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En medio de la construcción de lo que el gobierno ha denominado la “paz total”, uno de los grandes debates es entrar a definir cómo se asumirá los acercamientos con la Segunda Marquetalia, disidencia creada por Iván Márquez cuando volvió a las armas. En el sentido básico, se ha planteado que este debe ser catalogado como cualquier otro grupo delincuencial, ante su incumplimiento a los acuerdos de La Habana. No obstante, otro sector se ha movido a pedir que se negocie con ellos, dándole un estatus político, puesto que estos volvieron a las armas por un supuesto entrampamiento por parte de la fiscalía.
En esta segunda tesis se acaba de ubicar Rodrigo Londoño, líder del Partido Comunes y conocido en la guerra como Timochenko. A través de una breve carta, este pidió que se le otorgue estatus político a Iván Márquez y su disidencia. El exlíder máximo de las extintas Farc retomó el argumento de que Márquez y los otros miembros de la Segunda Marquetalia retomaron las armas ante el inminente entrampamiento que supuestamente estaba creando la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez.
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Londoño comienza su carta señalando que desde el comienzo sabían que la implementación no iba a ser fácil y que habría sectores que se opondrían. A renglón seguido se fue lanza en ristre en contra del gobierno de Iván Duque, al que señaló de agrupar sectores poderosos que estaban “buscando sistemáticamente el saboteo de la paz, de la implementación del acuerdo y la reactivación de la violencia”.
Luego hizo mención directa a el exfiscal Néstor Humberto Martínez, a quien señaló de dirigir una “operación sistemática de entrampamientos”. De acuerdo con el líder de comunes, en esa estrategia estuvieron “en la mira antiguos jefes guerrilleros, dirigentes políticos y personalidades comprometidos con el trabajo de dar cumplimiento a los acordado en La Habana”.
En ese listado de supuestos objetivos incluyó a figuras como el canciller Álvaro Leyva y a Iván Márquez. Sobre este último, Rodrigo Londoño dijo que “es un hombre de convicciones políticas, que motivado por distintas circunstancias abandonó el proceso de paz”. Luego calificó de “desafortunada e irracional” la decisión de retomar las armas pues esto volvió a reactivar una llama, la de la violencia, “que comenzaba a mermarse”.
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Bajo todos estos argumentos, Londoño aseguró que el simple retorno de “Márquez y otros a las armas no puede ser óbice (impedimento) para dar tratamiento político a la Segunda Marquetalia y demás organizaciones compuestas por exintegrantes de las extintas Farc”.
El exlíder guerrillero fue más allá y expresó que la el momento del país, encuadrado en la “paz total”, exige “grandeza y generosidad”, por lo que reiteró la necesidad de dar tratamiento político a las distintas disidencias de las Farc. “Que sea la historia quien les juzgue por sus desavenencias a la paz, pues la ciudadanía colombiana ha mandado a este gobierno allanar los caminos para clausurar definitivamente la violencia”, añadió el líder de Comunes.
El tema del reconocimiento político o no de las disidencias es un tema espinoso. Por un lado, están las diferencias entre las distintas disidencias. Algunas de ellas nunca se acogieron al proceso de paz de La Habana y otras lo abandonaron, como fue el caso del grupo de Márquez. Bajo esa premisa, hay sectores que dicen que los primeros sí podrían tener tratamiento político, mientras que los segundos sí o sí deberían pasar a un sometimiento a la justicia.
Hay otros sectores que engloban ambos sectores como grupos criminales cuya única ruta es acogerse a la ley de sometimiento que se está preparando y que en los próximos días se debe tramitar en el Congreso. Y hay un último grupo, como es el caso de Rodrigo Londoño, que busca que todos estos tengan reconocimiento político para que puedan sentarse en una mesa de negociación. La definición de la situación jurídica de estos grupos será esencial para lo que viene de la “paz total”.