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Formalmente, el país está pasando la línea prohibicionista que regido el tema de las drogas. El presidente Juan Manuel Santos sancionó la ley con la cual se reglamenta el uso de la marihuana para fines terapéuticos.
En este sentido, la ley que cumplió su trámite en el Congreso la pasada legislatura, señala que todos los colombianos podrán obtener los productos terapéuticos a base de cannabis en condiciones de igualdad, es decir, bajo normas de no discriminación, accesibilidad física, asequibilidad económica y acceso a la información.
En relación con el principio de seguridad, se habla de garantizar las condiciones de higiene en los procesos de fabricación, comercialización y utilización final de cualquier sustancia de marihuana medicinal.
La ley señala que los medicamentos que se pretenden regular, deben responder a estándares de calidad aceptados por las comunidades científicas y se busca que el Gobierno entre a regular los precios de las sustancias farmacéuticas, garantizando un valor que les permita a los pacientes de enfermedades crónicas y terminales acceder a estas como tratamiento. (lea: Los rostros de la marihuana medicinal)
La sanción de esta ley por parte del presidente Juan Manuel Santos coincide con las primeras licencias que entregó el Ministerio de Salud, para cultivar, producir y procesar marihuana para el tratamiento de enfermedades. Acorde con los acuerdos de La Habana, señala que "en el marco de los programas de sustitución de cultivos ilícitos, se pondrán en marcha iniciativas encaminadas a la siembra y formalización de pequeños y medianos cultivadores nacionales".
Asimismo, a través de Colciencias se promoverá la transferencia tecnológica necesaria para la producción nacional de cannabis y sus derivados. El Estado tendrá que apoyar las iniciativas económicas de producción, transformación y distribución de productos derivados de la planta de cannabis que desarrollen los pueblos y comunidades indígenas con fines medicinales y científicos.
Esta reglamentación plantea que “al Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia, a través de la Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes, deberán cobrar por los servicios de evaluación y seguimiento a los solicitantes o titulares de las licencias, establecidas en la presente ley y en sus normas reglamentarias”. Estos recursos se utilizarán para sufragar costos del proceso, así como para financiar a Colciencias.
Se trata entonces de un cambio histórico en el paradigma de la lucha contra las drogas. No es la legalización del consumo recreativo como ya se está dando en países como Uruguay o Estados Unidos. Sin embargo, es un giro en las políticas de Gobierno que le dio el apoyo al proyecto de ley que presentó el senador Juan Manuel Galán para aprovechar las cualidades medicinales de la marihuana.