Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Después de una lucha de más de tres años, las circunscripciones transitorias especiales de paz serán una realidad. El Senado anunció ayer que enviará al despacho presidencial para su sanción el acto legislativo con el que se crearon las 16 curules para las víctimas del conflicto, que inicialmente se había hundido ante una errónea interpretación del quórum necesario para su aprobación. El aviso se realizó en el marco de una larga audiencia pública en la que diferentes sectores expresaron sus posturas ante las curules y expusieron su posición frente a cómo se debía responder a los fallos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que las revivieron.
Aunque las dos determinaciones apuntaban a casi lo mismo, había dudas sobre la forma en la que se tenía que proceder por supuestas diferencias entre los fallos. Sin embargo, tras la sesión, a la nueva presidencia del Senado, en cabeza de Juan Diego Gómez, le quedó claro que la única forma de cumplir con las determinaciones judiciales es enviar el acto legislativo desarchivado para que el primer mandatario lo sancione. Pero además de escucharse los argumentos a favor y en contra de la promulgación, la audiencia sirvió también para que el Gobierno Nacional, a través de Emilio Archila, alto consejero para la Estabilización, anunciara que se está a la espera de que el texto aprobado por el Congreso en 2018 sea promulgado.
En contexto: Los argumentos de la sentencia que revivió las curules de víctimas
“Reiteramos que desde el Gobierno adelantaremos de manera diligente todas las actividades tendientes a materializar los contenidos del acto legislativo, que permitan ampliar la participación política de las víctimas”, manifestó Archila, asegurando que cumplirán con las sentencias de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Y reiteró que todas las acciones del Ejecutivo Gobierno están encaminadas a reparar a las víctimas. “El compromiso del presidente Duque con la asistencia y reparación de ellas se ha visto reflejado en los distintos frentes de la política de paz con legalidad, especialmente en las innumerables actuaciones y logros por parte de, entre otras, la Unidad para las Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras”.
Desde hace un mes, el Senado conocía de los dos fallos que lo obligaban a desarchivar y enviar a sanción presidencial el acto legislativo que creaba las 16 curules de paz. Sin embargo, el entonces presidente de la corporación, Arturo Char, no tomó acción alguna y prefirió dejarle a su sucesor esa tarea. Para Juan Diego Gómez, “se trata de una apuesta por la reconciliación y la esperanza para el país y una forma de equilibrar la mesa. En este Congreso se encuentra la representación de las Farc, ya no como grupo armado sino como partido político, y faltaba el asiento de las víctimas”, comentó.
En reciente entrevista con El Espectador, el presidente Iván Duque recalcó que, con respecto a estas curules, lo importante es que realmente sean para las víctimas, “porque muchas organizaciones de víctimas han expresado sus dudas de que no las llenen ellas sino personas permeadas por una u otra ideología”. Lo cierto es que con la acción llevada a cabo este lunes, quedan en pie las circunscripciones transitorias de paz desde las próximas elecciones de 2022 y hasta el año 2030, cumpliéndose así con uno de los puntos de los acuerdos de La Habana, que tuvo posiciones encontradas durante su trámite en el Congreso.
Un largo camino para su aprobación
Entre los muchos reparos del Centro Democrático a los acuerdos de paz, uno de los peros más grandes era en contra de las curules de paz. Para el partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe, y que fue oposición durante el gobierno Santos, estos 16 escaños que se iban a entregar a las víctimas eran otra oportunidad para que los exguerrilleros tuvieran una representación mayor en el Legislativo, además de las 10 curules que ya ostentan por lo pactado.
Lea también: Conozca las 16 zonas de Colombia que se beneficiarían con las curules de paz
Por eso, al igual que en otros momentos en los que se aprobó iniciativas relacionadas con los acuerdos de La Habana, los miembros de dicha bancada abandonaron las sesiones y en varias ocasiones puso en riesgo el quórum, incluyendo la sesión de conciliación entre los textos de Senado y Cámara del acto legislativo, el 30 de noviembre de 2017, cuando hubo 50 votos a favor y tan sólo siete en contra. Por ser un proyecto de reforma constitucional, se necesitaba la mayoría absoluta, es decir, la mitad+1. A consideración de la mesa directiva del Senado, presidida en ese momento por el conservador Efraín Cepeda, se necesitaban 51 votos para declarar válida la conciliación. Por eso, en Senado se declaró que la votación no fue suficiente y que el proyecto estaba hundido.
No obstante, de inmediato salió la tesis de que las cuentas estaban erradas, pues en ese entonces había tres sillas vacías por condenas a sus ocupantes. Entonces, la mayoría absoluta no podía calcularse sobre 102 curules sino 99. Bajo esta idea, se necesitaban 49 votos a favor y no 51. A pesar de esta argumentación, la presidencia del Senado se mantuvo en su postura y el debate pasó a instancias judiciales. Por un lado, el ministro del Interior de ese entonces, Guillermo Rivera, demandó ante el Consejo de Estado el acto administrativo con el que se archivaron las curules de paz. Por otro lado, el senador Roy Barreras, en 2019, presentó una tutela para revivirlas. Ambas acciones jurídicas sufrieron tropiezos. En el tribunal administrativo hubo intentos de dilación por parte de miembros del Centro Democrático y organizaciones de víctimas, que rechazaban la creación de las curules. Y la tutela fue rechazada en un primer momento, pero luego fue escogida para revisión por la Corte Constitucional.
Ambas instancias tuvieron pronunciamientos similares. En el caso del alto tribunal constitucional, se determinó que el acto legislativo sí se había aprobado con los votos necesarios y que se estaba vulnerando el debido proceso al declarar su archivo. En este mismo sentido, consideró que se estaba violando el derecho de la minorías a ser representadas, al negar la creación de las curules. La determinación del Consejo de Estado pasó por declarar la nulidad del acto administrativo que hundió el proyecto. En su concepto, la presidencia del Senado había interpretado de manera equivocada las normas que establecen el quórum para aprobar un acto legislativo y los 50 votos eran más que suficientes.
Con estos dos fallos, que se dieron en un periodo de poco más de una semana, sólo le quedaba al Senado desarchivar y enviar a Presidencia el acto legislativo para ratificar la creación de las curules de paz. Tarea que tomó un poco más de lo esperado, pero que ahora se convirtió en realidad y las víctimas tendrán una representación política propia por ocho años. Aunque ese, sin duda, será otro arduo y polarizado debate.