Los “peros” a los mensajes de urgencia en la agenda legislativa del gobierno Petro

En una carrera contra el tiempo está la bancada del Gobierno en el Congreso, para dar trámite y aprobar grandes proyectos presentados por el Ejecutivo, como la Ley de Sometimiento, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y la humanización de la política criminal, entre otros. Para lograr su meta de destrabar la ambiciosa agenda legislativa del presidente Gustavo Petro, varias de las iniciativas gubernamentales que llegaron al Capitolio han sido presentadas con mensaje de urgencia, una herramienta para reducir los tiempos de discusión, pero que deja dudas sobre la rigurosidad en el debate de temas de la mayor relevancia para el país.

En una carrera contra el tiempo está la bancada del Gobierno en el Congreso, para dar trámite y aprobar grandes proyectos presentados por el Ejecutivo, como la Ley de Sometimiento, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y la humanización de la política criminal, entre otros. Para lograr su meta de destrabar la ambiciosa agenda legislativa del presidente Gustavo Petro, varias de las iniciativas gubernamentales que llegaron al Capitolio han sido presentadas con mensaje de urgencia, una herramienta para reducir los tiempos de discusión, pero que deja dudas sobre la rigurosidad en el debate de temas de la mayor relevancia para el país.

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El semestre pasado, proyectos como el de la creación del Ministerio de la Igualdad o la Reforma Tributaria, fueron radicados con mensaje de urgencia y tuvieron una aprobación exprés. Según le confirmó la Secretaría del Senado a este diario, de los proyectos de ley presentados por el Gobierno en 2023, van tres con la misma solicitud: PND, Ley de Sometimiento y humanización de la política criminal y penitenciaria, los dos últimos siendo lo que más choques han provocado, no solo entre partidos, sino también entre ramas del poder.

El fiscal general Francisco Barbosa, ha sido uno de los principales opositores del proyecto que busca la sujeción y desmantelamiento de organizaciones armadas. En correría por distintos partidos políticos ha expresado sus dudas y contraargumentos frente al proyecto y además ha pedido al Gobierno que “en el marco de la democracia reconsidere la posibilidad de no enviar mensajes de urgencia para no convertir los debates en unos debates rápidos, porque este país requiere discusión democrática, deliberación”.

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Una preocupación similar ha mostrado la procuradora general Margarita Cabello, quien expresó que “los presupuestos para la sujeción podrían pactar cualquier cosa, como por ejemplo la no extradición. Ese es el mico que yo veo ahí, porque no puede estar tan amplia, cuando lo correcto es que los presupuestos para la sujeción deben estar en norma”. Por la parte política, y no solo sobre este proyecto en particular, sino en general de la agenda legislativa del Gobierno, Cambio Radical, partido recientemente declarado en oposición, ha mostrado su preocupación con la velocidad de los debates.

El partido que está estrenando oposición ha dejado claro que apoyará al fiscal general en peticionar al Gobierno que retire el mensaje de urgencia de proyectos tan importantes para la justicia como la ley de sometimiento y la humanización de la política criminal, que modifica el Código Penal. Para las caras visibles del partido político, como Germán Vargas Lleras y el senador David Luna, estos proyectos pueden abrir la ventana a la impunidad y es necesario un juicioso estudio y debate, por lo que si se tramita con mensaje de urgencia, como es la pretención dicen ellos, podrían colarse “micos”.

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Sobre el tema, académicos expertos también tienen opiniones divididas sobre la conveniencia de que haya mensaje de urgencia en distintas iniciativas gubernamentales. Para Néstor Julián Restrepo, director de la Maestría de Comunicación Política de la Eafit, lo que dejan ver los mensajes de urgencia es que “la estrategia de sacar las reformas rápidamente está en que haya una baja de liberación, porque hay cosas muy duras que tendrían que pasarse. Por ejemplo, la ley de sometimiento y la legalización de mucha riqueza mal habida entraría en el juego ahí, donde el Gobierno tiene que pasarlo en un momento donde no tiene buena favorabilidad en el Congreso”.

Aunado a esto, dice el experto, el Ejecutivo se habría dado cuenta de que ha ido perdiendo la fuerza con la que arrancó en el Capitolio y la coalición que logró ya no es la misma y eso estaría demostrado, dice él, en que no ha vuelto a mover efectivamente sus grades reformas. “Solamente sacó la reforma tributaria rápidamente y no ha podido sacar otra reforma grande en un momento determinado. Entonces es ahí donde sacar todo con urgencia le daría la capacidad de maniobra y sostener el poder y sobre todo poder llevar a cabo sus otras estrategias”, expresa Restrepo.

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Por su parte, Julián López, socio de la firma de consultorías Nalanda Analytica y analista político, resalta que “el gobierno del presidente Petro no es el primero que hace un llamado a sesiones extraordinarias o que quiere darle un impulso especial a sus proyectos más importantes mediante un mensaje de urgencia. Esto es bastante común, lo han usado todos los gobiernos”. Sin embargo, dice el experto, los problemas de un mal trámite se verían a futuro e incluso llegarían a reversar una eventual aprobación. “La Corte Constitucional Colombiana ha hecho una revisión importante de la aplicación de todas esas herramientas, lo que diría es que confío en que si se llegara a desarrollar un proceso legislativo que no corresponda, pues, la Corte Constitucional va a ser un vigilante riguroso de su cumplimiento”.

Aún así, Restrepo añade que también puede ser una estrategia para tener un dinamismo continuo en los cuatro años de gobierno, pues, según él, “es lograr que se le empiece a mover rápidamente y que no se le acabe el poder. Se estima que un gobierno después del primer año, si no logra sacar grandes reformas, es un gobierno que va a terminar plano, haciendo las cosas de una manera plana y que no va a pasar nada”. A esto, López complementa que en cuanto a la oposición presentada por otras ramas del poder, como en se ha visto desde el ente investigador, es también normal que “el fiscal general tenga esas intervenciones. La idea de la institucionalidad es que entre los distintos poderes se equilibren”.

Además, dice el experto, la Constitución “en el numeral 4 del artículo 151, dice que entre las funciones especiales del fiscal general de la Nación está, por ejemplo, participar en el diseño de la política del Estado en materia criminal y presentar proyectos de ley al respecto”. En esto concuerda Restrepo, quien señala que “en este momento los entes de control son opositores del gobierno y es fantástico. Eso genera pesos y contrapesos. Entonces, ya que entre la Constitución y entre las normas a decir quién tiene la razón, eso es válido”.

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