Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Este miércoles, mientras que el país seguía reaccionando al discurso de Gustavo Petro ante las Naciones Unidas, la Comisión Primera del Senado, sin mayor publicidad -más allá de la obligada por la ley-, aprobó en primer debate de ocho la reforma política. Era notorio el afán que había en darle el sí al texto, cuyo ponente principal es el presidente del Senado, Roy Barreras. Tanto así, que estaba programada la plenaria para la tarde y esta fue cancelada por el propio Barreras, que hizo palpable la presión para que el articulado fuera sacado lo más rápido posible. “Alguien que le avise al secretario Eljach el aplazamiento de la plenaria para que esta Comisión pueda sacar en la sesión de hoy la reforma, de lo contrario, como ha ordenado el presidente, creo que seguiremos a las 5:00 de la mañana”, expresó.
>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político
Pero si no estaba en el radar de la opinión pública que en la sesión del 21 de septiembre se iba a llevar a cabo la discusión de la reforma, mucho menos se conocían los importantes cambios que sufrió la propuesta del Gobierno. Antes de que Alfonso Prada, ministro del Interior, radicara la iniciativa, en el Senado hacían carrera tres textos de reforma política, que tuvieron que ser acumulados. Si ya es normal que parte del articulado cambie del texto original a la primera ponencia, en este caso las modificaciones fueron mucho más profundas. Por eso el texto que se discutió en la Comisión Primera perdió en buena parte los puntos esenciales en los que había insistido el Ejecutivo desde el primer borrador.
La ponencia final eliminó la financiación de campañas 100 % estatal y la devolvió al sistema mixto, aunque en este caso definió que se crearía un fondo de financiación al que llegarían las donaciones de privados. Cada persona podrá establecer el destino de los recursos entregados, aunque estos solo irán a los movimientos y partidos, no a candidatos específicos. También se quitó fuerza a la lista cerrada obligatoria, al establecer que solo sería por dos períodos. Se introdujo un artículo para obligar a los partidos a definir sus listas a través de procesos de democracia interna, con el riesgo de desaparecer si no cumplen con dicho requerimiento. Además, se creó un artículo para el voto obligatorio, entre otros puntos.
Según algunos senadores ponentes consultados, la propuesta que predominó al final fue la de Roy Barreras, que también había radicado un texto de reforma política. “El tema es que se acumuló con un proyecto presentado por Roy, sobre el cual hemos venido trabajando”, comentó uno de ellos. Precisamente, el presidente del Senado fue quien llevó la voz cantante en la discusión durante las casi 8 horas de debate. Al final, su ponencia recibió múltiples cambios, pero quedó una importante esencia de lo que planteó para discutir en la Comisión. Tanto el texto presentado por Barreras como el finalmente aprobado ha generado algunas dudas en ciertos sectores que están viendo la nueva reforma como un texto a la medida de los actuales congresistas y alejada del cambio que predica el Gobierno.
Entre los cambios más cuestionados está el de la financiación mixta, en el que en el debate se llegó a aprobar que se podrá escoger el destino final de las donaciones. Este punto fue criticado por conocedores de la materia, que consideran que el sistema quedó muy similar, por no decir igual, a lo que actualmente hay. “La preocupación más grave de lo aprobado es sobre el tema de financiación. Es un modelo que está dejando las mismas reglas. Lo que se terminó aprobando fue que se permite la financiación privada y puede ir dirigida a los candidatos al final. Uno de los objetivos de cerrar la lista era transparencia de financiación y se dejó por fuera”, comentó Camilo Mancera, coordinador de Justicia Electoral de la Misión de Observación Electoral (MOE).
“Es una repetición de lo que existe, no hay novedad. No explican la financiación predominantemente estatal”, expresó a su vez el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Armando Novoa, quien llamó la atención de que este punto sirvió para eliminar el conflicto de intereses de los congresistas por financiación. El argumento para aprobar este punto, como expresó la senadora Paloma Valencia en el debate, es supuestamente dotar de transparencia al Congreso mostrando quiénes son los donantes de las campañas y adoptar así el modelo estadounidense de que cada gremio y sector económico tiene sus congresistas. Ante esta lógica, Novoa respondió: “Ese argumento es gravísimo. Es comprar partidos y congresistas”. Asimismo, cuestionó el comportamiento del Legislativo, pues estaría desconociendo un fallo de la Corte Constitucional sobre el conflicto de intereses: “Eso es elusión constitucional”, dijo.
Lea también: Aprobada en primer debate la reforma política: habría voto obligatorio
En cuanto a la lista cerrada, hubo algunas dudas a que se limitara a dos períodos, aunque desde la MOE se destacó ese primer paso. “Se busca fortalecer a las organizaciones políticas por unos períodos y después se puede volver a abrir”, expresó Mancera. No obstante, tanto Novoa como el vocero de la MOE expresaron sus dudas a un artículo transitorio que establece que en el primer año de la lista cerrada se puede desconocer el principio de democracia interna obligatoria para establecerla tal cual la votación de 2022 para el Congreso. “No tiene ningún sentido generar un retardo a la implementación de una medida que se necesita de inmediato”, señaló Mancera. A lo que complementó Novoa: “Eso significa que los partidos van a congelarse, así planteado todos los congresistas garantizan su reelección. Es un aliciente para que aprueben la reforma”.
Sobre el voto obligatorio, comentaron que no es del todo descabellado, pero dicen que la propuesta puede llegar a ser problemática. “Es complicado por la infraestructura y el poder sancionatorio”, comentó Novoa, quien agregó que sin una entidad que tenga extenso poder sancionatorio para castigar a los que se abstengan, no hay mucho sentido en poner el voto obligatorio. En una línea similar habló Mancera, recalcando que no se tuvo en cuenta que el voto obligatorio implica que el Estado debe garantizar los puestos en las zonas más apartadas y la infraestructura para que voten los más de 30 millones de colombianos del censo electoral, una capacidad que no se tendría y que se demuestra en elementos tan básicos como la caída de los sistemas para inscribir cédulas en las elecciones pasadas. También cuestionaron la nueva restricción de cuatro periodos para reelegirse en corporaciones públicas. Los dos expertos coincidieron en que esa medida no cumplirá con la intención de renovar porque cuatro periodos son 16 años y sumadas las dos cámaras del Congreso da 32 años.
Otro de los puntos que se cuestiona del proyecto es que se quitó el artículo que ajustaba el ordenamiento colombiano al de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se mantuvo la capacidad de la Procuraduría para sancionar a servidores públicos electos popularmente, por lo que se estaría desconociendo nuevamente el fallo Petro. Por otro lado, los expertos también llamaron la atención sobre puntos que debían haberse quitado y se mantuvieron, como el artículo que elimina el régimen de incompatibilidades por un año de los congresistas que renuncien a su curul antes de tiempo. Para Novoa, ese artículo tiene nombre propio y sería el de Roy Barreras, que estaría pavimentando una posible candidatura presidencial o la llegada a un ministerio, por lo que pidió que al menos se ponga una restricción para que el cambio rija desde 2026.