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Este viernes, el expresidente Juan Manuel Santos se refirió al reciente informe de la Jurisdicción Especial para la Paz, que reveló que el 78 % de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército se realizaron entre 2002 y 2008, durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez.
(Falsos positivos en la JEP: el 78% de las víctimas se reportaron en el gobierno Uribe)
En ese entonces, Santos fungía como ministro de Defensa. Como jefe de cartera, su conocimiento sobre el funcionamiento de las fuerzas era clave. Bajo ese contexto y los datos arrojados por la justicia transicional, el expresidente que llevó a firmar el Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc, comentó en su cuenta de Twitter que gracias a ese pacto histórico “se está conociendo la verdad sobre el conflicto”.
En su trino, recordó que desde el año pasado se puso a disposición de la JEP “para contarles, entre otras cosas, como investigamos, destapamos y acabamos con ese horror de los falsos positivos”. Sus palabras no han sido las únicas que han salido a relucir luego de ese informe. Desde la orilla contraria, el expresidente Álvaro Uribe le contestó con un comunicado a la magistratura. Señaló de sesgada la indagación del caso 03, conocido como Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes de Estado o mal llamado “falsos positivos”.
(“Privilegié desmovilización y captura sobre bajas”: Uribe ante revelaciones de la JEP)
“Recién iniciado el gobierno, en 2003, cuando la Seguridad Democrática empezaba a dar tranquilidad a los colombianos, organizaciones no gubernamentales, contrarias a mis ideas, acusaban a las Fuerzas Armadas (FFAA) de asesinar campesinos en lugar de dar de baja a criminales. Asumí públicamente el tema y se ordenó que el cuerpo de alguien dado de baja en combate permaneciera en el lugar, no fuera movido por las FFAA y se esperara la llegada del representante del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía”, expuso Uribe en su respuesta. Además, insistió en que como jefe de Estado privilegió “la desmovilización y capturas sobre bajas”.
La información recaudada sobre los falsos positivos se conoció porque la JEP decidió hacer público este avance de la investigación. Según el documento, entre 2002 y 2008 se ejecutaron al menos 6.402 víctimas. Antioquia, la Región Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta son los seis territorios críticos que estudia esta justicia en la primera fase de la investigación. El fenómeno de las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate data desde la década de 1980 y se estudia hasta el Acuerdo de Paz.