Seguirá siendo político: este es el nuevo Consejo Nacional Electoral

La sesión plenaria fue relativamente larga, pero la votación se surtió en muy poco tiempo, básicamente, para confirmar los nombres que los medios de comunicación ya habían venido publicando desde el mismo día en el que la elección de los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) fue incluida en el orden del día del Congreso. Sobre las 6 de la tarde de ayer se inició la votación por las planchas de candidatos que habían sido presentadas por los partidos políticos.

La más votada, con 143 votos, fue la que presentó el Centro Democrático en coalición con el Liberal, el Conservador, Colombia Justa Libres, MIRA, AICO y el Consejo Comunitario La Mamuncia. En votación, siguió la plancha de Cambio Radical, con 44 votos; la de la coalición de oposición, con 43 votos, y la del Partido de la U, con 37. De esta manera, luego de determinada la cifra repartidora por la mesa directiva del Congreso, quedaron a la luz los nombres de los nueve magistrados del tribunal electoral.
A la primera plancha, encabezada por el partido de Gobierno, le correspondieron seis lugares en el CNE. Estos fueron para el abogado Pedro Felipe Gutiérrez, uno de los más cercanos al uribismo, tanto que figura como fundador del partido del expresidente Uribe; el exmagistrado César Augusto Abreo Méndez, postulado por los liberales; el excongresista Heriberto Sanabria, quien fue la ficha del Partido Conservador; Renato Contreras, quien se venía desempeñando como asesor jurídico del CNE y quien fue postulado también por el Centro Democrático; Doris Méndez Cubillo, postulada por el Partido Liberal y quien había sido asesora de comunicaciones y relaciones internacionales del CNE, y Jaime Luis Lacouture, postulado por el conservador y quien resultó salpicado en el proceso de Odebrecht tras las declaraciones de Otto Bula ante la Corte Suprema de Justicia y es esposo de una prima del Ñoño Elías.

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Por el partido de la U salió electo el excongresista Hernán Penagos, quien en la legislatura pasada fue uno de los más frecuentes ponentes de varios de los proyectos de paz que se tramitaron en el Congreso. En representación de Cambio Radical quedó elegido el excongresista Jorge Rozo, quien, además, es bastante cercano al exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Finalmente, no ocurrió lo que se tenía previsto, y era que la U y Cambio Radical se presentaran en coalición para hacerse con, por lo menos, tres lugares en el CNE. Por la coalición de la oposición tendrá un lugar en el tribunal Luis Guillermo Pérez, miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, representante permanente ante la OEA de la Federación Internacional de Derechos Humanos y fuerte crítico del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ha sido central en los procesos por falsos testigos.

De esta manera, con miembros sobre todo políticos, quedó conformado el tribunal que tendrá a su cargo durante los próximos cuatro años el control de los temas electorales, algunos tan problemáticos como la financiación, los escrutinios o la definición de las personerías jurídicas. Fue precisamente el intento de separar un poco la política de la elección del CNE y de darle mayor legitimidad a una corporación ampliamente desprestigiada lo que estuvo en debate durante los días previos de que se realizara la votación en el Congreso.

Para muchos sectores políticos y organizaciones civiles, el Congreso debía aplicar un procedimiento similar al que se utilizó en la elección del contralor general de la República, es decir, hacer una convocatoria pública, contratar una universidad para hacer un filtro de méritos y así garantizar, además, los principios de transparencia, audiencias públicas y equidad de género. Antes de la elección de ayer, Camilo Vargas, miembro de la Misión de Observación Electoral (MOE) y del Grupo de Interés sobre la Reforma Política (Girepo), señaló que lo legal y constitucional era que se siguiera lo que disponía la Ley 1904 de 2018, que reglamentó la elección del contralor. “Hoy, los requisitos para ser magistrado del CNE son los mismos que para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pero estos son formales y no garantizan que quienes llegan conozcan sobre el tema electoral”, señaló Vargas.

Sin embargo, la decisión estaba tomada por el presidente del Senado, Ernesto Macías. No se iba a realizar ninguna convocatoria pública, pues, a juicio de sus asesores jurídicos, no era necesario porque la elección de los miembros del CNE ya estaba contemplada en la Constitución, por lo tanto, no había ningún vacío que obligara a aplicar por analogía la Ley 1904 de 2018. Lo decidido por Macías recibió un espaldarazo por parte del Consejo de Estado horas antes de la elección cuando la máxima autoridad de lo contencioso administrativo le respondió una consulta que, al respecto, fue elevada por el Ministerio del Interior. 

Contexto: Elección de CNE se puede hacer sin convocatoria pública: Consejo de Estado

En efecto, para el Consejo de Estado, en la elección del CNE bastaba con aplicar el sistema que ya está previsto en el artículo 264 de la Constitución, “sin que deba surtirse previamente la convocatoria pública a la que se refieren en el inciso cuatro del artículo 126 de la Constitución y la Ley 1904 de 2018”. Eso, sin embargo, no evitó que se hiciera evidente y se sugiriera por parte de algunos congresistas en la plenaria del Congreso la necesidad de una reforma en el mecanismo de elección de una de las corporaciones más importantes en materia electoral. Esto es, un procedimiento mucho más tecnificado, que garantice transparencia, que la ciudadanía pueda conocer de antemano a los candidatos y que se asegure un mínimo académico por parte de una institución educativa con experticia.

La sesión plenaria fue relativamente larga, pero la votación se surtió en muy poco tiempo, básicamente, para confirmar los nombres que los medios de comunicación ya habían venido publicando desde el mismo día en el que la elección de los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) fue incluida en el orden del día del Congreso. Sobre las 6 de la tarde de ayer se inició la votación por las planchas de candidatos que habían sido presentadas por los partidos políticos.

La más votada, con 143 votos, fue la que presentó el Centro Democrático en coalición con el Liberal, el Conservador, Colombia Justa Libres, MIRA, AICO y el Consejo Comunitario La Mamuncia. En votación, siguió la plancha de Cambio Radical, con 44 votos; la de la coalición de oposición, con 43 votos, y la del Partido de la U, con 37. De esta manera, luego de determinada la cifra repartidora por la mesa directiva del Congreso, quedaron a la luz los nombres de los nueve magistrados del tribunal electoral.
A la primera plancha, encabezada por el partido de Gobierno, le correspondieron seis lugares en el CNE. Estos fueron para el abogado Pedro Felipe Gutiérrez, uno de los más cercanos al uribismo, tanto que figura como fundador del partido del expresidente Uribe; el exmagistrado César Augusto Abreo Méndez, postulado por los liberales; el excongresista Heriberto Sanabria, quien fue la ficha del Partido Conservador; Renato Contreras, quien se venía desempeñando como asesor jurídico del CNE y quien fue postulado también por el Centro Democrático; Doris Méndez Cubillo, postulada por el Partido Liberal y quien había sido asesora de comunicaciones y relaciones internacionales del CNE, y Jaime Luis Lacouture, postulado por el conservador y quien resultó salpicado en el proceso de Odebrecht tras las declaraciones de Otto Bula ante la Corte Suprema de Justicia y es esposo de una prima del Ñoño Elías.

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Por el partido de la U salió electo el excongresista Hernán Penagos, quien en la legislatura pasada fue uno de los más frecuentes ponentes de varios de los proyectos de paz que se tramitaron en el Congreso. En representación de Cambio Radical quedó elegido el excongresista Jorge Rozo, quien, además, es bastante cercano al exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Finalmente, no ocurrió lo que se tenía previsto, y era que la U y Cambio Radical se presentaran en coalición para hacerse con, por lo menos, tres lugares en el CNE. Por la coalición de la oposición tendrá un lugar en el tribunal Luis Guillermo Pérez, miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, representante permanente ante la OEA de la Federación Internacional de Derechos Humanos y fuerte crítico del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ha sido central en los procesos por falsos testigos.

De esta manera, con miembros sobre todo políticos, quedó conformado el tribunal que tendrá a su cargo durante los próximos cuatro años el control de los temas electorales, algunos tan problemáticos como la financiación, los escrutinios o la definición de las personerías jurídicas. Fue precisamente el intento de separar un poco la política de la elección del CNE y de darle mayor legitimidad a una corporación ampliamente desprestigiada lo que estuvo en debate durante los días previos de que se realizara la votación en el Congreso.

Para muchos sectores políticos y organizaciones civiles, el Congreso debía aplicar un procedimiento similar al que se utilizó en la elección del contralor general de la República, es decir, hacer una convocatoria pública, contratar una universidad para hacer un filtro de méritos y así garantizar, además, los principios de transparencia, audiencias públicas y equidad de género. Antes de la elección de ayer, Camilo Vargas, miembro de la Misión de Observación Electoral (MOE) y del Grupo de Interés sobre la Reforma Política (Girepo), señaló que lo legal y constitucional era que se siguiera lo que disponía la Ley 1904 de 2018, que reglamentó la elección del contralor. “Hoy, los requisitos para ser magistrado del CNE son los mismos que para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pero estos son formales y no garantizan que quienes llegan conozcan sobre el tema electoral”, señaló Vargas.

Sin embargo, la decisión estaba tomada por el presidente del Senado, Ernesto Macías. No se iba a realizar ninguna convocatoria pública, pues, a juicio de sus asesores jurídicos, no era necesario porque la elección de los miembros del CNE ya estaba contemplada en la Constitución, por lo tanto, no había ningún vacío que obligara a aplicar por analogía la Ley 1904 de 2018. Lo decidido por Macías recibió un espaldarazo por parte del Consejo de Estado horas antes de la elección cuando la máxima autoridad de lo contencioso administrativo le respondió una consulta que, al respecto, fue elevada por el Ministerio del Interior. 

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En efecto, para el Consejo de Estado, en la elección del CNE bastaba con aplicar el sistema que ya está previsto en el artículo 264 de la Constitución, “sin que deba surtirse previamente la convocatoria pública a la que se refieren en el inciso cuatro del artículo 126 de la Constitución y la Ley 1904 de 2018”. Eso, sin embargo, no evitó que se hiciera evidente y se sugiriera por parte de algunos congresistas en la plenaria del Congreso la necesidad de una reforma en el mecanismo de elección de una de las corporaciones más importantes en materia electoral. Esto es, un procedimiento mucho más tecnificado, que garantice transparencia, que la ciudadanía pueda conocer de antemano a los candidatos y que se asegure un mínimo académico por parte de una institución educativa con experticia.