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En la Constitución de 1991 se fijó que, por temas de fuero, los congresistas serían juzgados ante la Corte Suprema de Justicia en una única instancia. Esto ha venido cambiando, pues en los recientes años se ajustó el ordenamiento para que también en el alto tribunal se dispusiera de la doble instancia para los aforados, brindando las mismas garantías de la doble instancia y doble conformidad que tienen todos los colombianos.
No obstante, para mucho, la Corte sigue siendo el coco, o eso pareciera. Esto debido a que en el último congreso se ha reportado la renuncia de varios de sus miembros justo cuando el alto tribunal tomó una decisión de fondo en casos que llevaba en contra de estos. Aunque algunos aseguran que solo se trata de un intento por defenderse sin tener la distracción de su labor legislativa, lo cierto es que al abandonar sus curules pierden el fuero y su caso tendría que pasar, en teoría, a la justicia ordinaria, a un Fiscalía que les pareciera menos severa.
Sin embargo, no es del todo así. Esto debido a que no siempre la Corte Suprema remite al caso a la Fiscalía. La razón es que el alto tribunal puede determinar que los delitos cometidos tienen relación con el cargo que desempeñaba el aforado, en este caso el congresista, por lo que debe mantener la competencia.
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A pesar de esta posibilidad, desde el 20 de julio de 2018 se han presentado cinco renuncias de congresistas justo en el momento en que la Corte Suprema avanza en sus procesos u ordena una detención preventiva. El primero en encabezar este listado es el expresidente y exsenador Álvaro Uribe, que dejó su curul tras la orden de detención preventiva que le dictó la Corte por posible manipulación de testigo.
Desde 2018 el alto tribunal estaba llevando a cabo una investigación contra Uribe por la supuesta manipulación de testigos en un caso contra Iván Cepeda. Después de llamarlo a indagatoria en octubre de 2019 y de recopilar un amplio dossier, el 4 de agosto de 2020, la Corte ordenó prisión domiciliaria preventiva contra el entonces senador ante una posible obstrucción a la justicia.
Casi dos semanas después, el expresidente Uribe presentó la renuncia a la curul que ocupaba en el Senado. Un año antes, este también había intentado dejar su cargo cuando se anunció el llamado a indagatoria en su contra. En ese momento se retractó y aseguró que le daría la cara a la Corte Suprema. Pero, tras la orden de detención preventiva, el líder del Centro Democrático abandonó su labor legislativa.
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Esto abrió un amplio debate sobre cuál instancia debía conocer el caso Uribe. Por un lado estaban los que consideraban que el dossier debía seguir en la Corte, pues algunas de las conductas cuestionadas fueron realizadas cuando este era congresista y habría aprovechado su cargo para ello. En cambio, otro sector creía que el proceso del expresidente debía pasar a la Fiscalía, pues pasaba a ser un ciudadano común y corriente.
Esta tesis fue comprada por el alto tribual, que remitió los varios folios del proceso Uribe al ente acusador. Allí ha recibido un trato más favorable, que lo levó en un primer momento a que se le levantara la detención preventiva y a que desde hace varios meses esté la Fiscalía solicitando la preclusión a favor del expresidente. Para muchos, la renuncia de Uribe fue le estrategia de defensa perfecta, pues pasó a una instancia que le sería más favorable, debido a la cercanía del fiscal Francisco Barbosa con el presidente Iván Duque.
El caso Uribe fue el primero en un camino de varias renuncias. El siguiente en la lista fue el exsenador del Partido de la U Eduardo Pulgar. Este hizo parte, como pudo probar la Corte Suprema, de un intento por sobornar a un juez de Usiacurí para que favoreciera a unos aliados políticos del congresista. No obstante, el togado no aceptó el ilícito y dio a conocer, a través de Daniel Coronell, las irregularidades cometidas por el senador.
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Este caso llegó al conocimiento de la Corte Suprema, que ordenó la detención preventiva de Pulgar. La reacción de este fue renunciar a su cargo como congresista. Sin embargo, en esta ocasión, caso no cambió de competencia, pues el alto tribunal consideró que sí tenía jurisdicción, pues Eduardo habría aprovechado su investidura para cometer el ilícito.
Tras la negativa de la Corte para que el proceso pasara a la Fiscalía, Pulgar se declaró culpable de los delitos de cohecho y tráfico de influencias. Por estos crímenes, la Corte Suprema le dictó al senador de la U una condena de 58 meses y 25 días de prisión.
El siguiente caso en la lista de congresistas que renunciaron a su curul fue el de Álvaro Hernán Prada, representante del Centro Democrático y también vinculado al caso de presunta manipulación de testigos de Álvaro Uribe. La renuncia vino justo después de que se conocieran avances en el proceso contra Prada. En esta ocasión, el exrepresentante huilense hizo referencia directa a una supuesta falta de garantías por parte de la Corte.
Por eso, este pidió que la Fiscalía se hiciera cargo de su proceso, pero el alto tribunal decidió mantener el caso y la entidad encabezada por Francisco Barbosa anunció que no recurriría de ninguna manera la determinación de la corte. De esta manera, el caso de Álvaro Hernán Prada quedó en una instancia mayor a la del expresidente Uribe.
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En el cuarto lugar de este listado figura el representante de la U José Caicedo. Este abandonó su curul apenas unas semanas atrás, el 22 de julio. La razón de su salida fue la decisión de la Corte de dictarle medida de aseguramiento preventivo por supuestas irregularidades en la contratación de la empresa de acueducto de Zipaquirá cuando este fue alcalde de dicho municipio.
A este sí le funcionó la estrategia de renunciar, pues a los pocos días su caso pasó a las manos de la Fiscalía. La Sala de Instrucción determinó que por la renuncia de Caicedo y la pérdida del fuero del político, ya no tenía la competencia para seguir con la investigación y remitió el caso.
El último en esta lista es el senador Richard Aguilar. Este es investigado por la Corte Suprema debido a una presunta red de corrupción mientras era gobernador de Santander. Aguilar fue detenido el pasado martes 27 de julio y al día siguiente renunció a su curul, bajo el argumento de que necesitaba concentrarse en su defensa.
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Hasta el momento, la Corte Suprema no se ha manifestado sobre la competencia en su caso y no está claro cuál será la decisión. Aunque los hechos por los que es investigado ocurrieron cuando era gobernador de Santander, entre 2012 y 2015, no hay claridad de si el alto tribunal podría tener elementos que hagan que el proceso no salga de su esfera.
Aunque apenas son cinco nombres, la lista de congresistas con problemas en la Corte Suprema que pueden abandonar su curul podría aumentar de aquí al 20 de julio de 2022. Hace unos días, el alto tribunal anunció el llamado a indagatoria de Edwin Ballesteros, representante del Centro Democrático que también habría estado vinculado al supuesto entramado de corrupción de la administración Aguilar. Algunos sectores esperan que este tome un camino similar al de su anterior jefe, Richard Aguilar, y al de la cabeza de su partido, Álvaro Uribe. También el alto tribunal ha sido noticia en los últimos meses por un caso de posible enriquecimiento ilícito en contra de Armando Benedetti.
Una práctica que no es nueva
Aunque pareciera que Álvaro Uribe marcó la pauta para los congresistas con problemas ante la Corte Suprema, lo cierto es que esta práctica es de más larga data. Los casos más emblemáticos fueron los de la parapolítica. En pleno auge de este macro caso, que descubrió las relaciones de un sector político con el paramilitarismo, más de 80 congresistas, buena parte cercanos a gobierno Uribe, pasaron a estar en la mira del alto tribunal.
Bajo la misma bandera de la falta de garantías que algunos han esgrimido en la autoridad, varios de los entonces legisladores, casi una treintena, prefirieron dejar sus cargos con la intención de que sus casos pasaran a la Fiscalía, una instancia que en ese momento parecía más favorable ante el continuo choque de trenes entre los altos tribunales y el Ejecutivo.
Entre los que incurrieron en está práctica figuran Mario Uribe -primo del entonces presidente Álvaro Uribe-, Julio Manzur, Alfonso Riaño, Álvaro Araújo Castro, Luis Humberto Builes, entre otros. Ante la desbandada de congresistas que buscaban escoger su juez, la Corte profirió una decisión a finales de 2009 que señalaba que mantendría la competencia si los delitos eran cometidos durante su ejercicio como congresista o estaba relacionados a este.