Bajo el marco de la mesa técnica anticorrupción creada tras el escándalo de la UNGRD, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia encontró posibles hechos de corrupción en obras de infraestructura en Boyacá y trasladó los hallazgos a las autoridades competentes.
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El secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, informó los hallazgos luego de reunirse con la ciudadanía en Tunja, e informó que las alertas están relacionadas con el acueducto de Sutamarchán, el manejo de los recursos de la Caja de Compensación Familiar de Boyacá (Comfaboy) y la PTAR del municipio de Sogamoso.
“En todos los casos, la Secretaría de Transparencia ha solicitado a los organismos de control determinar las responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales de los casos mencionados y resolver las denuncias radicadas para conocer la verdad en todos estos casos que llevan años impunes”, indicó la entidad en un comunicado de prensa.
Hoy, el secretario de Transparencia, @Aidarragaf, expuso los hallazgos sobre presunta corrupción en los casos reportados por la ciudadanía a los organismos de control del departamento.
— Secretaría de Transparencia (@STransparencia) May 27, 2024
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Los posibles hechos de corrupción tienen relación con la doble contratación de un acueducto para las veredas Santo Ecce Homo, Labranzas, Resguardo Alto y Ermitaño, veredas que continúan sin agua potable.
“La primera contratación se llevó a cabo en el año 2011 por $1.235.000.000 con recursos de la Gobernación de Boyacá, Ecopetrol y la Alcaldía de Sutamarchán. La segunda en 2019, con una inversión de $716.450.149 con recursos provenientes del Sistema General de Regalías”, indicó Idárraga.
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Sobre la Comfaboy, se encontraron irregularidades en la gestión de recursos para la salud, como sobrecostos en medicamentos, discrepancias contables significativas y registros financieros que despertaron dudas.
“Aunque una auditoría de 2017 de la Superintendencia de Salud evidenció estas anomalías, el proceso sancionatorio fue archivado en 2020, aplicando el principio in dubio pro disciplinado, por equivocaciones en la recolección de pruebas. Sin embargo, la investigación sigue activa en la Fiscalía 44 Seccional de la Dirección Especializada Contra la Corrupción de Bogotá”, dijo la entidad.
Finalmente, Idárraga sostuvo que la PTAR de Sogamoso lleva 20 años en construcción, “comprometiendo la inversión de recursos financieros por miles de millones. Se conoció que la Contraloría emitió en diciembre de 2023 el auto 1944, el cual asigna responsabilidad fiscal de $1.095.860.161,50 a varios individuos involucrados en la supervisión y administración de la PTAR”.
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