Reforma tributaria: los bandos que se decantan en el Congreso

Para el presidente Iván Duque, la reforma tributaria -la tercera de su mandato- que se comenzó a socializar esta semana con empresarios y sectores políticos, y que se llevará en próximos días al Congreso, es una urgencia para poder estabilizar las finanzas del país, tan golpeadas por cuenta de la pandemia del COVID-19, con una caída del 6,8 % en el Producto Interno Bruto (PIB) en 2020. “Jamás le dejaré a ningún gobierno enquistada una bomba de tiempo. Hoy nosotros tenemos la posibilidad de hacer una reforma que es transformadora, social y sostenible”, aseguró el mandatario, con visión de futuro, en entrevista para Noticias Caracol. De hecho, Duque prefiere llamarla “agenda de transformación social sostenible”, refiriéndose a la imperiosa necesidad de contener los efectos en pobreza y desempleo que trajo el coronavirus y, al mismo tiempo, estabilizar las finanzas públicas. “¿Cómo? Con el principio de solidaridad”, dijo en el diario El País de España.

La meta es recaudar $24,5 billones. El jefe de Estado ha dicho que no se puede jugar a la ruleta rusa ni con la economía ni con los programas sociales: “Todo lo que se ha gastado en esta crisis se va a tener que pagar, todo. En el caso de Colombia, siempre que ha requerido tomar decisiones para proteger a los más vulnerables y preservar la estabilidad de las finanzas públicas, lo ha hecho”. Y por eso les ha pedido a los colombianos hacer un esfuerzo. Sin embargo, el gran interrogante está en saber si cuando la reforma sea radicada en el Congreso, senadores y representantes a la Cámara, sobre todo los de los partidos aliados y los independientes, estarán dispuestos a hacer ese esfuerzo, que bien pueden considerarlo un sacrificio en estos tiempos de campaña electoral, cuando más tienen que mostrarse cercanos a sus comunidades, léase votantes.

Le puede interesar: La suerte del IVA y el impuesto de renta en la reforma tributaria

Y es que definitivamente no han caído bien ideas como extender el IVA a más productos de la canasta familiar, ampliar la base de personas que deberán declarar y pagar impuesto de renta, o gravar las pensiones altas -algunos puntos claves de la reforma-, por lo que el rechazo es generalizado en la opinión pública y en la clase política. En esta última, las lecturas son variadas, unos muestran un respaldo parcial, otros un rechazo absoluto, pero todas tienen de telón de fondo la crisis que atraviesan miles de colombianos, que se quedaron sin trabajo por la pandemia o vieron reducidos sus ingresos y hasta aguantaron hambre porque viven del día a día, y los aislamientos obligatorios, los toques de queda o los pico y cédula les impidieron buscar su sustento.

¿Qué puede pasar en el trámite? Experiencias pasadas muestran que, al final, este tipo de reformas salen trasquiladas, que la “mermelada” aparece como motivación para aprobar o negar propuestas y que no falta quién intente colgarle algún “mico”, entendido como aquellos artículos o párrafos que aparecen de repente y que responden a intereses particulares. Duque pide un debate constructivo y que se escuchen las ideas de todos los sectores. El Espectador consultó a las bancadas con asiento en el Congreso para saber qué piensan de la reforma, qué apoyarían y qué no, y qué le incluirían. Eso sí, posiciones que tienen el beneficio de inventario, pues se sabe que en el recorrido legislativo pueden cambiar. Casos se han visto.

Partidos de gobierno: espaldarazo con reservas

En el Centro Democrático, principal bastión de la bancada de gobierno, el mantra es uno: se necesita la reforma para “sanear las finanzas públicas y seguir fortaleciendo los programas sociales”, orientando más recursos y abarcando más personas en Ingreso Solidario, educación superior gratuita o promoción del empleo juvenil. Eso sí, desde ya hay diferencias frente a la idea de gravar más alimentos de la canasta familiar con el IVA.

Por un lado, el senador Fernando Nicolás Araújo —de la Comisión Tercera, encargada de temas tributarios y de hacienda— confía en que “nadie va a proponer eso” e insiste en que se requiere consenso para llegar a la discusión: “Es una situación difícil, pero exige profundizar en el gasto social. Nadie ha pensado en aumentar IVA a la canasta familiar”, explica, sin precisar aún su posición a otras medidas, como gravar las pensiones.

A su turno, la senadora María del Rosario Guerra —también de la Comisión Tercera— señala que, si bien es necesario mantener exentos del IVA a 40 o 35 productos de la canasta general, hay alrededor de 200 que sí demandan ese impuesto y que no hacen parte de la canasta básica: “Se requiere equidad tributaria y aumentar el recaudo”, explica, mostrándose a favor de gravar pensiones por encima de $10 millones y negando que sea viable eliminar el 4 x 1.000, “que aporta cerca de $7 billones”.

La directora del Partido de la U, Dilian Francisca Toro, se ha mostrado partidaria de una reforma, pero ha dicho que no se deben afectar las rentas laborales ni las de personas naturales: “Lo que se debe incrementar son las rentas de capital (...) Es muy importante crear incentivos para las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan el 80 % del trabajo de nuestro país”.

Lea también: Reforma tributaria en medio de la crisis

Desde que se hizo el anuncio por parte del Gobierno, los conservadores aseguraron que se apartaban de dicha reforma y hasta el momento esa decisión se ha mantenido. Para el presidente de la colectividad, Omar Yepes, hay unas acciones en las que el Gobierno podría poner mayor empeño para recuperar recursos, como la reducción de la evasión y la elusión, y combatir el contrabando. Incluso, Yepes había planteado una reducción del Estado, al considerar que muchas dependencias no tenían recursos para ejecutar, pero sí seguían pagando sueldos. Varios miembros de esa bancada se muestran por ahora reacios a apoyar cualquier propuesta para implementar mayores impuestos a los estratos más pobres y se resisten a gravar productos de la canasta familiar.

Por los lados de Colombia Justa Libres, el senador John Milton Rodríguez señaló que aún no ve claro cuál es el compromiso del Gobierno Nacional con la reducción del gasto público. Ese punto, a su juicio, es fundamental para enderezar las finanzas del país en medio de los efectos de la pandemia. “Es necesario un apretón, y no solo en el nivel central, sino en las regiones”, comentó el senador.

También se uno a la propuesta conservadora de enfocar los esfuerzos en combatir la evasión y elusión de impuestos. “No compartimos que se suban impuestos a la clase media trabajadora y menos a los pensionados. Tampoco que haya una ampliación del IVA a la canasta familiar. El IVA es el impuesto más regresivo que tenemos y debería bajar progresivamente del 19 % a máximo el 8 %”, agregó Rodríguez.

Al contrario, considera que una de las acciones que debe emprender el Gobierno Nacional en una reforma tributaria es la eliminación de exenciones de impuestos al sector financieros y al sector mineroenergético. También cobra mayores impuestos a los llamados “capitales golondrina”, que llegan con inversiones al país, sacan dividendos y lo abandonan sin genera mayores empleos. Para Rodríguez, el impuesto para estos capitales debería estar sobre el 15 %. Por los lados del partido MIRA, el senador Carlos Eduardo Guevara señaló que están a la espera de conocer el texto definitivo para adoptar una posición.

Los independientes, sin postura definida

Lo que advierten los congresistas de Cambio Radical y el Partido Liberal es que, como partidos, es muy difícil sentar una posición común cuando aún no hay un proyecto radicado y socializado o, por lo menos, un borrador para conocer los detalles de la que es la tercera reforma tributaria que presentará el gobierno Duque. Por eso, cuando hablan, lo hacen advirtiendo que es con base en las informaciones divulgadas en medios.

Por aparte, el Ejecutivo citó a un grupo de congresistas de Cambio Radical, integrantes de las comisiones económicas, y a su líder, Germán Vargas Lleras. Este encuentro no es menor, teniendo como base que este partido tiene la presidencia del Senado y de las comisiones Cuarta de Senado y Tercera de la Cámara y a otras figuras como Carlos Cuenca, expresidente de la Cámara.

“Nos presentaron las líneas gruesas del proyecto, mas no el documento completo. Hay unas cosas que nos gustaron, como los impuestos verdes, la reducción de las tarifas de tributación de las mipymes y la expansión del PAEF. Sin embargo, quedamos preocupados con otros temas”, resaltó Carlos Abraham Jiménez, presidente de la Comisión Cuarta. El impuesto al patrimonio, el cambio de exento de IVA a excluido en productos, falta de claridad en cuáles serían las reducciones en las exenciones a grandes empresas y gravar a pensionados que ganen más de $7 millones son los gruesos que, hasta ahora, Cambio Radical ya ha sentado su posición en contra.

Lo primero, en cuanto a que consideran que los ricos sentarían su domicilio fiscal en otro país para eludir los impuestos. Lo segundo, porque ven que con esto se les estaría dando ventaja a los productos importados sobre los nacionales, los cuales terminarían teniendo un valor más alto que termina afectando el consumo de los colombianos. Y sobre los pensionados, creen que debe ser a pensiones superiores a $12 millones.

Para algunos sí es necesario hablar de una reforma en el marco de la pandemia, otros son más críticos señalando que no son muchos los países que se aventuran en estos momentos a plantear esto. “La situación mundial la utilizan como un hecho sobreviniente que hace forzosa una reforma para ellos. Más bien se debería estar pensando en un plan de financiamiento a largo plazo”, comentó el senador Temístocles Ortega. Como él, desde los liberales, también hay quienes sostienen que primero se deben evaluar otras fórmulas.

El representante Alejandro Carlos Chacón, por ejemplo, llama al Gobierno a que, en vez de adentrarse en un trámite tan complejo como es una tributaria, en pleno año preelectoral, se abstenga de comprar los aviones militares, que costarían $26 billones. “Ahí está la plata que necesitan”. O insiste en su propuesta de eliminar el IVA del 19 % y reemplazarlo por un impuesto al consumo del 8 %, otra forma, según dice, de aumentar el recaudo.

Los liberales, hablando de los integrantes de las comisiones económicas, no quedaron exentos de una conversación con el Gobierno. El representante John Jairo Roldán manifestó que, desde su posición, entiende la importancia de una tributaria y de estar abiertos a la discusión, no como cuando se tramitó la Ley de Crecimiento, que la bancada roja no acompañó.

Lea también: Reforma tributaria: los acuerdos mínimos entre los expertos

Respecto a los temas gruesos que se han conocido, los liberales concuerdan en gran parte con las preocupaciones de Cambio Radical, insistiendo en que esta reforma debe incluir herramientas para atacar el contrabando de la mano de la DIAN, eliminar las exoneraciones, presentar un plan que tranquilice a las calificadoras para que no se vea afectada la economía y la inversión, y, por nada del mundo, aplicar más impuestos a la gasolina.

La oposición, cerrando filas en contra

La oposición en pleno rechaza la reforma tributaria que presentará el Gobierno. En sintonía con los titulares de la prensa, que ha filtrado algunos de los cambios que propone el Ejecutivo en el proyecto, varias voces opositoras concuerdan en que la ampliación y el aumento del IVA a más productos de la canasta familiar y el pago de la renta de personas naturales con ingresos desde $2 millones son de los puntos más polémicos que van, a sus ojos, en contra de la población de estratos medios y bajos, los más golpeados por la crisis económica desatada por la pandemia. Por ello, se rehúsan a apoyar la reforma.

Aída Avella, senadora de la Unión Patriótica por la Lista de los Decentes, calificó la propuesta de “nefasta”, puesto que “ningún gobierno se había atrevido a hacer tanto en contra de la gente de la clase media”, según recuerda. “Esto no se le debe hacer a la gente que ha perdido el trabajo, que están viendo cómo van a cubrir sus facturas públicas para no dejarse cortar el agua y la luz. Todo el sector alternativo votará en contra de semejante proyecto, que afecta a los ciudadanos. Estamos pidiendo a las comisiones del Congreso, en especial a las que discuten de primera mano la reforma, que se debata de cara a los ciudadanos para que cada votante se dé cuenta de cómo piensa, cómo vota y cómo opina el congresista que eligió para este período”, resaltó la parlamentaria.

A su vez, Jorge Londoño, vocero de la Alianza Verde en el Senado, consideró que las modificaciones que propone esta iniciativa no reflejarán un cambio estructural en el mecanismo de recolección de recursos del país. En ese sentido, señaló que los verdes votarían por un sistema tributario progresivo, pero no esta propuesta que “perjudicará a la clase media, que se está empobreciendo, y a los pobres que están casi en la miseria”, enfatizó. “En una reforma tributaria progresiva los más ricos son los que deberían, en determinado momento, sustentar todo este proceso de reactivación económica a través del pago justo de tributos. Necesitamos acabar con las exenciones que en nuestro país son tan vergonzosas, como ha dicho la OCDE”, explicó. Además, resaltó que el Gobierno no está interesado en devolver los recursos recogidos del IVA: “En ocasiones anteriores, planeó lo de la devolución del IVA y vemos cómo no tuvo ningún resultado concreto”.

Una idea que ha sostenido en varias ocasiones el senador Jorge Robledo, hoy en el movimiento Dignidad. “Profundamente regresiva e inconstitucional”, fueron las características que atribuyó al proyecto del Ministerio de Hacienda. Robledo dijo, de tajo, que “no es cierto que vayan a devolver todos esos recursos del IVA”. “A la clase media la van a coger subiéndole el IVA y además aumentándole sus pagos en la declaración de renta. Que la clase media no se esté muriendo de hambre, como los más pobres, no quiere decir que les sobre la plata. Sus compromisos en educación, salud y vivienda son también mayores”, enfatizó. En esa línea, manifestó que estas medidas golpearán “de carambola” la economía empresarial, pues “no va a tener a quién venderle. Por eso las agremiaciones agrarias están protestando sobre esto”.

Lea también: Una reforma tributaria inoportuna

Y, como destacó Wilson Arias, senador del Polo Democrático y miembro de la Comisión Cuarta, encargada del sistema de control fiscal y de leyes de presupuesto, la tensión entre la opinión pública, el Congreso y el Gobierno estará fuerte “como para alquilar balcón”. “Los parlamentarios están próximos a un suceso electoral (de 2022) y es probable que no se sientan muy proclives a apostarle a una reforma tan antisocial como es esta”, dijo. Algo que también concluyó Aída Avella, nombrando a partidos en concreto: “Creo que, incluso, liberales y de Cambio Radical van a votar en contra de esta reforma, pero, por supuesto, las toneladas de mermelada están otorgadas. Será una reforma tributaria con mermelada”.

Para el presidente Iván Duque, la reforma tributaria -la tercera de su mandato- que se comenzó a socializar esta semana con empresarios y sectores políticos, y que se llevará en próximos días al Congreso, es una urgencia para poder estabilizar las finanzas del país, tan golpeadas por cuenta de la pandemia del COVID-19, con una caída del 6,8 % en el Producto Interno Bruto (PIB) en 2020. “Jamás le dejaré a ningún gobierno enquistada una bomba de tiempo. Hoy nosotros tenemos la posibilidad de hacer una reforma que es transformadora, social y sostenible”, aseguró el mandatario, con visión de futuro, en entrevista para Noticias Caracol. De hecho, Duque prefiere llamarla “agenda de transformación social sostenible”, refiriéndose a la imperiosa necesidad de contener los efectos en pobreza y desempleo que trajo el coronavirus y, al mismo tiempo, estabilizar las finanzas públicas. “¿Cómo? Con el principio de solidaridad”, dijo en el diario El País de España.

La meta es recaudar $24,5 billones. El jefe de Estado ha dicho que no se puede jugar a la ruleta rusa ni con la economía ni con los programas sociales: “Todo lo que se ha gastado en esta crisis se va a tener que pagar, todo. En el caso de Colombia, siempre que ha requerido tomar decisiones para proteger a los más vulnerables y preservar la estabilidad de las finanzas públicas, lo ha hecho”. Y por eso les ha pedido a los colombianos hacer un esfuerzo. Sin embargo, el gran interrogante está en saber si cuando la reforma sea radicada en el Congreso, senadores y representantes a la Cámara, sobre todo los de los partidos aliados y los independientes, estarán dispuestos a hacer ese esfuerzo, que bien pueden considerarlo un sacrificio en estos tiempos de campaña electoral, cuando más tienen que mostrarse cercanos a sus comunidades, léase votantes.

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Y es que definitivamente no han caído bien ideas como extender el IVA a más productos de la canasta familiar, ampliar la base de personas que deberán declarar y pagar impuesto de renta, o gravar las pensiones altas -algunos puntos claves de la reforma-, por lo que el rechazo es generalizado en la opinión pública y en la clase política. En esta última, las lecturas son variadas, unos muestran un respaldo parcial, otros un rechazo absoluto, pero todas tienen de telón de fondo la crisis que atraviesan miles de colombianos, que se quedaron sin trabajo por la pandemia o vieron reducidos sus ingresos y hasta aguantaron hambre porque viven del día a día, y los aislamientos obligatorios, los toques de queda o los pico y cédula les impidieron buscar su sustento.

¿Qué puede pasar en el trámite? Experiencias pasadas muestran que, al final, este tipo de reformas salen trasquiladas, que la “mermelada” aparece como motivación para aprobar o negar propuestas y que no falta quién intente colgarle algún “mico”, entendido como aquellos artículos o párrafos que aparecen de repente y que responden a intereses particulares. Duque pide un debate constructivo y que se escuchen las ideas de todos los sectores. El Espectador consultó a las bancadas con asiento en el Congreso para saber qué piensan de la reforma, qué apoyarían y qué no, y qué le incluirían. Eso sí, posiciones que tienen el beneficio de inventario, pues se sabe que en el recorrido legislativo pueden cambiar. Casos se han visto.

Partidos de gobierno: espaldarazo con reservas

En el Centro Democrático, principal bastión de la bancada de gobierno, el mantra es uno: se necesita la reforma para “sanear las finanzas públicas y seguir fortaleciendo los programas sociales”, orientando más recursos y abarcando más personas en Ingreso Solidario, educación superior gratuita o promoción del empleo juvenil. Eso sí, desde ya hay diferencias frente a la idea de gravar más alimentos de la canasta familiar con el IVA.

Por un lado, el senador Fernando Nicolás Araújo —de la Comisión Tercera, encargada de temas tributarios y de hacienda— confía en que “nadie va a proponer eso” e insiste en que se requiere consenso para llegar a la discusión: “Es una situación difícil, pero exige profundizar en el gasto social. Nadie ha pensado en aumentar IVA a la canasta familiar”, explica, sin precisar aún su posición a otras medidas, como gravar las pensiones.

A su turno, la senadora María del Rosario Guerra —también de la Comisión Tercera— señala que, si bien es necesario mantener exentos del IVA a 40 o 35 productos de la canasta general, hay alrededor de 200 que sí demandan ese impuesto y que no hacen parte de la canasta básica: “Se requiere equidad tributaria y aumentar el recaudo”, explica, mostrándose a favor de gravar pensiones por encima de $10 millones y negando que sea viable eliminar el 4 x 1.000, “que aporta cerca de $7 billones”.

La directora del Partido de la U, Dilian Francisca Toro, se ha mostrado partidaria de una reforma, pero ha dicho que no se deben afectar las rentas laborales ni las de personas naturales: “Lo que se debe incrementar son las rentas de capital (...) Es muy importante crear incentivos para las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan el 80 % del trabajo de nuestro país”.

Lea también: Reforma tributaria en medio de la crisis

Desde que se hizo el anuncio por parte del Gobierno, los conservadores aseguraron que se apartaban de dicha reforma y hasta el momento esa decisión se ha mantenido. Para el presidente de la colectividad, Omar Yepes, hay unas acciones en las que el Gobierno podría poner mayor empeño para recuperar recursos, como la reducción de la evasión y la elusión, y combatir el contrabando. Incluso, Yepes había planteado una reducción del Estado, al considerar que muchas dependencias no tenían recursos para ejecutar, pero sí seguían pagando sueldos. Varios miembros de esa bancada se muestran por ahora reacios a apoyar cualquier propuesta para implementar mayores impuestos a los estratos más pobres y se resisten a gravar productos de la canasta familiar.

Por los lados de Colombia Justa Libres, el senador John Milton Rodríguez señaló que aún no ve claro cuál es el compromiso del Gobierno Nacional con la reducción del gasto público. Ese punto, a su juicio, es fundamental para enderezar las finanzas del país en medio de los efectos de la pandemia. “Es necesario un apretón, y no solo en el nivel central, sino en las regiones”, comentó el senador.

También se uno a la propuesta conservadora de enfocar los esfuerzos en combatir la evasión y elusión de impuestos. “No compartimos que se suban impuestos a la clase media trabajadora y menos a los pensionados. Tampoco que haya una ampliación del IVA a la canasta familiar. El IVA es el impuesto más regresivo que tenemos y debería bajar progresivamente del 19 % a máximo el 8 %”, agregó Rodríguez.

Al contrario, considera que una de las acciones que debe emprender el Gobierno Nacional en una reforma tributaria es la eliminación de exenciones de impuestos al sector financieros y al sector mineroenergético. También cobra mayores impuestos a los llamados “capitales golondrina”, que llegan con inversiones al país, sacan dividendos y lo abandonan sin genera mayores empleos. Para Rodríguez, el impuesto para estos capitales debería estar sobre el 15 %. Por los lados del partido MIRA, el senador Carlos Eduardo Guevara señaló que están a la espera de conocer el texto definitivo para adoptar una posición.

Los independientes, sin postura definida

Lo que advierten los congresistas de Cambio Radical y el Partido Liberal es que, como partidos, es muy difícil sentar una posición común cuando aún no hay un proyecto radicado y socializado o, por lo menos, un borrador para conocer los detalles de la que es la tercera reforma tributaria que presentará el gobierno Duque. Por eso, cuando hablan, lo hacen advirtiendo que es con base en las informaciones divulgadas en medios.

Por aparte, el Ejecutivo citó a un grupo de congresistas de Cambio Radical, integrantes de las comisiones económicas, y a su líder, Germán Vargas Lleras. Este encuentro no es menor, teniendo como base que este partido tiene la presidencia del Senado y de las comisiones Cuarta de Senado y Tercera de la Cámara y a otras figuras como Carlos Cuenca, expresidente de la Cámara.

“Nos presentaron las líneas gruesas del proyecto, mas no el documento completo. Hay unas cosas que nos gustaron, como los impuestos verdes, la reducción de las tarifas de tributación de las mipymes y la expansión del PAEF. Sin embargo, quedamos preocupados con otros temas”, resaltó Carlos Abraham Jiménez, presidente de la Comisión Cuarta. El impuesto al patrimonio, el cambio de exento de IVA a excluido en productos, falta de claridad en cuáles serían las reducciones en las exenciones a grandes empresas y gravar a pensionados que ganen más de $7 millones son los gruesos que, hasta ahora, Cambio Radical ya ha sentado su posición en contra.

Lo primero, en cuanto a que consideran que los ricos sentarían su domicilio fiscal en otro país para eludir los impuestos. Lo segundo, porque ven que con esto se les estaría dando ventaja a los productos importados sobre los nacionales, los cuales terminarían teniendo un valor más alto que termina afectando el consumo de los colombianos. Y sobre los pensionados, creen que debe ser a pensiones superiores a $12 millones.

Para algunos sí es necesario hablar de una reforma en el marco de la pandemia, otros son más críticos señalando que no son muchos los países que se aventuran en estos momentos a plantear esto. “La situación mundial la utilizan como un hecho sobreviniente que hace forzosa una reforma para ellos. Más bien se debería estar pensando en un plan de financiamiento a largo plazo”, comentó el senador Temístocles Ortega. Como él, desde los liberales, también hay quienes sostienen que primero se deben evaluar otras fórmulas.

El representante Alejandro Carlos Chacón, por ejemplo, llama al Gobierno a que, en vez de adentrarse en un trámite tan complejo como es una tributaria, en pleno año preelectoral, se abstenga de comprar los aviones militares, que costarían $26 billones. “Ahí está la plata que necesitan”. O insiste en su propuesta de eliminar el IVA del 19 % y reemplazarlo por un impuesto al consumo del 8 %, otra forma, según dice, de aumentar el recaudo.

Los liberales, hablando de los integrantes de las comisiones económicas, no quedaron exentos de una conversación con el Gobierno. El representante John Jairo Roldán manifestó que, desde su posición, entiende la importancia de una tributaria y de estar abiertos a la discusión, no como cuando se tramitó la Ley de Crecimiento, que la bancada roja no acompañó.

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Respecto a los temas gruesos que se han conocido, los liberales concuerdan en gran parte con las preocupaciones de Cambio Radical, insistiendo en que esta reforma debe incluir herramientas para atacar el contrabando de la mano de la DIAN, eliminar las exoneraciones, presentar un plan que tranquilice a las calificadoras para que no se vea afectada la economía y la inversión, y, por nada del mundo, aplicar más impuestos a la gasolina.

La oposición, cerrando filas en contra

La oposición en pleno rechaza la reforma tributaria que presentará el Gobierno. En sintonía con los titulares de la prensa, que ha filtrado algunos de los cambios que propone el Ejecutivo en el proyecto, varias voces opositoras concuerdan en que la ampliación y el aumento del IVA a más productos de la canasta familiar y el pago de la renta de personas naturales con ingresos desde $2 millones son de los puntos más polémicos que van, a sus ojos, en contra de la población de estratos medios y bajos, los más golpeados por la crisis económica desatada por la pandemia. Por ello, se rehúsan a apoyar la reforma.

Aída Avella, senadora de la Unión Patriótica por la Lista de los Decentes, calificó la propuesta de “nefasta”, puesto que “ningún gobierno se había atrevido a hacer tanto en contra de la gente de la clase media”, según recuerda. “Esto no se le debe hacer a la gente que ha perdido el trabajo, que están viendo cómo van a cubrir sus facturas públicas para no dejarse cortar el agua y la luz. Todo el sector alternativo votará en contra de semejante proyecto, que afecta a los ciudadanos. Estamos pidiendo a las comisiones del Congreso, en especial a las que discuten de primera mano la reforma, que se debata de cara a los ciudadanos para que cada votante se dé cuenta de cómo piensa, cómo vota y cómo opina el congresista que eligió para este período”, resaltó la parlamentaria.

A su vez, Jorge Londoño, vocero de la Alianza Verde en el Senado, consideró que las modificaciones que propone esta iniciativa no reflejarán un cambio estructural en el mecanismo de recolección de recursos del país. En ese sentido, señaló que los verdes votarían por un sistema tributario progresivo, pero no esta propuesta que “perjudicará a la clase media, que se está empobreciendo, y a los pobres que están casi en la miseria”, enfatizó. “En una reforma tributaria progresiva los más ricos son los que deberían, en determinado momento, sustentar todo este proceso de reactivación económica a través del pago justo de tributos. Necesitamos acabar con las exenciones que en nuestro país son tan vergonzosas, como ha dicho la OCDE”, explicó. Además, resaltó que el Gobierno no está interesado en devolver los recursos recogidos del IVA: “En ocasiones anteriores, planeó lo de la devolución del IVA y vemos cómo no tuvo ningún resultado concreto”.

Una idea que ha sostenido en varias ocasiones el senador Jorge Robledo, hoy en el movimiento Dignidad. “Profundamente regresiva e inconstitucional”, fueron las características que atribuyó al proyecto del Ministerio de Hacienda. Robledo dijo, de tajo, que “no es cierto que vayan a devolver todos esos recursos del IVA”. “A la clase media la van a coger subiéndole el IVA y además aumentándole sus pagos en la declaración de renta. Que la clase media no se esté muriendo de hambre, como los más pobres, no quiere decir que les sobre la plata. Sus compromisos en educación, salud y vivienda son también mayores”, enfatizó. En esa línea, manifestó que estas medidas golpearán “de carambola” la economía empresarial, pues “no va a tener a quién venderle. Por eso las agremiaciones agrarias están protestando sobre esto”.

Lea también: Una reforma tributaria inoportuna

Y, como destacó Wilson Arias, senador del Polo Democrático y miembro de la Comisión Cuarta, encargada del sistema de control fiscal y de leyes de presupuesto, la tensión entre la opinión pública, el Congreso y el Gobierno estará fuerte “como para alquilar balcón”. “Los parlamentarios están próximos a un suceso electoral (de 2022) y es probable que no se sientan muy proclives a apostarle a una reforma tan antisocial como es esta”, dijo. Algo que también concluyó Aída Avella, nombrando a partidos en concreto: “Creo que, incluso, liberales y de Cambio Radical van a votar en contra de esta reforma, pero, por supuesto, las toneladas de mermelada están otorgadas. Será una reforma tributaria con mermelada”.