Regiones reclaman más diálogos y menos confrontación con el presidente Petro

La ola de violencia que preocupa a las regiones, la promesa de una descentralización que pareciera no dar los resultados esperados y el presupuesto reducido para gobiernos locales son apenas tres de los puntos que más han calentado la relación entre los poderes regionales y el Gobierno. Con unos resultados en las elecciones locales que fueron un revés para el presidente Gustavo Petro, quien afirmó en ese entonces que su fuerza política gobernaba “nueve departamentos del país”, las diferencias se mantienen.

La ola de violencia que preocupa a las regiones, la promesa de una descentralización que pareciera no dar los resultados esperados y el presupuesto reducido para gobiernos locales son apenas tres de los puntos que más han calentado la relación entre los poderes regionales y el Gobierno. Con unos resultados en las elecciones locales que fueron un revés para el presidente Gustavo Petro, quien afirmó en ese entonces que su fuerza política gobernaba “nueve departamentos del país”, las diferencias se mantienen.

Con una encuesta Invamer que reveló que el 85 % de los ciudadanos cree que la inseguridad está empeorando, esta cuestión ha sido central en los últimos meses para la Casa de Nariño, que ha tenido que responder en el Congreso por ataques perpetrados por grupos criminales a la población del suroccidente del país. Mientras el ministro de Defensa, Iván Velásquez, superó una moción de censura en la Cámara de Representantes por cuenta de las debilidades que tendría el país en materia de seguridad, los llamados se mantienen para que el Gobierno responda por el bienestar de la ciudadanía.

Para la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, el trabajo con el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública ha podido atender a las necesidades del departamento en materia de seguridad, con una COP16 en camino y las disidencias de “Iván Mordisco” (EMC) que ha dejado el departamento como uno de los más azotados por ataques al casco urbano. Sin embargo, las necesidades van más allá del pie de fuerza, según lo explicó la mandataria, quien insiste en que hay decisiones que conciernen únicamente al Gobierno y son necesarias para combatir el flagelo de la violencia, específicamente, en el tema de sustitución de cultivos ilícitos, inversión social, articulación en los sistemas tecnológicos para la Alcaldía de Cali y la Gobernación.

“Lo que nosotros hemos venido diciendo es que hay unas decisiones que no son de gobiernos departamentales. Nosotros podemos articular, trabajar, pero es necesaria la articulación del Gobierno nacional en algunas decisiones que se deben de tomar, pues son difíciles, porque a veces no se toman y eso también nos afecta en el tema que estamos trabajando”, indicó. Y agregó que “el Gobierno nacional es el que responde por la seguridad del territorio. Lo que nosotros somos acá son agentes del Gobierno, que lo que hacemos en articular todos los sectores para poder lograr que tengamos resultados positivos en el tema de seguridad. Pero necesitamos que el Gobierno nacional también se articule”.

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Departamentos como el Meta y Antioquia han hecho peticiones similares al Ejecutivo, pidiéndole que levante el cese al fuego con grupos armados ilegales, para que el Ejército pueda entrar a actuar con la fuerza necesaria. Sin embargo, la participación de estas dos figuras varía en el tema de diálogos con estructuras criminales. Mientras la gobernadora Rafaela Cortés (Meta) ha hecho manifiesta su voluntad de participar en los diálogos regionales con las disidencias de “Mordisco”, llegando incluso a enviar una carta al mandatario para ser designada como representante autorizada en la negociación con el EMC, por su parte, Andrés Rendón (Antioquia) rechazó la invitación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para participar en la mesa de diálogo de la paz total.

“Como usted sabe, estamos trabajando desde todos los rincones de la patria para convertir a nuestro país en Potencial Mundial de la Vida, con justicia social, económica y ambiental, y donde la paz reine para todos los colombianos y colombianas. De igual manera, conscientes de la importancia del tema, el Primer Mandatario delegó a la Consejería Comisionada de Paz, para que se encargue del particular”, se lee en la respuesta enviada a Cortés, firmada por la jefa del Dapre, Laura Sarabia.

Los encontronazos con estos departamentos, y a los que se suman los del caribe colombiano, también viene por cuenta de la cuestión económica. Tras la decisión de hacer un recorte presupuestal de $20 billones, la Federación de Departamentos (Fededepartamentos) publicó una carta dirigida al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, con fecha del 11 de junio de 2024, en la que se habló del “posible impacto en las regiones del recorte presupuestal anunciado por el Gobierno nacional”. Allí, resaltan que “se solicitó a las entidades nacionales hacer una propuesta de ahorro correspondiente al 5,6 % del presupuesto de funcionamiento e inversión”.

“Le pedimos que en las partidas a recortar no se afecte la financiación de los proyectos priorizados en los Planes Departamentales de Desarrollo que fueron armonizados con el Plan Nacional de Desarrollo, con especial énfasis en aquellos que tienen contrapartidas o vigencias futuras”, enfatizaron.

Además de eso, el decreto 0549 de 2024 habría recortado el monto de las regalías asignadas a algunos departamentos. A partir de sugerencias que vinieron del Ministerio de Minas y Energía tras revisiones adelantadas por la Agencia Nacional de Minería (ANM) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), se redujo en $381.195 millones las asignaciones directas (que corresponden al 20 % del Sistema General de Regalías (SGR)) y las asignaciones directas anticipadas (el 5 % del SGR) a los departamentos.

En el Caribe, la cuestión estaría más enfocada en las tarifas de energía, que por cuenta del presidente ya generaron roces con los mandatarios locales. En una intervención en Sabanalarga, Atlántico, Petro acusó a los alcaldes y gobernadores de la región de estar en las nóminas de empresas de energía, razón por la que, según él, no reducirían las tarifas de energía, conocidas por sus altos costos.

“¿Qué le pasa a los alcaldes del Caribe? ¿Están en la nómina de Afinia y Air-e que no se dan la pela y baja la energía? ¿Cuál es la dificultad para que el Ministerio de Minas inmediatamente con empresas privadas construyera en cada municipio granjas solares de 10 megas?”, señaló el mandatario.

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La respuesta de varias figuras no se hizo esperar. Entre ellas, la del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, quien afirmó que las peticiones que han hecho desde administraciones locales al Gobierno nacional no han recibido respuesta alguna. Aparentemente, se trataría de un documento que fue enviado a Sarabia con siete propuestas de soluciones, que nunca fue respondido.

La Consejería Presidencial para las Regiones es una de las entidades encargadas de generar esa comunicación y articulación entre los departamentos y el Gobierno. Lo cierto es que para la recién llegada consejera Luz María Múnera, quien llegó a organizar la oficina que dejó Sandra Ortiz tras su salida por presuntamente estar involucrada en la red de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), las tareas se acumulan en cuestión de diálogo.

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Con Fededepartamentos, que, con Asocapitales, es una de las instancias de representación de las regiones, una reunión inicial que tenían planeada no pudo concretarse, así que será hasta septiembre donde tendrán ese primer encuentro. Sin embargo, Múnera mantiene en que ella tiene las puertas abiertas para recibir a cualquier mandatario local que quiera concretar un encuentro y que estará dispuesta a concretar y a dialogar.

“Cualquiera de ellos que ha llamado, que ha pedido cita, con ellos nos hemos visto. Nos vamos a ver ahora mucho más fácilmente, porque ya organizada la casa empezamos giras por todo el país. Con todos los gobernadores y alcaldes quiero poder conversar”, aseguró. “He dialogado con los que he podido hasta ahora. Vuelvo y digo, no hay puerta cerrada”, agregó.

Aun así, una de las preocupaciones centrales es que la descentralización prometida no se ha realizado y algunos gobernadores acusan al presidente de gobernar desde Bogotá, sin intención de abrir el diálogo con otras regiones. Con dos años de Gobierno encima y dos por finalizar, la Consejería tendrá que funcionar como la puerta que el Ejecutivo no ha cerrado.

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