Sanción contra Piedad Córdoba, anulada

Piedad Córdoba nunca ha ocultado su deseo de regresar a la arena pública y hoy está un paso más cerca: el Consejo de Estado anuló la decisión que había tomado en 2010 el procurador, Alejandro Ordóñez, de destituirla e inhabilitarla por 18 años para ejercer cargos públicos. En ese momento, Córdoba se vio obligada a abandonar su curul en el Senado, la cual había obtenido en las elecciones de ese mismo año con 67.438 sufragios. En el listado de los congresistas con más votos, Córdoba ocupó el tercer lugar.

Ese fue precisamente uno de sus argumentos contra la sanción que le impuso el procurador Ordóñez: que al haber sido elegida popularmente no podía ser removida de su cargo de forma administrativa. Córdoba alegaba que, según la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual Colombia hace parte, sólo los jueces penales tienen la facultad de restringir los derechos políticos. Así se lo dijo a la Corte Constitucional, a la cual presentó una tutela pidiendo que se protegiera su derecho al debido proceso. Al final, la Corte reiteró la facultad del procurador para investigar y sancionar a funcionarios elegidos desde las urnas.

En septiembre de 2010, Piedad Córdoba fue sancionada por la Procuraduría con base en los computadores de Raúl Reyes, miembro del Secretariado de las Farc que murió en marzo de 2008, cuando su campamento fue bombardeado en la frontera entre Ecuador y Colombia. La Corte Suprema advirtió entonces que los computadores de Reyes no podían ser usados como evidencia, porque la cadena de custodia no se había mantenido. La Procuraduría, sin embargo, hizo caso omiso y, con base en la información allí contenida, concluyó que Piedad Córdoba había “promocionado y colaborado con el grupo al margen de la ley, Farc”, bajo el alias de “Teodora” o la “Negra”.

Córdoba siempre defendió que perseguía un fin humanitario: la libertad de secuestrados. Víctimas como Sigifredo López, Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo, así como policías y militares, recuperaron su libertad durante el segundo período del presidente Uribe gracias a la gestión de la excongresista. Aun así, la Procuraduría la sancionó. En una decisión posterior, la volvió a inhabilitar por 14 años para ocupar cargos públicos, señalando que había participado en política de forma indebida. Si esa sanción también fuera anulada, Córdoba podría regresar a la arena política. Antes no.

Piedad Córdoba nunca ha ocultado su deseo de regresar a la arena pública y hoy está un paso más cerca: el Consejo de Estado anuló la decisión que había tomado en 2010 el procurador, Alejandro Ordóñez, de destituirla e inhabilitarla por 18 años para ejercer cargos públicos. En ese momento, Córdoba se vio obligada a abandonar su curul en el Senado, la cual había obtenido en las elecciones de ese mismo año con 67.438 sufragios. En el listado de los congresistas con más votos, Córdoba ocupó el tercer lugar.

Ese fue precisamente uno de sus argumentos contra la sanción que le impuso el procurador Ordóñez: que al haber sido elegida popularmente no podía ser removida de su cargo de forma administrativa. Córdoba alegaba que, según la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual Colombia hace parte, sólo los jueces penales tienen la facultad de restringir los derechos políticos. Así se lo dijo a la Corte Constitucional, a la cual presentó una tutela pidiendo que se protegiera su derecho al debido proceso. Al final, la Corte reiteró la facultad del procurador para investigar y sancionar a funcionarios elegidos desde las urnas.

En septiembre de 2010, Piedad Córdoba fue sancionada por la Procuraduría con base en los computadores de Raúl Reyes, miembro del Secretariado de las Farc que murió en marzo de 2008, cuando su campamento fue bombardeado en la frontera entre Ecuador y Colombia. La Corte Suprema advirtió entonces que los computadores de Reyes no podían ser usados como evidencia, porque la cadena de custodia no se había mantenido. La Procuraduría, sin embargo, hizo caso omiso y, con base en la información allí contenida, concluyó que Piedad Córdoba había “promocionado y colaborado con el grupo al margen de la ley, Farc”, bajo el alias de “Teodora” o la “Negra”.

Córdoba siempre defendió que perseguía un fin humanitario: la libertad de secuestrados. Víctimas como Sigifredo López, Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo, así como policías y militares, recuperaron su libertad durante el segundo período del presidente Uribe gracias a la gestión de la excongresista. Aun así, la Procuraduría la sancionó. En una decisión posterior, la volvió a inhabilitar por 14 años para ocupar cargos públicos, señalando que había participado en política de forma indebida. Si esa sanción también fuera anulada, Córdoba podría regresar a la arena política. Antes no.