(Análisis) Retos y dilemas del uso del Esmad en la protesta en Colombia

Las irregularidades

El Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) es la especialidad de la Policía encargada de controlar los disturbios, las multitudes, los bloqueos y los desalojos.

Esta agrupación debe respetar los derechos humanos y para eso tiene protocolos muy precisos. Pero las acciones recientes de sus miembros mostraron una brecha inmensa entre las normas y los hechos.

Verdad que en muchos casos se cumplieron los protocolos y se manejaron las protestas bajo los marcos legales. Pero sus actuaciones son distintas en regiones o en momentos, y ha sido obvia su crudeza en hechos focalizados en el Valle del Cauca, Cauca y Bogotá.

Al revisar el Manual para el Servicio de Policía en la Atención, Manejo y Control de Multitudes, la resolución 02903 de 2017 y el decreto 03 de 2021, se concluye que durante el paro nacional el Esmad incumplió con las normas establecidas para su funcionamiento.

1. El Esmad debe ser el último recurso para manejar las manifestaciones sociales. Primero debe darse un proceso de mediación con presencia de las autoridades civiles. Esto no sucedió durante el paro; hay registros que muestran el despliegue de ESTE grupo desde un primer momento en las protestas.

2. El Esmad y la Policía Nacional hicieron muestra de un sentimiento o un prejuicio marcado contra quienes se manifiestan públicamente. Esto sucede por creer que los manifestantes son vándalos, por la presunta infiltración de los grupos armados organizados que aún no se comprueba en todos los casos, y por las mismas ideas de la institución.

3. Según los protocolos, el uso de la fuerza debe ser justificado, necesario y proporcional. No obstante, suelen presentarse actos indiscriminados donde estas condiciones no se cumplen. El dispositivo Venom es un buen ejemplo del uso innecesario de un instrumento del Esmad. Esta arma se utilizó muchas veces sin antes agotar las alternativas que pueden lograr los mismos resultados, pero con costos menores.

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4. Una vez dispersadas las manifestaciones, el Esmad persigue a los manifestantes, usando instrumentos menos letales en zonas no permitidas. Ciertos agentes químicos fueron lanzados en sitios con bajas corrientes de aire, cercanos a escuelas, hospitales, iglesias y en zonas residenciales en claro incumplimiento de las normas establecidas.

5. También hay evidencia de que los instrumentos menos letales se usan de manera indebida: por ejemplo, irrespetando los ángulos de disparo y las distancias. Los disparos deberían hacerse de forma parabólica, rasante o rastrera, dependiendo de la distancia de los manifestantes. Pero hubo disparos horizontales que provocaron lesiones y pérdida de vidas en las protestas. El respeto de la distancia tampoco fue el adecuado, aumentando las afectaciones y la letalidad de las intervenciones.

6. No siempre se hace una demostración de la fuerza como primer paso para disuadir, sino que hay manifestaciones que el ESMAD llega a romper sin ningún señalamiento previo.

7. Aunque el derecho a la protesta es fundamental, en Colombia no suele ser una prioridad, e incluso se afirma que prima el derecho a la libre circulación sobre el derecho de la manifestación, sin importar los señalamientos internacionales respecto de lo segundo.

A los puntos anteriores se suman las afirmaciones de la Corte Suprema de Justicia y de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el año 2020 sobre la necesidad de revisar la formación, los protocolos y el armamento del Esmad; en particular la relación entre los derechos humanos y los valores de la institución.

Desde distintas perspectivas pueden identificarse varias alternativas para el cumplimiento de los protocolos, evitando los excesos de la fuerza y deteniendo las violaciones de los derechos humanos por parte del Esmad.

Propuestas de la ciudadanía y de la academia

La ciudadanía insiste en pedir una reforma de la Policía Nacional y el desmonte del ESMAD. En múltiples escenarios los colombianos mostraron temor y furia porque ese cuerpo policial viola los derechos humanos, es precursor de crímenes de Estado, autor de violencia de género y hostigador del movimiento social, justamente por no cumplir los protocolos.

En los foros de participación ciudadana del 2013 al 2015, varios voceros presentaron propuestas sobre reformas y ajustes a las instituciones que consideraban necesarios para la construcción de la paz. Dichas propuestas se orientaban hacia

-la desmilitarización de la Policía,

-la evaluación del papel del ESMAD y su desmantelamiento,

-la mejoría del proceso de selección y formación de sus miembros,

-el no a las políticas de represión de la protesta,

-la protección de los derechos fundamentales y

-la separación del cuerpo policial del Ministerio de Defensa.

Recientemente fueron claras las quejas de la ciudadanía bajo los hashtag #ESMAD y #PARONACIONAL. Pero también fue evidente que algunos ciudadanos apoyaban la labor del Esmad y resaltaban la importancia de controlar los disturbios, las multitudes y los bloqueos, puesto que algunos de estos sucesos afectaron la vida de los policías.

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Pero aunque el terrorismo y la delincuencia deben evitarse, esto tiene que hacerse dentro de los límites de la legalidad, siguiendo los protocolos y protegiendo la vida de los manifestantes.

Ante esta situación, la comunidad que protesta contra el gobierno y sus políticas solicita garantías para ejercer su derecho a la protesta y el cese inmediato de la violencia. Por eso apoyan la idea de desmantelar el Esmad y reformar la Policía.

La academia se solidarizó con los manifestantes, presentó su apoyo a la protesta pacífica y repudió todos los actos violentos. Preocupadas por la situación, las universidades crearon espacios para diseñar propuestas que contribuyan al diálogo nacional; el tema central: “Estado de Derecho, protesta social y fuerza pública”.

Algunas propuestas de la academia a corto plazo son: la reforma interna de la policía para instar al respeto de los derechos humanos y la protesta pacífica, la articulación de la Policía y los gestores de convivencia en las alcaldías, el cambio en los procesos de formación de los policías y el fortalecimiento de las relaciones cívico-policiales.

A mediano plazo se propone revisar y transformar el Esmad, basándose en mejoras a los procesos formativos. Igualmente habría que desarrollar un “estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado, y de protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”, y adelantar estudios sobre la ejecución de los protocolos del Esmad.

Qué opinan los políticos

Es razonable que quienes hacen parte del partido de gobierno defiendan al Ministerio de Defensa y a la Policía, denuncien los hechos violentos contra la fuerza y manifiesten su apoyo a esa institución.

Quienes están en el “centro” repudian las muertes y heridos que dejan los enfrentamientos, pero también manifiestan su solidaridad y llaman a mejorar y a cumplir con los protocolos del cuerpo, ya que reconocen su papel fundamental para mantener la seguridad ciudadana y la convivencia.

Finalmente, la oposición promueve la organización de las protestas, denuncia las violaciones de los derechos humanos por parte del Esmad y presiona al gobierno para que en el marco de la negociación con la mesa del paro reconozca y se responsabilice por estos sucesos.

Ahora bien, hay que reconocer que el Congreso es un escenario importante. Allí ocurren los debates de control político al gobierno, especialmente al Ministerio de Defensa, por el uso desbordado de la fuerza y el incumplimiento de protocolos del ESMAD. Igualmente se discuten proyectos de ley y se proponen alternativas como

-desmontar el Esmad,

-exhortar al diálogo y la conciliación como mecanismo preventivo antes de usar las armas para controlar los disturbios,

-acelerar la investigación disciplinaria, los fallos condenatorios y las sanciones contundentes a los miembros del ESMAD responsables de las violaciones a los derechos humanos,

-mejorar la capacitación y formación del Esmad en derechos humanos,

-eliminar el Fuero Penal Militar para la policía.

El gobierno nacional y los gobiernos locales

El gobierno nacional respalda las acciones de la fuerza pública, particularmente del Esmad. Hasta la fecha no se conoce un pronunciamiento por parte del presidente, ni de su ministro de defensa, donde rechace las acciones de esta fuerza que han sido documentadas por la prensa (incluida la internacional).

En la política los silencios son tan importantes como las acciones. En este caso la respuesta del gobierno nacional legitima las acciones represivas de la fuerza policial durante el paro contra la sociedad civil y la prensa en clara violación de sus protocolos.

Estos hechos contravienen el protocolo aprobado para la protesta en enero de 2021, según el cual debe darse prioridad a una respuesta dialógica y avisar que se usará la fuerza.

Por otra parte, desde las movilizaciones de 2019 es claro que los gobiernos locales no saben qué hacer. Como señala la Fundación Ideas para la Paz, hay un problema de “bicefalia institucional”.

Aunque los alcaldes son la primera autoridad de la Policía en las ciudades, por línea de mando la institución se identifica más con el gobierno nacional. Esto se hizo evidente en el caso de Dylan Cruz y durante el mes de paro nacional. El margen de maniobra de los alcaldes es limitado y ellos, sorprendentemente, no se manifiestan de forma clara sobre los límites de sus actuaciones.

Los órganos de control

La Procuraduría y la Defensoría deberían tener un papel activo en las investigaciones y el seguimiento de los protocolos que usa el Esmad. Pero la cooptación política de los funcionarios que dirigen esas entidades no les permite avanzar en el control disciplinario ni en la defensa de los derechos humanos. Se limitan a velar por el cumplimiento de las normas en el plano local.

*Politólogo, magíster en Ciencia Política, especialista en Evaluación l de Proyectos y miembro del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa de la Universidad Nacional (GISDE).

**Politólogo, estudiante de maestría en Estudios Políticos y miembro del GISDE.

***Magíster en estudios de paz y resolución de conflictos, especialista en resolución de conflictos, miembro del GISDE y del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional.

Esta publicación es posible gracias a una alianza entre El Espectador y Razón Pública. Consulte otros contenidos de ese portal aquí.

Las irregularidades

El Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) es la especialidad de la Policía encargada de controlar los disturbios, las multitudes, los bloqueos y los desalojos.

Esta agrupación debe respetar los derechos humanos y para eso tiene protocolos muy precisos. Pero las acciones recientes de sus miembros mostraron una brecha inmensa entre las normas y los hechos.

Verdad que en muchos casos se cumplieron los protocolos y se manejaron las protestas bajo los marcos legales. Pero sus actuaciones son distintas en regiones o en momentos, y ha sido obvia su crudeza en hechos focalizados en el Valle del Cauca, Cauca y Bogotá.

Al revisar el Manual para el Servicio de Policía en la Atención, Manejo y Control de Multitudes, la resolución 02903 de 2017 y el decreto 03 de 2021, se concluye que durante el paro nacional el Esmad incumplió con las normas establecidas para su funcionamiento.

1. El Esmad debe ser el último recurso para manejar las manifestaciones sociales. Primero debe darse un proceso de mediación con presencia de las autoridades civiles. Esto no sucedió durante el paro; hay registros que muestran el despliegue de ESTE grupo desde un primer momento en las protestas.

2. El Esmad y la Policía Nacional hicieron muestra de un sentimiento o un prejuicio marcado contra quienes se manifiestan públicamente. Esto sucede por creer que los manifestantes son vándalos, por la presunta infiltración de los grupos armados organizados que aún no se comprueba en todos los casos, y por las mismas ideas de la institución.

3. Según los protocolos, el uso de la fuerza debe ser justificado, necesario y proporcional. No obstante, suelen presentarse actos indiscriminados donde estas condiciones no se cumplen. El dispositivo Venom es un buen ejemplo del uso innecesario de un instrumento del Esmad. Esta arma se utilizó muchas veces sin antes agotar las alternativas que pueden lograr los mismos resultados, pero con costos menores.

Le puede interesar: Abuso policial no muestra “tendencia de carácter sistemático”: presidente Duque

4. Una vez dispersadas las manifestaciones, el Esmad persigue a los manifestantes, usando instrumentos menos letales en zonas no permitidas. Ciertos agentes químicos fueron lanzados en sitios con bajas corrientes de aire, cercanos a escuelas, hospitales, iglesias y en zonas residenciales en claro incumplimiento de las normas establecidas.

5. También hay evidencia de que los instrumentos menos letales se usan de manera indebida: por ejemplo, irrespetando los ángulos de disparo y las distancias. Los disparos deberían hacerse de forma parabólica, rasante o rastrera, dependiendo de la distancia de los manifestantes. Pero hubo disparos horizontales que provocaron lesiones y pérdida de vidas en las protestas. El respeto de la distancia tampoco fue el adecuado, aumentando las afectaciones y la letalidad de las intervenciones.

6. No siempre se hace una demostración de la fuerza como primer paso para disuadir, sino que hay manifestaciones que el ESMAD llega a romper sin ningún señalamiento previo.

7. Aunque el derecho a la protesta es fundamental, en Colombia no suele ser una prioridad, e incluso se afirma que prima el derecho a la libre circulación sobre el derecho de la manifestación, sin importar los señalamientos internacionales respecto de lo segundo.

A los puntos anteriores se suman las afirmaciones de la Corte Suprema de Justicia y de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el año 2020 sobre la necesidad de revisar la formación, los protocolos y el armamento del Esmad; en particular la relación entre los derechos humanos y los valores de la institución.

Desde distintas perspectivas pueden identificarse varias alternativas para el cumplimiento de los protocolos, evitando los excesos de la fuerza y deteniendo las violaciones de los derechos humanos por parte del Esmad.

Propuestas de la ciudadanía y de la academia

La ciudadanía insiste en pedir una reforma de la Policía Nacional y el desmonte del ESMAD. En múltiples escenarios los colombianos mostraron temor y furia porque ese cuerpo policial viola los derechos humanos, es precursor de crímenes de Estado, autor de violencia de género y hostigador del movimiento social, justamente por no cumplir los protocolos.

En los foros de participación ciudadana del 2013 al 2015, varios voceros presentaron propuestas sobre reformas y ajustes a las instituciones que consideraban necesarios para la construcción de la paz. Dichas propuestas se orientaban hacia

-la desmilitarización de la Policía,

-la evaluación del papel del ESMAD y su desmantelamiento,

-la mejoría del proceso de selección y formación de sus miembros,

-el no a las políticas de represión de la protesta,

-la protección de los derechos fundamentales y

-la separación del cuerpo policial del Ministerio de Defensa.

Recientemente fueron claras las quejas de la ciudadanía bajo los hashtag #ESMAD y #PARONACIONAL. Pero también fue evidente que algunos ciudadanos apoyaban la labor del Esmad y resaltaban la importancia de controlar los disturbios, las multitudes y los bloqueos, puesto que algunos de estos sucesos afectaron la vida de los policías.

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Pero aunque el terrorismo y la delincuencia deben evitarse, esto tiene que hacerse dentro de los límites de la legalidad, siguiendo los protocolos y protegiendo la vida de los manifestantes.

Ante esta situación, la comunidad que protesta contra el gobierno y sus políticas solicita garantías para ejercer su derecho a la protesta y el cese inmediato de la violencia. Por eso apoyan la idea de desmantelar el Esmad y reformar la Policía.

La academia se solidarizó con los manifestantes, presentó su apoyo a la protesta pacífica y repudió todos los actos violentos. Preocupadas por la situación, las universidades crearon espacios para diseñar propuestas que contribuyan al diálogo nacional; el tema central: “Estado de Derecho, protesta social y fuerza pública”.

Algunas propuestas de la academia a corto plazo son: la reforma interna de la policía para instar al respeto de los derechos humanos y la protesta pacífica, la articulación de la Policía y los gestores de convivencia en las alcaldías, el cambio en los procesos de formación de los policías y el fortalecimiento de las relaciones cívico-policiales.

A mediano plazo se propone revisar y transformar el Esmad, basándose en mejoras a los procesos formativos. Igualmente habría que desarrollar un “estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado, y de protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”, y adelantar estudios sobre la ejecución de los protocolos del Esmad.

Qué opinan los políticos

Es razonable que quienes hacen parte del partido de gobierno defiendan al Ministerio de Defensa y a la Policía, denuncien los hechos violentos contra la fuerza y manifiesten su apoyo a esa institución.

Quienes están en el “centro” repudian las muertes y heridos que dejan los enfrentamientos, pero también manifiestan su solidaridad y llaman a mejorar y a cumplir con los protocolos del cuerpo, ya que reconocen su papel fundamental para mantener la seguridad ciudadana y la convivencia.

Finalmente, la oposición promueve la organización de las protestas, denuncia las violaciones de los derechos humanos por parte del Esmad y presiona al gobierno para que en el marco de la negociación con la mesa del paro reconozca y se responsabilice por estos sucesos.

Ahora bien, hay que reconocer que el Congreso es un escenario importante. Allí ocurren los debates de control político al gobierno, especialmente al Ministerio de Defensa, por el uso desbordado de la fuerza y el incumplimiento de protocolos del ESMAD. Igualmente se discuten proyectos de ley y se proponen alternativas como

-desmontar el Esmad,

-exhortar al diálogo y la conciliación como mecanismo preventivo antes de usar las armas para controlar los disturbios,

-acelerar la investigación disciplinaria, los fallos condenatorios y las sanciones contundentes a los miembros del ESMAD responsables de las violaciones a los derechos humanos,

-mejorar la capacitación y formación del Esmad en derechos humanos,

-eliminar el Fuero Penal Militar para la policía.

El gobierno nacional y los gobiernos locales

El gobierno nacional respalda las acciones de la fuerza pública, particularmente del Esmad. Hasta la fecha no se conoce un pronunciamiento por parte del presidente, ni de su ministro de defensa, donde rechace las acciones de esta fuerza que han sido documentadas por la prensa (incluida la internacional).

En la política los silencios son tan importantes como las acciones. En este caso la respuesta del gobierno nacional legitima las acciones represivas de la fuerza policial durante el paro contra la sociedad civil y la prensa en clara violación de sus protocolos.

Estos hechos contravienen el protocolo aprobado para la protesta en enero de 2021, según el cual debe darse prioridad a una respuesta dialógica y avisar que se usará la fuerza.

Por otra parte, desde las movilizaciones de 2019 es claro que los gobiernos locales no saben qué hacer. Como señala la Fundación Ideas para la Paz, hay un problema de “bicefalia institucional”.

Aunque los alcaldes son la primera autoridad de la Policía en las ciudades, por línea de mando la institución se identifica más con el gobierno nacional. Esto se hizo evidente en el caso de Dylan Cruz y durante el mes de paro nacional. El margen de maniobra de los alcaldes es limitado y ellos, sorprendentemente, no se manifiestan de forma clara sobre los límites de sus actuaciones.

Los órganos de control

La Procuraduría y la Defensoría deberían tener un papel activo en las investigaciones y el seguimiento de los protocolos que usa el Esmad. Pero la cooptación política de los funcionarios que dirigen esas entidades no les permite avanzar en el control disciplinario ni en la defensa de los derechos humanos. Se limitan a velar por el cumplimiento de las normas en el plano local.

*Politólogo, magíster en Ciencia Política, especialista en Evaluación l de Proyectos y miembro del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa de la Universidad Nacional (GISDE).

**Politólogo, estudiante de maestría en Estudios Políticos y miembro del GISDE.

***Magíster en estudios de paz y resolución de conflictos, especialista en resolución de conflictos, miembro del GISDE y del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional.

Esta publicación es posible gracias a una alianza entre El Espectador y Razón Pública. Consulte otros contenidos de ese portal aquí.