Seguridad, tierra y voz: lo que le piden los líderes sociales al Estado

A los nueve años, Celsa Dávila bailaba. Su cuerpo robusto y su liderazgo innato endulzaron con música la cuenca del río Truandó, Riosucio, en el bajo Atrato chocoano, y la llevaron a ser la cabeza del grupo de danza de su comunidad. A los 20 años, en 1997, Celsa se cobijaba en medio de la selva con sus brazos, intentando ignorar por un momento el llanto de hambre de sus hijos para poder conciliar el sueño, tras un mes caminando a la deriva. La guerra y el tiempo la habían llevado a usar su fuerza natural para gritar por sus derechos, los de su gente, los de su tierra. Pero, como muchos en su comunidad, fue desplazada y enviada a la incertidumbre de perderlo todo, menos su voz.

Del dolor, de las ocho veces que intentó volver a su territorio, del deseo de resistir, de la necesidad de sobrevivir, de la sed de justicia, del espíritu de la niña que dirigía la comparsa, nació una lideresa social. Una de tantos defensores de derechos humanos repartidos por Colombia que, cargando a cuestas el pasado y mirando hacia el futuro, han tomado la vocería de sus pueblos. Una de tantos que hoy deciden no callarse, a pesar de que, como un taxímetro, los minutos estén contando indiferentes sus muertes. Desde enero 1° de 2016 hasta la actualidad van 343 líderes sociales asesinados en el país. Los noticieros continúan representando las cifras de la Defensoría del Pueblo —ni siquiera entre los organismos públicos existe coincidencia en el número global de casos— en gráficos de barras y puntos rojos en un mapa. Pero en las regiones, cada número equivale a una lucha —de tierras, de oportunidades, de reparación, de mujeres, de paz— silenciada.

Lea más: El reto de proteger a los líderes sociales

El Gobierno insiste en decretar nuevas medidas de protección; la Fiscalía, en llegar a los responsables; los congresistas, en rechazar los homicidios. Aun así, la cuenta sigue subiendo. Justamente por ello, este jueves, en Apartadó, en el Urabá antioqueño —una de las zonas del país donde la violencia continúa haciendo de las suyas por su geografía estratégica y en la que, además, se albergan cerca de 7.000 procesos de restitución de derechos territoriales—, se reunieron entidades estatales, ONG y líderes sociales, en su mayoría de Chocó y Antioquia, en la instalación de la Segunda Mesa por la Protección a la Vida.

En este encuentro, el primero de esta índole para el nuevo mandatario, Iván Duque, se definieron desde el Gobierno nuevas medidas para proteger a los defensores de derechos humanos y avanzar en una de sus más urgentes luchas: la de la restitución de tierras —del millón de hectáreas que se han detectado con alguna afectación a causa del conflicto armado, aproximadamente 300.000 han sido devueltas a sus legítimos dueños. “Lo que queremos es buscar una respuesta integral de actuaciones preventivas y celeridad investigativa para garantizarles la libertad de expresión a todas las personas que están ejerciendo la defensa de derechos humanos”, indicó el jefe de Estado.

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Sin embargo, para los líderes sociales, “las garantías de vida y seguridad van más allá de dar celulares a personas que viven en localidades donde no hay señal, o ponerles chalecos antibalas, que solo los hacen más visibles”, expresó un vocero de Belén de Bajirá, que prefiere guardar su identidad. A su vez, Marino Córdoba, presidente de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados, insistió en que “tampoco basta con sacar un montón de normas y mecanismos si no son instrumentos efectivos en su aplicación, si se dan desde arriba pero se pierden en el camino hacia las regiones”.

Por eso, la Procuraduría se comprometió en presionar a alcaldes y gobernadores a tomar acciones frente a los homicidios de defensores de Derechos Humanos. De hecho, informó que investiga a 30 funcionarios por no prevenir dichos asesinatos. “No podemos seguir permitiendo que miren para otro lado, que sean observadores de piedra. Tiene que haber responsabilidades para los mandatarios locales, incluso disciplinarias, para que el país no siga siendo testigo de la autopsia de estos líderes”, señaló el jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo.

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De este encuentro en Apartadó surgió un Pacto por la Vida, suscrito por todos los asistentes, que promete, además de brindar protección, ser un instrumento de atención y de escucha a las voces que se alzan en las regiones país, que reclaman tierras, inversión y oportunidades. “El Estado tiene que entender que nosotros somos cuerpo, alma y sentimientos, pero también somos tierra. Por eso, para sanar las heridas de la guerra, tenemos que perdonar desde aquí, desde el ombligo, pero también merecemos retornar y vivir sanamente en nuestros territorios, merecemos que se cumpla la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras”, dijo Ómar, quien prefiere no revelar su apellido.

“Y eso se logra cuando la comunidad está fortalecida, es decir, cuando puede hablar, cuando tiene voz, cuando tiene líderes. Eso no se alcanza con un esquema de seguridad sino con garantías, como que, después de haber sido desplazado cinco veces de mi pueblo, pueda quedarme a luchar por él sin miedo a que me maten. Lo que algunos llaman la ‘no repetición’”, concluyó.

A los nueve años, Celsa Dávila bailaba. Su cuerpo robusto y su liderazgo innato endulzaron con música la cuenca del río Truandó, Riosucio, en el bajo Atrato chocoano, y la llevaron a ser la cabeza del grupo de danza de su comunidad. A los 20 años, en 1997, Celsa se cobijaba en medio de la selva con sus brazos, intentando ignorar por un momento el llanto de hambre de sus hijos para poder conciliar el sueño, tras un mes caminando a la deriva. La guerra y el tiempo la habían llevado a usar su fuerza natural para gritar por sus derechos, los de su gente, los de su tierra. Pero, como muchos en su comunidad, fue desplazada y enviada a la incertidumbre de perderlo todo, menos su voz.

Del dolor, de las ocho veces que intentó volver a su territorio, del deseo de resistir, de la necesidad de sobrevivir, de la sed de justicia, del espíritu de la niña que dirigía la comparsa, nació una lideresa social. Una de tantos defensores de derechos humanos repartidos por Colombia que, cargando a cuestas el pasado y mirando hacia el futuro, han tomado la vocería de sus pueblos. Una de tantos que hoy deciden no callarse, a pesar de que, como un taxímetro, los minutos estén contando indiferentes sus muertes. Desde enero 1° de 2016 hasta la actualidad van 343 líderes sociales asesinados en el país. Los noticieros continúan representando las cifras de la Defensoría del Pueblo —ni siquiera entre los organismos públicos existe coincidencia en el número global de casos— en gráficos de barras y puntos rojos en un mapa. Pero en las regiones, cada número equivale a una lucha —de tierras, de oportunidades, de reparación, de mujeres, de paz— silenciada.

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El Gobierno insiste en decretar nuevas medidas de protección; la Fiscalía, en llegar a los responsables; los congresistas, en rechazar los homicidios. Aun así, la cuenta sigue subiendo. Justamente por ello, este jueves, en Apartadó, en el Urabá antioqueño —una de las zonas del país donde la violencia continúa haciendo de las suyas por su geografía estratégica y en la que, además, se albergan cerca de 7.000 procesos de restitución de derechos territoriales—, se reunieron entidades estatales, ONG y líderes sociales, en su mayoría de Chocó y Antioquia, en la instalación de la Segunda Mesa por la Protección a la Vida.

En este encuentro, el primero de esta índole para el nuevo mandatario, Iván Duque, se definieron desde el Gobierno nuevas medidas para proteger a los defensores de derechos humanos y avanzar en una de sus más urgentes luchas: la de la restitución de tierras —del millón de hectáreas que se han detectado con alguna afectación a causa del conflicto armado, aproximadamente 300.000 han sido devueltas a sus legítimos dueños. “Lo que queremos es buscar una respuesta integral de actuaciones preventivas y celeridad investigativa para garantizarles la libertad de expresión a todas las personas que están ejerciendo la defensa de derechos humanos”, indicó el jefe de Estado.

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Sin embargo, para los líderes sociales, “las garantías de vida y seguridad van más allá de dar celulares a personas que viven en localidades donde no hay señal, o ponerles chalecos antibalas, que solo los hacen más visibles”, expresó un vocero de Belén de Bajirá, que prefiere guardar su identidad. A su vez, Marino Córdoba, presidente de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados, insistió en que “tampoco basta con sacar un montón de normas y mecanismos si no son instrumentos efectivos en su aplicación, si se dan desde arriba pero se pierden en el camino hacia las regiones”.

Por eso, la Procuraduría se comprometió en presionar a alcaldes y gobernadores a tomar acciones frente a los homicidios de defensores de Derechos Humanos. De hecho, informó que investiga a 30 funcionarios por no prevenir dichos asesinatos. “No podemos seguir permitiendo que miren para otro lado, que sean observadores de piedra. Tiene que haber responsabilidades para los mandatarios locales, incluso disciplinarias, para que el país no siga siendo testigo de la autopsia de estos líderes”, señaló el jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo.

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De este encuentro en Apartadó surgió un Pacto por la Vida, suscrito por todos los asistentes, que promete, además de brindar protección, ser un instrumento de atención y de escucha a las voces que se alzan en las regiones país, que reclaman tierras, inversión y oportunidades. “El Estado tiene que entender que nosotros somos cuerpo, alma y sentimientos, pero también somos tierra. Por eso, para sanar las heridas de la guerra, tenemos que perdonar desde aquí, desde el ombligo, pero también merecemos retornar y vivir sanamente en nuestros territorios, merecemos que se cumpla la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras”, dijo Ómar, quien prefiere no revelar su apellido.

“Y eso se logra cuando la comunidad está fortalecida, es decir, cuando puede hablar, cuando tiene voz, cuando tiene líderes. Eso no se alcanza con un esquema de seguridad sino con garantías, como que, después de haber sido desplazado cinco veces de mi pueblo, pueda quedarme a luchar por él sin miedo a que me maten. Lo que algunos llaman la ‘no repetición’”, concluyó.