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Antonio García, máximo comandante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), afirmó que la suspensión de secuestros con fines extorsivos anunciada el pasado 17 de diciembre por el Gobierno está condicionada a la entrega por parte del Gobierno de recursos para el financiamiento de ese grupo armado.
La financiación para su rebelión ha sido la justificación para no frenar el secuestro. El mensaje de García fue publicado en la cuenta oficial de la delegación del ELN, lo que hace pensar que los delegados de la mesa podrían estar de acuerdo con el mensaje.
La decisión de frenar esa práctica mantuvo una fuerte tensión en los diálogos. El secuestro se convirtió en uno de los temas más espinosos. Al respecto, la oposición criticó la comunicación de Antonio García, así como al gobierno del presidente Gustavo Petro.
El senador Miguel Uribe Turbay (Centro Democrático) calificó las condiciones como un “chantaje” y señaló que este es el resultado de una política laxa en contra de la criminalidad. “Mientras Petro está arrodillado a las guerrillas, los colombianos sufren las consecuencias. Petro nos devuelve en el tiempo, a lo peor de la violencia”, y pidió “firmeza de la justicia y el reconocimiento a las víctimas”.
Otra chantaje más.
— Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) December 26, 2023
Este es el resultado de una política laxa en contra de la criminalidad.
Mientras Petro está arrodillado a las guerrillas, los colombianos sufren las consecuencias.
Petro nos devuelve en el tiempo, a lo peor de la violencia. https://t.co/iTKBuEHWa7
Su copartidaria, la senadora María Fernanda Cabal, señaló que el ELN “ha secuestrado, violado, torturado, desaparecido, asesinado a inocentes y ahora pretenden que el país los mantenga. Los terroristas no deben imponer condiciones, es el país el que les debe exigir responder por sus atrocidades”.
Igualmente, el representante Andrés Forero dijo que “el ELN se sigue burlando del país, porque la agenda de paz de Gustavo Petro está secuestrada por la improvisación, laxitud y debilidad de su gobierno. Los crimínales saben que pueden hacer lo que les dé la gana porque hagan lo que hagan el presidente no se parará de la mesa”.
Desde Cambio Radical, el senador David Luna dijo que los diálogos con el ELN son “una pantomima (...) una cosa dicen en la mesa y ante los medios de comunicación, y otra muy distinta es lo que hacen en los territorios. El presidente ya debería quitarse la venda de los ojos; estos delincuentes no tienen ninguna voluntad de paz”.
Por otro lado, analistas como Gabriel Cifuentes señalaron que “condicionar detener el secuestro a la financiación estatal de las actividades ilegales del ELN, es un nuevo golpe de soberbia y miopía a la mesa. No hay otra vía que endurecer las condiciones por parte del gobierno. Exigir seriedad, compromiso y respeto por lo acordado”.
Más cercanos al gobierno como Carlos Velandia, analista y excomandante del ELN, dijo que el grupo armado debe “adelantar la orden de suspensión del secuestro o retenciones con fines económicos, la cual sería vigente el 30 de enero del 2024, para el 1 de enero del 2024, con lo cual se ganarían 30 días para la libertad y para la vida, para la tranquilidad de toda la sociedad colombiana y sobre todo para las familias y comunidades que han sido afectadas por este delito atroz”, dijo.
Además, señaló que está “convencido que si el ELN lo hiciera, lograría un impacto tremendamente positivo en la credibilidad del proceso y en acercarlo a la sociedad que anhela que tras el final de la violencia y en un ambiente de construcción de paz, avanzar en la reconciliación de la gran familia colombiana”.
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