Tras más de cinco días del secuestro del registrador delegado para el Chocó, Jefferson Murillo, aún no se tiene certeza sobre quiénes fueron sus captores; sin embargo, en las últimas ha tomado fuerza la hipótesis de un secuestro extorsivo. Según el director de la Dijín, el general José Luis Ramírez, hay información que indica que a los familiares “están pidiéndoles dinero a cambio de la liberación”.
Aún no se conoce cuánto dinero piden los posibles captores, por lo que, por lo pronto, las autoridades mantienen los controles en la región. El general Ramírez, en entrevista con Blu Radio, aseguró que al Chocó han llegado aviones de inteligencia con cámaras FLIR, comandos Jungla y tropas de las Fuerzas Militares para sumarse al operativo de rescate.
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Uno de los grupos criminales que está en la mira de las autoridades es el de ‘Los Palmeños’, una estructura que tendría relación con el ELN. Según inteligencia militar, alias Santiago, cabecilla del frente de guerra Occidental, sería el encargado de autorizar los apoyos de entrenamiento y armamento a la banda ‘Los Palmeños’.
Este jueves, en medio de la incertidumbre por el paradero de Murillo, el registrador nacional, Hernán Penagos, estuvo en Quibdó para liderar un consejo de seguridad y asistir a manifestaciones ciudadanas por la libertad del funcionario.
“Me siento con mucha tristeza de que este tema aún no se resuelva, pero con la tranquilidad de que todas las autoridades están trabajando para que, en este hecho tan penoso y lamentable del secuestro de Jefferson, nuestro delegado departamental, y de su primo, funcionario del Sena, rápidamente tengamos las mejores noticias”, dijo Penagos.
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Murillo fue retenido por hombres armados el pasado 6 de enero, en la vía que conecta Quibdó con Istmina, cerca al municipio de Cértegui. “El tema de secuestro no es algo diferente a temas extorsivos que están asociados a grupos que han retenido vehículos y mercancía y en casos esporádicos personas”, dijo al respecto la gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba.
La Gobernación y las autoridades judiciales que hacen presencia en la zona anunciaron una recompensa de hasta $30 millones por información que permita determinar la ubicación y liberación del funcionario.
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