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Al hablar con algunos de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, la mayoría concuerda en que el espíritu del cuerpo colegiado fue de cercanía y la primacía de buscar consensos frente a la posible imposición de las mayorías. Pero no todo fue así, pues hubo un tema de gran controversia, tanto en el cuerpo constituyente como en la opinión nacional, que incluso llevó a una crisis institucional de la Asamblea y la renuncia de uno de sus integrantes. Este choque, que ocurrió faltando solo un mes para la proclamación de la carta política, fue causado por la propuesta de revocar al Congreso de ese momento. El planteamiento, puesto sobre la mesa por la Alianza Democrática M-19 y el Movimiento de Salvación Nacional, llegó a poner en duda los avances que se habían logrado en la redacción de la nueva constitución.
Aunque la polémica ocurrió a finales de mayo, el tema de la revocatoria del Legislativo fue un fantasma que siempre estuvo rondando la Asamblea. Los grandes caciques electorales que dominaban el Capitolio no tuvieron mayor interés en el esfuerzo constituyente, sobre todo al considerar que este cuerpo no iba a tener mayores éxitos, como había ocurrido en anteriores intentos de reformar la Constitución de 1886. Por fortuna, gran parte de esa apatía fue la que garantizó que la mayoría de constituyentes estuvieran alejados de los vicios de la clase política imperante y tuvieran como enfoque fundamental, en palabras de ellos mismos, hacer “la mejor Constitución posible”.
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“Un ministro de Gobierno es un tipo al que tienen que estar todos los congresistas buscándolo, pidiendo cosas, que le echan hojas de vida en el bolsillo y en ese caso no ocurrió. La Constituyente fue un escenario limpio en el que no hubo ningún escenario oscuro. Todos estábamos dedicados a una nueva Constitución”, comentó el entonces ministro de Gobierno, Humberto de la Calle, a El Espectador, lo cual ejemplifica ese contraste que hubo entre las dinámicas políticas tradicionales y las que llegaron a la Asamblea. Las diferencias se hicieron notorias desde antes de la posesión oficial de la Constituyente y llevaron a que en foros y eventos académicos se hablara de la posibilidad de revocar al Congreso, que llevaba menos de un año de elegido.
La tesis de la revocatoria fue enarbolada por Antonio Navarro y Álvaro Gómez —que decían que la nueva criatura [la Constitución] no podía quedar “en manos de Herodes [el Congreso]”— y encontró su mejor apoyo en el descrédito y la mala reputación que tenía el Legislativo. En efecto, la rama había ido acumulando acusaciones de corrupción y politiquería, fundamentadas sobre todo en figuras como los auxilios parlamentarios —cuya erradicación fue una de las causas de varios de los constituyentes—. Tampoco se pueden dejar a un lado los crecientes señalamientos de las relaciones entre algunos congresistas con el narcotráfico, hecho cuyo culmen fue la llegada de Pablo Escobar como suplente a la Cámara. Además, las molestias también iban por el camino de que la imposibilidad de reformar la Constitución por vía legislativa fue lo que llevó a convocar la Asamblea.
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La idea de que la Constituyente cambiara al Legislativo también nació en un ideólogo español socialista, Jordi Sole Tura, que fue uno de los asesores de Antonio Navarro Wolf y de toda la Alianza Democrática M-19. Este, bajo la idea del régimen parlamentario que imperaba en España, había dicho que uno de los inamovibles que se debía tener en la Asamblea era el de la revocatoria. Esta tesis comenzó a abrirse paso a la par de las sesiones. No obstante, los viejos sectores políticos se oponían al planteamiento de varias formas: algunos argumentos pasaban por el campo jurídico y otros solo iban a destinados a poner en duda los intereses de Navarro y Gómez Hurtado por revocar el Congreso.
Frente a los primeros argumentos, se basaban en el decreto emitido en Estado de sitio, que sirvió para convocar a la Asamblea, que en un primer momento era constitucional y que por fallo de la Corte Suprema pasó a ser constituyente. En esta orden presidencial se dejaba claro que la labor del naciente cuerpo colegiado no podía alterar los períodos del primer mandatario ni de ningún servidor por elección popular. En cuanto a la segunda tesis, aseveraban que el interés de las dos cabezas de lista de la Alianza Democrática M-19 y del Movimiento de Salvación Nacional (Navarro y Gómez Hurtado, respectivamente) era garantizar que sus movimientos tuvieran representación en el Congreso, debido a que no habían participado en las elecciones de 1990.
La tesis de disolver el Legislativo se fundamentaba en varios frentes. Uno, que fue comentado desde el principio, era la necesidad de una renovación de la criticada clase política que dominaba el país. La segunda tesis apuntaba a que se estaba reformando el ordenamiento del país, por lo que se necesitaba que un nuevo Congreso reglamentara el nuevo texto en gestación. Esta postura cobró más fuerza cuando se cambió la composición del Senado para que fuera por circunscripción nacional. Era claro que la nueva arquitectura del Congreso iba a ser muy distinta a la que imperaba entonces, por lo que no se podía esperar cuatro años para introducir los cambios hechos.
Además, como el nuevo texto constitucional debía ser reglamentado por el Congreso, y muchos de sus ejes iban en contra del régimen político que había imperado en Colombia desde el Frente Nacional, se temía que la Cámara y el Senado —afines a ese orden tradicional— iniciaran una contrarreforma que echara abajo los cambios introducidos. Este punto fue tomando más adeptos a medida que el Legislativo mostraba su rechazo al trabajo que realizaba la Asamblea. Como registró la prensa del momento, reconocidos senadores como Alberto Santofimio —cuyos que luego se descubriría sus y la muerte de Luis Carlos Galán, advirtió que la revocatoria tendría una respuesta militar.
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Senado y Cámara también actuaron en conjunto para evitar su disolución. Se publicaron anuncios en prensa en los que aseveraban que la revocatoria era un golpe de Estado y hasta llegaron a convocar a sesiones extraordinarias, debido a que estaban en el largo receso que establecía la Constitución de 1886, para tratar el tema. Allí, el vicepresidente del Senado, Carlos Martínez, se fue lanza en ristre en contra de la cabeza de la Alianza Democrática M-19: “Este Congreso no lo puede disolver la mano indultada de Navarro”, dijo.
Dicha presión también la sintió el entonces presidente César Gaviria. Tal como De la Calle en su libro sobre las infidencias de la Asamblea Constituyente, a la casa de huéspedes presidencial en Cartagena llegó el senador liberal José Name Terán para hablar de la revocatoria. “Esto no te lo perdonará el partido, César”, comentó Terán, a lo que respondió el primer mandatario: “Creemos que no debe haber lugar a la revocatoria, por razones jurídicas. Pero no puede usted ignorar, José, que los caminos de la política marchan hacia allá. En vez de una posición ciega, el Partido debe prepararse para una negociación, la menos mala posible”.
El panorama no cambió en varios meses. Los partidos tradicionales rechazaban a toda costa la disolución del Legislativo, pues existía la amplia posibilidad de que perdieran terreno político, sobre todo los conservadores que habían cedido parte de su electorado al movimiento de Álvaro Gómez. Por el lado de los liberales, la negativa era porque tenían las mayorías en el Congreso y no pensaban perderlas. La Constituyente nombró una subcomisión para llegar a acuerdos. Sin embargo, a finales de mayo, esta fue puesta en entredicho debido a una reunión por aparte de Navarro y el expresidente Misael Pastrana, este último cabeza de lista de los conservadores, que fue interpretada como un intento para perjudicar a los liberales.
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Este fue uno de los momentos más difíciles que enfrentó la Asamblea, pues los liberales amenazaron con dejar la subcomisión y hasta con la renuncia de Horacio Serpa al triunvirato de presidentes, que había funcionado como uno de los puntos fuertes de la Constituyente. La presión fue acentuada por un discurso del expresidente Alfonso López Michelsen, en el que les advirtió que después del 5 de julio, fecha límite de la Asamblea, los constituyentes pasarían a estar bajo la lupa de la Corte Suprema. Las tensiones se bajaron cuando varios miembros de la AD M-19, el Movimiento de Salvación Nacional y otras listas propusieron que la revocatoria viniera acompañada de la inhabilitación de los constituyentes, actuales congresistas y miembros del Ejecutivo, para aspirar al próximo Congreso. Ello abrió la puerta de nuevo al diálogo.
Las negociaciones pasaron por diferentes posibilidades. Para no revocar al Congreso, algunos, como Jesús Pérez González, llegaron a proponer que la Asamblea se declarara poder legislativo para reglamentar la Constitución, mientras senadores y representantes estaban de receso. Otros, encabezados por Jaime Castro, proponían que varios constituyentes fueran añadidos al listado de congresistas. Pero ninguna de estas posibilidades satisfizo el bando que buscaba la revocatoria, que se terminó imponiendo. Entre las muchas tesis, el Ejecutivo medió para que se disolviera el Congreso, pero al mismo tiempo se declararan inhabilitados los constituyentes para aspirar en las elecciones siguientes del Legislativo.
Esta fórmula se consiguió con un hecho que para muchos fue una traición de Navarro a Gómez Hurtado. Ambos presidentes eran los máximos impulsores de la revocatoria y entraron en negociaciones con el Gobierno para que se diera. La posición inicial era un nuevo Congreso y la posibilidad de que los constituyentes pudieran ser elegidos. Sin embargo, según cuenta De la Calle, tras varias reuniones, Navarro llamó a Presidencia, sin consultar a Gómez Hurtado, para aceptar que fueran inhabilitados para aspirar al siguiente legislativo. Al darse a conocer la nueva posición, el líder de Salvación Nacional quedó sin margen de maniobra y se vio abocado a aceptar.
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Para los cercanos a Álvaro Gómez, la movida fue una puñalada por la espalda. No obstante, según Otty Patiño, miembro de la Alianza Democrática M-19, no existía otra forma, debido a que no se podía caer en las malas costumbres del manzanillismo político de legislar para sí mismos. Tras la decisión, el 8 de junio de 1990, el expresidente Misael Pastrana presentó su carta de renuncia a su escaño como constituyente al no estar de acuerdo con la revocatoria del Congreso. Luego vino una semana llena de controversias frente a quién reemplazaría al Congreso mientras tanto. Se habló de una comisión de 18 constituyentes que se pronunciaría a los decretos presidenciales para reglamentar la Constitución. No obstante, fue considerado como una opción contraria al espíritu de la nueva carta magna. Al final, se aprobó una comisión de 36 constituyentes que velarían la reglamentación por decretos, lo que se conoció como el “congresito”.
Aunque la revocatoria al Congreso fue uno de los puntos más álgidos y recurrentes durante los cinco meses de vigencia de la Constituyente, hoy poco se recuerda. Es más, 30 años después, es catalogada como uno de sus grandes errores. “Lo más triste de la revocatoria es que había razones mecánicas para justificarla porque cambió la composición del Congreso y ahora había circunscripción nacional. Pero las razones políticas fracasaron. No ganamos nada y el nuevo Congreso, después de esa oleada de cambio que trajo la Constituyente con esa idea de un nuevo país, repitió la historia y hasta peor. No satisfizo las expectativas y las viejas maquinarias, seguramente advertidas del cambio, coparon el escenario electoral”, concluyó Humberto de la Calle.