Seguridad y otros retos que se impusieron alcaldes y gobernadores en su toma de posesión
Los nuevos alcaldes y gobernadores para el período 2024-2027 se posesionaron oficialmente este 1° de enero. Las ceremonias de los mandatarios de Medellín y Cali fueron en plaza pública.
Este 1° de enero, después de la celebración de Año Nuevo, el país recibió a los 1.102 alcaldes de municipios y a los 32 gobernadores que estarán en el período 2024-2027. Los nuevos mandatarios locales y miembros de corporaciones públicas -diputados, concejales y ediles-, que fueron electos en octubre de 2023, presentaron juramento y tomaron posesión oficial de sus nuevos cargos. Uno de los asuntos comunes, que destacó en sus discursos, fue la política de seguridad y la situación del orden público en el país, que preocupa en las diferentes regiones, luego de que el país cerrara 2023 con 94 masacres y el asesinato de 188 defensores de derechos humanos, según Indepaz.
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Este 1° de enero, después de la celebración de Año Nuevo, el país recibió a los 1.102 alcaldes de municipios y a los 32 gobernadores que estarán en el período 2024-2027. Los nuevos mandatarios locales y miembros de corporaciones públicas -diputados, concejales y ediles-, que fueron electos en octubre de 2023, presentaron juramento y tomaron posesión oficial de sus nuevos cargos. Uno de los asuntos comunes, que destacó en sus discursos, fue la política de seguridad y la situación del orden público en el país, que preocupa en las diferentes regiones, luego de que el país cerrara 2023 con 94 masacres y el asesinato de 188 defensores de derechos humanos, según Indepaz.
Solo en la víspera del nuevo año, Tuluá fue el escenario de un nuevo caso de violencia contra el concejal Eliecid Ávila, del Partido Conservador, quien fue víctima de un ataque sicarial horas antes de su toma de posesión; se encuentra en cuidados intensivos tras recibir un impacto de bala a la altura de la cabeza. Precisamente, la nueva y por segunda vez gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, inició su discurso de posesión desde la plazoleta de San Francisco, instando al Gobierno Nacional a “combatir todo tipo de delincuencia” y “ayudar a recuperar la soberanía que los violentos están usurpando”. Además, uno de sus primeros anuncios fue ofrecer una recompensa de $50 millones a quien brinde información para encontrar a los responsables del atentado contra el concejal. “Mañana muy temprano haremos un consejo de seguridad en Tuluá”, dijo.
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Un par de horas después de la posesión de Toro fue el turno para el nuevo alcalde de Cali, Alejandro Éder, quien estableció entre sus prioridades la “reconciliación” de la ciudad. Según señaló, se trata de la no estigmatización de ningún sector por razones políticas, raciales o económicas. Y entre los principales focos del nuevo gobierno habló del plan “Cali Segura”: “Realizaremos acciones para la prevención de violencia en jóvenes y formación y apoyo a la Fuerza Pública. Priorizaremos la lucha contra el hurto”. Sobre infraestructura, se refirió del Tren de Cercanías, que conectaría a Cali con municipios vecinos.
Simultáneamente, desde la Plaza Botero, en Medellín, Federico Gutiérrez asumió como alcalde, quien ratificó su preocupación por la desfinanciación de algunos programas sociales para 2024 y aseguró que en la Alcaldía hay un déficit global de más de $420.000 millones. Por otra parte, abogó por la seguridad y envió un par de pullas al Gobierno: “Con procesos disfrazados de paz protegen a quienes más daño hacen”, señaló. Asimismo, anunció que creará la “Central Estratégica Contra Atracos”.
De todas formas, a nivel nacional Gutiérrez le expresó su voluntad de diálogo: “Presidente Petro, no nos castigue por representar a la oposición”. El ahora gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien ya se ha enfrentado a Petro, sí fue más duro y, desde el municipio de Cisneros, afirmó: “Si a Antioquia no la apoyan desde el Gobierno, por lo menos que nos dejen trabajar”.
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En ese marco el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dio la bienvenida a los nuevos alcaldes y gobernadores. Aseguró que en la administración actual tienen un aliado con “experiencia y capacidad institucional” para apoyarlos en “la defensa de los derechos humanos, el fortalecimiento de la seguridad y la convergencia regional”. El Gobierno únicamente acompañó oficialmente las posesiones de los gobernadores del Cauca, Octavio Guzmán, y de Boyacá, Carlos Amaya, ceremonia a la que asistió el jefe de la cartera política; el director del Dapre, Carlos Ramón González, y la consejera para las Regiones, Sandra Ortiz. Estos actos protocolarios, realizados entre el 27 y 28 de diciembre, surtieron efectos legales a partir del 1° de enero.
Otros que se adelantaron al protocolo fueron el alcalde de Bucaramanga, Jaime Beltrán, y el gobernador de Santander, el general en retiro Juvenal Díaz, quienes asumieron sus cargos el 30 y 31 de diciembre. Ambos manifestaron que la seguridad es una de sus principales preocupaciones. Díaz aseguró que su primera acción será convocar un consejo de seguridad en Barrancabermeja, al que invitará a Petro y al ministro de Defensa, Iván Velásquez. “No estoy dispuesto a permitir que la delincuencia se apodere de un milímetro de territorio. La paz exige un ejercicio de autoridad”, afirmó.
De otro lado, la toma de posesión de Alejandro Char como alcalde de Barranquilla tuvo lugar el 29 de diciembre. Desde el barrio Rebolo anunció algunas obras, como la construcción del Gran Malecón en el suroriente. En materia de seguridad, aseguró que le preocupa la extorsión, por lo que anunció la creación de la Secretaría de Seguridad. Eduardo Verano, nuevo gobernador del Atlántico, sí se posesionó el primer día de 2024 e inició su discurso refiriéndose a la tasa de criminalidad: “Tenemos que articularnos con el Gobierno. Es un compromiso dar resultados”.
Así las cosas, los nuevos mandatarios subrayaron la importancia de la seguridad y la interlocución con el Gobierno, sobre lo que hay expectativas por las diferencias ideológicas entre los nuevos gobiernos de ciudades y departamentos grandes y la propuesta de Petro. Se prevén desafíos en las negociaciones para la gestión de recursos y, en paralelo, respecto al enfoque de la atención del orden público.
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