“Respetamos las decisiones de cada país”: Gobierno sobre visas gringas
La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo que la determinación de Estados Unidos de retirar las visas a magistrados y congresistas para ingresar a ese país es una decisión soberana pero que espera que sea tomada con criterio y buenos argumentos.
-Redacción Política
El Gobierno nacional, a través de su vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, se refirió a la polémica suscitada por cuenta de la decisión del gobierno de Estados Unidos de retirar las visas a algunos magistrados de las altas cortes sin razón aparente. La alta funcionaria dijo, en diálogo con Caracol Radio, que aunque el Ejecutivo respeta tales determinaciones, sí espera que las mismas sean tomadas con objetividad y argumentos.
“Nosotros respetamos las decisiones de cada país siempre que se tomen con criterios objetivos y transparentes”, dijo la vicepresidenta, al tiempo que advirtió que el Ejecutivo también es respetuoso de las decisiones que tomen las altas cortes. Lo anterior, dado el manto de duda que se tendió alrededor de la decisión del gobierno norteamericano calificada como una presunta presión a los magistrados.
(Lea: Magistrados a-visados: ¿Presión de Estados Unidos o cuestión de soberanía?)
“Nosotros por la justicia tenemos gran respeto y todas las decisiones que se tomen en derecho se deben respetar”, apuntó Ramírez. Dichas declaraciones se dan en alusión a la expectativa que tiene el país frente a la decisión que tomará la Corte Constitucional sobre el futuro de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz y que contaron, como se sabe, con el respaldo de Estados Unidos.
Por eso, ad portas de que el alto tribunal se pronuncie al respecto, generó debate nacional la noticia de que la embajada norteamericana había notificado a los magistrados Diana Fajardo y Antonio José Lizarazo que había hecho “cambios” a las condiciones de su visa (en el caso de Fajardo); y a Lizarazo le comunicaron que ya no contaba con el permiso para ingresar a EE.UU.
(Lea: Le quitan la visa al presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, Eyder Patiño)
El otro togado, Éyder Patiño, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, también recibió la misma noticia en un correo electrónico, informándole que ya no tenía visa. Lo anterior, también fue leído por algunos sectores como una especie de retaliación contra la Corte dado que fue Patiño quien negó la solicitud de extradición del indígena José Martín Yama, pedido por Estados Unidos por el delito de narcotráfico.
(Le puede interesar: Objeciones a la JEP: las presiones se trasladaron a la Corte Constitucional)
A eso, se suma el caso del representante del partido de la U, John Jairo Cárdenas, a quien también le retiraron su visado tan pronto se estaba surtiendo el debate de los reparos a la JEP en el Capitolio Nacional. Él mismo dijo a El Espectador que no dudaba de que la decisión buscaba ejercer presión a los miembros del Capitolio para que acompañaran las objeciones en el Senado y la Cámara de Representantes.
El Gobierno nacional, a través de su vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, se refirió a la polémica suscitada por cuenta de la decisión del gobierno de Estados Unidos de retirar las visas a algunos magistrados de las altas cortes sin razón aparente. La alta funcionaria dijo, en diálogo con Caracol Radio, que aunque el Ejecutivo respeta tales determinaciones, sí espera que las mismas sean tomadas con objetividad y argumentos.
“Nosotros respetamos las decisiones de cada país siempre que se tomen con criterios objetivos y transparentes”, dijo la vicepresidenta, al tiempo que advirtió que el Ejecutivo también es respetuoso de las decisiones que tomen las altas cortes. Lo anterior, dado el manto de duda que se tendió alrededor de la decisión del gobierno norteamericano calificada como una presunta presión a los magistrados.
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“Nosotros por la justicia tenemos gran respeto y todas las decisiones que se tomen en derecho se deben respetar”, apuntó Ramírez. Dichas declaraciones se dan en alusión a la expectativa que tiene el país frente a la decisión que tomará la Corte Constitucional sobre el futuro de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz y que contaron, como se sabe, con el respaldo de Estados Unidos.
Por eso, ad portas de que el alto tribunal se pronuncie al respecto, generó debate nacional la noticia de que la embajada norteamericana había notificado a los magistrados Diana Fajardo y Antonio José Lizarazo que había hecho “cambios” a las condiciones de su visa (en el caso de Fajardo); y a Lizarazo le comunicaron que ya no contaba con el permiso para ingresar a EE.UU.
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El otro togado, Éyder Patiño, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, también recibió la misma noticia en un correo electrónico, informándole que ya no tenía visa. Lo anterior, también fue leído por algunos sectores como una especie de retaliación contra la Corte dado que fue Patiño quien negó la solicitud de extradición del indígena José Martín Yama, pedido por Estados Unidos por el delito de narcotráfico.
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A eso, se suma el caso del representante del partido de la U, John Jairo Cárdenas, a quien también le retiraron su visado tan pronto se estaba surtiendo el debate de los reparos a la JEP en el Capitolio Nacional. Él mismo dijo a El Espectador que no dudaba de que la decisión buscaba ejercer presión a los miembros del Capitolio para que acompañaran las objeciones en el Senado y la Cámara de Representantes.