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Rodolfo Hernández presentó su renuncia al legislativo el pasado 11 de octubre: una carta en la que formalizó su intención de dejar la corporación, a la que llegó vía Estatuto de Oposición. Este martes 25 de octubre finalmente dejó su curul y se despidió del Senado.
“Cada día en la vida trae decisiones, hoy le digo adiós a este paso por el Senado”, dijo Hernández, quien ratificó que no se sentía “cómodo” en el Congreso y que su intención verdadera es poder participar en las elecciones regionales de próximo año.
Cada día en la vida trae decisiones, hoy le digo adiós a este paso por el Senado.
— Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) October 25, 2022
Le dejo a los colombianos un arma letal contra la corrupción, mi Proyecto de Ley “Reforma a Ley 80” Defiéndanlo con el alma. 🙏🏽🇨🇴
¡Mil gracias!
Si bien no es seguro para qué cargo presentará su nombre, si se sabe que posiblemente será a la Gobernación de Santander o hasta para repetir como alcalde de Bucaramanga.
Hernández se presentará por su propio partido, Liga Gobernantes Anticorrupción (LIGA), que ahora tiene personería jurídica y por ende, la capacidad de entregar avales para apoyar varias candidaturas para las alcaldías en otros municipios en Santander.
(Lea también: “Miguel Uribe Turbay se suma a quienes le piden a Irene Vélez renunciar”)
El pasado 4 de octubre, antes de irse, el excandidato radicó su primer y último proyecto de ley desde que entró en posesión como congresista. Se trata de una reforma a la Ley 80, sobre contratación pública.
Al respecto, hoy señaló que “le dejo a los colombianos un arma letal contra la corrupción, mi proyecto de ley ‘Reforma a Ley 80′. Defiéndanlo con el alma”, les dijo a sus compañeros en el Congreso.
Entre varias cosas, el proyecto pretende adicionar a la Ley 80 el siguiente literal: “Cuando una persona natural o jurídica haya sido declarada responsable, bien sea directamente o indirectamente a través de una figura asociativa por colusión o fraude entre licitantes por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, quedará inhabilitada por cinco (5) años para contratar con el Estado a partir del fallo debidamente ejecutoriado”, dice el proyecto