Se hunde en primer debate el proyecto que buscaba prohibir el glifosato

Nuevamente se hunde en el Congreso un proyecto de ley cuyo propósito era prohibir el uso del glifosato para la aspersión de cultivos uso ilícito. No se alcanzó a discutir el articulado del proyecto debido a que se impuso la ponencia de archivo que fue liderada por senadores del Centro Democrático.

Con una votación de nueve votos a favor del archivo y solo tres en contra, el proyecto impulsado por miembros de la Alianza Verde nuevamente se quedó en primer debate. En esta oportunidad, el debate se caracterizó por una discusión reflexiva sobre las implicaciones de la iniciativa, aunque hubo controversia ante los señalamientos de un sector del partido de Gobierno, específicamente el senador Carlos Felipe Mejía, que llegó a insinuar que los que estaban a favor de prohibir el glifosato eran cómplices del narcotráfico.

Ante estos señalamientos, varios miembros de la oposición le recordaron a Mejía el impacto que podía tener estas palabras, pues en Bogotá pueden ser meros señalamientos, pero en la región llegan a ser la razón de las balas, como lo comentó el senador liberal Guillermo García Realpe. Más allá de este tema de estigmatización, la discusión se centró en las dos ponencias negativas que se presentaron en contra del proyecto y que terminaron imponiéndose a los argumentos dados por los sectores de oposición para prohibir el uso del glifosato.

El primero en intervenir en la sesión fue el senador Alejandro Corrales, del Centro Democrático. Este, como ponente de la proposición de archivo, comenzó su exposición recordando que el gobierno de Iván Duque ha estado comprometido con la reanudación de la fumigación con glifosato, pero cumpliendo con todas las reglas ambientales y de seguridad para garantizar el bienestar de los campesinos.

Luego hizo referencia directa a los estudios sobre el tema y aseguró que, de cuatro grupo de estudios que ha usado la Organización Mundial de la Salud, tres han establecido que el glifosato no es probablemente cancerígeno y solo uno, el de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, ha determinado que es una sustancia posiblemente cancerígena.

Aunque reconoció esta condición, el senador del Centro Democrático trató de quitarle fuerza a esta situación diciendo que en la misma categoría del glifosato están otros elementos y acciones como cocinar por combustión de biomasa -por lo que el senador dijo que gran parte de la ruralidad estaría expuesta-; la exposición al asfalto -a esto añadió Corrales que bajo esa lógica “no podríamos asfaltar las carreteras-; freír a altas temperatura -que es un método de cocción de buena parte de las comida típicas, según Corrales-; la malaria; hacer turnos de noche; comer carnes rojas; las estufas de carbón; y el trabajo de peluquería.

En la misma intención de justificar su ponencia de archivo, Corrales también dijo que “no se asperja sobre las personas, solo sobre los cultivos” y que, si le llegaba a caer encima a una persona, la solución era el lavado corporal con agua, pues había una mínima posibilidad de absorción. Asimismo, leyó resúmenes de estudio que decían que “los riesgos son insignificantes” para el ambiente. Sobre este punto comentó: “Eso nos tranquiliza a los defensores del ambiente como yo”.

En este mismo sentido aseguró que normalmente los cocaleros usan glifosato para el cuidado de las matas de coca, por lo que “si tenían trazas de glifosato, seguramente era por el uso como herramienta para cultivar la coca”. Tras esta argumentación sobre la supuesta falta de repercusiones graves del glifosato, Corrales cerró su intervención haciendo énfasis en que la aspersión era necesaria para ponerle freno a los cultivos de coca.

“La aspersión es contra el narcotráfico, que es nuestro peor cáncer”, expresó el senador Corrales, que hizo énfasis en que han crecido los cultivos de uso ilícito y la producción de clorhidrato de cocaína desde que se dejó de asperjar con glifosato. “Nadamos en mares de coca por quitar una herramienta que sí era efectiva”, añadió en este punto.

En este mismo camino llamó la atención sobre la presencia de cultivos de coca en parque naturales y criticó que por ley en estas zonas no se puede hacer fumigación por aspersión: “Nuestra legislación está siendo usada por los grupos al margen de la ley. A renglón seguido enunció cifras que demuestran que los delitos a la seguridad pública han aumentado y lo relacionó con el aumento de los cultivos ilícitos.

Por último, Corrales, sin aportar mayores pruebas, pidió que hubiera constancia de una denuncia en la que aseguraba que la “la sustitución voluntaria está siendo usada como una herramienta perversa”, pues supuestamente los narcotraficantes estaban enganchando a los campesino para que cultivaran la coca bajo el argumento de que luego podían recibir la ayuda del gobierno y no iban a tener mayores consecuencias.

El senador Alejandro Corrales fue seguido por Carlos Felipe Mejía que, como se dijo anteriormente, tuvo una intervención controvertida debido a algunos de sus argumentos. “Uno de los peores problemas es el narcotráfico y la minería ilegal está ligado al narcotráfico”, aseveró Mejía, que se mantuvo en sus tesis de que el cese de la fumigación con glifosato hizo parte de acuerdos secretos hechos en la Habana durante la negociación con las antiguas Farc.

En este mismo camino calificó a los que estaban a favor del proyecto de favorecer el narcotráfico y luego señaló que la muerte de líderes sociales estaba ligada con la coca. En otro sentido, ante el argumento de que debía cambiarse la estrategia en la guerra contra las drogas, este se limitó a decir que “no importa si en Estados Unidos se consume o no cocaína, sino que lo importante es el derecho a no tener cultivos ilícitos en Colombia”.

Luego de otras intervenciones a favor del proyecto, le tocó el turno a la oposición, que defendió la iniciativa. Uno de los primeros en hablar fue el senador Antonio Sanguino, que no hace parte de dicha comisión, pero pidió permiso para participar. El senador de los Verdes recordó que reanuda la aspersión iría en contra de los acuerdos debido a que se había definido que la estrategia debía pasar en un primer momento por la sustitución voluntaria. Luego existía la posibilidad de la erradicación manual forzada y solo como última solución la aspersión.

En este mismo sentido señaló que desde Estados Unidos se ha venido pidiendo que haya una reducción en los recursos de cooperación, sobre todo en estos temas de fumigación. Luego agregó que la efectividad real del glifosato está puesta en duda, pues normalmente hay una resiembre del 68% con este método, mientras que la sustitución voluntaria tiene un éxito de más del 98% de no resiembra. “No se puede tener la mano dura contra el más débil. Que en nombre de la vida y de la salud de las comunidades campesinas le den el sí a este proyecto”, concluyó en su intervención Sanguino.

Este fue seguido por Jorge Enrique Robledo, senador de Dignidad. Este siguió por el camino de Antonio Sanguino y cuestionó que “fumigan al más pobre de la cadena, el campesino que no tenía salida”. En este punto también rebatió parte de la argumentación de Corrales, pues dijo que los pocos efectos secundarios del glifosato en los campesino era mentira, pues no era lo mismo que le cayera un “baldado” a que tuviera contacto de la misma forma que en el desarrollo agrario normal.

Este también cuestionó la postura que señaló que los que estaban a favor de prohibir el glifosato eran partidarios del narcotráfico. Asimismo, haciendo referencia al senador Mejía, dijo que una de las mayores pruebas del fracaso de la guerra contra la droga es que nunca se desabastecido el mercado norteamericano, sin importar los esfuerzos que se han hecho para reducir la producción de hoja de coca.

El último en intervenir en este grupo fue el senador Jorge Londoño, que fue el autor de una ponencia positiva que no se pudo exponer. “La mentira es que vamos a acabar con la coca con el glifosato”, de esta manera comenzó el congresista de los Verdes, que atacó con cifras los argumentos de los dos miembros del Centro Democrático.

Entre los argumentos expuestos, Londoño demostró que la aspersión eran muchísimo más costosa que la sustitución voluntaria. Este comentó que el Estado se gasta cerca de $72 millones por hectárea asperjada, mientras que apenas se gasta $40 millones por familia que decide acogerse a la sustitución voluntaria. En este mismo sentido señaló que en 9 años de uso de glifosato se gastó $9 billones, mientras que solo se necesitaría $2,9 billones para atender a las cerca de 80.000 que podrían estar involucradas en la siembra de cultivos de uso ilícito.

Además, enunció algunos estudios académicos que demostrarían que la guerra contra el narcotráfico es muy rentable, sobre todo porque entra a regular la oferta que hay de cocaína. En este mismo sentido desmintió algunos de los estudios enunciados por Corrales. El senador Londoño expresó que sí hay pruebas de una relación entre el linfoma no hodgking y las fumigaciones. Además dio cuenta de varios estudios que demostrarían el impacto ambiental del glifosato. Por último recordó que Colombia ha tenido que afrontar demandas por cerca de 2,15 billones por causa del glifosato.

Nuevamente se hunde en el Congreso un proyecto de ley cuyo propósito era prohibir el uso del glifosato para la aspersión de cultivos uso ilícito. No se alcanzó a discutir el articulado del proyecto debido a que se impuso la ponencia de archivo que fue liderada por senadores del Centro Democrático.

Con una votación de nueve votos a favor del archivo y solo tres en contra, el proyecto impulsado por miembros de la Alianza Verde nuevamente se quedó en primer debate. En esta oportunidad, el debate se caracterizó por una discusión reflexiva sobre las implicaciones de la iniciativa, aunque hubo controversia ante los señalamientos de un sector del partido de Gobierno, específicamente el senador Carlos Felipe Mejía, que llegó a insinuar que los que estaban a favor de prohibir el glifosato eran cómplices del narcotráfico.

Ante estos señalamientos, varios miembros de la oposición le recordaron a Mejía el impacto que podía tener estas palabras, pues en Bogotá pueden ser meros señalamientos, pero en la región llegan a ser la razón de las balas, como lo comentó el senador liberal Guillermo García Realpe. Más allá de este tema de estigmatización, la discusión se centró en las dos ponencias negativas que se presentaron en contra del proyecto y que terminaron imponiéndose a los argumentos dados por los sectores de oposición para prohibir el uso del glifosato.

El primero en intervenir en la sesión fue el senador Alejandro Corrales, del Centro Democrático. Este, como ponente de la proposición de archivo, comenzó su exposición recordando que el gobierno de Iván Duque ha estado comprometido con la reanudación de la fumigación con glifosato, pero cumpliendo con todas las reglas ambientales y de seguridad para garantizar el bienestar de los campesinos.

Luego hizo referencia directa a los estudios sobre el tema y aseguró que, de cuatro grupo de estudios que ha usado la Organización Mundial de la Salud, tres han establecido que el glifosato no es probablemente cancerígeno y solo uno, el de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, ha determinado que es una sustancia posiblemente cancerígena.

Aunque reconoció esta condición, el senador del Centro Democrático trató de quitarle fuerza a esta situación diciendo que en la misma categoría del glifosato están otros elementos y acciones como cocinar por combustión de biomasa -por lo que el senador dijo que gran parte de la ruralidad estaría expuesta-; la exposición al asfalto -a esto añadió Corrales que bajo esa lógica “no podríamos asfaltar las carreteras-; freír a altas temperatura -que es un método de cocción de buena parte de las comida típicas, según Corrales-; la malaria; hacer turnos de noche; comer carnes rojas; las estufas de carbón; y el trabajo de peluquería.

En la misma intención de justificar su ponencia de archivo, Corrales también dijo que “no se asperja sobre las personas, solo sobre los cultivos” y que, si le llegaba a caer encima a una persona, la solución era el lavado corporal con agua, pues había una mínima posibilidad de absorción. Asimismo, leyó resúmenes de estudio que decían que “los riesgos son insignificantes” para el ambiente. Sobre este punto comentó: “Eso nos tranquiliza a los defensores del ambiente como yo”.

En este mismo sentido aseguró que normalmente los cocaleros usan glifosato para el cuidado de las matas de coca, por lo que “si tenían trazas de glifosato, seguramente era por el uso como herramienta para cultivar la coca”. Tras esta argumentación sobre la supuesta falta de repercusiones graves del glifosato, Corrales cerró su intervención haciendo énfasis en que la aspersión era necesaria para ponerle freno a los cultivos de coca.

“La aspersión es contra el narcotráfico, que es nuestro peor cáncer”, expresó el senador Corrales, que hizo énfasis en que han crecido los cultivos de uso ilícito y la producción de clorhidrato de cocaína desde que se dejó de asperjar con glifosato. “Nadamos en mares de coca por quitar una herramienta que sí era efectiva”, añadió en este punto.

En este mismo camino llamó la atención sobre la presencia de cultivos de coca en parque naturales y criticó que por ley en estas zonas no se puede hacer fumigación por aspersión: “Nuestra legislación está siendo usada por los grupos al margen de la ley. A renglón seguido enunció cifras que demuestran que los delitos a la seguridad pública han aumentado y lo relacionó con el aumento de los cultivos ilícitos.

Por último, Corrales, sin aportar mayores pruebas, pidió que hubiera constancia de una denuncia en la que aseguraba que la “la sustitución voluntaria está siendo usada como una herramienta perversa”, pues supuestamente los narcotraficantes estaban enganchando a los campesino para que cultivaran la coca bajo el argumento de que luego podían recibir la ayuda del gobierno y no iban a tener mayores consecuencias.

El senador Alejandro Corrales fue seguido por Carlos Felipe Mejía que, como se dijo anteriormente, tuvo una intervención controvertida debido a algunos de sus argumentos. “Uno de los peores problemas es el narcotráfico y la minería ilegal está ligado al narcotráfico”, aseveró Mejía, que se mantuvo en sus tesis de que el cese de la fumigación con glifosato hizo parte de acuerdos secretos hechos en la Habana durante la negociación con las antiguas Farc.

En este mismo camino calificó a los que estaban a favor del proyecto de favorecer el narcotráfico y luego señaló que la muerte de líderes sociales estaba ligada con la coca. En otro sentido, ante el argumento de que debía cambiarse la estrategia en la guerra contra las drogas, este se limitó a decir que “no importa si en Estados Unidos se consume o no cocaína, sino que lo importante es el derecho a no tener cultivos ilícitos en Colombia”.

Luego de otras intervenciones a favor del proyecto, le tocó el turno a la oposición, que defendió la iniciativa. Uno de los primeros en hablar fue el senador Antonio Sanguino, que no hace parte de dicha comisión, pero pidió permiso para participar. El senador de los Verdes recordó que reanuda la aspersión iría en contra de los acuerdos debido a que se había definido que la estrategia debía pasar en un primer momento por la sustitución voluntaria. Luego existía la posibilidad de la erradicación manual forzada y solo como última solución la aspersión.

En este mismo sentido señaló que desde Estados Unidos se ha venido pidiendo que haya una reducción en los recursos de cooperación, sobre todo en estos temas de fumigación. Luego agregó que la efectividad real del glifosato está puesta en duda, pues normalmente hay una resiembre del 68% con este método, mientras que la sustitución voluntaria tiene un éxito de más del 98% de no resiembra. “No se puede tener la mano dura contra el más débil. Que en nombre de la vida y de la salud de las comunidades campesinas le den el sí a este proyecto”, concluyó en su intervención Sanguino.

Este fue seguido por Jorge Enrique Robledo, senador de Dignidad. Este siguió por el camino de Antonio Sanguino y cuestionó que “fumigan al más pobre de la cadena, el campesino que no tenía salida”. En este punto también rebatió parte de la argumentación de Corrales, pues dijo que los pocos efectos secundarios del glifosato en los campesino era mentira, pues no era lo mismo que le cayera un “baldado” a que tuviera contacto de la misma forma que en el desarrollo agrario normal.

Este también cuestionó la postura que señaló que los que estaban a favor de prohibir el glifosato eran partidarios del narcotráfico. Asimismo, haciendo referencia al senador Mejía, dijo que una de las mayores pruebas del fracaso de la guerra contra la droga es que nunca se desabastecido el mercado norteamericano, sin importar los esfuerzos que se han hecho para reducir la producción de hoja de coca.

El último en intervenir en este grupo fue el senador Jorge Londoño, que fue el autor de una ponencia positiva que no se pudo exponer. “La mentira es que vamos a acabar con la coca con el glifosato”, de esta manera comenzó el congresista de los Verdes, que atacó con cifras los argumentos de los dos miembros del Centro Democrático.

Entre los argumentos expuestos, Londoño demostró que la aspersión eran muchísimo más costosa que la sustitución voluntaria. Este comentó que el Estado se gasta cerca de $72 millones por hectárea asperjada, mientras que apenas se gasta $40 millones por familia que decide acogerse a la sustitución voluntaria. En este mismo sentido señaló que en 9 años de uso de glifosato se gastó $9 billones, mientras que solo se necesitaría $2,9 billones para atender a las cerca de 80.000 que podrían estar involucradas en la siembra de cultivos de uso ilícito.

Además, enunció algunos estudios académicos que demostrarían que la guerra contra el narcotráfico es muy rentable, sobre todo porque entra a regular la oferta que hay de cocaína. En este mismo sentido desmintió algunos de los estudios enunciados por Corrales. El senador Londoño expresó que sí hay pruebas de una relación entre el linfoma no hodgking y las fumigaciones. Además dio cuenta de varios estudios que demostrarían el impacto ambiental del glifosato. Por último recordó que Colombia ha tenido que afrontar demandas por cerca de 2,15 billones por causa del glifosato.