“Se derrotó el negacionismo de los falsos positivos”: magistrado de la JEP

Recientemente se supo que usted y varios miembros de su grupo, en la JEP, fueron amenazados cuando los declararon “objetivo militar” por – según el mensaje - “desenterrar un pasado que ya estaba enterrado (sic)” ¿Sabe a qué se refieren los autores de esos mensajes y quiénes son?

Recientemente se supo que usted y varios miembros de su grupo, en la JEP, fueron amenazados cuando los declararon “objetivo militar” por – según el mensaje - “desenterrar un pasado que ya estaba enterrado (sic)” ¿Sabe a qué se refieren los autores de esos mensajes y quiénes son?

En el caso conjunto que adelanto con la magistrada Nadiezhda Henríquez (descubrimiento de restos de víctimas de “falsos positivos” en el cementerio de Dabeiba) hemos sido amenazadas, en total, doce personas; entre estas, comparecientes, testigos, abogados, mi magistrado auxiliar y yo. En ningún otro asunto, ante la JEP, se ha conocido tal grado de intimidación. Si bien, no sabemos quiénes están detrás de estos actos, es claro que quisieron acabar con este proceso y evitar, a toda costa, la realización de la audiencia que adelantamos hace unos días en Dabeiba y Medellín. Querían que la verdad siguiera sepultada en las fosas comunes del cementerio Las Mercedes, de ese municipio.

Desde mayo, cuando se dieron a conocer las amenazas, usted, su magistrado auxiliar y demás miembros del equipo ¿han vuelto a recibir amenazas o han cesado ante el rechazo público que se manifestó?

Al inicio de esta investigación, una testigo clave fue víctima de un atentado. Desde entonces, las amenazas han sido constantes. El 8 de junio pasado, el vehículo de mi magistrado auxiliar fue atacado y recibió un impacto de proyectil, en Medellín. Más recientemente, si bien mi seguridad fue reforzada, se han percibido situaciones preocupantes cerca de mi lugar de residencia tales como rondas de vehículos polarizados y personas no identificadas tomando fotos del lugar.

¿Cree que existen personas conectadas con esos crímenes que todavía están interesadas en ocultar esos hechos?

A lo largo de esta investigación se han mencionado unos particulares que podrían estar relacionados pero sus casos no son competencia de la JEP sino de la Fiscalía General.

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Como las investigaciones que ustedes adelantaron en Dabeiba, develan crímenes de unos militares destacados en la zona durante esos años, ¿hay algún indicio de que las amenazas pueden provenir de quienes estuvieron combatiendo, allá, hace 23 años?

Esa es una hipótesis que debe estar considerando la fiscalía. No es descartable que haya personas con intereses en este caso que deseen que las investigaciones se suspendan o, definitivamente, no se adelanten.

Antes de que la JEP iniciara la investigación, ¿cuántos años estuvieron ocultos los “falsos positivos” de Dabeiba? Entre los pobladores se decía, aunque no con la gravedad que ustedes han descubierto, que desde el 2000, cuando hubo un grave enfrentamiento entre el Ejército y las FARC había, escondidos, muchos crímenes de guerra en ese municipio.

Hay un caso que puede marcar esa etapa: la victimización de las familias Manco y Úsuga. En 1997, fueron asesinados el padre, su hijo de 14 años, su hermano y un vecino. Sus muertes fueron presentadas como de guerrilleros dados de baja en combate pero eran campesinos muy conocidos en la zona. Las víctimas fueron inhumadas en una fosa común del cementerio de Dabeiba como NN, y vestidas con camuflados y armamento. Cuando las exhumamos, pudimos identificarlas, después de 23 años, excepto el cuerpo del padre que no se recuperó porque lo lanzaron al río, uniformados del Batallón Atanasio Girardot. En una ceremonia, en 2020, sus familiares pudieron, por fin, darles, en nuestra presencia, digna sepultura. Este caso es muestra de que esos hechos venían ocurriendo hace más de dos décadas aunque, antes, el motivo era la estigmatización, el señalamiento como “guerrillero”; y, después, fue la presión militar de presentar resultados como sucedió, sobre todo, entre 2002 y 2008.

Volviendo al proceso que ustedes adelantaban, desde la JEP, en Dabeiba, ¿qué descubrieron respecto de lo que se había investigado hace veinte años? ¿Hubo ocultamiento deliberado en aquella época?

Este caso jamás fue investigado en la justicia ordinaria. Ninguno de los 27 responsables que hemos identificado, había sido judicializado por esos crímenes. En Dabeiba, según nos lo certificaron, los archivos operacionales del Ejército se destruyeron en un incendio. De ahí que los aportes tempranos de los comparecientes, coincidentes con los hallazgos forenses, resultaron esenciales para esclarecer los crímenes.

Usted habla de 27 responsables ¿Por qué? ¿Ese es el número que arrojan sus investigaciones y ya descartó que hubiera más involucrados?

Estoy seguro de que hay más responsables. En este caso conjunto, hay 27, pero tenemos información de que existen más involucrados, más crímenes y, desde luego, más víctimas en otros cementerios con fosas comunes. Pero esos hallazgos quedan a cargo de otro caso, el 04 de la JEP o caso territorial de Urabá.

Si ustedes no pudieron examinar los archivos de la época por “destrucción en un incendio”, ¿cuáles líneas de investigación siguieron para poder avanzar en el proceso hasta llegar a la confesión de los responsables y a las conmovedoras audiencias de la semana pasada?

Empezamos con la declaración de un compareciente a la que se sumaron otras. Con esas informaciones, apoyados en sus versiones y el trabajo forense que realizamos, logramos reconstruir lo que pasó en Dabeiba. Los comparecientes señalaron los sitios exactos en donde inhumaron a sus víctimas. Señalaron, por ejemplo, el lugar en que encontraríamos seis cuerpos y describieron que los habían envuelto en bolsas negras con amarres. Cuando excavamos, encontramos los restos tal como ellos lo habían relatado y en los lugares exactos que habían indicado. Si no, habría sido mucho más difícil hallarlos puesto que, en ese cementerio, no se destinó un espacio para los NN sino que los sepultaban en cualquier parte.

¿Cómo se sintieron ustedes ante los cuerpos descubiertos?

Ha sido una experiencia muy fuerte. Y algo desconcertante fue constatar que uniformados de diferentes unidades militares, con diferentes comandantes y en diferentes tiempos, hubieran coincidido en llegar al mismo cementerio para similares efectos de ocultamiento.

¿Por qué sucedió eso? ¿No es raro?

Es un indicador de que todo el mundo sabía que se podía llegar a ese lugar para inhumar cuerpos sin que alguien se interesara en indagar. Era una especie de conocimiento colectivo que pasaba de una persona a otra. Es decir, se sabía que allí se podían ocultar los NN y que nadie investigaría ni nada pasaría.

¿Ese compareciente que les reveló a ustedes la existencia de fosas comunes en Dabeiba, lo hizo espontáneamente?

Sí. Él estaba confesando ejecuciones extrajudiciales cometidas en otro departamento cuando decidió narrar lo sucedido en el camposanto de Dabeiba. Gracias a su información y a las suministradas por otros miembros de la fuerza pública, adelantamos cuatro grandes intervenciones a ese cementerio, a lo largo de varios meses. En total, fueron descubiertas 29 fosas comunes clandestinas contentivas de 49 víctimas. Hasta el momento, hemos entregado, dignamente, 11 de ellas que fueron identificadas. Según Medicina Legal, hay otras dos víctimas a punto de que se establezca su identidad: una está en etapa muy avanzada de reconocimiento y, otra, en verificaciones. Las labores de identificación continúan y será necesario realizar otras jornadas de toma de muestras de ADN.

Las recientes audiencias de reconocimiento de responsabilidad, por parte de esos militares han sido muy duras por los relatos en los que confesaron la forma atroz como se ejecutaban los “falsos positivos”. Esas revelaciones ¿fueron definitivas para avanzar en el proceso investigativo?

Sin esos aportes tempranos a la verdad hubiera sido imposible iniciar y avanzar esta investigación por cuanto, como he explicado, no contábamos con ningún tipo de documentación sobre estos hechos: no había informes de víctimas ni expedientes judiciales sobre el caso y ninguna documentación militar.

Es decir, no existía para la historia. Sin embargo, una cosa es la confesión espontánea de un arrepentido y, otra, que los demás involucrados se animen a aceptar sus crímenes y a asumir públicamente su responsabilidad.

Cierto. Hubo unos comparecientes que reconocieron estos hechos y otros fueron renuentes pero, lo más importante de la audiencia de Dabeiba fue que aceptaran públicamente su participación en crímenes sobre los cuales, reitero, ni siquiera había habido reconocimiento previo en la JEP. Fue espontáneo y, por eso, muy impactante.

Los militares que confesaron sus crímenes, no solo lo hicieron respecto de sí mismos sino respecto de algunos superiores que se niegan a aceptar su responsabilidad en los hechos ¿Qué sucede y cómo procede la JEP en esos casos específicos?

Respecto de los dos comparecientes que no aceptaron su responsabilidad, la Sala remitió sus expedientes a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP para inicie el proceso adversarial (mediante la confrontación de pruebas) que permitirá determinar sus responsabilidades individuales.

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Perdone que le sea franca pero esa Unidad de Investigación de la JEP se ve débil, lenta y casi incapaz ¿Cuánto más deben esperar las víctimas de estos dos investigados para conocer la verdad?

La idea es que sea ágil tanto en la UIA como en la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad. Ya recibimos la primera acusación de esa unidad en el caso del expolítico del Caquetá, Luis Fernando Almario, como responsable de los asesinatos de la familia Turbay Cote, de ese departamento.

Uno de los casos más emblemáticos, en Dabeiba, es el del campesino Édinson Lezcano, asesinado en 2002, y cuyos restos fueron identificados apenas en 2020 por ustedes. El Centro Democrático se pronunció en el momento de la entrega a la familia, ese año, diciendo que la historia era falsa y asegurando que era un montaje suyo y de la JEP. No obstante, en las audiencias de la semana pasada, el mayor (R) Yair Alexander Rodríguez reconoció que lo mató ¿Cómo interpreta la reacción del uribismo?

A lo largo de la Audiencia de Reconocimiento, todos los integrantes de la cadena de mando, empezando por el comandante del Batallón de Contraguerrillas No. 26 Arhuacos, coronel Edie Pinzón Turcios, siguiendo con los comandantes de compañía y de pelotón hasta terminar en quien ejecutó la orden de asesinar al señor Lezcano, confesaron que no se trató de un combate real; que la víctima no pertenecía a ningún grupo armado y que su cuerpo fue ocultado en el cementerio de Dabeiba. Negar esa verdad fue otra afrenta a su familia y su revictimización.

¿Por qué cree que ese partido político se ensañó en contra del campesino Lezcano después de tantos años?

Considerando que el del señor Lezcano fue el primer caso de una víctima identificada en Dabeiba y cuyo cuerpo se pudo recuperar, identificar y entregar a sus familiares para que lo sepultaran con dignidad, se convirtió en emblemático. A él llegamos, precisamente, por las confesiones. Me parece que el caso Lezcano también es emblemático porque demuestra que la JEP funciona y que el Acuerdo de Paz logra los fines de perdón y convivencia.

La columnista Salud Hernández lo señaló a usted, en ese año 2020, de hacer “un montaje” con la muerte del campesino Lezcano del que dijo que “nunca estuvo desaparecido” porque el Ejército lo identificó el mismo día de su muerte y “sus familiares ya cobraron una jugosa indemnización”. Afirmó, además, que ella misma habló con habitantes de Dabeiba que habrían señalado a Lezcano como “miliciano de las FARC muerto en enfrentamiento con militares” ¿Qué le dice usted, hoy, cuando un militar confesó que lo asesinó?

Desde el inicio de la investigación obraban pruebas en el expediente que demostraban que se trataba del asesinato de un civil presentado, ilegítimamente, como baja en combate. De igual manera, se probó que su cuerpo jamás fue identificado por su familia y que fue ocultado en el cementerio. Tengo entendido que algunos parientes demandaron al Estado y que llegaron a una conciliación pero ejercían su legítimo derecho a la reparación económica; con todo, el cuerpo de Édison nunca fue entregado a sus familiares. Nos satisface que gracias al trabajo de la JEP y a los aportes de verdad de los responsables, se haya esclarecido este hecho, derrotando, así, el negacionismo de estos casos.

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Veo que no quiere referirse a las que hoy se sabe que son falsas afirmaciones. Pero la periodista lo señaló directamente a usted de “montar” una escena de crimen falsa.

La verdad salió a flote en las recientes audiencias de Dabeiba y Medellín. Los perpetradores del crimen confesaron y esa confesión es, para mí, la mejor reparación.

Después de las audiencias el expresidente Uribe publicó un trino en que parece admitir sus errores en este campo aunque con evasivas: Dice que “duele y mortifica que hubieran negado falsos positivos; les creímos y ahora los aceptan...” ¿Cree que se trata de un reconocimiento?

Con todo respeto, invitaría al expresidente Uribe, a los medios de comunicación que negaron la verdad, y especialmente a la referida columnista, a que ofrezcan excusas públicas a la familia de Édison Lezcano así como a todas las víctimas de Dabeiba y Medellín cuyos nombres fueron mancillados. Sería no solamente un acto de justicia sino de grandeza por parte de ellos.

Y a usted y su equipo, ¿por qué no pedirles disculpas?

Mi buen nombre no depende de esas afirmaciones. Para mí, lo importante y prioritario es que las víctimas sean reparadas. En lo personal, no me afecta, menos aún después del abrazo que se dieron las víctimas y los comparecientes al final de la audiencia. Fue estremecedor.

A propósito, los casos de “falsos positivos” ocurridos en varias partes del país, ¿son idénticos al de Dabeiba? ¿Se puede hablar de sistematicidad en la ejecución de estos crímenes?

Claro que sí. Cuando se mira, con atención, lo que sucedió en la costa Caribe, en Casanare, en Catatumbo y otros lugares del país distantes entre sí, los patrones criminales se repiten. Está escrito en varios documentos. Lo que pasó en Dabeiba no fue excepcional: sucedía, también, a 700 kilómetros de distancia.

Aparte de restos humanos, en esas fosas se encontraron prendas militares y policiales sepultadas junto a los cuerpos a pesar de que podían constituirse en pruebas ¿Por qué?

Efectivamente, en los enterramientos colectivos encontramos restos de uniformes camuflados, insignias militares, distintivos de la Policía Nacional, amarres, bolsas negras, entre otros. Quienes los dejaron ahí, jamás pensaron que serían descubiertos.

Esos elementos, ¿pueden, aún, ser examinados con técnicas forenses para identificar a quién o quiénes pertenecieron?

Como dije, quienes dejaron esas prendas en las fosas, no creyeron que podrían ser exhumados algún día. Unas insignias, por ejemplo, tienen marcada la unidad en que las usaban: Batallón 26 Arhuacos; las bolsas en que envolvieron algunos cuerpos, pertenecían a la Policía Nacional. Y así. Era obvio que los enterramientos colectivos ocultaban algo anormal porque una persona que fallece de manera natural, es sepultada en un ataúd, no en una bolsa. Tampoco se inhuman, de ese modo, los combatientes que perdieron la vida legítimamente. Lo importantes es que todos los elementos hallados coinciden con lo que dijeron los comparecientes. Entonces, no había qué hacer muchos exámenes.

¿Se han podido determinar cuáles patrones se siguieron en estos homicidios de lesa humanidad, en Dabeiba, conocidos como “falsos positivos” y ocurridos a lo largo de casi 20 años?

El crimen más antiguo correspondió a una víctima inhumada en 1982 cuyos restos ya fueron entregados, de manera respetuosa, a sus familiares. Los patrones que analizamos se concentran, principalmente, en el lapso comprendido entre 1997 y 2008. El primer patrón de asesinatos afectó a los habitantes de la región de Dabeiba que fueron estigmatizados o señalados, por otros, como “guerrilleros” sin que hubiera ninguna verificación por lo que las víctimas terminaron siendo campesinos o habitantes regulares de la zona; el segundo patrón, que coincide con la desmovilización paramilitar, consistió en llevar personas, en condiciones de vulnerabilidad, desde Medellín y otras localidades, para despojarlas de sus documentos de identidad y, después, asesinarlas. Y en el tercer patrón, que es transversal a varios lugares, se utilizaron algunos cementerios municipales para desaparecer a las víctimas, no solo el de Dabeiba: también en Ituango, en Carepa y otros sitios.