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Después de varios años, en el Congreso salió adelante un proyecto para reformar a la justicia. Desde 2012 se venían haciendo intentos por meterle mano a la organización de dicha rama, pero las iniciativas se hundían debido a los micos que se le “colgaban” a las propuestas. Ahora, a pesar de los micos, salió adelante un proyecto cuyo objetivo es fortalecer la administración de justicia.
El proyecto que fue aprobado en la sesión de este martes contempla que la administración de justicia sea catalogada como un servicio público esencial. Aunque esto trae algunos avances en temas de presupuesto y de su fortalecimiento, también puede ser problemático en temas como los paros de funcionarios judiciales, debido a que daría argumentos para que fueran considerados como ilegales.
Asimismo, el proyecto ha sido celebrado debido a que le otorga una mayor autonomía presupuestal a la rama judicial, lo que entraría a fortalecer aún más su independencia. Según algunos de los autores de la iniciativa, se destinará cerca del 3% del presupuesto de la nación, lo que implicaría cerca de $4 billones. Este punto fue uno de los que más gustó a los diferentes miembros de la rama, pero fue criticado por allegados al Gobierno como Paloma Valencia, que cuestionó un aumento en el presupuesto para la justicia en plena crisis económica.
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Otro de los puntos fuertes del proyecto es la apuesta por el uso de las herramientas tecnológicas por parte de la rama judicial, un elemento por el que se le ha venido trabajando en los últimos años y en el que se ha demostrado durante la pandemia que es más que necesario. Entre los cambios en los que más se hizo énfasis es en el fortalecimiento de la adopción del expediente digital.
El proyecto también plantea la creación de figuras como los jueces itinerantes para fortalecer la administración de justicia en las regiones. Asimismo, la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Gloria Stella López, destacó que el texto aprobado habilita el concurso de ascensos y la convocatoria pública para ingreso a cargos en las altas cortes.
También, la iniciativa aprobada entra a reglamentar en profundidad la forma en que operará la Comisión de Disciplina Judicial. Este organismo es el responsable de la disciplina de los miembros de la rama desde la reforma del equilibrio de poderes de 2015. Sin embargo, solo hasta hace unos meses entró en funcionamiento debido a un fuerte debate jurídico sobre la elección de sus miembros.
Entre otros puntos de la extensa reforma, con más de 90 artículos, se propone que los listados para aspirar a las magistraturas de las altas cortes deben estar compuestos en su 50% por mujeres. Este punto buscaría entrar a solventar la falta de equidad de género en los máximos tribunales.
Sin embargo, a pesar de los elementos que entrarían a beneficiar a la rama judicial, el proyecto ha sido criticado por varios artículos que han sido considerados como micos. El mayor pero es en el artículo 67, que ha sido cuestionado por modificar los requerimientos para aspirar a ser magistrado, fiscal general, procurador, defensor y registrador.
Aunque en la sesión de este martes se eliminó la modificación en los requerimientos para ser magistrado, se mantuvo en los otros cargos mencionados. Para los opositores a dicho punto, esta reforma al artículo 128 de la ley 270 de 1996 puede ser peligrosa ya que le abriría la puerta a que personas con estudios en derecho puedan aspirar a la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría y Registraduría sin tener la experiencia suficiente, que es de 15 años en ejercicio como abogado. Esto debido a que se reconocería como experiencia valida el trabajo en labores como “ciencia política, gobierno, finanzas, relaciones internacionales, ingeniería, economía, administración de empresas y administración pública”.
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Para varios sectores, este supuesto mico tendría como objetivo favorecer una futura aspiración del actual contralor, Carlos Felipe Córdoba, a la Fiscalía. La cabeza de la Contraloría estudió relaciones internacionales y actualmente se encuentra a la espera de su grado en derecho, por lo que la reforma aprobada este martes le permitiría aspirar a varios de los cargos (fiscal general, procurador, defensor y registrador) a los que hasta hoy se exigía que debía tener sí o sí una experiencia de 15 años como abogado. No obstante, en diálogo con este diario, Carlos Felipe Córdoba señaló que esos comentarios son malintencionados, que efectivamente está terminando su carrera de Derecho, porque quiere “ejercerlo en Colombia y me parece importante ser abogado” y que no quiere ser fiscal.
En el mismo sendero de los reparos, la presidenta de la judicatura cuestionó que se le entreguen funciones de índole administrativa a las altas cortes. Para López, se violaría la Constitución debido a que se desnaturalizaría “el sentido y la relación” con el Consejo Superior de la Judicatura, que está encargado de la administración y asignación de los recursos de la rama. De forma parecida, señaló que hay puntos que implican “presiones de gasto” que no se encuentran contemplados en el arco fiscal.
Por esta razón, aunque el Consejo Superior de la Judicatura figura como uno de los autores del proyecto aprobado este martes, su presidenta advirtió que varios de sus puntos son inconstitucionales y se separó de ellos. Para esta, en el trámite se agregaron varios artículos con los que no estuvo de acuerdo.
Tras el sí de la plenaria del Senado, el proyecto ya cumplió con sus cuatro debates y solo le queda pasar por la conciliación entre los textos de Cámara y Senado, que apenas tienen algunas diferencias. Luego, pasará a control de constitucionalidad automático en la Corte Constitucional, por ser una ley estatutaria -que entra a legislar sobre derechos fundamentales-, y a sanción presidencial.