Seguridad urbana: ¿se afianzará como uno de los ejes de la campaña electoral?
Aunque la seguridad suele ser un tema fijo en las elecciones, esta vez la preocupación es por lo que ocurre en las ciudades y ya no en zonas rurales. Tanto el Congreso como el Gobierno han planteado propuestas para mitigar la inseguridad, pero, según analistas, es muy corto el alcance que tendrán para impactar una situación que es responsabilidad de las alcaldías.
La percepción de inseguridad se está desbordando en el país. La preocupación ya no es solo por lo que ocurre en las zonas rurales, donde se siguen presentando desplazamientos y persecuciones a líderes sociales, sino que se trasladó a las grandes ciudades, donde la intranquilidad está al alza por el aumento en las cifras de delitos de alto impacto como homicidios y hurtos. Aunque las alcaldías de ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga, entre otras, aseguran que los indicadores no están disparados o incluso que algunos han presentado reducción, lo cierto es que la inquietud por la inseguridad ha venido aumentando y el tema ya se empieza a posicionar como uno de los ejes de las próximas elecciones. ¿Qué tanta incidencia tendrá en la campaña electoral?
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Además de los hechos de inseguridad que a diario se conocen en redes sociales y medios de comunicación, el malestar de los colombianos por la situación de inseguridad también se evidencia en recientes encuestas que cuestionan la situación del país y el ambiente preelectoral. La medición Pulso País, de W Radio, evidenció que el 73 % de encuestados considera que la seguridad en Colombia ha empeorado. La cifra es la más alta desde febrero de 2013 y contrasta con el 5 % de personas que creen que la situación viene mejorando.
Asimismo, quienes respondieron la encuesta de Invamer afirmaron que la inseguridad es el aspecto que más ha empeorado en el país. Para el 96 %, que es también el pico más alto desde octubre de 2008, este tema va por mal camino. Pero no es algo nuevo si se tiene en cuenta que la preocupación por la inseguridad viene en aumento desde junio del año pasado, cuando llegó al 80 %.
Muchas de esas cifras encuentran su explicación en la emergencia sanitaria que atraviesa el país por cuenta de la pandemia. Los períodos de confinamiento obligatorio hicieron que la mayoría de cifras de inseguridad presentaran notables reducciones. No obstante, desde que se aflojaron algunas medidas y comenzó la apertura total de la economía, muchos de los indicadores se desbocaron.
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Si bien el panorama es complicado para los alcaldes, sobre todo de las grandes ciudades, ocurre todo lo contrario para quienes aspiran a llegar al Congreso y la Casa de Nariño en 2022. El tema de la inseguridad urbana se viene consolidando como uno de los motores de la campaña electoral y los candidatos y sus equipos aprovechan la coyuntura para poner sobre la mesa sus propuestas para fortalecer la seguridad.
El actual Congreso y el gobierno del presidente Iván Duque también han impulsado propuestas para tratar de reducir la percepción de inseguridad. Pero, según analistas, son situaciones que de igual forma hacen parte de la campaña, pues el objetivo es hacer reelegir a los congresistas que lideran las iniciativas o impactar en la imagen del gobierno Duque.
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Uno de los temas complejos, alrededor del que giran varias iniciativas, es el uso de las armas traumáticas o de fogueo. Al respecto, el Ministerio de Defensa está por expedir un decreto con el que limita el porte de estas armas. La idea es asemejarlas con las de fuego y que tengan casi las mismas restricciones, empezando por la solicitud de salvoconducto a las Fuerzas Militares, para así desincentivar su uso.
Pero además de la regulación del Gobierno, en el Congreso se estudian otros proyectos que tienen que ver con la seguridad de la gente, como el que piden flexibilizar los permisos para portar armas, de autoría de María Fernanda Cabal, senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, o el que propone generar mecanismos para que haya mayor control en la entrega de armas y municiones, que propuso Rodrigo Lara, también congresista y precandidato por el Nuevo Liberalismo.
Por otro lado, el Ejecutivo prepara la radicación de un proyecto de ley de seguridad ciudadana, que apunta a endurecer las condenas por delitos menores, como robos callejeros, pero también castiga con mayor dureza la reincidencia o el ataque a los miembros de la fuerza pública.
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Desde la oposición también hay propuestas. El pasado 9 de septiembre, cuando se conmemoró el Día de los Derechos Humanos y fue el primer aniversario de la muerte de Javier Ordóñez, bajo custodia policial, la bancada de oposición radicó un proyecto que busca reestructurar la Policía. Como particularidades, esta iniciativa espera lograr el desmonte del Esmad y que la institución esté bajo la sombrilla del Ministerio del Interior, y no del de Defensa.
El proyecto de la oposición se encontró en el Legislativo con otros que también buscan una reforma a la Policía, así que en este apartado se avizora un choque entre la reforma que proponen los sectores alternativos y la que impulsa la facción gobiernista del Congreso. Ya el presidente del Senado, Juan Diego Gómez (Partido Conservador), anticipó que a su juicio la Policía la debe reformar el Gobierno de turno y avisó que “no se harán cambios a la medida de la izquierda”.
¿Incidirán los proyectos en la seguridad ciudadana?
El traslado de los problemas de inseguridad del entorno rural al urbano era algo previsible tras la firma del Acuerdo de Paz. En ese entonces, se advirtió que iniciaba un proceso de transformación que podría derivar en la urbanización de la violencia. Las alertas se han hecho realidad y los grupos armados se descentralizaron, por lo que ahora hay una exposición más alta de esa violencia urbana.
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Como la preocupación por la creciente inseguridad coincide con la época preelectoral, para algunos expertos será un momento de muchas medidas y acciones populistas. Por ejemplo, poner a patrullar militares en ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla, Cúcuta y el municipio de Soacha, que fue una decisión conjunta entre los alcaldes y el Ministerio de Defensa, se toma como una acción desesperada y con pocos efectos.
Así lo considera Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, quien considera que es una medida con una visión anacrónica. “Eso es muy taquillero y vende mucho electoralmente”, dice el analista, quien no obstante considera que una banda criminal no se va a desestructurar porque haya más policías en las calles o lleguen militares a apoyarlos. En cambio, dice, la clave puede estar en la promoción de otras estrategias que están en auge en varias ciudades del mundo, como el aumento de inteligencia e investigación criminal.
“Ahora todos los partidos políticos van a intentar construir un discurso alrededor de la seguridad ciudadana. La derecha hablará de mano dura y fortalecimiento de penas, mientras la izquierda se enfocará en algo más social y de prevención del delito; pero todos van a intentar pescar en río revuelto”, vaticina Rosanía.
Por su parte, Jairo Libreros, docente de seguridad y defensa nacional de la Universidad Externado, señala que sin duda la seguridad urbana será uno de los ejes de la campaña presidencial. Sin embargo, según dice, en realidad es limitada la incidencia de los proyectos que cursan en el Congreso, pues el tema compete casi en su totalidad a los alcaldes.
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“Los candidatos, por oportunidad, van a hablar mucho de seguridad urbana. Pero quienes deben responder por eso son los alcaldes. Desde el Congreso es clave que estén sintonizados con el tema de seguridad urbana y pueden apoyar iniciativas locales, proyectos que faciliten la judicialización sin violar garantías procesales”. Libreros coincidió en que el Congreso también puede enfocarse en encontrar recursos para financiar mejor a las alcaldías en seguridad urbana, avances tecnológicos y videovigilancia.
Otra mirada sobre esta discusión la aporta Andrés Dávila, director del departamento de Ciencias Políticas de la U. Javeriana, quien cree que este es un tema coyuntural, pero a medida que avance la carrera electoral otros temas estarán “de moda”. Además, concuerda en que el alcance que tendrán las iniciativas que adelantan los congresistas y el Gobierno es corto. “La seguridad es un tema que reaparece en ciertos momentos y ahora es uno de esos. El tema de la inseguridad en las ciudades no es del presidente ni de los congresistas, pero estamos ante un Congreso panfletario y populista que se la podrá jugar por medidas que suenan bien”.
La justa electoral ya avanza y, al menos por ahora, la crisis de seguridad se posiciona como uno de los temas claves. No por nada algunos sectores políticos han dado pequeños impulsos a sus candidaturas mediante serias discusiones con los mandatarios de las grandes ciudades, a quienes les han recriminado por los casos de inseguridad. El tema, que hace unos años era exclusivo de las zonas rurales, se trasladó al contexto urbano y de a poco se mete en la agenda electoral. Ahora está por verse qué tanto lo harán prevalecer los candidatos al Congreso y la Presidencia.
La percepción de inseguridad se está desbordando en el país. La preocupación ya no es solo por lo que ocurre en las zonas rurales, donde se siguen presentando desplazamientos y persecuciones a líderes sociales, sino que se trasladó a las grandes ciudades, donde la intranquilidad está al alza por el aumento en las cifras de delitos de alto impacto como homicidios y hurtos. Aunque las alcaldías de ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga, entre otras, aseguran que los indicadores no están disparados o incluso que algunos han presentado reducción, lo cierto es que la inquietud por la inseguridad ha venido aumentando y el tema ya se empieza a posicionar como uno de los ejes de las próximas elecciones. ¿Qué tanta incidencia tendrá en la campaña electoral?
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Además de los hechos de inseguridad que a diario se conocen en redes sociales y medios de comunicación, el malestar de los colombianos por la situación de inseguridad también se evidencia en recientes encuestas que cuestionan la situación del país y el ambiente preelectoral. La medición Pulso País, de W Radio, evidenció que el 73 % de encuestados considera que la seguridad en Colombia ha empeorado. La cifra es la más alta desde febrero de 2013 y contrasta con el 5 % de personas que creen que la situación viene mejorando.
Asimismo, quienes respondieron la encuesta de Invamer afirmaron que la inseguridad es el aspecto que más ha empeorado en el país. Para el 96 %, que es también el pico más alto desde octubre de 2008, este tema va por mal camino. Pero no es algo nuevo si se tiene en cuenta que la preocupación por la inseguridad viene en aumento desde junio del año pasado, cuando llegó al 80 %.
Muchas de esas cifras encuentran su explicación en la emergencia sanitaria que atraviesa el país por cuenta de la pandemia. Los períodos de confinamiento obligatorio hicieron que la mayoría de cifras de inseguridad presentaran notables reducciones. No obstante, desde que se aflojaron algunas medidas y comenzó la apertura total de la economía, muchos de los indicadores se desbocaron.
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Si bien el panorama es complicado para los alcaldes, sobre todo de las grandes ciudades, ocurre todo lo contrario para quienes aspiran a llegar al Congreso y la Casa de Nariño en 2022. El tema de la inseguridad urbana se viene consolidando como uno de los motores de la campaña electoral y los candidatos y sus equipos aprovechan la coyuntura para poner sobre la mesa sus propuestas para fortalecer la seguridad.
El actual Congreso y el gobierno del presidente Iván Duque también han impulsado propuestas para tratar de reducir la percepción de inseguridad. Pero, según analistas, son situaciones que de igual forma hacen parte de la campaña, pues el objetivo es hacer reelegir a los congresistas que lideran las iniciativas o impactar en la imagen del gobierno Duque.
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Uno de los temas complejos, alrededor del que giran varias iniciativas, es el uso de las armas traumáticas o de fogueo. Al respecto, el Ministerio de Defensa está por expedir un decreto con el que limita el porte de estas armas. La idea es asemejarlas con las de fuego y que tengan casi las mismas restricciones, empezando por la solicitud de salvoconducto a las Fuerzas Militares, para así desincentivar su uso.
Pero además de la regulación del Gobierno, en el Congreso se estudian otros proyectos que tienen que ver con la seguridad de la gente, como el que piden flexibilizar los permisos para portar armas, de autoría de María Fernanda Cabal, senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, o el que propone generar mecanismos para que haya mayor control en la entrega de armas y municiones, que propuso Rodrigo Lara, también congresista y precandidato por el Nuevo Liberalismo.
Por otro lado, el Ejecutivo prepara la radicación de un proyecto de ley de seguridad ciudadana, que apunta a endurecer las condenas por delitos menores, como robos callejeros, pero también castiga con mayor dureza la reincidencia o el ataque a los miembros de la fuerza pública.
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Desde la oposición también hay propuestas. El pasado 9 de septiembre, cuando se conmemoró el Día de los Derechos Humanos y fue el primer aniversario de la muerte de Javier Ordóñez, bajo custodia policial, la bancada de oposición radicó un proyecto que busca reestructurar la Policía. Como particularidades, esta iniciativa espera lograr el desmonte del Esmad y que la institución esté bajo la sombrilla del Ministerio del Interior, y no del de Defensa.
El proyecto de la oposición se encontró en el Legislativo con otros que también buscan una reforma a la Policía, así que en este apartado se avizora un choque entre la reforma que proponen los sectores alternativos y la que impulsa la facción gobiernista del Congreso. Ya el presidente del Senado, Juan Diego Gómez (Partido Conservador), anticipó que a su juicio la Policía la debe reformar el Gobierno de turno y avisó que “no se harán cambios a la medida de la izquierda”.
¿Incidirán los proyectos en la seguridad ciudadana?
El traslado de los problemas de inseguridad del entorno rural al urbano era algo previsible tras la firma del Acuerdo de Paz. En ese entonces, se advirtió que iniciaba un proceso de transformación que podría derivar en la urbanización de la violencia. Las alertas se han hecho realidad y los grupos armados se descentralizaron, por lo que ahora hay una exposición más alta de esa violencia urbana.
>LEA. Policía Militar en Bogotá: ¿cambiará la percepción de inseguridad?
Como la preocupación por la creciente inseguridad coincide con la época preelectoral, para algunos expertos será un momento de muchas medidas y acciones populistas. Por ejemplo, poner a patrullar militares en ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla, Cúcuta y el municipio de Soacha, que fue una decisión conjunta entre los alcaldes y el Ministerio de Defensa, se toma como una acción desesperada y con pocos efectos.
Así lo considera Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, quien considera que es una medida con una visión anacrónica. “Eso es muy taquillero y vende mucho electoralmente”, dice el analista, quien no obstante considera que una banda criminal no se va a desestructurar porque haya más policías en las calles o lleguen militares a apoyarlos. En cambio, dice, la clave puede estar en la promoción de otras estrategias que están en auge en varias ciudades del mundo, como el aumento de inteligencia e investigación criminal.
“Ahora todos los partidos políticos van a intentar construir un discurso alrededor de la seguridad ciudadana. La derecha hablará de mano dura y fortalecimiento de penas, mientras la izquierda se enfocará en algo más social y de prevención del delito; pero todos van a intentar pescar en río revuelto”, vaticina Rosanía.
Por su parte, Jairo Libreros, docente de seguridad y defensa nacional de la Universidad Externado, señala que sin duda la seguridad urbana será uno de los ejes de la campaña presidencial. Sin embargo, según dice, en realidad es limitada la incidencia de los proyectos que cursan en el Congreso, pues el tema compete casi en su totalidad a los alcaldes.
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“Los candidatos, por oportunidad, van a hablar mucho de seguridad urbana. Pero quienes deben responder por eso son los alcaldes. Desde el Congreso es clave que estén sintonizados con el tema de seguridad urbana y pueden apoyar iniciativas locales, proyectos que faciliten la judicialización sin violar garantías procesales”. Libreros coincidió en que el Congreso también puede enfocarse en encontrar recursos para financiar mejor a las alcaldías en seguridad urbana, avances tecnológicos y videovigilancia.
Otra mirada sobre esta discusión la aporta Andrés Dávila, director del departamento de Ciencias Políticas de la U. Javeriana, quien cree que este es un tema coyuntural, pero a medida que avance la carrera electoral otros temas estarán “de moda”. Además, concuerda en que el alcance que tendrán las iniciativas que adelantan los congresistas y el Gobierno es corto. “La seguridad es un tema que reaparece en ciertos momentos y ahora es uno de esos. El tema de la inseguridad en las ciudades no es del presidente ni de los congresistas, pero estamos ante un Congreso panfletario y populista que se la podrá jugar por medidas que suenan bien”.
La justa electoral ya avanza y, al menos por ahora, la crisis de seguridad se posiciona como uno de los temas claves. No por nada algunos sectores políticos han dado pequeños impulsos a sus candidaturas mediante serias discusiones con los mandatarios de las grandes ciudades, a quienes les han recriminado por los casos de inseguridad. El tema, que hace unos años era exclusivo de las zonas rurales, se trasladó al contexto urbano y de a poco se mete en la agenda electoral. Ahora está por verse qué tanto lo harán prevalecer los candidatos al Congreso y la Presidencia.