Reforma política: las apreciaciones tras su aprobación en tercer debate

La reforma política que propuso el Gobierno Petro al Congreso superó su tercero de ocho debates, por ser una modificación a la Constitución Política, y ahora será discutido por la plenaria de la Cámara. En su paso por la Comisión Primera de la Cámara, donde hubo una discusión de más de 12 horas, el proyecto quedó con varios cambios importantes y mantuvo algunos de sus puntos más criticados, que auguran bastante controversia en los cinco debates que le restan.

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Temas como la posibilidad de que los congresistas puedan ser ministros, la financiación 100 % estatal a los partidos y no a los candidatos, la conformación de listas cerradas, que la Procuraduría no pueda sancionar a funcionarios elegidos por voto popular y que mayores de 25 años puedan ser senadores, fueron algunos de los puntos clave que se aprobaron. El voto obligatorio, que se ha intentado incluir dos veces en la reforma, se volvió a caer.

Todos estos temas generaron múltiples reacciones desde todas las orillas políticas, tanto entre quienes hicieron parte de la discusión como quienes ahora recibirán lo que se aprobó. El tema que más preocupa, o que al menos generó más comentarios, fue la reforma a las competencias de la Procuraduría, un tema que ya había sido descartado por el Senado y revivió en el debate de la Cámara.

Para muchos congresistas, con esta modificación la institución “perdería dientes”, por lo que dudan ampliamente de su conveniencia, aunque quienes lo impulsaron defienden que se trataría de la implementación de un fallo de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“¿Estamos tramitando una Reforma Política o una Reforma Institucional?”, cuestionó el representante Julio César Triana, de Cambio Radical, partido que ya anunció que no apoyará la reforma. “Insistimos en que la Procuraduría no debe ser reformada a través de un artículo, sino que debe realizarse con un proyecto independiente”, dijo el congresista, quien lamentó que fuera negada su proposición para eliminar este punto de la reforma.

También desde Cambio Radical, el senador David Luna, cabeza de lista del partido en las legislativas, calificó la reforma como un “esperpento” aprobado por “la aplanadora gubernamental”. De acuerdo con Luna, la coalición mayoritaria de gobierno “no quiso escuchar advertencias y aprobó que los congresistas puedan ser ministros, acabando con el equilibrio de poderes y la responsabilidad política hacia el elector”.

Para el representante Jorge Méndez, de la misma colectividad, la reforma “va en contravía con la Constitución”, pues considera que “promueve el transfuguismo y la doble militancia”, además de ser una legislación “a causa propia” para eliminar las incompatibilidades de los congresistas. “Pareciera que tuviera nombre y apellido propio este artículo de la incompatibilidad. Tampoco está generando condiciones favorables para nosotros mismos, estamos legislando en causa propia y esto realmente no tiene ningún sentido”, expresó Méndez durante el debate.

En defensa de la reforma, congresistas cercanos a la bancada de gobierno destacaron algunos logros del tercer debate. Uno de esos, según la representante Catherine Juvinao (Alianza Verde), fue la aprobación de la financiación anticipada y 100% estatal de las campañas políticas. “Se acabará uno de los principales focos de corrupción y se ampliará la participación”, manifestó.

“Otro logro que hay que saludar: la aprobación del límite a la reelección de corporados, tarea pendiente de la consulta anticorrupción. Máximo 3 periodos por corporación, consecutivos o no. Si se piensa cerrar las listas, esta medida es fundamental para renovar liderazgos”, añadió Juvinao sobre los puntos más importantes de la reforma, a los que también se refirió Alfonso Prada, ministro del Interior y portavoz del Gobierno.

“Nos complace mucho esta confianza y quedamos preparados y listos para el cuarto y último debate de este periodo legislatura en la Cámara de Representantes”, dijo al finalizar el debate Prada, quien defendió temas como el de la Procuraduría en que las “limitaciones de derechos políticos de los servidores públicos de elección popular solo podrá ser proferidas por autoridad judicial en proceso penal o perdida de investidura”.

La reforma política que propuso el Gobierno Petro al Congreso superó su tercero de ocho debates, por ser una modificación a la Constitución Política, y ahora será discutido por la plenaria de la Cámara. En su paso por la Comisión Primera de la Cámara, donde hubo una discusión de más de 12 horas, el proyecto quedó con varios cambios importantes y mantuvo algunos de sus puntos más criticados, que auguran bastante controversia en los cinco debates que le restan.

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Temas como la posibilidad de que los congresistas puedan ser ministros, la financiación 100 % estatal a los partidos y no a los candidatos, la conformación de listas cerradas, que la Procuraduría no pueda sancionar a funcionarios elegidos por voto popular y que mayores de 25 años puedan ser senadores, fueron algunos de los puntos clave que se aprobaron. El voto obligatorio, que se ha intentado incluir dos veces en la reforma, se volvió a caer.

Todos estos temas generaron múltiples reacciones desde todas las orillas políticas, tanto entre quienes hicieron parte de la discusión como quienes ahora recibirán lo que se aprobó. El tema que más preocupa, o que al menos generó más comentarios, fue la reforma a las competencias de la Procuraduría, un tema que ya había sido descartado por el Senado y revivió en el debate de la Cámara.

Para muchos congresistas, con esta modificación la institución “perdería dientes”, por lo que dudan ampliamente de su conveniencia, aunque quienes lo impulsaron defienden que se trataría de la implementación de un fallo de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“¿Estamos tramitando una Reforma Política o una Reforma Institucional?”, cuestionó el representante Julio César Triana, de Cambio Radical, partido que ya anunció que no apoyará la reforma. “Insistimos en que la Procuraduría no debe ser reformada a través de un artículo, sino que debe realizarse con un proyecto independiente”, dijo el congresista, quien lamentó que fuera negada su proposición para eliminar este punto de la reforma.

También desde Cambio Radical, el senador David Luna, cabeza de lista del partido en las legislativas, calificó la reforma como un “esperpento” aprobado por “la aplanadora gubernamental”. De acuerdo con Luna, la coalición mayoritaria de gobierno “no quiso escuchar advertencias y aprobó que los congresistas puedan ser ministros, acabando con el equilibrio de poderes y la responsabilidad política hacia el elector”.

Para el representante Jorge Méndez, de la misma colectividad, la reforma “va en contravía con la Constitución”, pues considera que “promueve el transfuguismo y la doble militancia”, además de ser una legislación “a causa propia” para eliminar las incompatibilidades de los congresistas. “Pareciera que tuviera nombre y apellido propio este artículo de la incompatibilidad. Tampoco está generando condiciones favorables para nosotros mismos, estamos legislando en causa propia y esto realmente no tiene ningún sentido”, expresó Méndez durante el debate.

En defensa de la reforma, congresistas cercanos a la bancada de gobierno destacaron algunos logros del tercer debate. Uno de esos, según la representante Catherine Juvinao (Alianza Verde), fue la aprobación de la financiación anticipada y 100% estatal de las campañas políticas. “Se acabará uno de los principales focos de corrupción y se ampliará la participación”, manifestó.

“Otro logro que hay que saludar: la aprobación del límite a la reelección de corporados, tarea pendiente de la consulta anticorrupción. Máximo 3 periodos por corporación, consecutivos o no. Si se piensa cerrar las listas, esta medida es fundamental para renovar liderazgos”, añadió Juvinao sobre los puntos más importantes de la reforma, a los que también se refirió Alfonso Prada, ministro del Interior y portavoz del Gobierno.

“Nos complace mucho esta confianza y quedamos preparados y listos para el cuarto y último debate de este periodo legislatura en la Cámara de Representantes”, dijo al finalizar el debate Prada, quien defendió temas como el de la Procuraduría en que las “limitaciones de derechos políticos de los servidores públicos de elección popular solo podrá ser proferidas por autoridad judicial en proceso penal o perdida de investidura”.