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La plenaria del Senado discutió este martes las objeciones que hizo el presidente Iván Duque al proyecto de ley de autoría de la representante Juanita Goebertus (Alianza Verde), que busca normalizar los tiempos de respuesta a los derechos de petición. Con 58 votos a favor, la corporación aprobó la ponencia del senador Iván Name (Alianza Verde) que rechazaba esas objeciones a la iniciativa que ya había sido aprobada meses atrás por el Congreso y estaba en manos del presidente Duque para su sanción como ley de la República.
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La representante Goebertus, quien no estará en el Congreso para el próximo periodo, no ocultó su felicidad por la aprobación del informe que rechazaba las objeciones, destacó el trabajo del senador Name y afirmó que el paso siguiente es la sanción presidencial del proyecto. Por su parte, Name afirmó sobre la iniciativa que ”no es un proyecto más, es el trámite del tiempo, que el tiempo es la vida. Por eso ahora se demorará menos en responder al ciudadano sus solicitudes y se salvarán muchas vidas”.
También festejaron la decisión las organizaciones de la sociedad civil que venían solicitando el rechazo a las objeciones al considerar que Colombia es “de los pocos países que no se nos está protegiendo como se debe el derecho al acceso a la información pública”. De acuerdo con las organizaciones firmantes, entre las que están Datasketch, el Instituto Anticorrupción, Corlide, la Fundación Corona, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Artemisas, el Extituto de Política Abierta, la Fundación Karisma, Barranquilla +20, Feeling, Biblioteca y Ruralidad, Caribe Afirmativo, El Avispero y Cuestión Pública, seguirán insistiendo en que se retome la normalidad de los tiempos de respuesta a los derechos de petición.
“La permanencia de la extensión de los términos de respuesta a las peticiones representa una seria amenaza a la construcción de confianza entre la institucionalidad pública y la sociedad, eje central del citado documento. Las prácticas de Estado Abierto se centran en la transparencia y el acceso a la información como canalizador de las relaciones entre las instituciones públicas y la sociedad civil”, habían manifestado las 12 organizaciones mediante una carta emitida días antes del debate.
Vale recordar que este proyecto nació por cuenta de la emergencia sanitaria. En 2020, en medio de la etapa más compleja de la pandemia, el Gobierno implementó el decreto 491 que modificó varios procesos y duplicó los tiempos de respuesta a los derechos de petición. De este modo, las entidades e instituciones pasaron de tener 15 días hábiles para responder derechos de petición a poder hacerlo en 30 días. Peticiones de documentos y otras informaciones pasaron de 10 a 20 días, como tiempo máximo para ser contestados, y la consulta a autoridades sobre materias a su cargo pasó de 30 a 35 días prorrogables.
El proyecto de Goebertus, ya aprobado, normalizó los tiempos de respuesta a los derechos de petición, pero el Gobierno venía argumentando que los inconvenientes de la pandemia, que generaron esa particularidad, aún se mantenían. De hecho, el argumento central del Gobierno Nacional, es que a su juicio “las medidas adoptadas en la norma que se objetan resultan inconvenientes en razón a que las circunstancias de salud pública y emergencia sanitaria aún no han sido superadas”. La Cámara ya se había pronunciado, rechazando también los argumentos de Duque en contra del proyecto, por lo que el mandatario no tendrá otra opción que sancionar el proyecto y convertirlo en ley de la República.