Regularización del cannabis de uso adulto, a debate en plenaria el próximo lunes

Regularizar el cannabis de uso adulto en Colombia es una de las discusiones más sensibles que hay en el Congreso, que en general le ha huido a los debates sobre las libertades. En este periodo legislativo, luego de haber fracasado dos veces en el anterior Congreso, el representante Juan Carlos Losada (Partido Liberal) se la volvió a jugar por modificar el artículo 49 de la Constitución para regularizar el consumo de cannabis en Colombia.

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político

El proyecto busca que la planta sea vista como una sustancia de uso adulto, por ejemplo como el tabaco o el alcohol, y también que su comercialización cuente con licencias, excepciones de uso, tributación para financiar la reducción de daños y prevención de consumo. La iniciativa fue aprobada en primer debate el pasado 14 de septiembre, luego de una larga discusión en la Comisión Primera de la Cámara que casi deriva en que el proyecto no se pudiera votar.

Ahora el proyecto de acto legislativo aterriza en la plenaria de la Cámara. El lunes, en esa corporación se dará la segunda de las ocho discusiones que deberá tener para que se modifique ese artículo de la Constitución que, desde 2009, criminaliza el porte y consumo de sustancias como el cannabis, y se permita además la creación de leyes para legalizar el porte y consumo de cannabis por parte de mayores de edad.

>LEA: Aprobado en primer debate el proyecto que reglamenta el cannabis de uso adulto

El proyecto está en el segundo punto del orden del día. De acuerdo con la agenda del próximo lunes 10 de octubre, que inicia a las 2:00 p.m., la regularización del cannabis se discutirá luego del debate final para aprobar el Acuerdo de Escazú, que está a solo un debate de ratificarse en Colombia. El pasado 28 de septiembre, el proyecto superó el tercer debate con 14 votos a favor y tres votos en contra.

Al debate en plenaria para regularizar el cannabis de uso adulto se llega justo después de la orden de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, quien esta ordenó liberar a unos 6.500 presos por posesión de marihuana en las cárceles de ese país. De acuerdo con el mandatario norteamericano, quienes quedan con antecedentes penales por posesión de marihuana han tenido “barreras innecesarias al empleo, la vivienda y las oportunidades educativas”.

El representante Losada recibió la noticia de la mejor manera pues la tildó como el anuncio “posiblemente del mes y el año”. Esto, teniendo en cuenta que significa un primer paso en la guerra contra las drogas que inició Estados Unidos hace más de 50 años y que para muchos analistas ha fracasado. Según el representante que lidera el proyecto, este giro “controvierte profundamente una tradición de política prohibicionista” y destacó que cayó “como anillo al dedo para la discusión de la regulación del cannabis” en Colombia.

El de Losada no es el único proyecto que se tramita en el Congreso con el objetivo de regularizar el consumo de cannabis. A la par hay un proyecto del representante Carlos Ardila, también miembro del Partido Liberal, que a diferencia de la iniciativa de Losada se enfoca en la destinación de los recursos del cannabis para los municipios y departamentos.

Y a pesar de que en teoría ambos proyectos tienen un mismo fin, ambos parlamentarios han chocado en su propósito de regular el cannabis. Incluso, respecto a los tributos del cannabis, Losada ha dicho que “el proyecto de Ardila fue construido por la Federación Nacional de Municipios y la Federación Nacional de Departamentos, que tienen interés en que sean los Concejos municipales los que puedan determinar los tributos del cannabis, para que esos tributos queden en los territorios”.

Para Losada, si bien la tributación debe ser territorial, no está de acuerdo con que sea establecida por los municipios. Por su parte, Ardila defiende su proyecto señalando que “les aportará a los municipios, departamentos y distritos en materia de recaudo” y destacó la “protección constitucional” que quedó consignada en su iniciativa para que el recaudo “se destine única y exclusivamente a las entidades territoriales” para inversiones en temas como salud, agro y educación.

Regularizar el cannabis de uso adulto en Colombia es una de las discusiones más sensibles que hay en el Congreso, que en general le ha huido a los debates sobre las libertades. En este periodo legislativo, luego de haber fracasado dos veces en el anterior Congreso, el representante Juan Carlos Losada (Partido Liberal) se la volvió a jugar por modificar el artículo 49 de la Constitución para regularizar el consumo de cannabis en Colombia.

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político

El proyecto busca que la planta sea vista como una sustancia de uso adulto, por ejemplo como el tabaco o el alcohol, y también que su comercialización cuente con licencias, excepciones de uso, tributación para financiar la reducción de daños y prevención de consumo. La iniciativa fue aprobada en primer debate el pasado 14 de septiembre, luego de una larga discusión en la Comisión Primera de la Cámara que casi deriva en que el proyecto no se pudiera votar.

Ahora el proyecto de acto legislativo aterriza en la plenaria de la Cámara. El lunes, en esa corporación se dará la segunda de las ocho discusiones que deberá tener para que se modifique ese artículo de la Constitución que, desde 2009, criminaliza el porte y consumo de sustancias como el cannabis, y se permita además la creación de leyes para legalizar el porte y consumo de cannabis por parte de mayores de edad.

>LEA: Aprobado en primer debate el proyecto que reglamenta el cannabis de uso adulto

El proyecto está en el segundo punto del orden del día. De acuerdo con la agenda del próximo lunes 10 de octubre, que inicia a las 2:00 p.m., la regularización del cannabis se discutirá luego del debate final para aprobar el Acuerdo de Escazú, que está a solo un debate de ratificarse en Colombia. El pasado 28 de septiembre, el proyecto superó el tercer debate con 14 votos a favor y tres votos en contra.

Al debate en plenaria para regularizar el cannabis de uso adulto se llega justo después de la orden de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, quien esta ordenó liberar a unos 6.500 presos por posesión de marihuana en las cárceles de ese país. De acuerdo con el mandatario norteamericano, quienes quedan con antecedentes penales por posesión de marihuana han tenido “barreras innecesarias al empleo, la vivienda y las oportunidades educativas”.

El representante Losada recibió la noticia de la mejor manera pues la tildó como el anuncio “posiblemente del mes y el año”. Esto, teniendo en cuenta que significa un primer paso en la guerra contra las drogas que inició Estados Unidos hace más de 50 años y que para muchos analistas ha fracasado. Según el representante que lidera el proyecto, este giro “controvierte profundamente una tradición de política prohibicionista” y destacó que cayó “como anillo al dedo para la discusión de la regulación del cannabis” en Colombia.

El de Losada no es el único proyecto que se tramita en el Congreso con el objetivo de regularizar el consumo de cannabis. A la par hay un proyecto del representante Carlos Ardila, también miembro del Partido Liberal, que a diferencia de la iniciativa de Losada se enfoca en la destinación de los recursos del cannabis para los municipios y departamentos.

Y a pesar de que en teoría ambos proyectos tienen un mismo fin, ambos parlamentarios han chocado en su propósito de regular el cannabis. Incluso, respecto a los tributos del cannabis, Losada ha dicho que “el proyecto de Ardila fue construido por la Federación Nacional de Municipios y la Federación Nacional de Departamentos, que tienen interés en que sean los Concejos municipales los que puedan determinar los tributos del cannabis, para que esos tributos queden en los territorios”.

Para Losada, si bien la tributación debe ser territorial, no está de acuerdo con que sea establecida por los municipios. Por su parte, Ardila defiende su proyecto señalando que “les aportará a los municipios, departamentos y distritos en materia de recaudo” y destacó la “protección constitucional” que quedó consignada en su iniciativa para que el recaudo “se destine única y exclusivamente a las entidades territoriales” para inversiones en temas como salud, agro y educación.