“La Registraduría ha naturalizado acciones ilegales”: secretario de Transparencia
El secretario presidencial de Transparencia, Andrés Idárraga, habla sobre la denuncia penal que presentó contra el registrador Hernán Penagos por entregarle un millonario contrato a Thomas Greg, la firma que califica como “la reina de la contratación”. Dice que el registrador sí tiene la obligación de responderle a su entidad y que hay claras muestras de que el contrato fue diseñado a la medida de la empresa. Agrega que esto podría ser una muestra de lo que pasará para las elecciones de 2026, las cuales vigilará.
Laura C. Peralta Giraldo
¿Hay irregularidades en el contrato por $41.000 millones que la Registraduría le adjudicó a Thomas Greg y que usted denunció penalmente?
No estamos prejuzgando ni diciendo que ha habido ocurrencia de delitos, pero elevamos alertas de una posible violación a los principios de la contratación estatal y he puesto en consideración de las autoridades investigar el contrato por presuntamente estar amarrado. La Registraduría, en todos los puntos, mostró que los pliegos estaban diseñados para Thomas Greg, el rey de la contratación en la entidad.
¿Por qué cree que el contrato estuvo diseñado a la medida de Thomas Greg?
Si uno mira los productos entregables, casi que todos tendrían que haberse tenido listos antes de la adjudicación, algo que solamente podía hacer Thomas Greg. Hay una mala planeación y definitivamente los pliegos están amarrados.
Usted en su denuncia menciona otras presuntas irregularidades, ¿cuáles?
La Registraduría para el estudio de sector cotizó dos empresas, Thomas Greg y Cadena. Entre esas cotizaciones había una diferencia de por lo menos $20 mil millones. ¿Será que Thomas Greg cotizó con precios artificialmente altos para distorsionar el mercado y adjudicarse un contrato que ya venía amarrado? Esa es una de nuestras preguntas.
¿Algo más?
También se ve que no hay concurrencia de oferentes, se violó el principio de economía y en consecuencia el deber de la selección objetiva porque no hubo pluralidad de oferentes. Y finalmente, la cereza del pastel es que el gerente de sistemas, Alejandro Campo Valero, uno de los estructuradores del proceso de contratación, viene de ser trabajador de Thomas Greg, que en mi consideración es un claro conflicto de intereses.
El registrador dijo que no es su responsabilidad que se presenten varios oferentes y agrega que la oferta fue abierta y que incluso se rebajaron los requisitos...
El registrador debería estar mejor informado porque si se está presentando un único oferente es debido a la restricción del mercado que hace la propia Registraduría. En este caso, un requisito habilitante de experiencia que solamente cumple Thomas. Cuando dice que aperturó el proceso para absolutamente todas las empresas, incluso internacionales, es completamente falso. Se cerró el mercado para quien ha ejecutado desde 2007 ese tipo de contratos.
Entonces cree que hay más empresas con experiencia para asumir un contrato electoral. ¿Encontró alguna en su estudio del contrato?
Yo sí creo que hay más personas en el mercado. Fíjese en lo absurdo de los siguiente. Cómo es posible que para cotizar un proceso como este sí se presentó una empresa adicional, que es Cadena, pero para el momento de llevarlo a cabo, no sirve porque no tienen la experiencia. Sí la cotizan, pero para ejecutar el contrato ya no tiene la experiencia.
¿Por qué cree que desde 2007 se viene contratando a la misma empresa para manejar las elecciones?
Eso la justicia lo tiene que determinar. Si hay negocios, beneficiarios económicos, políticos, directivos detrás de estos contratos. Lo cierto es que hoy quien sabe de elecciones es Thomas, no la Registraduría. El día que Thomas no exista, la democracia entonces está en vilo. ¿Qué le ha quedado a la Registraduría de estos 20 años en términos de conocimiento para operar las elecciones? Absolutamente nada. Han sido dos décadas botadas a la caneca en materia de gestión del conocimiento.
La Registraduría es insistente es que es autónoma y neutral...
Es cierto, pero eso no significa que tengan licencia para llevar a cabo presuntos actos de corrupción, la ley aplica para todos. No estamos violando su independencia ni prejuzgando a los funcionarios, simplemente elevando unas alertas con el suficiente tiempo de antelación, a las cuales hicieron oídos sordos.
El registrador Penagos fue muy claro en que no debe responderle a funcionarios del Gobierno. ¿Qué responde usted?
La Ley establece que yo tengo la facultad de solicitar información sobre alertas que lleguen a la Secretaría y el registrador sí tiene la obligación de responderle a la Secretaría de Transparencia. No es cierto que yo no pueda alertar posibles hechos de corrupción, esa es mi función.
Pero bueno, que responda ante la Fiscalía porque ahí sí creo que no puede evadir el tema y argumentar esa presunta independencia de poderes. Insisto, el registrador busca evadir el fondo de la situación.
La Procuraduría acompañó el proceso y señaló que no encontró irregularidades. ¿Le faltó objetividad a la entidad?
Me opongo a la actitud del Ministerio Público. Al procurador delegado para la contratación no le pareció extraño que no se presentaran más oferentes, tampoco que un funcionario de la Registraduría viniera de trabajar con Thomas Greg. Tampoco que haya una cotización de $20.000 millones por encima de otra o que en 26 de 27 contrataciones para lo electoral solo se haya presentado Thomas.
La Registraduría y la Procuraduría han naturalizado acciones ilegales.
Algunos sectores creen que el Gobierno tiene una ‘pelea casada’ contra Thomas Greg...
Nuestra discusión no es contra Thomás Greg, nuestra discusión es con el cumplimiento de los principios de la Ley 80 y con la selección objetiva. Nuestro problema no es con Thomas ni con la ejecución de sus procesos es porque los contratos se están diseñando de manera sastre para esta firma. Tampoco es contra Penagos, es porque durante los últimos casi 20 años en la Registraduría ha venido pasando lo mismo
¿Cree que Thomas Greg se quedará con el contrato para las elecciones de 2026?
Ya estamos viendo cuál es la postura del registrador y es continuar perpetuando esta serie de ilegalidades en la Registraduría. Entonces, cuando vengan las nuevas contrataciones procederemos a hacer lo que la ley nos faculta, seguir generando las alertas y esperando que los organismos de control y de justicia tomen las acciones a que haya lugar. Vamos a vigilar que no se cierre el mercado, que se garantice la pluralidad de operantes, que no existan pliegos amarrados.
¿Cree que se está poniendo en riesgo la democracia y las elecciones de 2026 con estos choques entre Registraduría y Gobierno?
Ese discurso del registrador sobre las elecciones de 2026 solo busca evadir el fondo de la discusión y es el cumplimiento de la ley 80. La Secretaría no está hablando de las elecciones de 2026, estamos es hablando del cumplimiento de la ley.
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¿Hay irregularidades en el contrato por $41.000 millones que la Registraduría le adjudicó a Thomas Greg y que usted denunció penalmente?
No estamos prejuzgando ni diciendo que ha habido ocurrencia de delitos, pero elevamos alertas de una posible violación a los principios de la contratación estatal y he puesto en consideración de las autoridades investigar el contrato por presuntamente estar amarrado. La Registraduría, en todos los puntos, mostró que los pliegos estaban diseñados para Thomas Greg, el rey de la contratación en la entidad.
¿Por qué cree que el contrato estuvo diseñado a la medida de Thomas Greg?
Si uno mira los productos entregables, casi que todos tendrían que haberse tenido listos antes de la adjudicación, algo que solamente podía hacer Thomas Greg. Hay una mala planeación y definitivamente los pliegos están amarrados.
Usted en su denuncia menciona otras presuntas irregularidades, ¿cuáles?
La Registraduría para el estudio de sector cotizó dos empresas, Thomas Greg y Cadena. Entre esas cotizaciones había una diferencia de por lo menos $20 mil millones. ¿Será que Thomas Greg cotizó con precios artificialmente altos para distorsionar el mercado y adjudicarse un contrato que ya venía amarrado? Esa es una de nuestras preguntas.
¿Algo más?
También se ve que no hay concurrencia de oferentes, se violó el principio de economía y en consecuencia el deber de la selección objetiva porque no hubo pluralidad de oferentes. Y finalmente, la cereza del pastel es que el gerente de sistemas, Alejandro Campo Valero, uno de los estructuradores del proceso de contratación, viene de ser trabajador de Thomas Greg, que en mi consideración es un claro conflicto de intereses.
El registrador dijo que no es su responsabilidad que se presenten varios oferentes y agrega que la oferta fue abierta y que incluso se rebajaron los requisitos...
El registrador debería estar mejor informado porque si se está presentando un único oferente es debido a la restricción del mercado que hace la propia Registraduría. En este caso, un requisito habilitante de experiencia que solamente cumple Thomas. Cuando dice que aperturó el proceso para absolutamente todas las empresas, incluso internacionales, es completamente falso. Se cerró el mercado para quien ha ejecutado desde 2007 ese tipo de contratos.
Entonces cree que hay más empresas con experiencia para asumir un contrato electoral. ¿Encontró alguna en su estudio del contrato?
Yo sí creo que hay más personas en el mercado. Fíjese en lo absurdo de los siguiente. Cómo es posible que para cotizar un proceso como este sí se presentó una empresa adicional, que es Cadena, pero para el momento de llevarlo a cabo, no sirve porque no tienen la experiencia. Sí la cotizan, pero para ejecutar el contrato ya no tiene la experiencia.
¿Por qué cree que desde 2007 se viene contratando a la misma empresa para manejar las elecciones?
Eso la justicia lo tiene que determinar. Si hay negocios, beneficiarios económicos, políticos, directivos detrás de estos contratos. Lo cierto es que hoy quien sabe de elecciones es Thomas, no la Registraduría. El día que Thomas no exista, la democracia entonces está en vilo. ¿Qué le ha quedado a la Registraduría de estos 20 años en términos de conocimiento para operar las elecciones? Absolutamente nada. Han sido dos décadas botadas a la caneca en materia de gestión del conocimiento.
La Registraduría es insistente es que es autónoma y neutral...
Es cierto, pero eso no significa que tengan licencia para llevar a cabo presuntos actos de corrupción, la ley aplica para todos. No estamos violando su independencia ni prejuzgando a los funcionarios, simplemente elevando unas alertas con el suficiente tiempo de antelación, a las cuales hicieron oídos sordos.
El registrador Penagos fue muy claro en que no debe responderle a funcionarios del Gobierno. ¿Qué responde usted?
La Ley establece que yo tengo la facultad de solicitar información sobre alertas que lleguen a la Secretaría y el registrador sí tiene la obligación de responderle a la Secretaría de Transparencia. No es cierto que yo no pueda alertar posibles hechos de corrupción, esa es mi función.
Pero bueno, que responda ante la Fiscalía porque ahí sí creo que no puede evadir el tema y argumentar esa presunta independencia de poderes. Insisto, el registrador busca evadir el fondo de la situación.
La Procuraduría acompañó el proceso y señaló que no encontró irregularidades. ¿Le faltó objetividad a la entidad?
Me opongo a la actitud del Ministerio Público. Al procurador delegado para la contratación no le pareció extraño que no se presentaran más oferentes, tampoco que un funcionario de la Registraduría viniera de trabajar con Thomas Greg. Tampoco que haya una cotización de $20.000 millones por encima de otra o que en 26 de 27 contrataciones para lo electoral solo se haya presentado Thomas.
La Registraduría y la Procuraduría han naturalizado acciones ilegales.
Algunos sectores creen que el Gobierno tiene una ‘pelea casada’ contra Thomas Greg...
Nuestra discusión no es contra Thomás Greg, nuestra discusión es con el cumplimiento de los principios de la Ley 80 y con la selección objetiva. Nuestro problema no es con Thomas ni con la ejecución de sus procesos es porque los contratos se están diseñando de manera sastre para esta firma. Tampoco es contra Penagos, es porque durante los últimos casi 20 años en la Registraduría ha venido pasando lo mismo
¿Cree que Thomas Greg se quedará con el contrato para las elecciones de 2026?
Ya estamos viendo cuál es la postura del registrador y es continuar perpetuando esta serie de ilegalidades en la Registraduría. Entonces, cuando vengan las nuevas contrataciones procederemos a hacer lo que la ley nos faculta, seguir generando las alertas y esperando que los organismos de control y de justicia tomen las acciones a que haya lugar. Vamos a vigilar que no se cierre el mercado, que se garantice la pluralidad de operantes, que no existan pliegos amarrados.
¿Cree que se está poniendo en riesgo la democracia y las elecciones de 2026 con estos choques entre Registraduría y Gobierno?
Ese discurso del registrador sobre las elecciones de 2026 solo busca evadir el fondo de la discusión y es el cumplimiento de la ley 80. La Secretaría no está hablando de las elecciones de 2026, estamos es hablando del cumplimiento de la ley.
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