscan que las campañas políticas sean financiadas con recursos estatales, el presentado por el ministro Cristo es más específico en ciertos puntos. Por ejemplo, permite la financiación privada para el funcionamiento de las organizaciones políticas y aclara que ni las campañas ni las organizaciones políticas pueden ofrecer dádivas ni contratar transporte para electores.

Sin embargo, hay diferencias más profundas. El articulado propuesto por el representante Alirio Uribe contempla, por ejemplo, la implementación de elecciones primarias y el voto obligatorio. “Para el fortalecimiento del sistema democrático a través de la cultura ciudadana de participación política y electoral, el voto será obligatorio a la vigencia del presente Acto Legislativo. Lo anterior, sin perjuicio de que el Estado garantice la objeción al cumplimiento del sufragio electoral de los ciudadanos que libre y legítimamente así lo manifiesten, para lo cual la organización electoral definirá el mecanismo”, se lee en el proyecto de acto legislativo del Pacto Histórico.

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De cualquier forma, la bancada no le dio dientes al voto obligatorio, pues aclara que no se podrán imponer sanciones a los ciudadanos que por fuerza mayor no puedan ejercer su derecho en las urnas.

El Gobierno también busca quitar la posibilidad de que se puedan celebrar consultas populares para definir candidatos, y que solamente se haga por medio de consultas internas o interpartidistas. Además, este sería vigente para las elecciones de 2026, mientras que el original del Pacto comenzaría a regir en las de 2030. Pero quizás lo más importante es la cirugía que busca hacerle al Consejo Nacional Electoral (CNE) con el fin de despolitizarlo.

Como el de Uribe fue radicado primero, avanza con más celeridad en la Cámara. Este jueves, el legislador radicó la ponencia positiva en la Comisión Primera. De los 18 copartidarios que firmaron su articulado, hay varios que hicieron lo propio con el del gobierno, entre ellos María Fernanda “Mafe” Carrascal, Pedro Suárez Vacca y Heráclito Landinez. Sin saber que el Gobierno iba a presentar su segundo intento de reforma política, Uribe recolectó las firmas, y más adelante, el ministro del Interior citó a la bancada a un desayuno y les presentó la propia.

Sobre si ambos proyectos chocan, el Cristo dio una negativa. “Hay también reforma política de otros sectores del Congreso. Siempre está en el orden del día. Todos los partidos tienen ideas que son respetables”. Para el jefe de la cartera del Interior, quien está estudiando los otros articulados en trámite, cualquier reforma política debe tener, por lo menos los tres elementos que están presentes en la del gobierno Petro: democracia interna en los partidos, financiación estatal de las campañas y una autoridad electoral independiente para combatir la corrupción.

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Lo cierto es que la radicación de los dos proyectos del progresismo avanzando en paralelo por el Capitolio también demuestra una descoordinación entre la bancada y el gobierno de Petro.

Además de los dos actos legislativos petristas, hay otras iniciativas que buscan reformar el juego electoral, ejemplo de ellas es la del senador Humberto de la Calle, quien también es un huérfano político del partido de Ingrid Betancourt, Verde Oxígeno. El articulado, que modifica la forma de elección de los magistrados del CNE “con el ánimo de dotar a la institución de mayor celeridad, mérito y contribuir a despolitizar el sistema”, ya fue aprobado en la Comisión Primera del Senado y solo resta la votación de la pregunta antes de pasar a la plenaria de esa corporación.

El proyecto de transfuguismo, en Senado, será liderado por el liberal Alejandro Chacón y fue firmado por congresistas del Partido de la U, Colombia Justa Libres, y el Partido Ecologista Colombia. Y es que de cara a las elecciones de 2026, como ellos mismos han contado, resulta clave que los congresistas comiencen a ondear sus propias banderas y salir del ciclo de discusión alrededor de, exclusivamente, las reformas propuestas por la administración actual.

En cualquier caso, la fe para los proyectos es poca. Al tratarse de actos legislativos, necesitan darle dos vueltas al Congreso en los dos años que les quedan a los congresistas actuales. Es decir, todos deben superar, por lo menos, cuatro debates antes de junio de 2025. Además, queda la duda sobre la voluntad política en el Capitolio para cambiar las reglas de juego. La primera versión de la reforma política de Petro logró sortear cuatro debates antes de que se archivara en marzo de 2023.

Aquí puede leer el proyecto completo de acto legislativo propuesto por diferentes sectores:

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