Retiro de condecoraciones a Arias Cabrales generó choque entre Gobierno y oposición
El presidente Gustavo Petro aseguró que no es cierto que la decisión sea una “venganza” y explicó que un decreto de 2015 autoriza el retiro de todos los honores y condecoraciones de los militares condenados por delitos dolosos.
Luego de que el Gobierno ordenara retirar las condecoraciones del general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, condenado a 35 años de prisión por los hechos que rodearon la desaparición de cinco personas durante la retoma del Palacio de Justicia, políticos de la oposición cuestionaron la decisión y se fueron contra el presidente Gustavo Petro.
Algunos aseguraron que el mandatario y su gobierno están “impedidos moralmente” por el pasado de Petro en el M-19, grupo guerrillero que se tomó el Palacio de Justicia, 6 de noviembre de 1985. “Este gobierno abusivo le retira las condecoraciones al General Cabrales quien lideró la retoma del Palacio de Justicia y al mismo tiempo hacen homenajes al M-19 y conmemoran el robo de la espada de Bolívar. Las cosas al derecho: el M-19 fue el grupo terrorista que se tomó el Palacio de Justicia entre muchos otros crímenes que cometieron”, dijo la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático.
Su compañera, la senadora María Fernanda Cabal, incluso aseguró que se trata de una medida del “gobierno de la venganza”. El propio Petro salió al paso de las críticas y negó que la decisión en contra del general en retiro esté relacionado con motivos personales. Según explicó, la medida aplica en todos los casos de militares condenados.
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“Esto que dice la senadora y repite la prensa de oposición sin siquiera indagar o leer el decreto de retiro de las condecoraciones al general Arias, no es cierto. Las condecoraciones se retiran a todo militar que sea condenado, como lo ordena un decreto del año 2015″, aseguró Petro.
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El mandatario compartió la imagen de la norma (Decreto 1070 de 2015), la cual señala que los militares en servicio activo o en retiro pierden el derecho al uso de las condecoraciones si son condenados por delitos dolosos, por la Justicia Penal Militar o la ordinaria; así como por haber sido separados de las fuerzas militares por conductas indebidas.
A la polémica se sumaron congresistas del Pacto Histórico, quienes respaldaron la decisión del Gobierno. Una de ellas fue la senadora María José Pizarro, quien aseguró que “Arias Cabrales fue condenado a 35 años de cárcel por su responsabilidad en la desaparición forzada de cinco personas que salieron vivas del Palacio de Justicia durante la retoma. En 2023 la JEP lo expulsó por no haber contribuido a la verdad”.
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Por ahora, lo que queda claro es que es que Arias cabrales queda despojado de la Medalla por Servicios Distinguidos en Orden Público, que obtuvo en 1985; la Orden al Mérito Militar Antonio Nariño, en grado de Gran Cruz, que recibió en 1986; la Orden al Mérito Naval Almirante Padilla, en grado de Gran Oficial que le fue entregada en 1989; y la Cruz de la Fuerza Aérea al Mérito Aeronáutico en grado de Gran Oficial recibida en 1989.
La decisión se conoce pocos días después que Helena Urán, hija del asesinado magistrado auxiliar Carlos Urán, le pidiera al ministro Iván Velásquez retirarle la medalla Servicios Distinguidos al condenado general, la cual le habían entregado por “una acción distinguida de valor”, tras la retoma al Palacio de Justicia.
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Luego de que el Gobierno ordenara retirar las condecoraciones del general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, condenado a 35 años de prisión por los hechos que rodearon la desaparición de cinco personas durante la retoma del Palacio de Justicia, políticos de la oposición cuestionaron la decisión y se fueron contra el presidente Gustavo Petro.
Algunos aseguraron que el mandatario y su gobierno están “impedidos moralmente” por el pasado de Petro en el M-19, grupo guerrillero que se tomó el Palacio de Justicia, 6 de noviembre de 1985. “Este gobierno abusivo le retira las condecoraciones al General Cabrales quien lideró la retoma del Palacio de Justicia y al mismo tiempo hacen homenajes al M-19 y conmemoran el robo de la espada de Bolívar. Las cosas al derecho: el M-19 fue el grupo terrorista que se tomó el Palacio de Justicia entre muchos otros crímenes que cometieron”, dijo la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático.
Su compañera, la senadora María Fernanda Cabal, incluso aseguró que se trata de una medida del “gobierno de la venganza”. El propio Petro salió al paso de las críticas y negó que la decisión en contra del general en retiro esté relacionado con motivos personales. Según explicó, la medida aplica en todos los casos de militares condenados.
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“Esto que dice la senadora y repite la prensa de oposición sin siquiera indagar o leer el decreto de retiro de las condecoraciones al general Arias, no es cierto. Las condecoraciones se retiran a todo militar que sea condenado, como lo ordena un decreto del año 2015″, aseguró Petro.
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El mandatario compartió la imagen de la norma (Decreto 1070 de 2015), la cual señala que los militares en servicio activo o en retiro pierden el derecho al uso de las condecoraciones si son condenados por delitos dolosos, por la Justicia Penal Militar o la ordinaria; así como por haber sido separados de las fuerzas militares por conductas indebidas.
A la polémica se sumaron congresistas del Pacto Histórico, quienes respaldaron la decisión del Gobierno. Una de ellas fue la senadora María José Pizarro, quien aseguró que “Arias Cabrales fue condenado a 35 años de cárcel por su responsabilidad en la desaparición forzada de cinco personas que salieron vivas del Palacio de Justicia durante la retoma. En 2023 la JEP lo expulsó por no haber contribuido a la verdad”.
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Por ahora, lo que queda claro es que es que Arias cabrales queda despojado de la Medalla por Servicios Distinguidos en Orden Público, que obtuvo en 1985; la Orden al Mérito Militar Antonio Nariño, en grado de Gran Cruz, que recibió en 1986; la Orden al Mérito Naval Almirante Padilla, en grado de Gran Oficial que le fue entregada en 1989; y la Cruz de la Fuerza Aérea al Mérito Aeronáutico en grado de Gran Oficial recibida en 1989.
La decisión se conoce pocos días después que Helena Urán, hija del asesinado magistrado auxiliar Carlos Urán, le pidiera al ministro Iván Velásquez retirarle la medalla Servicios Distinguidos al condenado general, la cual le habían entregado por “una acción distinguida de valor”, tras la retoma al Palacio de Justicia.
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