Tal como lo ventiló la senadora Victoria Sandino en entrevista con El Espectador, este martes un grupo de excombatientes formalizó su decisión de pedir al Partido Comunes –antes FARC y que nació del Acuerdo de Paz–, la escisión de la colectividad, es decir, una suerte de división para que puedan seguir funcionando como movimiento político en firme, pero aparte.
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Vale la pena recordar que Ley 1475 de 2011 da un marco para que los partidos y movimientos políticos implementen en sus estatutos las posibilidades de disolución, liquidación, fusión y escisión.
En ese sentido, en una carta enviada al Consejo Nacional de Comunes, los firmantes –entre quienes se cuentan la propia Sandino, Israel Alberto Zúñiga (Benkos Biohó) o Ubaldo Zúñiga (Pablo Atrato)–, piden que se convoque a una asamblea general extraordinaria para discutir y aprobar la escisión.
Reivindicando su rol como firmantes del Acuerdo de Paz, los excombatientes recuerdan que desde 2020 han sido objeto de múltiples procesos de investigación y sanción interna, “redundando en estigmatización interna y externa”. Por ello, reclaman por la falta de garantías y la apertura de “sendos procesos disciplinarios” contra dirigentes que mostraron divergencia respecto de las decisiones adoptadas por las directivas de Comunes.
En este sentido, recuerdan que en los estatutos del partido se aprobó el pluralismo y el deber de garantizar la expresión de las diferentes tendencias, en particular las minorías.
“El derecho a la reincorporación y sus garantías políticas aplica para todos los firmantes del Acuerdo final, 13.589 personas, y no solo para quienes son reconocidos como militantes y la oficialidad del partido, que hoy solo cuenta con menos de la mitad de los reincorporados”, agregan los excombatientes, alegando que la voz de los firmantes en las diversas instancias del Acuerdo de Paz está hoy “privatizada por la oficialidad del partido”.
Precisan también que el reconocimiento de la escisión se constituye en “necesaria garantía y salvaguarda de la vida y seguridad personal de los firmantes”, señalando que han sido víctimas de estigmatización y persecución política por sus opiniones críticas.
“Consideramos que no contamos con garantías al interior del partido para que se lleve a cabo un proceso con respeto al debido proceso y al principio de legalidad, razón de más para pedir su intervención especial. En síntesis, hoy el partido surgido del proceso de paz está muy lejos del umbral democrático exigible a cualquier partido que actúe en la vida política nacional (…) excluir el proceso de reincorporación a los firmantes del Acuerdo es también incumplir lo pactado en La Habana”,