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Desde este lunes inicia en el Congreso la carrera contrarreloj del Gobierno para aprobar o avanzar en la discusión de cinco de sus reformas claves: salud, laboral, política, Jurisdicción Agraria y ley de financiamiento. Aunque algunas de éstas parecen virtualmente hundidas o siguen sin generar consenso, el Ejecutivo intentará mover todos sus fichas para lograr los votos necesarios.
En cuanto a la reforma a la salud, el oficialismo espera avanzar en el segundo debate, que se llevará a cabo en la plenaria de la Cámara de Representantes. Se esperan al menos dos sesiones muy intensas esta semana, en las que el Gobierno quiere adelantar la votación de impedimentos y dejar aprobada la ponencia positiva. Si los tiempos no dan, este sería uno de los proyectos que entraría a las extras.
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La reforma laboral define su futuro en la Comisión Séptima del Senado, un escenario complejo para el Ejecutivo, pues fue ahí mismo donde en la pasada legislatura se cayó la reforma a la salud. Este es uno de los proyectos que debe ser aprobado antes del 20 de junio, antes de que termine la legislatura, pues de lo contrario terminaría archivado.
En estos casos, el Gobierno quiere dejar lo más adelantados que se puedan los debates, pues sabe muy bien que el 2025 será un año complejo, particularmente porque el ambiente electoral, de cara a las elecciones presidenciales y legislativas de 2026, agitará el debate político dejando a las reformas en medio de la puja entre oficialismo y oposición.
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La reforma política, que reviviría el transfuguismo e implementaría las listas cerradas, está a la espera en el Senado del cuarto debate de su primera vuelta, pues se trata de una reforma constitucional. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, es el principal defensor de la propuesta y, al igual que en los demás casos, está encargado de sumar los votos necesarios de las bancadas independientes.
La jurisdicción agraria, la gran apuesta en materia de tierras de este Gobierno, está próxima a aprobarse en su totalidad por las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara, para luego pasar a las plenarias de ambas corporaciones que la discutirán de manera paralela.
Por último, en el panorama aparece la ley de financiamiento, proyecto que desde la oposición califican como una nueva reforma tributaria. Es la reforma de Petro que tiene el panorama más complejo, pues varios partidos ya anunciaron su voto negativo, aún cuando ni siquiera hay consenso para presentar la ponencia mayoritaria. A esto se suma que el escándalo que rodeó la salida de Ricardo Bonilla del Ministerio de Hacienda parece haberle dado un golpe de gracia a la iniciativa.
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