Retiran a Andrés Mayorquín, asesor presidencial, tras escándalo por contratos

Desde enero de 2020 hasta hoy, Vaquiro firmó 24 contratos con 17 entidades distintas por un valor de $1.245 millones.

Foto: El Espectador

Desde la Casa de Nariño salieron al paso a las denuncias sobre posibles irregularidades en contratación por parte de Andrés Mauricio Mayorquín, quien hasta este martes fue asesor de María Paula Correa, jefa de Gabinete de la Presidencia. Fue el propio Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), quien confirmó que Mayorquín dejó de desempeñarse como asesor presidencial y, además, que desde el pasado 12 de noviembre se inició una investigación contra el exfuncionario por parte de la Oficina de Control Disciplinario de Presidencia.

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El escándalo nació tras una investigación de Blu Radio, en la que se dio a conocer una lista de millonarios contratos con 17 entidades estatales, que obtuvo la esposa de Mayorquín, Karen Liseth Vaquiro, desde que él empezó a trabajar como asesor presidencial, en octubre de 2019. De acuerdo con revelación, en enero de 2020, tres meses después de que Mayorquín aterrizó en la Casa de Nariño, Vaquiro obtuvo un contrato por $88 millones con el Departamento para la Prosperidad Social (DPS).

Una de las dudas sobre ese y los demás contratos suscritos fue que la única experiencia laboral que tenía Vaquiro antes de que Mayorquín empezara a laborar como asesor presidencial fue 20 meses de trabajo en el Banco de Bogotá, como gerente de oficina, y otros siete meses en Link Consultores SAS, empresa fundada por la pareja.

Otro aspecto que genera desconfianza sobre los contratos de Vaquiro, que suman $1.245 millones, es que muchos de estos tenían como objetivo la custodia de los intereses legislativos de varias entidades, pues vale resaltar que Mayorquín llegó a su cargo como asesor debido a un trabajo previo en el Congreso en el que se consolidó como un amplio conocedor de las movidas en el Legislativo.

A pesar de no tener amplia experiencia y de los posibles conflictos de intereses, desde enero de 2020 hasta hoy Vaquiro firmó 24 contratos con 17 entidades distintas como la Presidencia de la República, la Alcaldía de Bogotá, los ministerios de Cultura, Justicia y Deporte, la Presidencia del Senado, la Agencia de Desarrollo Rural, el Icetex, la Aeronáutica Civil, entre otras. Contratos de los que, según Presidencia, no tenían conocimiento ni la jefa de Gabinete ni los funcionarios de Presidencia.

“No tenía conocimiento sobre ninguno de ellos y en ningún momento me pidió interceder ante ninguna entidad para contrato alguno”, escribió María Paula Correa tras explicar cómo llegó Mayorquín a ser uno de sus asesores. Según la jefa del gabinete presidencial, la labor del exfuncionario se basaba en hacer seguimiento a los Proyectos de Ley presentados por el Gobierno y en generar relaciones entre Presidencia y las otras entidades del Gobierno en lo referente a temas en el Congreso. “Durante su tiempo como asesor de la jefatura de gabinete cumplió sus funciones con responsabilidad”, puntualizó la jefa de gabinete.

Correa también manifestó su rechazo a dicha conducta y dijo que confía en la buena fe de quienes trabajan en su equipo. “Cero tolerancia con quien utilice su cago para favorecerse. El señor Andrés Mayorquín y su cónyugue deberán dar todas las explicaciones sobre los contratos que se encontraban en cabeza de ella”, concluyó la funcionaria.

Por su parte, el director del DAPRE aseguró que “en el mes de noviembre se inició una investigación por parte de Control Interno, evaluando si existió alguna conducta anómala, conflicto de interés o violación de cualquiera las inhabilidades que se tienen, dado que era un funcionario de la Presidencia y su esposa, contratista”. Asimismo, Muñoz dio a conocer que desde ese momento se finalizó, de mutuo acuerdo, el contrato de prestación de servicios que existía en ese momento con Vaquiro.

Y respecto a las revelaciones sobre los otros contratos, Muñoz afirmó que “le corresponderá a Mayorquín y a Vaquiro las explicaciones a los entes de control si existió tráfico influencias o si existe o participación alguna parte del funcionario en la consecución de estos contratos”.

Y aunque no confirmó si los contratos de Vaquiro con las demás entidades siguen vigentes, el funcionario señaló que al ser contratos de prestación de servicios debieron haber terminado en diciembre del año 2021. “En ese momento ningún contrato de esos debe estar vigente y el contrato que se procedió a finalizar cuando se recibieron las denuncias en el mes de noviembre del año pasado correspondió al contrato con Presidencia de la República.