Se abre debate por posible “politización” en superintendencias bajo el gobierno Petro

En medio de una tensión que cada vez se escala más entre el presidente Gustavo Petro y el Legislativo y que entorpece el debate de las reformas que quedan vivas en el Capitolio, y de una semana en la que su director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, se dedicó a insistir en la idea de constituir asambleas populares y declarar el poder constituyente, la Superintendencia de Salud intervino para administrar la EPS SOS, que cuenta con más de 750.000 afiliados.

En medio de una tensión que cada vez se escala más entre el presidente Gustavo Petro y el Legislativo y que entorpece el debate de las reformas que quedan vivas en el Capitolio, y de una semana en la que su director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, se dedicó a insistir en la idea de constituir asambleas populares y declarar el poder constituyente, la Superintendencia de Salud intervino para administrar la EPS SOS, que cuenta con más de 750.000 afiliados.

Esto sucedió 28 días después de que la SIC ingresara a las instalaciones de la Cancillería, Registraduría y Thomas Greg and Sons. Pero estos dos casos no son los únicos en los que las acciones de las superintendencias, de manera deliberada o no, coinciden con los intereses del primer mandatario desde que empezó su gobierno.

Mientras la reforma a la salud se tambaleaba y caía, la Superintendencia de Salud intervino varias EPS. En otro contexto, la Superintendencia Financiera facilitó operaciones empresariales importantes, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios participó en la reforma que fortalecería sus facultades, y la Superintendencia de Industria y Comercio realizó inspecciones a actores clave en el proceso de licitación de pasaportes.

Con EPS SOS, son siete las EPS que actualmente están intervenidas para ser dirigidas temporalmente por Supersalud, es decir, la entidad tiene el control de los servicios de salud de más de 25 millones de colombianos. Tres de esas EPS fueron intervenidas en los últimos 13 días. Sanitas, el día antes de que se definiera el futuro de la reforma a la salud en el Congreso, y Nueva EPS, el mismo día en el que esta se hundió en la Comisión Séptima del Senado.

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Así, desde el mundo político, muchos han interpretado que estas medidas no son gratuitas. “El presidente está politizando la salud de los colombianos y está dando órdenes de carácter político, evidentemente”, dijo Fabio Aristizábal, quien fue superintendente de Salud en el gobierno de Iván Duque. Pero además de las coincidencias temporales, el primer mandatario ya había hecho saber que la implementaría. Lo dio a conocer hace 52 días, cuando posesionó al superintendente Luis Carlos Leal, médico cirujano quien también ejerció como concejal de Bogotá por la Alianza Verde, y le indicó que empezara a implementar un nuevo modelo de salud en la Superintendencia y en la Nueva EPS.

Las intervenciones administrativas, de cualquier forma, no son nuevas. En los 17 meses que Ulahy Beltrán fue superintendente de Salud, también se intervino a Asmet Salud y Savia Salud, entre mayo y junio de 2023. Además, dos de las siete EPS intervenidas administrativamente fueron tomadas en gobiernos anteriores, pero desde la oposición se dice que la situación no es comparable. “Si bien otros gobiernos lo hacían, aquí es evidente que se está haciendo por razones y motivaciones de carácter político. El momento en que se intervino a Sanitas coincidió con el hundimiento inminente de la reforma a la salud”, dijo Andrés Forero, representante del Centro Democrático.

Desde el petrismo, las voces defienden la obligatoriedad que tienen las superintendencias de desarrollar procesos de inspección, vigilancia y control. “En todos los gobiernos anteriores habían sido tremendamente laxas”, explicó la representante del Pacto Histórico y Alianza Verde, Martha Alonso. “Por eso se ha perdido plata de la salud. Creo que es la primera vez que un gobierno permite que sus superintendencias ejerzan a plenitud sus funciones y eso incomoda a mucha gente que está acostumbrada a pasarse la ley por la faja”, precisó.

En el ámbito financiero, por otra parte, la Superintendencia Financiera, a la cabeza de César Ferrari, dio vía libre al la OPA que hace parte del Acuerdo Macro entre Grupo Gilinski, Nutresa, Sura y el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA). En enero, el propio presidente citó a Jaime y Gabriel Gilinski, Gonzalo Pérez, presidente del Grupo de Sura; Carlos Gallego, de Nutresa; Jorge Mario Velásquez, de Grupo Argos, al Palacio de Nariño, para comunicarles la autorización de las movidas accionarias.

La movida de la Superfinanciera, que dirige el exasesor económico del presidente desde hace casi un año, hace parte de un repertorio de acciones que parecen estar acercando a Petro con el sector empresarial del país. Duvalier Sánchez, representante de la Alianza Verde, dijo que el primer mandatario está “dando señales de que él no quiere ser distante al sector empresarial”.

El jefe de Estado también se reunió con empresarios en Cartagena y fue hasta Rionegro, Antioquia, donde, con ellos, suscribió acuerdos para impulsar la industria del cacao y aportar a la sustitución de cultivos de uso ilícito. Y, el pasado diciembre, el Gobierno firmó el acuerdo “Misión La Guajira” con Grupo Aval.

Así, el proceso del Gobierno para limar las asperezas con el empresariado se ha venido haciendo evidente, una movida que es clave si aún hay esperanza de consolidar lo que el presidente llamó “gran acuerdo nacional”. Cuando Superfinanciera le dio luz verde a la OPA, Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, señaló que “independientemente de cómo termine este proceso, las empresas que estuvieron aquí hoy se comprometieron a participar en un acuerdo nacional para invertir en las áreas olvidadas del país”.

Y mientras los acercamientos continúan con el empresariado, la Superintendencia de Industria y Comercio está por cumplir dos meses y medio con Cielo Rusinque a su cabeza. Durante los 19 meses que lleva Gustavo Petro, la SIC se ha encargado de imponer multas a empresas como Falabella y Avianca, pero la acción que más revuelo generó fue la inspección, en menos de 24 horas, a la Cancillería, Registraduría y la planta y oficina de la firma Thomas Greg and Sons, hace un mes.

Estas diligencias se hicieron para verificar si la empresa que se ha quedado con la licitación de pasaportes desde hace más de dos décadas, y dos de las entidades con las que tiene sus mayores contratos han cumplido con el principio de libre competencia en la contratación estatal. Todo esto se dio en el marco del escándalo por la fallida licitación de pasaportes, que ha preocupado al gobierno desde el año pasado, cuando Thomas Greg quedó como único oferente en el proceso inicial.

En ese momento se levantaron preguntas sobre la legalidad de este tipo de inspecciones y se prendieron alarmas por la especulación de que Rusinque hubiera actuado en respuesta a una instrucción del primer mandatario. En entrevista con este diario, la superintendente dijo que no ha recibido “ninguna orden por parte del señor presidente ni ninguna orientación del Gobierno Nacional sobre adelantar o no investigaciones a un agente del mercado en particular”. Y que las inspecciones ya estaban programadas desde semanas antes que ella asumiera el cargo.

Sin embargo, algunos siguen cuestionando los tiempos de esas actuaciones. Al respecto, Pablo Felipe Robledo, exsuperintendente de Industria y Comercio, dijo: “Yo no tendría pruebas para decir que se están utilizando las superintendencias con fines políticos, pero el Gobierno está obligado a alejar dudas y no a crearlas. Las superintendencias son entidades prestigiosas que ejercen funciones de policía económica y no de policía política”.

En esa medida, también se ha cuestionado a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que ha participado activamente en la formulación de la reforma a la Ley de servicios públicos, la cual aún está en construcción. Cuando se conoció el borrador, los gremios cuestionaron las facultades que se le daban a la entidad e interpretó el contenido como una posible señal de intervención estatal para privilegiar lo público. Según advirtió el presidente de Andesco, Camilo Sánchez, se desplazaría la participación igualitaria de empresas públicas, privadas y mixtas.

Al respecto, el superintendente Dagoberto Quiroga aseguró en un texto que desde su entidad tienen la convicción de que los cambios fortalecerán el modelo actual de servicio público, en la medida en que La ley 142 de 1994 “acertó al promover el ingreso del capital privado, pero se quedó corta en el desarrollo de los servicios públicos como finalidad social del Estado”.

En una columna de opinión, el abogado y exmilitante del M-19 confirmó que el propósito del proyecto es fortalecer su Superintendencia y que “el objetivo de la vigilancia no es sancionar, sino advertir riesgos y encontrar alternativas que resuelvan problemas que afectan la calidad y eficiencia en la prestación”. Durante estos meses del gobierno Petro, Superservicios sancionó a la empresa Atesa por el incumplimiento de normas técnicas en Santa Marta e intervino administrativamente a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal.

Quiroga dijo que la reforma solucionara la práctica en la que incurren algunas empresas, a las que les resulta más económico seguir incurriendo en malas conductas y pagar las multas que corregir sus actuaciones. Sin embargo, a pesar de su defensa a la reforma, ha tenido diferencias con el presidente Petro con respecto a algunos asuntos. Uno de ellos es la intervención a Essmar (Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta). Según él, el mismo primer mandatario le ha sugerido que la superintendencia no se quede administrando la empresa, pero él ha insistido en que se está desarrollando un trabajo interno y que no se trata de “un capricho”.

Hace unos meses, el superintendente también tuvo que aclararle a la opinión pública que la reforma a la ley no le permitiría al presidente asumir las funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), como se había entendido en un primer momento.

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Las otras superintendencias, aunque sin coincidencias temporales con eventos políticos importantes, no han pasado desaparecidas en estos meses. Justamente el pasado viernes la Supersociedades convocó una reunión extraordinaria de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) para aprobar el acta de una reunión, lo que generó malestar entre quienes consideraron que está interfiriendo en la CCB.

Todo eso en el marco de la elección del nuevo presidente de Corferias, para lo que el Gobierno estaría impulsando el nombre de Mery Janeth Gutiérrez, quien fue aspirante al Mintic y expareja de Hollman Morris.

“Reconociendo la competencia de la Superintendencia para efectuar la convocatoria a sesiones extraordinarias, no podemos dejar de expresar extrañez y sorpresa, porque en 145 años de existencia de esta Cámara de Comercio, nunca se ha hecho uso de esta facultad por parte de ninguna Superintendencia”, se lee en la constancia que dejaron algunos miembros. Además, indicaron que están comunicando al Ministerio Público para que realice un seguimiento especial a las actuaciones.

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