Salvatore Mancuso volvió a hablar ante el Congreso

Salvatore Mancuso, el exjefe paramilitar preso actualmente en una cárcel de Estados Unidos, a donde fue extraditado en 2008, volvió a hablar en el Congreso de la República, como aquel día de julio de 2004, cuando junto a Ramón Isaza y Ernesto Báez, otros dos jefes de las Autodefensas, llegaron hasta el Capitolio para, en medio de aplausos, justificar las atrocidades de su lucha antisubversiva y defender el proceso de paz que en ese momento adelantaban con el gobierno de Álvaro Uribe.

Esta vez lo hizo sin la arrogancia de entonces, en el marco de una audiencia pública sobre militares y terceros responsables en el conflicto frente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), realizada en el Capitolio y organizada por la representante a la Cámara María José Pizarro, de la Lista de la Decencia. En ella se presentó un audio grabado por el exjefe paramilitar desde su celda.

Mancuso habló de la importancia de que estos actores, además de las hoy desmovilizadas Farc, completen la triada de testimonios que narren los dolorosos hechos que ocurrieron durante las décadas de conflicto armado ante el tribunal transicional. Bajo esa premisa, pidió de nuevo a la JEP aceptar su solicitud para terminar de develar los sucesos que, según él, desconoce todavía el país.

Pero antes de exaltar las bondades de la JEP y de rajar de la Ley 975 de 2005, más conocida como la Ley de Justicia y Paz con la que se negoció con los paramilitares, el exjefe de las Autodefensas comenzó su intervención pidiendo, una vez más, perdón a las víctimas “y exaltando la labor de todas las personas y estamentos del Estado, incluido el Congreso, quienes a pesar de todos los obstáculos, lograron ese momento histórico de dejación de armas por parte de la guerrilla más antigua del mundo”.

Después de ese acto de contricción y reconocimiento de los errores cometidos en el pasado, Mancuso procedió a hacer una reflexión de lo que dejó la Ley de Justicia y Paz y lo que promete la JEP, por cómo viene concebida. “(Justicia y Paz) no cumple con los estándares de justicia transicional (...) han pasado 14 años desde que se promulgó, contemplando un proceso transicional de ocho años, sin que en el pasar de este límite de tiempo hubiese condena para los máximos responsables de violaciones de derechos humanos, menos aún reparación para las víctimas”, cuestionó.

Es más, a su juicio, lo que ha ocurrido con esta ley es una revictimización y un desgaste emocional para víctimas y victimarios. “Fui el primero en advertir la situación en 2006, que como está concebida la Ley y la metodología empleada nos íbamos a demorar más de 100 años para cumplir con los exegéticos procedimientos, entre ellos, repetir los mismo hechos en audiencias con diferentes nombres, y que conste que en ese momento aún no estábamos extraditados, ¡qué lástima no haberme equivocado!”, espetó Mancuso.

Y agregó que esos vacíos que no han permitido cerrar el proceso de paz con el paramilitarismo, obligan “tanto a víctimas como a victimarios a recordar en  audiencias de nunca acabar horrorosos hechos de guerra que quisimos dejar en el pasado cuando voluntariamente nos desmovilizamos”.

Para esbozar las deficiencias del proceso, recordó que apenas ha sido condenado por 2.000 hechos, cuando se le identificaron 80.000 casos en los que tendría responsabilidad por línea de mando. Pero sus quejas a la ley no llegan hasta este postulado. Según Mancuso, otros desmovilizados que pagaron cárcel durante ocho años, sin recibir una sentencia condenatoria, pese a que la pidieron, y salieron libres, fueron recapturados por la justicia ordinaria, que abrió casos paralelos a los de la Justicia y Paz y que, dijo, pone en entredicho lo investigado por esa jurisdicción.

Todo este entramado, explicó, dio pie a que el paramilitarismo continuara vigente en la historia del conflicto armado y a que el Estado eludiera responsabilidades. Por eso, insistió en la importancia de que militares y terceros lleguen a la JEP, para que la verdad absoluta se conozca.

“La parcialidad de Justicia y Paz está limitada solamente a una parte del conflicto, a una sola fracción del potencial del universo de victimarios, a una sola fracción de las víctimas y a una sola fracción de la verdad, que impiden cualquier intento por hacer frente a un contexto total de lo que pasó”, enfatizó.

Luego de esta exposición encaminada a exaltar a la JEP, el exjefe paramilitar hizo un llamado para su regular funcionamiento e independencia, así como la solicitud de aceptación de su testimonio. “Celebro la concepción de un tribunal transicional prevalente, independiente y con una normatividad propia. Eso había que hacerlo si quieren garantizar seguridad a quienes le apostamos a la misma. La confianza depositada por el Congreso en un tribunal diferente es la mayor demostración de que han aprendido de los vacíos e indefiniciones de la Ley de Justicia y Paz”. Eso sí, pidió que el Legislativo arregle los vacíos de esta normativa para concluir, por fin, con el proceso al que se sometieron en 2005.

“Este es el momento para demostrar los desaciertos de Justicia y Paz, de que la JEP corrija a través de lo aprendido con nuestro proceso. Ustedes (magistrados) tienen el compromiso histórico de reparar a las víctimas y permitir a todos los actores del conflicto tener un espacio para que seamos bastiones de la verdad y contribuyamos a la justicia, no vengativa, sino transicional y restaurativa, en la que no se nos reproche por un actuar del pasado, y se nos respete como testigos, victimarios, hombres y mujeres, que nos equivocamos y rogamos por una nueva oportunidad de vida digna”, concluyó.

Salvatore Mancuso, el exjefe paramilitar preso actualmente en una cárcel de Estados Unidos, a donde fue extraditado en 2008, volvió a hablar en el Congreso de la República, como aquel día de julio de 2004, cuando junto a Ramón Isaza y Ernesto Báez, otros dos jefes de las Autodefensas, llegaron hasta el Capitolio para, en medio de aplausos, justificar las atrocidades de su lucha antisubversiva y defender el proceso de paz que en ese momento adelantaban con el gobierno de Álvaro Uribe.

Esta vez lo hizo sin la arrogancia de entonces, en el marco de una audiencia pública sobre militares y terceros responsables en el conflicto frente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), realizada en el Capitolio y organizada por la representante a la Cámara María José Pizarro, de la Lista de la Decencia. En ella se presentó un audio grabado por el exjefe paramilitar desde su celda.

Mancuso habló de la importancia de que estos actores, además de las hoy desmovilizadas Farc, completen la triada de testimonios que narren los dolorosos hechos que ocurrieron durante las décadas de conflicto armado ante el tribunal transicional. Bajo esa premisa, pidió de nuevo a la JEP aceptar su solicitud para terminar de develar los sucesos que, según él, desconoce todavía el país.

Pero antes de exaltar las bondades de la JEP y de rajar de la Ley 975 de 2005, más conocida como la Ley de Justicia y Paz con la que se negoció con los paramilitares, el exjefe de las Autodefensas comenzó su intervención pidiendo, una vez más, perdón a las víctimas “y exaltando la labor de todas las personas y estamentos del Estado, incluido el Congreso, quienes a pesar de todos los obstáculos, lograron ese momento histórico de dejación de armas por parte de la guerrilla más antigua del mundo”.

Después de ese acto de contricción y reconocimiento de los errores cometidos en el pasado, Mancuso procedió a hacer una reflexión de lo que dejó la Ley de Justicia y Paz y lo que promete la JEP, por cómo viene concebida. “(Justicia y Paz) no cumple con los estándares de justicia transicional (...) han pasado 14 años desde que se promulgó, contemplando un proceso transicional de ocho años, sin que en el pasar de este límite de tiempo hubiese condena para los máximos responsables de violaciones de derechos humanos, menos aún reparación para las víctimas”, cuestionó.

Es más, a su juicio, lo que ha ocurrido con esta ley es una revictimización y un desgaste emocional para víctimas y victimarios. “Fui el primero en advertir la situación en 2006, que como está concebida la Ley y la metodología empleada nos íbamos a demorar más de 100 años para cumplir con los exegéticos procedimientos, entre ellos, repetir los mismo hechos en audiencias con diferentes nombres, y que conste que en ese momento aún no estábamos extraditados, ¡qué lástima no haberme equivocado!”, espetó Mancuso.

Y agregó que esos vacíos que no han permitido cerrar el proceso de paz con el paramilitarismo, obligan “tanto a víctimas como a victimarios a recordar en  audiencias de nunca acabar horrorosos hechos de guerra que quisimos dejar en el pasado cuando voluntariamente nos desmovilizamos”.

Para esbozar las deficiencias del proceso, recordó que apenas ha sido condenado por 2.000 hechos, cuando se le identificaron 80.000 casos en los que tendría responsabilidad por línea de mando. Pero sus quejas a la ley no llegan hasta este postulado. Según Mancuso, otros desmovilizados que pagaron cárcel durante ocho años, sin recibir una sentencia condenatoria, pese a que la pidieron, y salieron libres, fueron recapturados por la justicia ordinaria, que abrió casos paralelos a los de la Justicia y Paz y que, dijo, pone en entredicho lo investigado por esa jurisdicción.

Todo este entramado, explicó, dio pie a que el paramilitarismo continuara vigente en la historia del conflicto armado y a que el Estado eludiera responsabilidades. Por eso, insistió en la importancia de que militares y terceros lleguen a la JEP, para que la verdad absoluta se conozca.

“La parcialidad de Justicia y Paz está limitada solamente a una parte del conflicto, a una sola fracción del potencial del universo de victimarios, a una sola fracción de las víctimas y a una sola fracción de la verdad, que impiden cualquier intento por hacer frente a un contexto total de lo que pasó”, enfatizó.

Luego de esta exposición encaminada a exaltar a la JEP, el exjefe paramilitar hizo un llamado para su regular funcionamiento e independencia, así como la solicitud de aceptación de su testimonio. “Celebro la concepción de un tribunal transicional prevalente, independiente y con una normatividad propia. Eso había que hacerlo si quieren garantizar seguridad a quienes le apostamos a la misma. La confianza depositada por el Congreso en un tribunal diferente es la mayor demostración de que han aprendido de los vacíos e indefiniciones de la Ley de Justicia y Paz”. Eso sí, pidió que el Legislativo arregle los vacíos de esta normativa para concluir, por fin, con el proceso al que se sometieron en 2005.

“Este es el momento para demostrar los desaciertos de Justicia y Paz, de que la JEP corrija a través de lo aprendido con nuestro proceso. Ustedes (magistrados) tienen el compromiso histórico de reparar a las víctimas y permitir a todos los actores del conflicto tener un espacio para que seamos bastiones de la verdad y contribuyamos a la justicia, no vengativa, sino transicional y restaurativa, en la que no se nos reproche por un actuar del pasado, y se nos respete como testigos, victimarios, hombres y mujeres, que nos equivocamos y rogamos por una nueva oportunidad de vida digna”, concluyó.