Se disparó la “contratitis” “ad portas” de la Ley de Garantías

La Ley de Garantías entró en vigencia el pasado jueves 29 de junio, una norma que prohíbe a entidades territoriales (como alcaldías y gobernaciones) firmar convenios interadministrativos cuatro meses antes de las elecciones regionales. La diferencia con los comicios nacionales, como las presidenciales, es que en esos casos toda la contratación directa queda prohibida, incluidos los contratos de prestación de servicios.

La Ley de Garantías entró en vigencia el pasado jueves 29 de junio, una norma que prohíbe a entidades territoriales (como alcaldías y gobernaciones) firmar convenios interadministrativos cuatro meses antes de las elecciones regionales. La diferencia con los comicios nacionales, como las presidenciales, es que en esos casos toda la contratación directa queda prohibida, incluidos los contratos de prestación de servicios.

Tan solo este pasado mes de junio, por ejemplo, se firmaron 109 convenios interadministrativos en todo el país, que suman más de $114.000 millones. Mientras que en junio de 2022 apenas se firmaron 22 contratos por cerca de $66.000 millones, es decir, casi el doble de gasto entre un año y otro.

Uno de los escándalos de educación más complejos en la administración de Daniel Quintero como alcalde de Medellín ha sido la crisis presupuestal del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), una institución de educación superior que financia la Alcaldía y que desde diciembre pasado se habían declarado en crisis económica. Desde mayo, estudiantes y sindicalistas de la institución denunciaron que la Alcaldía congeló el desembolso de $21 mil millones, el dinero que necesitan para garantizar su funcionamiento en lo que queda del año.

Sin embargo, ad portas de que empezara a regir la Ley de Garantías, el Instituto firmó, entre el 5 y 23 de junio, siete convenios que suman $26.134 millones. Lo curioso es que dos de esos proyectos no tienen nada que ver con la misionalidad educativa. Dos de ellos se firmaron con la Alcaldía de Rionegro para que el Instituto les ayude a ejecutar actividades de gestión del talento humano y tecnologías de la información.

También que esta institución, desde diciembre de 2022, se declaró en crisis presupuestal que la llevó a que a finales de diciembre los estudiantes y trabajadores se declararan en paro. Iván Rivera, líder estudiantil del movimiento “Un Mejor ITM”, aseguró que el lío es que el alcalde Daniel Quintero, el año pasado, disminuyó el presupuesto anual del Instituto en $15 mil millones. Después de las manifestaciones, el alcalde decidió asignarles el rubro que pedía la institución, pero en mayo la administración municipal congeló el desembolso, que es lo que les falta para financiarse hasta diciembre.

Lea también: Política de drogas: Gobierno estudia titulación masiva de tierras para cocaleros

Por eso a los estudiantes y a algunos líderes sindicalistas del Instituto les llama tanto la atención que en apenas 20 días la institución haya conseguido convenios interadministrativos que sobrepasan el déficit económico que tienen. Una de las necesidades urgentes que tiene para seguir funcionando es un cambio de computadores e instalación de sistemas eléctricos, según Rivera.

“Nosotros alzamos la voz porque nos faltaban $15 mil millones para funcionar y ahora nos enteramos de que les entró más de $26 mil millones. Lo raro es que no es todo con la Alcaldía de Medellín, sino que también está la Alcaldía de Rionegro”, aseguró el líder.

El Espectador consultó a la oficina de prensa del Instituto Tecnológico Metropolitano para conocer su versión sobre los siete convenios firmados este mes, pero hasta el cierre de esta edición solo respondieron que estaban consultando con las directivas.

En los documentos revisados por este diario del Instituto con la Alcaldía de Rionegro argumentan que entregaron esa contratación directa, porque “al contratar con una entidad pública se asegura la eficiencia de la administración en la actividad contractual, traducida en lograr los máximos resultados, en el menor tiempo y la menos cantidad de recursos”. No obstante, estos acuerdos para fortalecer la gestión humana y la gestión financiera le costaron a la Alcaldía más de $4.300 millones, por un período de seis meses.

En contexto: Los ‘pesos pesados’ de la política que aspiran al cargo de Registrador Nacional

Otro caso en el que los convenios entre entidades públicas aumentaron fue en el departamento del Cesar. En junio del año pasado no se firmó ningún convenio interadministrativo. Aunque en el mismo mes de este año se firmaron tres, que suman $12.695 millones. Dos de esos convenios fueron adjudicados al Instituto para el Desarrollo del Cesar y otro con el Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial.

Los tres acuerdos entre entidades estatales que ejecutan recursos públicos, y que se deben llevar a acabo en un plazo de seis meses, tienen como finalidad mejorar la instalación del Instituto de Rehabilitación, ejecutar un proyecto para mejorar la calidad de vida de madres comunitarias y fortalecer unas unidades agrícolas a través de la implementación de invernaderos. Aunque este diario buscó a la oficina de prensa de la Gobernación para conocer su versión, hasta el cierre de esta edición no habían enviado respuesta.

La prestación de servicios

Abogados para asesorías legales, enfermeros para la atención de emergencias y desastres, y comunicadores para la divulgación de la gestión gubernamental son algunos de los perfiles contratados recientemente por la Alcaldía de Barrancabermeja, Santander.

En apenas 29 días del mes de junio, esa entidad firmó 1.612 contratos de prestación de servicios, que suman más de $20.500 millones. Si el alcalde del municipio, Alfonso Eljach, se hubiera dedicado a firmar contratos, incluyendo los domingos y festivos de junio, eso equivaldría a haber adjudicado casi 56 contratos directos diariamente durante todo el mes.

Aunque la Ley de Garantías para las elecciones regionales no implica ninguna prohibición para los contratos de prestación de servicios, Édward Esteban M. Bravo, abogado especialista en contratación estatal, explicó que “por desinformación y desconocimiento los alcaldes y gobernadores creen que también se limita la contratación por prestación de servicios y por eso se incrementa por estos días”.

Este año la gran campeona de los contratos de última hora fue la Alcaldía de Barrancabermeja, Santander. Según los registros del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), entre el 1° y 29 de junio esa Alcaldía firmó 1.612 contratos de prestación de servicios que, sumados, superan los $20.500 millones. En contraste, en junio de 2022, esa entidad solo firmó tres de ese tipo, por poco más de $650 millones.

Para dimensionarlo basta con saber que en todo 2022 esa Alcaldía adjudicó 5.565 contratos por prestación de servicios. Mientras que solo en junio de este año, ad portas de las elecciones regionales, se adjudicó el 30 % de toda la contratación de ese tipo que reportó en 2022.

Otras noticias políticas: Vargas Lleras llamó a liberales, conservadores y de la U a unirse en coalición

Según el Plan Anual de Adquisiciones (PAA), que es un documento a través del cual los municipios y gobernaciones planean qué tipo de contratos deben hacer durante el año, en 2023 esa entidad tiene planeado firmar 4.476 contratos de prestación de servicios, de los cuales ya firmó 3.172.

Aunque el PAA es la hoja de ruta que detalla cómo se van a adquirir los bienes y servicios que una entidad pública necesitará durante ese año, es un documento que puede ser cambiado o actualizado sin restricción. En el caso de la Alcaldía de Barrancabermeja, el Plan Anual de Adquisiciones ha tenido 110 versiones.

Entre los 1.612 contratos de prestación de servicios que firmó la Alcaldía de Barrancabermeja en este mes de junio resaltan los nombres de varios contratistas que tienen más de una vinculación al mismo tiempo. Por ejemplo, Yurany Davidson Jaraba recibió un contrato el pasado 22 de junio por $15 millones para labores relacionadas con comunicación, y al día siguiente firmó otro en esa misma entidad por $16 millones, para acompañar reuniones y elaborar informes y actas. Ambos contratos están activos y finalizarán el próximo 10 de octubre.

De forma similar, Oedin Dávila firmó un contrato el 21 de junio para “apoyar las acciones de fortalecimiento de la autoridad sanitaria” y al día siguiente recibió otro para “acompañar las actividades de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”.

Estos son solo dos de al menos 10 casos de contratistas con más de una vinculación vigente en la Alcaldía de Barrancabermeja, todas adjudicadas justo antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías. Este diario envió una comunicación a esa entidad para que explicara esta contratación, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

La segunda que más contratos de prestación de servicios firmó en junio de este año fue la Alcaldía de Soacha, con 1.344, que suman más de $18.300 millones. Sin embargo, según su plan de adquisiciones para este año, que ha tenido una veintena de actualizaciones, en junio se pretendía firmar solo 545 contratos de prestación de servicios adjudicados directamente, por poco más de $8.400 millones.

Según informó la Alcaldía, las prestaciones de servicios aumentaron porque, en su concepto, la Ley de Garantías limita la posibilidad de firmar estos contratos. No obstante, esa prohibición solo aplica para elecciones nacionales. A pesar de eso, varias entidades territoriales adelantaron sus adquisiciones y eso causó congestión en el Secop durante la última semana. A pesar de que la Ley de Garantías se creó en 2005, todo indica que aún hoy hay muchas entidades públicas que no saben bien qué se limita y qué no.