El Espectador le explica la crisis política que vive Colombia

Es miércoles, día de El Espectador le explica. Acusaciones, denuncias, ataques, audios, filtraciones, groserías, chuzadas, abuso de poder y todo se desencadenó por el robo de una maleta con dinero en efectivo en un apartamento privado al norte de Bogotá. De todos estos componentes ha tenido la crisis más dura en 10 meses del Gobierno de Gustavo Petro y que ya dejó ver la fractura, con diferencias de fondo, que existía entre altos funcionarios del Ejecutivo encargados de rodear al primer mandatario. De los que comenzaron el 7 de agosto, pocos quedan y lo que parecía una puja personal entre dos funcionarios, ya hasta afectó el curso de las reformas en el Congreso de la República. Por eso, con ayuda de los textos publicados por las redacciones de Política y Judicial, escribimos este boletín como resumen de lo que está viviendo Colombia por estos días. Recuerden entrar a todos los enlaces para entender detalladamente la información. Comencemos.

Es miércoles, día de El Espectador le explica. Acusaciones, denuncias, ataques, audios, filtraciones, groserías, chuzadas, abuso de poder y todo se desencadenó por el robo de una maleta con dinero en efectivo en un apartamento privado al norte de Bogotá. De todos estos componentes ha tenido la crisis más dura en 10 meses del Gobierno de Gustavo Petro y que ya dejó ver la fractura, con diferencias de fondo, que existía entre altos funcionarios del Ejecutivo encargados de rodear al primer mandatario. De los que comenzaron el 7 de agosto, pocos quedan y lo que parecía una puja personal entre dos funcionarios, ya hasta afectó el curso de las reformas en el Congreso de la República. Por eso, con ayuda de los textos publicados por las redacciones de Política y Judicial, escribimos este boletín como resumen de lo que está viviendo Colombia por estos días. Recuerden entrar a todos los enlaces para entender detalladamente la información. Comencemos.

Vamos con un poco de contexto, de hechos, que han movido la agenda nacional. El 27 de febrero el país supo de la salida de la ministra de Cultura, Patricia Ariza; de la de Deporte, María Isabel Urrutia; y el de Educación, Alejandro Gaviria. “Este Gobierno del cambio no va a renunciar a reformar para mejorar la salud, las pensiones y las condiciones laborales justas para todos los colombianos y colombianas”, dijo el mandatario en alocución presidencial justo antes de anunciar la salida de los funcionarios. Luego hizo énfasis en la reforma a la salud, el tema de fondo del remezón, pues Gaviria siempre fue crítico de la propuesta de reforma y públicamente lo hizo saber. Incluso el país se enteró de un documento en el que Gaviria, dos semanas antes, dejaba claras sus dudas sobre el proyecto, y que fue filtrado a los medios de comunicación.

Para el 2 de marzo la tensión fue por el lado judicial con efectos políticos. El mismo Gustavo Petro le pidió a la Fiscalía General de la Nación que investigara a su hermano, Juan Fernando Petro, y a uno de sus hijos, Nicolás Petro. Al primero por, al parecer, ofrecer beneficios a narcotraficantes para colarlos en el proceso de paz total, una de las banderas de la administración nacional con la que buscan que los grupos armados ilegales dejen las armas. “Mi Gobierno no otorgará beneficios a criminales a cambio de sobornos”, dijo el presidente. Y sobre el caso de Nicolás Petro se sabía que su expareja, Day Vásquez, lo acusaba de recibir dinero de narcotraficantes y que tenía como objetivo llegar a la campaña presidencial. Pero Vásquez aseguró que Nicolás Petro se quedó con esa plata y que el presidente Petro nunca supo de esa situación, que era una víctima en todo este embrollo.

En ese mismo mes, marzo, la llamada paz total era atravesada por un escenario más que violento. El ELN atacaba una base militar del municipio de El Carmen (Norte de Santander) y asesinaba a nueve soldados. Petro tuvo que convocar a la delegación del Gobierno en la mesa con esa guerrilla, y a los países garantes porque, en palabras del presidente, “un proceso de paz debe ser serio y responsable con la sociedad colombiana”. Pero ante la situación era evidente que no estaba siendo así. No había pasado mucho tiempo y todavía estaba en la mente de los colombianos que el exalcalde de Magangué, Jorge Luis Alfonso López, hijo de “La gata”, condenado por el homicidio de un periodista y con nexos directos con las Autodefensas, había quedado en libertad y sería gestor de paz del Gobierno. El país entero criticó dicha decisión. Dos días después le revocaron la libertad y lo reseñaron otra vez.

Y el Bajo Cauca Antioqueño, antes de que acabara marzo, estaba ‘encendido’, pues un paro minero desencadenó en hechos de orden público y obligó al Ejército a movilizar tropa para poder desbloquear vías y evitar el robo de mercancía a los camiones. Detrás de todo esto estaba el Clan del Golfo. Incluso se supo de ataques con fusil a la Fuerza Pública. “No permitiremos que sigan sembrando zozobra y terror en las comunidades”, dijo Petro. La paradoja era que el país estaba en cese al fuego con grupos ilegales como El Clan del Golfo, por eso Petro lo suspendió.

En el Congreso pasaban cosas. “La primera gran derrota del Gobierno en un Congreso en el que la avalancha oficialista regía casi sin problemas ocurrió a finales de marzo, cuando se hundió la reforma política, de la que para el presidente ya no quedaba “ningún proyecto progresista””. Las condiciones estaban dadas para que la reforma se hundiera apenas se le diera trámite”, nos contaba Thomás Blanco en una pasada edición de El Espectador le explica.

Y no había terminado el mes cuando todos los gobernadores del país, por medio de una campaña por Twitter con el escudo nacional, la red social en donde Petro comunica todos sus anuncios, le dejaban saber al primer mandatario su llamado de atención como respuesta a la delicada situación de orden público que se vivía. Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta, lo explicó: “Este es el mensaje de los gobernadores de Colombia al Gobierno Nacional, de que lo acompañamos en la búsqueda de la paz, pero creemos que la autoridad siempre debe prevalecer, el apoyo a nuestra Fuerza Pública, y que los grupos al margen de la ley que no entiendan el mensaje generoso del Gobierno sea aplicado todo el uso legítimo que nos concede la Constitución y la ley para mantener siempre la libertad y el orden”.

En el terreno político se ha estado siempre con el pulso arriba. El 25 de abril Petro escribió: “La coalición política pactada como mayoría ha terminado”. ¿A qué se refería? De las propuestas iniciales del Ejecutivo en el Congreso, una había pasado desde que comenzó la administración Petro, esa fue la tributaria que lideró el entonces ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, junto con el director de la Dian, Luis Carlos Reyes. La segunda gran reforma era la de la Salud, la misma que causó la salida de Gaviria, y la que también hizo que Petro anunciara la ruptura con la llamada coalición de Gobierno, pues los partidos Liberal, Conservador y La U, también con evidentes diferencias de fondo sobre la propuesta de Petro y de la entonces ministra de Salud, Carolina Corcho, decidieron no apoyarla.

Esa fue la previa para el segundo remezón ministerial. El miércoles 26 de abril anunció la salida de 7 de las personas que lo acompañaban en su círculo cercano: se iban los ministros de Hacienda, Interior, Ciencia y Transporte; y las ministras de Agricultura, Salud y TIC, y con este grupo el director del DAPRE dejaba ese cargo para ir a asumir la cartera TIC. Con estos relevos, dijo Petro, se estaba construyendo un nuevo gabinete que “ayudará a consolidar el programa de Gobierno, que será la base de un acuerdo nacional franco y sincero para seguir trabajando al servicio de las comunidades de todo el país”. La oposición criticó la salida de funcionarios como José Antonio Ocampo y Cecilia López por la experiencia y peso político. Los que apoyan al Gobierno consideraron que era coherente con el plan inicial del presidente Petro y su promesa de cambio vía reformas.

Y así fuimos llegando a la crisis que desencadenó el escándalo Laura Sarabia – Armando Benedetti, tan solo días después de que la Agencia Nacional de Hidrocarburos revelara el informe de reservas de petróleo y gas natural, y en donde quedó probado que el inventario de los dos combustibles solo tiene disponibilidad para 7,5 y 7,2 años respectivamente. De ahí que toda la industria le pidiera al ministerio de Minas y Energía cambiar su decisión de no firmar nuevos contratos de exploración y explotación de estos recursos naturales. Pero el Gobierno, en línea con su plan de campaña y ahora de Gobierno, se mantiene en su decisión:

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Política

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El caso de Laura Sarabia se volvió de conocimiento público cuando la revista Semana entrevistó a Marelbys Meza, exempleada personal de la entonces jefa de gabinete de Petro, y allí denunció que había sido víctima de atropellos en un interrogatorio que le hicieron en un sótano cerca de la Casa de Nariño, cuando la señalaron como sospechosa del robo de un maletín que tenía dinero en efectivo y que se perdió en el apartamento privado de Sarabia. Meza, incluso, dijo que la llevaron a una prueba de polígrafo en donde fue víctima de amenazas. Sarabia, ese mismo día y desde sus redes sociales aclaró que “la jefatura de protección presidencial y la Sijin actuaron aplicando los protocolos en el marco de la ley”. Y, en línea con la situación, aseguró que ya había interpuesto la respectiva denuncia ante la Fiscalía por el robo del que ella fue víctima. En las redes sociales el tema se volvió tendencia y los críticos del Ejecutivo hablaban de abuso de poder.

A las 3:59 de la tarde de ese sábado, desde la cuenta de Presidencia de la República, el Gobierno respondió: “Rechazamos versiones sobre supuestos abusos de poder, mal uso de recursos públicos y maltrato a personas indefensas. Los procedimientos se efectuaron en las dependencias de la Jefatura para la Protección Presidencial, visibles, debidamente identificadas y dispuestas en esa misma ubicación desde hace muchos años. Los procedimientos de confiabilidad adelantados a todas las personas del círculo de la jefa de despacho presidencial cuentan con todas las autorizaciones que exige la ley y constan en audio y video en custodia de la Jefatura de Protección Presidencial, y se encuentran a disposición de todas las autoridades competentes”.

El presidente Gustavo Petro hablaba, mientras tanto, de un golpe blando. “Según el mandatario, a su partido le están quitando los votos y la representación política que los colombianos le otorgaron en las urnas”, nos contaban los colegas de la redacción Política. Se refería, al parecer, a la salida de Roy Barreras del Congreso por un fallo del Consejo de Estado, quien anuló su elección por doble militancia. Pero “el Consejo de Estado respondió aclarando que sus decisiones se apegan a la ley y son ajenas a controversias políticas e ideológicas”. Petro, en una nueva respuesta por Twitter, dijo: “Yo no he señalado al Consejo de Estado en impedir la continuación de la presidencia del Congreso en manos del Pacto Histórico, el partido mayoritario”, aclarando que los actos administrativos que suspenden a congresistas del Pacto Histórico no los emitió el Consejo de Estado, sino la Procuraduría, “violando el efecto de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la convención americana”. La pelea, entonces, era con la Procuraduría porque suspendió por ocho meses al senador Álex Flórez, del Pacto Histórico, por haber insultado a tres policías en Cartagena. Entonces para poder entender mejor todo esto, explicamos qué era eso del “golpe blando”.

Para ese instante las relaciones del presidente Gustavo Petro con la rama judicial no eran las mejores y sus diferencias con la Procuraduría y la Fiscalía eran evidentes. Con la procuradora Margarita Cabello porque Petro ha dicho que no se cumple con la sentencia de la CIDH y que abre procesos para suspender a los congresistas del Pacto Histórico, y con el fiscal Francisco Barbosa tiene serias diferencias no solo por antecedentes como la libertad de personas de la primera línea o la suspensión de órdenes de captura a cabecillas de organizaciones armadas ilegales para poder adelantar las conversaciones en el marco de las negociaciones de la llamada paz total, sino porque Petro dice que Barbosa extralimita sus funciones y que no le ha entregado un informe que le pidió sobre investigaciones de varios asesinatos en el marco del conflicto armado interno.

El 29 de mayo era la Procuraduría la que anunciaba que abriría una indagación preliminar por el caso que involucraba a Sarabia con supuestos abusos en contra de Marelbys Meza. En la noche el mismo Petro informaba que la Fiscalía haría una allanamiento a la Presidencia. “No tenemos nada que ocultar: bienvenidos”, dijo el mandatario. La Fiscalía dijo que se trataba de una inspección solicitada por un fiscal dentro la investigación por el caso de Laura Sarabia y su exniñera. La espuma iba subiendo y era preciso contextualizar, porque llegaba un nuevo integrante a todo este escándalo: Armando Benedetti, el entonces embajador de Colombia en Venezuela, que no solo sabía de la publicación de la entrevista de Meza a Semana antes de que saliera, sino que en el pasaporte de la exniñera aparecía un sello de entrada a Venezuela y, para sumar, se supo que ella había viajado al vecino país en un vuelo chárter pagado por Benedetti:

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Comenzamos junio con el escándalo en su máxima expresión cuando se supo que Meza, exempleada de Sarabia, había sido chuzada ilegalmente. La información la dio a conocer el mismo fiscal general, Francisco Barbosa.

El mismo día el representante a la Cámara Hernán Cadavid, del Centro Democrático, propuso citar a debate de control político al ministro de Defensa, Iván Velásquez, y al director general de la Policía Nacional, el mayor general William René Salamanca, por el caso de las interceptaciones ilegales relacionadas con el caso de Laura Sarabia y la exniñera de su hijo. Velásquez, entre tanto, le pedía a Salamanca ir hasta el fondo para conocer quién había ordenado interceptar ilegalmente a la exempleada de la jefe de gabinete de Gustavo Petro, pues la exniñera fue chuzada durante 10 días por funcionarios de la Dijín de la Policía en medio de una investigación en contra el Clan del Golfo.

Pero, ¿qué pasó aquí? ¿En qué momento apareció ese grupo armado ilegal? “Según el fiscal general, Francisco Barbosa, un agente de la Dijín de la Policía ingresó irregularmente el número de Meza, y de una persona que le ayudaba a Sarabia con el aseo de su casa, en una investigación relacionada con el Clan del Golfo para que una sala de interceptaciones de esa entidad pudiera escuchar las llamadas de las extrabajadoras de Sarabia”, contó la redacción Judicial.

Una hora más tarde se sabía que la Fiscalía ya había llamado a interrogatorio a Sarabia y que llamaría a Benedetti para la misma situación. “Vamos a proceder a tomar las decisiones judiciales en los próximos días. Este caso es no solamente aberrante desde el punto de vista judicial, sino que nos pone de nuevo en el peor escenario histórico de Colombia, que es la violación de derechos humanos”, dijo el fiscal Francisco Barbosa.

La situación iba brincando del ámbito judicial al político y viceversa. Miembros del Pacto Histórico le pedían acciones contundentes a Petro por todo este escándalo que ya incluía a dos altos funcionarios de Gobierno y que, además, fueron protagonistas durante la campaña: Sarabia y Benedetti. El exsenador Gustavo Bolívar, de los hombres más cercanos a Petro, escribió: “Una pelea interna entre círculos de poder no puede llevar al Gobierno a la crisis y a todo el movimiento al desprestigio. Laura Sarabia y Armando Benedetti se deben ir. También los policías implicados en la chuzada. Todo mi apoyo y solidaridad con el Presidente”. El senador del Polo Democrático, Alexander López, dijo: “El escándalo que se origina desde funcionarios de nuestro Gobierno debe ser resuelto por usted con la mayor rapidez y justicia posible, toda vez que nuestro proyecto de cambio no acepta engaños y mucho menos acciones irregulares que puedan ponerlo en riesgo”.

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Petro respondió: “Acusar al gobierno del cambio de interceptaciones ilegales es de tamaña irresponsabilidad. Ningún miembro del gobierno ha dado ninguna orden de interceptaciones telefónicas. Mañana nos pronunciaremos sobre las decisiones que he tomado alrededor del caso del polígrafo”. Luego fue la Procuraduría la que detalló su papel “solicitando al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República copia del protocolo existente para la realización de la prueba poligráfica, así como informar quiénes están obligados a tomarla y en qué eventos, además de los datos de los funcionarios que la practicaron”, nos contaron los colegas de la redacción Judicial.

Ese 2 de junio ya prometía ser un día más que movido en materia noticiosa. La encuesta de Invamer para El Espectador, Blu Radio y Noticias Caracol revelaba que la desaprobación de la gestión del presidente Petro pasó del 43 % al 59% entre octubre y mayo. Y la aprobación del mandatario cayó del 50 % al 33, 8 % en el mismo periodo. Allí se leía que “el 70 % de los encuestados creen que las cosas van por mal camino y el 23 % aseguran que van bien. El problema que más preocupa es la economía (31,6 %), mientras que el 17,6 % dice que la inseguridad y el y 15,5 % que la corrupción”, nos contaron los colegas de la redacción Política.

Sobre el medio día, en una declaración pública, Petro retiraba “temporalmente” a Sarabia y a Benedetti de su administración para que se defendieran y explicaran toda la situación. “Mientras se investiga, mi funcionaria querida y estimada y el embajador se retiran del Gobierno, para que desde el poder no se tenga la desconfianza que se alterarán los proceso de investigación”, dijo el mandatario. “Pueden investigar hasta donde quieran y les ayudaremos, las propias investigaciones me dan confianza a mí mismo, habría sido terrible el que del Gobierno saliera una indicación que contradijese los objetivos por los que hemos luchado durante décadas”.

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De los alfiles que acompañaron a Petro desde el primer día de Gobierno en sus ministerios, aquí va la lista de los que han salido de dicho cargo: Cecilia López, Patricia Ariza, Alejandro Gaviria, José Antonio Ocampo, Carolina Corcho, María Isabel Urrutia, Alfonso Prada, Guillermo Reyes, Sandra Urrutia y Arturo Luna, además de la jefa de Gabinete, Laura Sarabia. Y se mantienen Susana Muhamad, Iván Velásquez Gómez, Álvaro Leyva Durán, Néstor Osuna, Irene Vélez, Gloria Inés Ramírez, Catalina Velasco y Germán Reyes.

Vinieron muchos análisis tratando no solo de entender la situación sino proyectando lo que se viene en materia política. “Con la decisión de separar de sus cargos al embajador de Venezuela, Armando Benedetti, y a la jefa de gabinete, Laura Sarabia, el presidente Gustavo Petro resuelve una nueva crisis, pero aún quedan preguntas de fondo. Desde las relacionadas directamente con el “niñera-gate” y la veracidad de las afirmaciones de los audios de Benedetti, hasta las que tienen que ver con la afectación al Gobierno por el escándalo, la recomposición del equipo de confianza de Petro, el futuro de sus reformas en el Congreso, la polarización del país y la campaña electoral que se avecina”, escribía Elber Gutiérrez en la edición del pasado domingo.

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Decía Élber Gutiérrez que “la pelea que terminó costándole el puesto a Benedetti, paradójicamente, no fue con el uribismo ni con sus exsocios de la U, sino con una aliada, a quien llevó a su equipo de trabajo en las épocas de senador: Laura Sarabia”. Y recordó que “el problema para Benedetti radica en que así como ayuda a conseguir alianzas en momentos claves, también libra peleas por distintos frentes políticos, incluso judiciales. Dentro del Gobierno, para no ir más lejos, son bien conocidas sus deferencias con el canciller Álvaro Leyva, a quien constantemente fustigó por lo que llama la poca celeridad en el restablecimiento de la institucionalidad necesaria para la reactivación plena de las relaciones con Venezuela. Muy especialmente por la reapertura de consulados”.

Los colegas de la sección Judicial, más allá de la pelea del presidente y del fiscal, lo analizaron así: “El expediente judicial que hasta ahora arranca es de lejos el momento más crítico para el gobierno Petro en apenas 10 meses de administración, y una oportunidad inédita para el fiscal Barbosa, que ya había cazado peleas con el presidente, pero no con la magnitud de este caso. Por una razón: las anteriores peleas se habían quedado en el terreno de lo político. Pero ahora, con la evidencia de que en el caso de la exniñera de Sarabia hubo interceptaciones ilegales y, al parecer, abuso de poder, las repercusiones podrían ser penales”.

Como el centro de todo este caso, ya judicial, está enfocado en las interceptaciones ilegales o más popularmente llamadas “chuzadas”, explicamos, por medio de expertos, “cómo funcionan este tipo de interceptaciones telefónicas, cuándo son legales y los principales problemas de esta forma de vigilancia”. Aquí va un adelanto: “La interceptación de una comunicación se puede dar en el marco de una investigación penal y únicamente puede ser ordenada por un juez. La decisión de revisar las comunicaciones no solo se refiere a que un tercero escuche una conversación telefónica privada: también se pueden intervenir comunicaciones por correo electrónico o de mensajes enviados por dispositivos móviles o por computadores”.

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Se iban sumando más y más detalles al escándalo: en audios donde aparece la voz de Armando Benedetti se habla de $15.000 millones que habría conseguido él para la campaña de Petro, violando los topes de campaña: “Nadie me deja tirado tres horas ahí, un man que hizo 100 reuniones en una campaña política, un man que consiguió 15.000 millones y ahora… que busqué toda la plata y tú lo sabes más que nadie, pa’ que se fueran a los hoteles, para que se viniera para acá y todo lo demás”, se escucha en los audios, “Nadie, ni Petro, trabajó más que yo en esa hijueputa campaña. Si no hubiera sido por mí, no ganan, hijueputa, no gana nunca”, se escucha. Incluso en otro audio asegura que el exministro del interior, Alfonso Prada, “se robó el Ministerio con la mujer”, declaración que también generó consecuencias:

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Era imposible, con dichos audios, no recordar el capítulo del proceso 8.000 y la entrada de dineros ilegales a la campaña presidencial de Ernesto Samper. “En el momento en que yo diga quién dio la plata aquí en la Costa (...) lee cómo empezó el hijueputa 8.000 y por qué empezó, ahí está la clave de lo que te va a pasar”, le dijo Benedetti a Laura Sarabia, la exjefa de gabinete de Petro, según unos audios divulgados por la revista Semana. Benedetti, vía Twitter, dijo: “me dejé llevar por la rabia y el trago”.

Acto seguido, el Consejo Nacional Electoral entró en escena, aunque ya estaba indagando. “Hasta el momento las pruebas más concretas sobre posibles irregularidades en la campaña las tiene el CNE, que maneja un expediente que crece y crece con el paso de los días. Este diario conoció el último acto administrativo de dicho proceso, en el que el magistrado Benjamín Ortiz Torres solicita los testimonios de Armando Benedetti y Laura Sarabia, quienes deberán contar, el próximo martes 13 de junio, todo lo que saben sobre los dineros de la campaña presidencial del Pacto Histórico. Más allá del reciente escándalo, el magistrado Ortiz trabaja en ese caso desde el pasado 2 de febrero, fecha en la que el CNE recibió quejas sobre presuntas irregularidades en la presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña en cuestión”, escribió David Efrén Ortega, de la redacción Política.

En el Congreso la tensión no bajaba. La oposición pedía no debatir más las reformas propuestas por el Gobierno. La laboral avanzaba a paso de tortuga y la pensional, radicada y en espera de primer debate. A la de la Salud le han salido, incluso, nuevos llamados para que no siga su marcha. “Más de 100 académicos y líderes piden a Petro que retire la reforma a la salud”, entre ellos Alejandro Gaviria, Noemí Sanín, Yolanda Fadul, Moisés Wasserman, Juan Carlos Echeverry, Mauricio Cárdenas, Rudolf Hommes, Sylvia Escovar, entre otros.

Sobre el medio día de este lunes “los debates de las reformas estructurales del Gobierno fueron suspendidos en la Cámara de Representantes por orden del presidente de esa corporación, David Racero (Pacto Histórico), tras el escándalo político al que se enfrenta la administración Petro”. El político fue claro: “Se congela la discusión de las reformas en la Cámara hasta que, por supuesto, podamos no solo dialogar de nuevo, sino reconstruir la coalición de Gobierno y dar el trámite debido a discusiones tan importantes como esas”.

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En el ámbito judicial, hablaba el Policía inmiscuido en todo este caso. “El investigador es un joven policía que desarrolla actividades de manera secreta para combatir al Clan del Golfo en Chocó, estructura sucesora del paramilitarismo. Sus abogados dicen que hubo irregularidades cuando el uniformado fue a declarar el pasado sábado al búnker de la Fiscalía”, contaron los colegas de la sección Judicial. En entrevista con W radio, “el patrullero aseguró que recibió dos números de teléfono, el cual ahora se sabe uno era de la exniñera Marelbys Meza, por parte de una fuente reservada que en el pasado le brindó datos confiables sobre el Clan del Golfo y que han permitido dar importantes golpes a esa estructura criminal. También señaló que esa fuente es conocida por la Fiscalía y que desde enero de 2023, cuando le entregó esos números de teléfono, no sabe nada de esta. Teme, dice el investigador, que esta persona esté muerta o desaparecida”.

Y en la tarde, en rueda de prensa, el general William Salamanca, director de la Policía, enfatizó: “Aquí nada fue a espaldas de la Policía, porque aquí cada uno responde por sus actuaciones. Pero insisto, ante estos hechos, la Fiscalía es la autoridad que debe esclarecerlos”. Explicó que “la Fiscalía y la Procuraduría asumieron la investigación”, además de recalcar que la generala Olga Patricia Salazar, directora de la Dijín, no había sido informada ni consultada y que ella había fortalecido los controles dentro de la sala de interceptaciones y que, “nunca supo de las interceptaciones” para la fecha de los hechos ocurridos en enero de este año.

La cosa no para, por supuesto, en medio de la crisis más fuerte que ha tenido que vivir el Gobierno desde que comenzó su periodo, y, en el mismo camino, el país. La bancada del Pacto Histórico ya anunció acciones en contra del fiscal Francisco Barbosa. Y Miguel Uribe junto con Federico Gutiérrez en contra de Petro:

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Tras sentarse con los congresistas del pacto Histórico, Petro les llamó la atención y luego de dicho encuentro, la bancada del partido publicó un comunicado de prensa en donde se leía: “Rechazamos que los sectores de oposición estén utilizando este momento político para impedir el avance de la agenda legislativa y las reformas sociales por las que las mayorías del pueblo colombiano votaron”. Y, en un mensaje directo para todos los que han estado involucrados en este escándalo, dijeron: “Quienes sean presuntos responsables de casos de corrupción deberán responder ante las autoridades competentes (...) Exigimos que las instancias competentes investiguen con rigurosidad, celeridad, imparcialidad garantizando en todo momento el debido proceso constitucional”.

En medio del foro sobre Desafíos de Seguridad y Territorio 2023 de la Cumbre de Seguridad Nacional por los Territorios, le volvieron a llamar la atención al Presidente por el deterioro de la seguridad en el país.

¿Y en qué vamos? En que el CTI, este miércoles, inspecciona el piso 13 del edificio de la DIAN por el caso de Laura Sarabia. ¿Por qué? “En el piso 13 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en pleno centro de Bogotá, se habría instalado una sala de interceptación improvisada para hacerle copia espejo al celular de la exniñera Marelbys Meza”. En que la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que será la encargada de recibir las denuncias que se interpusieron en contra de Petro y de Barbosa en esta célula del Congreso, ya está lista para iniciar sus investigaciones. En que ya hay reemplazo para la embajada de Venezuela, se trata de Milton Rengifo Hernández, quien fue subsecretario de Gobierno de Gustavo Petro durante su tiempo en la alcaldía de Bogotá. En que el Gobierno de Estados Unidos le canceló la visa a Benedetti. El exembajador en Venezuela también escribió en su cuenta de Twitter, este miércoles, que está siendo amenazado y le pide a la Fiscalía que tome “medidas urgentes para protegerme a mí y a mi familia”. Un asunto muy delicado. Y en que Jorge Rojas, embajador de Colombia en Bélgica, es el que más suena para llegar al cargo de Sarabia. Ya hay reemplazo también de Roy Barreras en la presidencia del Senado, se trata de Alexander López Maya, y así el Pacto Histórico conserva este cargo estratégico para el Gobierno y la gestión de sus reformas en el Legislativo.

Este miércoles el presidente Petro volvió a medir el aceite en las calles. Le pidió a los asistentes apoyar las reformas que cursan en el Congreso, la de la salud, la laboral y la pensional. Mientras tanto en los indicadores económicos del día se veía el peso fortalecido y el dólar cayendo. Petro, en la calle, habló de dos nuevas reformas, una al modelo de servicios públicos y otra a la educación. En el Legislativo están, además, la regulación del cannabis de uso adulto, la creación de la jurisdicción agraria y el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos. Y allá están, también, los partidos tradicionales: La U, el Liberal y el Conservador, que están separados del Gobierno. La estrategia, ya lo había dicho el ministro del Interior, está en hablar uno a uno con cada congresista para conseguir los votos. Los tiempos están muy apretados y ya se habla de la necesidad de sesiones extras. Y todo esto en días en los que el presidente ha tenido que vivir una verdadera pesadilla protagonizada por dos de los alfiles que más le ayudaron a llegar a la Casa de Nariño: Armando Benedetti y Laura Sarabia. Seguiremos atentos al desarrollo de todo el entorno político que estamos viviendo en Colombia, porque como muy bien dice el adagio: después de la tempestad siempre llega la calma. Lo que no sabemos es hasta cuándo irá la tempestad.